China e o mundo chinés

Las elecciones que hoy se celebran en Hong Kong ponen fin al primer tramo de la retrocesión iniciada el pasado 1 de Julio. El nuevo Parlamento o Consejo Legislativo deberá constituirse, a más tardar, el próximo día 30 de Junio. Paralelamente, se celebrarán también elecciones distritales.

El interés de estos comicios pseudodemocráticos radica, en primer lugar, en que permitirá tomar el pulso general de la vida política de esta Región Administrativa Especial que con solo el 0,5% de la población total de China genera el equivalente a la cuarta parte de su Producto Nacional Bruto. Una cifra que explicita un profundo abismo: 24.500 dólares de renta per cápita frente a los 569 del continente (1997). Y en segundo lugar, podremos averiguar en que medida la estrategia de Beijing se ha ido afianzando y calando socialmente en la ex-colonia británica.

En cualquier caso, es importante señalar que estas elecciones no implican grandes riesgos para el Partido Comunista Chino. Durante este tiempo, el Consejo Legislativo Provisional, constituido en la vecina ciudad de Shenzhen seis meses antes del traspaso e impuesto por Beijing nada más arriarse la Union Jack, no solo ha congelado, suspendido y revisado las leyes aprobadas a toda prisa por las instituciones coloniales, sino que también se ha tomado la molestia de elaborar una nueva normativa electoral a la medida de las necesidades del nuevo poder. Solo 20 de los 60 miembros del futuro Consejo serán elegidos directamente por sufragio universal (en el 2003 serán 30). De los restantes, 10 serán designados por un colegio de 800 notables y los otros 20 representarán a los colectivos socioprofesionales. Una mayoría afín está garantizada y el juego de competencias de las diferentes instituciones le asegura un beneficioso equilibrio.

La nueva ley electoral ha modificado el anterior sistema mayoritario a una sola vuelta en favor del proporcional, más favorable a los grupos pro-Beijing y, además, ha fijado cuotas de participación más restrictivas para las elecciones indirectas. El número de electores inscritos para las elecciones directas ha pasado de 2,5 a 2,9 millones, lo que viene a representar aproximadamente un 70% del total de población con derecho a sufragio.

A las mil maravillas

Pese a los cambios producidos y esperados, hasta la fecha no se han cumplido los vaticinios más pesimistas. Lo cierto es que la vida en Hong Kong ha seguido su curso con total normalidad. Incluso una semana antes de producirse la aprobación de la nueva normativa electoral, tan contestada por los sectores democráticos, la reunión anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional se deshacía en elogios al funcionamiento del principio “un país, dos sistemas” y al escrupuloso respeto de China por la autonomía de Hong Kong, una plaza que al abrigo de Beijing ha podido resistir en excelentes condiciones la inestabilidad de los mercados financieros asiáticos. Ni la corrupción, ni las libertades públicas, ni la libertad de prensa se han resentido especialmente. Los inversos extranjeros aplauden a rabiar y hasta el mismísimo y temible George Soros se ha decidido a invertir aquí.

La normalidad ha vuelto incluso a las relaciones con el Reino Unido. En 1997 el comercio bilateral experimentó un incremento del 16% y a finales de marzo de este año, con ocasión de la cumbre ASEM II, Zhou Rongji, el flamante primer ministro chino, visitaba Londres cerrando un largo paréntesis de trece años sin intercambio de visitas de alto nivel. En definitiva, parece que todo va a las mil maravillas.

¿Qué piensa la mayoría social?

Nadie discute la legitimidad histórica o la habilidad con que China ha manejado el asunto de Hong Kong. Lo que sí permanece en entredicho es la legitimidad política democrática. Hasta ahora y pese a los altibajos conocidos, las autoridades de Beijing han conseguido congeniar con los británicos, han logrado atraerse la lealtad política del poder económico de Hong Kong, pero, paradójicamente, queda por ver si han sido capaces de ganarse la credibilidad y el respeto de la inmensa mayoría de la población hongkonesa. Estas elecciones pueden ser un barómetro excelente y todo un test para un gobierno autodenominado popular y que se afirma portador de una legitimidad emancipatoria.

En este tiempo, China ha multiplicado los gestos para restaurar la dañada imagen producida por los acontecimientos de 1989. Ha liberado a algunos disidentes muy conocidos, ha estampado su firma en algún importante convenio internacional en materia de derechos humanos y es posible que se den nuevos pasos en esa dirección. En una sociedad pluralista como la hongkonesa estas decisiones son observadas con tanta atención como alivio.

Pero no parece suficiente. Existe otra gran asignatura pendiente. Si bien China es conocedora de los profundos desequilibrios y desigualdades que habitan en lo subterráneo de la abundancia hongkonesa, hasta ahora muy poco o nada ha presionado para alterar esa situación. A cambio de la revocación de algunas leyes laborales que reconocían a los sindicatos capacidad de representación y de negociación colectiva, el gobierno de Tung Chee Hwa ha prometido aumentar el gasto social en educación, seguridad social o asistencia a los ancianos, pero nada más. A diferencia del mimo que ha caracterizado la cooptación de las élites, la atención prestada a la vertebración y representación de la mayoría social ha sido mínima y dirigida casi exclusivamente a aislar a los críticos del proceso. La población trabajadora de Hong Kong juega un papel insignificante, no tiene influencia y los líderes sindicales no han obtenido apoyo alguno para mejorar y ampliar su bienestar y derechos.

Así pues, China se ha ganado a los británicos, ha atraído a los amigos ricos de Hong Kong, pero le queda aún lo más difícil. Tanto en las elecciones parciales de 1991 como en las de 1995, el triunfo de la oposición democrática fue abrumador. En 1995 el índice de participación rondó el 35%. La de hoy no será una negociación entre bastidores y pese a las limitaciones del sistema electoral permitirá conocer en buena medida el estado de opinión de la amplia sociedad real, una sociedad que no puede permanecer indefinidamente excluida de la toma de decisiones. Es la diferencia que separa el mero control de la legitimidad política y toda una prueba que puede resultar trágica para quienes, siquiera formalmente, adoquinan su imaginario reivindicando la soberanía popular.