China e o mundo chinés 
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| China: la rebelión de los emigrantes Por Xulio Ríos (La Insignia, 27/12/2005) |
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En lo social, en los últimos años, se han multiplicado los conflictos entre los trabajadores rurales que emigran a las ciudades y las respectivas autoridades, originando numerosos movimientos que han obligado al Estado a reconocerles ciertos derechos, abriendo cauces para que sus problemas sean tratados con mayor atención. Son estos colectivos quienes están sentando las bases de una nueva relación entre el poder y la sociedad en la nueva China. Campesinos y trabajadores, burocracia económica y Estado-Partido son los tres ejes esenciales que han modelado la realidad china actual. No obstante, un nuevo espacio público está surgiendo a la sombra de la pequeña independencia ganada por unos campesinos que van del campo a la ciudad, sin apenas control, donde pasan a engrosar las filas de la marginalidad que vive, en buena medida, de espaldas a los tradicionales instrumentos de encuadramiento del Partido. A partir de 2002, el Estado se ha planteado la integración de estos colectivos, que tanto han contribuido al crecimiento chino, a fin de recuperar credibilidad y confianza entre los eslabones más débiles y menos beneficiados por el auge económico del gigante oriental. En efecto, ni el Estado ni el Partido pueden ya cerrar los ojos ante la realidad. Como es sabido, en China, solo quienes tienen residencia tienen derechos en el ámbito local. Las autoridades urbanas niegan la residencia a los emigrantes, por lo tanto, carecen de derechos, incluso sus hijos, para quienes han debido organizar escuelas alternativas cuyas enseñanzas no gozaban del reconocimiento oficial. El nuevo equipo dirigente que lidera Hu Jintao inicia en 2003 sus nuevas políticas sociales, distanciadas cada vez más de la era Jiang Zemin, con las que aspira a concretar el mensaje de armonía y prosperidad común. Se trata de una exigencia básica para preservar la estabilidad y el orden social, muy afectados entre estos colectivos, donde la marginalidad invita, en demasiadas ocasiones, a la criminalidad y a la delincuencia. La nueva política trata de erradicar toda conducta discriminatoria con estos segmentos de población, garantizándoles formalmente el derecho a la educación, al empleo y a los servicios públicos; y también el acceso a los propios servicios del Estado, a la administración de justicia, al Partido, en definitiva, a todas aquellas instancias que pueden contribuir a la resolución de los conflictos, en una estrategia cuya norma de principio consiste en reconducir los problemas existentes a la condición de conflictos más privados que sociales. Según el discurso oficial, las autoridades centrales toman partido ahora por los emigrantes, habilitando políticas de formación profesional y jurídica, promoviendo una nueva conciencia cívica a través de los medios de comunicación, estimulando incluso a los sindicatos oficiales, que antes habían rechazado la afiliación de los emigrantes, a implicarse en la sindicación activa de estos colectivos, y apelando a la responsabilidad de las autoridades locales y de los empresarios para recuperar el equilibrio en sus relaciones con los trabajadores procedentes del mundo rural. Pero ¿qué ha cambiado? Por ahora, no mucho. Las condiciones de trabajo (salarios y horas extra sin pagar, aumento del horario de trabajo, ausencia de normas de seguridad, elevada frecuencia de accidentes de trabajo, ausencia de seguridad social, falta de apoyo en caso de accidente o enfermedad profesional) y la protección de sus derechos no han mejorado sustancialmente. De despacho en despacho, autoridades y empresarios no se ponen de acuerdo, mientras los trabajadores son maltratados o incluso asesinados –cuando protestan-, u optan ellos mismos por el suicidio o se inmolan en expresión de disconformidad y desesperación ante los abusos de los empresarios. El Partido, con este nuevo discurso, hace amago de distanciamiento de los empresarios y de las autoridades corruptas que no protegen a los trabajadores ni aseguran el respeto a la ley. No es el sistema el que falla, viene a decirnos otra vez, sino individuos concretos. Pero de poco valen las campañas políticas cuando la vida cotidiana no cambia. Las protestas y huelgas de los trabajadores que reclaman el simple respeto a la ley están ganando espacio legítimo en la vida social china, exigiendo a las autoridades que asuman su papel o consientan la aparición de posibles organizaciones alternativas. Todo un reto para los sindicatos y organizaciones oficiales, muy preocupadas por la tendencia a la autonomía en estos colectivos, afianzada ante la creciente desconfianza respecto al oficialismo, habitualmente entregado a los intereses empresariales. La aparición de organizaciones alternativas, sin estatuto oficial, que desarrollan labores de apoyo y asistencia, muchas de ellas autoorganizadas por los propios emigrantes, en su mayoría registradas como empresas y con apoyo exterior, entidades que el Estado, a veces, pretende cooptar, es un fenómeno consolidado en ciudades como Shenzhen y otras donde la presencia de estos colectivos es una realidad significativa y que compite con el Estado, que también recurre a la creación de ONG, a modo de delegación de sus funciones, aunque evitando el empoderamiento real de la sociedad. Todo ello da cuenta de la peculiar ebullición que presenta lo social en China, anunciando cambios y transformaciones que el PCCh tiene dificultades para acompañar, más allá del simple enunciado o consigna. Aunque con ellas legitima las reivindicaciones y aspiraciones de los emigrantes, no consigue vencer las reticencias de estos colectivos que expresan su preferencia por la autoorganización para exigir sus derechos. |
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 Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional www.igadi.org ÚLTIMA REVISIÓN: 30/12/2005
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