En las sesiones parlamentarias que estos días se celebran en China asoma como cuestión principal la formulación de un nuevo modelo de desarrollo. En realidad, esa reflexión ha estado presente desde los primeros años del mandato de Hu Jintao y, junto a la democracia, ha sido uno de los grandes temas del XVII Congreso del PCCh, celebrado en octubre de 2007. No obstante, la crisis financiera global le ha propiciado otra perspectiva y mayor urgencia, ante el evidente colapso del modelo (mano de obra barata, inversión exterior y orientación de la producción hacia el exterior) que ha propiciado el vertiginoso crecimiento chino a partir de 1978.
Además de la inevitable reestructuración industrial, el nuevo modelo de desarrollo chino enfatiza varios factores: tecnológico, ambiental, social y político. La atención a lo social constituye ahora no solo una exigencia básica de justicia y de una mayor socialización de los enormes beneficios generados por 30 años de reforma soportados, en gran medida, por los colectivos sociales menos beneficiados por ella, sino una condición básica para que ese nuevo modelo funcione.
Como primer síntoma, ya en los días previos al inicio de las sesiones, el editorial conjunto de varios periódicos chinos promoviendo la supresión del hukou o permiso de residencia que segrega a residentes urbanos y rurales y convierte a casi 200 millones de personas en inmigrantes ilegales en su propio país (ilegales para acceder a los derechos sociales pero no para realizar jornadas maratonianas en la construcción), ha venido a reforzar la sensación de lo inaplazable de la cuestión. En enero, la Academia de Ciencias Sociales daba a conocer un demoledor informe: pese la mayor sensibilidad retórica expresada por el gobierno chino en los últimos años, la realidad indica que las desigualdades no dejan de crecer en el país poniendo en riesgo la estabilidad social.
Si el gobierno quiere consolidar un inmenso y dinámico mercado interno que haga a China menos dependiente de las exportaciones, no tiene más opción que gestionar lo social, de lo contrario, dicho modelo nunca podrá funcionar. En este aspecto, son numerosísimos los frentes abiertos: empleo, educación, salud, ingresos, seguridad laboral, pensiones, vivienda, etc. En diferentes encuestas realizadas por varios medios en Internet, las pensiones, la corrupción, el precio de la vivienda, la brecha de ingresos, el empleo y la asistencia sanitaria, figuran entre las preocupaciones más comunes.
Uno de los que más condiciona la actitud social es la salud. Los chinos no pueden disponer de un alto nivel de consumo porque necesitan ahorrar por si llega una contingencia extraordinaria. Quizás por ello, el Consejo de Estado ha iniciado este año la experimentación de la reforma de la asistencia hospitalaria pública, que se llevará a cabo en varias ciudades chinas. Estos hospitales (unos 22.000 en toda China, insuficientes para atender a tan numerosa población) sobreviven a duras penas con un presupuesto financiado por el Estado en solo un 10%. Para garantizar su funcionamiento, han recurrido a todo tipo de mecanismos (incluida la creación de sus propias empresas en sectores de alto rendimiento) pero el más doloroso socialmente es la venta de medicamentos, que representa, aproximadamente, el 40% de los ingresos, generando una dinámica enfermiza por la cual los médicos tienden a recetar a sus pacientes las medicinas más caras para obtener mayores beneficios, tanto para el centro como para ellos mismos, en complicidad con las empresas farmacéuticas. Los hospitales chinos están masificados, mal dotados, etc., pero las mayores quejas se refieren al precio de las medicinas. Y, como se puede suponer, en la ciudad, la situación es incomparablemente mejor que en el medio rural.
Otro tanto ocurre con la vivienda, cuyo precio no deja de aumentar. A la ampliamente extendida corrupción en el sector inmobiliario (iniciada en origen con los múltiples abusos de poder que acompañan los procesos expropiatorios de la tierra a los campesinos) se suma la insuficiencia de la provisión de fondos públicos para construir viviendas sociales que, además, no se llega a ejecutar en su totalidad. Un informe del Comité Permanente de la APN (Asamblea Popular Nacional) dado a conocer estos días señala que todavía no se han alcanzado los objetivos marcados en términos de construcción de viviendas para los grupos de bajos ingresos, ya que a finales del pasado mes de agosto sólo se había ejecutado el 23 por ciento de la inversión prevista. Según el Buró Municipal de Estadísticas de Beijing, los ingresos anuales medios de los residentes de la capital en 2008 fueron de 44.715 yuanes, mientras que el precio de los pisos alcanzó una media de 15.581 yuanes por metro cuadrado. Un apartamento de 80 metros cuadrados cuesta casi 1,25 millones de yuanes en la capital, lo que implica que una familia con dos sueldos debería invertir la mitad de su salario durante 30 años para poder comprarla. En el último año, los precios de la vivienda han aumentado un 24 por ciento en todo el país, según un informe publicado a principios de febrero por la asociación inmobiliaria de la Federación de Industria y Comercio de China. Wen Jiabao dijo en su informe inaugural que el gobierno está decidido a controlar los precios, pero no explicó cómo ni parece fácil.
Sea como fuere, el nuevo modelo de desarrollo fracasará si no se pone coto al avance de las desigualdades. Lo social debe adquirir carta de naturaleza en el proyecto chino. Si Beijing quiere dejar de ser el taller del mundo y convertirse en una potencia moderna y desarrollada, solo podrá lograrlo dignificando la posición de quienes más han contribuido al ingente proceso de acumulación de estos años. Lo cual, ya no es solo una cuestión de justicia sino una exigencia imperativa para culminar su modernización.
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