El ascenso de China parece imparable. De un año para otro, escala posiciones en todos los rankings mundiales convirtiéndose, según la opinión de numerosos expertos, en el principal factor de la economía mundial, un hecho que puede y debe calificarse de positivo para contrarrestar los tradicionales centros de hegemonía económica(1). Por otra parte, la sexta economía del mundo está creciendo de forma tan rápida que necesita consumir enormes cantidades de materias primas para sostener ese crecimiento y ello está provocando fuertes distorsiones en los mercados mundiales. China es ya el mayor consumidor del mundo de cemento, carbón, acero, níquel y aluminio, y el segundo importador de petróleo. Su crecimiento en 2004 ha sido del 9,7% frente al 9,1% del año anterior.
A lo largo del pasado año se ha consignado, no obstante, una novedad esencial: China ya no sólo es el principal receptor de inversiones extranjeras sino que también figura entre los primeros inversores del mundo. Según la UNCTAD, el gigante asiático ocupará en breve la quinta posición en el grupo de países que más flujos de inversión directa emiten, por delante de Japón(2). La compra por la china Lenovo de la división de ordenadores de IBM para formar un gigante informático que será la tercera mayor empresa del sector, indica a las claras que China se adentra en una nueva etapa en la que su pujanza interior va a ganar peso e influencia en todo el mundo, aportando una mayor visibilidad a su crecimiento y una imagen moderna y atractiva a sus empresas. El Gobierno chino apuesta por la internacionalización con el propósito de asegurar el acceso a recursos naturales y materias primas que son necesarios para sostener el acelerado funcionamiento de su economía, pero también trata de configurar alianzas con aquellas entidades que poseen marcas de prestigio que le faciliten su gran salto al exterior. No hay tiempo para actuar de otra forma: mejor comprar o aliarse que competir con identidad propia.
Reconociendo esta evolución, el G7, reunido en octubre en Washington, abrió sus puertas a China, participando parcialmente, por primera vez, en un encuentro en el que la discusión sobre la reevaluación de la divisa china, el reminbi, fue uno de los temas principales de la agenda. En noviembre, la gira de Hu Jintao por América Latina, por otra parte, despertó enormes expectativas en toda la región, donde ya supera a Japón como principal mercado de sus exportaciones, con crecimientos del 50% del comercio bilateral de año en año(3). En paralelo, en el ámbito regional, prepara un acuerdo de libre comercio que abarcará a 1.800 millones de consumidores reuniendo a los diez países del sureste asiático. Con la UE las relaciones también se amplían, ocupando ya la posición de segundo socio comercial de la Europa ampliada. La gira de Hu Jintao, a primeros de 2004, por algunos países del continente africano, también alumbró esperanzas de que el maná chino no ignorase las zonas más atrasadas y desfavorecidas del planeta, si bien aquí el componente estratégico (energético y político) es más decisivo si cabe.
La coexistencia de esta realidad deslumbrante, que da cuenta de los incuestionables progresos de China en el orden económico, con fracturas internas (regionales, sociales y étnicas) cada vez más evidentes, modera aquella admiración primera añadiendo signos naturales de preocupación por la fragilidad de un desarrollo que aún margina a importantes sectores de la población. La reaparición del fenómeno de la pobreza como tendencia al alza después de 25 años consecutivos de progresiva y drástica disminución cuestiona la eficacia de las políticas centrales y evidencia tanto la insuficiencia de las inversiones como la ignorancia deliberada de los costes sociales del desarrollismo (la privación de la tierra, por ejemplo, promovida a través de pseudoexpropiaciones expeditivas para atender las necesidades urbanizadoras se efectúa sin que las autoridades habiliten medidas compensatorias adecuadas, empujando a muchos campesinos a la pobreza y al desarraigo).
En el campo, los problemas tradicionales de alimentación y vestido se han vuelto crónicos para muchos ciudadanos. Si en la década de los noventa, la situación había mejorado a una media de 6 millones por ejercicio, en los primeros años del nuevo siglo, esa cantidad se ha reducido a la tercera parte. Las diferencias de renta entre los campesinos normales y la población rural pobre han pasado de 1:2,45 en 1992 a 1:4,12 en 2003. El aumento de la pobreza en el medio rural es indicativo de un deterioro más general que afecta al retroceso o estancamiento del nivel de vida en el campo(4). Mientras, en el medio urbano a nadie asombra el desembarco de Ferrari para seducir a esos 50.000 multimillonarios que integran el limitado orbe del acceso a bienes de lujo en China.
Transcurridos dos años de la integración de China en la OMC, Beijing se ha sumado con iniciativa y entusiasmo a la inevitable política de adaptación. Está en marcha la apertura a gran escala de los servicios públicos tanto a capital foráneo como privado, liquidando progresiva y parcialmente el monopolio estatal en servicios como el suministro de energía, agua, gas y transporte público. En las principales ciudades del país se han puesto en marcha reglamentos y licitaciones para liberalizar estos sectores, con el objetivo declarado no solo de conseguir capital externo que alivie la insuficiencia de recursos para modernizar muchas de las infraestructuras que han quedado obsoletas, sino también de modificar la estructura de capital del sector, liquidando los monopolios públicos.
Pasados veinticinco años del inicio de la reforma, parece llegado el momento de hacer efectivo un anuncio tantas veces reiterado en la última década como posteriormente aplazado. Oficialmente se sigue negando el proyecto de una privatización en masa, poniendo el acento en la descentralización de los monopolios estatales en muchos sectores a los que se facilitará el acceso a los inversores privados extranjeros y chinos. Pero si antes era prácticamente imposible materializar cualquier inversión en las grandes compañías estatales, Li Rongrong, presidente de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales, ente creado para dirigir y controlar el proceso, ya ha dejado claro que a partir de ahora no solo se autorizarán las inversiones en los negocios de poca monta. Buena parte de las empresas estatales reestructurarán su capital y el Estado renuncia de antemano a poseer la mayoría. Para acompañar ese proceso se apuesta igualmente por fortalecer las garantías legales y modernizar los mecanismos financieros, un asunto prioritario, como señalaba Wen Jiabao, el primer ministro chino, a The Washington Post en los primeros días del 2004.
El Banco Comercial de China, el Banco Agrícola de China, el Banco de China y el Banco de Construcción de China son las cuatro entidades financieras de capital exclusivamente chino y de propiedad estatal. Estos cuatro bancos forman el cuerpo principal del sector bancario. Sus activos globales representan casi el 60% de los activos bancarios del país, pero debido a su deficiente administración y atraso en los servicios y a la estructura del negocio, más del 21% de sus créditos son fallidos, frente a un 4% que registran los bancos extranjeros establecidos en el país. Esa simple radiografía da cuenta del momento arriesgado que atraviesa el sector financiero en la economía de mayor crecimiento del mundo, sobre todo si tomamos en consideración que dentro de dos años este mercado debe quedar completamente abierto a las instituciones bancarias de capital foráneo. Los bancos comerciales de propiedad estatal y capital exclusivamente chino no lo van a tener fácil para hacer frente a la competencia internacional.
Numerosas voces han advertido sobre los riesgos de esta nueva etapa, especialmente en dos dominios: el de los efectos especulativos de las fusiones y adquisiciones entre compañías, y la capacidad de la red china de seguridad social para asumir el desafío que va a suponer una nueva incorporación de desempleados al mercado de trabajo. En cualquier caso, a diferencia de los primeros años noventa, cuando tantos se opusieron a la propuesta de transformación de las empresas estatales en meras sociedades anónimas porque suponía una desviación del camino socialista y un regreso al capitalismo, ahora, después de que el Partido refrendara en 1997 que el sistema de acciones es “una forma de estructura del capital que puede aplicarse tanto en el marco del capitalismo como del socialismo”, se habla de las consecuencias pero no se cuestiona el entusiasmo reformista chino.
En paralelo a la intensificación de la reforma, se plantea un reajuste en la estrategia de desarrollo, compensando la obsesión por el rápido crecimiento, constante de las últimas décadas, con la atención al progreso social. En esta nueva formulación han pesado las numerosas llamadas de atención acerca de la excesiva explotación de los recursos y el notable incremento de las desigualdades sociales y los desequilibrios territoriales. La nueva orientación ha supuesto la fijación a la baja de las previsiones de crecimiento, en torno al 8% en los próximos dos años.
Asimismo, se trata de afianzar la idea de la “prosperidad común”, no de la “prosperidad igual”, como enfatiza el economista Hu Angang, de la Universidad Xinhua(5). El igualitarismo erradicado por Deng al permitir enriquecerse a unos antes que a otros, no regresará, pero la estabilidad social exige hoy el establecimiento de fórmulas de equilibrio que permitan que todos los ciudadanos se beneficien de la mejora de la situación económica del país. De nada sirven las altas tasas de crecimiento si los ingresos de los campesinos no aumentan o si no se fomenta el empleo o se potencia una red de servicios públicos que amortigüe los costes sociales del cambio.
Zhao Zhenhua, subdirector del Departamento de Economía de la Escuela del Partido, asegura que la brecha entre los ingresos individuales se ha ampliado, tanto en el ámbito rural como en el urbano, constatando la presencia en ambos de una pobreza más estructural. Igualmente se ha profundizado la brecha entre los residentes rurales y urbanos, la más notoria debido al lento aumento de la renta campesina. Otro tanto puede decirse de las diversas regiones del país, con crecimientos muy dispares de este a oeste. Por último, entre las diversas industrias también tiende a ensancharse la disparidad de ingresos. Zhao Zhenhua reconoce que ningún otro país del mundo arroja una diferencia tan elevada como la existente en China entre los residentes urbanos y rurales(6).
Los factores naturales, el déficit ecológico de la reforma, forman parte también de ese nuevo esquema de la vulnerabilidad china, hasta ahora carente de análisis sobre la deficiencia de sus recursos a este nivel. El coste de dilapidación de recursos y medio ambiente debe formar parte del cálculo del PIB, asegura Ma Zhong, profesor de la Universidad del Pueblo Chino, quien reivindica un PIB verde y el paso de un modelo de crecimiento extensivo a otro intensivo, caracterizado por un bajo nivel de consumo.
La triple representación
Frente a la concepción que muchos definen como cosmética y justificada casi en exclusiva por la necesidad de dar satisfacción a Jiang Zemin, quien desea verse equiparado a Mao o Deng, de quien este año se celebró con pompa y boato el centenario de su nacimiento, en los anales de la histórica contemporánea china, Xu Xianming, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Beida, asegura que conceptos como la triple representatividad o los derechos humanos disponen del potencial ideológico suficiente como para dar un vuelco en los valores sustentados por el Estado(7).
La triple representatividad, formulación teórica que fue dada a conocer por Jiang Zemin en febrero de 2000, tiene por objeto establecer un vinculo de representación del PCCh con las fuerzas más avanzadas de la sociedad, ya sea del ámbito de la producción, de la cultura o, en general, de la mayoría del pueblo chino. En esencia, de lo que se trata es de afirmar la condición dirigente del PCCh, no ya como fuerza de vanguardia de la clase obrera, muy marginada en lo esencial, sino de todo el pueblo, incorporando a los nuevos estratos sociales que emergen como consecuencia de la evolución del socialismo con peculiaridades chinas. Según Jiang Zemin, esa transformación, constitucionalizada como un desarrollo del marxismo-leninismo, debe garantizar en el futuro la posición preeminente del Partido en la sociedad y en el Estado.
Esta mención a la triple representatividad debe ser contextualizada también en el marco de otras precisiones “menores” que se han incorporado a la secciones del Preámbulo y los principios generales de la Constitución, en la reforma aprobada en marzo por el Parlamento y que abundan en ideas como la de que China se hallará en la etapa primaria del socialismo durante mucho tiempo, que la cooperación entre partidos bajo la dirección del PCCh y el sistema de consultas políticas existirá y se desarrollará por mucho tiempo, o la adopción de un sistema de economía de mercado socialista, con la propiedad pública como sector dominante y las otras formas de propiedad como opciones paralelas.
La nueva regulación constitucional del derecho de propiedad, motivada en parte por el ingreso en la OMC y la exigencia de adaptación a los cánones internacionales, si bien ha dejado a un lado el tabú de la tierra, proporcionará un nuevo e importante impulso a la empresa privada(8). A finales de 2000, según fuentes oficiales, ya representaba el 33% del PIB, con 18 millones de empresas, 200 millones de empleados y 30 millones de autónomos. Veinticinco años después de iniciarse la reforma, China parece atravesar una nueva frontera, despejada en lo ideológico en el XVI Congreso del PCCh (noviembre de 2002), que debe ser matizada por la influencia cultural del confucianismo que pesa aún lo suyo en estas latitudes y actúa, conscientemente o no, como un substrato inapelable que modela las conductas y las conciencias. La propiedad siempre tendrá aquí un dilatado fondo social: “Viendo las ganancias a obtener, piensa en la justicia”, destacaba Confucio como una de las nueve meditaciones para ser un hombre de perfecta virtud.
Por lo que respecta a los derechos humanos, su entronización en la Carta Magna es inseparable del compromiso por afirmar el impulso de las tres “civilizaciones”, es decir, la material, la espiritual y la política, de forma coordinada, asumiendo que a partir de ahora el Estado debe aplicarse en mayor grado a la construcción de una sociedad más sana y más equilibrada respetando la ley, referencia que debe ser irrenunciable para todos los estamentos del Partido y del Estado. Aunque, en la práctica, no cabe aguardar cambios sustanciales en esta materia.
El debate previo a la reforma constitucional no ha sido del todo pacífico. En una conferencia del Comité Central del PCCh celebrada en Zhongnanhai, del 26 al 28 de agosto de 2003, se manifestaron algunos rechazos a las propuestas, aunque también se formularon iniciativas de revisión general de la Constitución, como ya se había hecho en 1975, 1978 y 1982, al entender que el actual texto, aún con las modificaciones introducidas desde los años ochenta, no refleja la realidad de la sociedad china.
Algunos analistas, como Wang Yukai, atisban en estos cambios los inicios de una reforma cautelosa en lo político, que debe avanzar en la supervisión de los niveles superiores del Partido, haciendo hincapié en la limitación de los abusos de poder y en la denostada pero omnipresente corrupción. Pero es, en todo caso, una reforma dentro del sistema, asegurando la estabilidad, y por ello auspiciada de arriba hacia abajo y condicionada al avance de la reforma económica. ¿Es ello posible en un momento en que aumentan las influencias del mundo exterior? El Partido sigue decidiendo en China sobre las políticas fundamentales. Pero también el Partido deberá tener en cuenta las reglas de la OMC a la hora de decidir sobre cualquier política y por lo tanto su capacidad de maniobra se puede ver limitada. Es el centro del poder pero no tiene ya todo el poder. Y todos, Partido y gobierno, deben aceptar restricciones. Pero no es lo mismo que la iniciativa provenga del propio régimen que de fuerzas exteriores al sistema. Por ello, la mejora del sistema jurídico-político será el espejo de la reforma en los próximos años.
La nueva institucionalidad
La renuncia de Jiang Zemin a seguir presidiendo la Comisión Militar Central, en favor de Hu Jintao que ahora acumula los tres principales cargos del país (también secretario general del PCCh y presidente del Estado), dos años después de tomar el relevo, cabe contextualizarla en ese intento de establecer una nueva institucionalidad que, sin copiar del modelo occidental en el que la alternancia por vía electoral resuelve la forma del problema, defina unas reglas de juego que todos deben de aceptar. Esas reglas (nadie mayor de setenta años en el Politburó, nadie más de dos mandatos consecutivos, consenso para la elección de los dirigentes principales, etc.) constituyen toda una revolución en el ejercicio del incuestionable papel dirigente del Partido.
Unos días antes de formalizarse la renuncia de Jiang Zemin, Hu Jintao compareció ante la opinión pública para proclamar que China nunca seguiría el rumbo de los países occidentales(9). Hu insistió en la definición de un modelo propio, adaptado a las necesidades de un país con coordenadas singulares que no desean eliminar sino cultivar y desarrollar. La declaración sirvió para explicitar solemnemente que no habrá cambio de rumbo, que Jiang Zemin podría abandonar el último cargo que le restaba, la presidencia de la Comisión Militar Central, con total tranquilidad. Pero también enfatizaba esa otra idea: somos capaces de definir una institucionalidad diferente, de establecer mecanismos de sucesión civilizados y pactados sin que nadie tema una crisis política que dañe la estabilidad del país o suponga el traslado para el destierro o el cautiverio. Es lo que llama mejorar la capacidad gobernante del Partido.
Que Jiang aceptara renunciar antes de tiempo (las resistencias fueron importantes) revela sin duda la habilidad y eficacia de Hu Jintao, pero también la existencia de un colectivo importante en el seno del liderazgo chino que apuesta por asentar nuevos métodos de dirección, nuevos procedimientos, más regulares, más dignos de confianza, para sus propios miembros y para el conjunto de una sociedad que en numerosas ocasiones ha sido objeto de moneda de cambio y manipulación para reforzar las posiciones de las diferentes facciones en conflicto. A todo ello no es ajeno el considerable esfuerzo de adaptación que se ha promovido en los últimos años para asegurar no solo la modernización del Estado sino también su relación con la sociedad.
Decir que en China predomina el inmovilismo en lo político no se ajusta totalmente a la realidad. Se han registrado algunas transformaciones importantes en los modos de actuar que se acentuarán en los próximos años. Bien es verdad que el objetivo es invariable, es decir, perpetuar el dominio del PCCh, si bien adaptado al presente contexto económico, social e internacional. No se cuestiona el monopolio del Partido-Estado sobre la política o los pilares esenciales de la economía, pero justo es reconocer que se ha tendido la mano a las nuevas élites, potenciado la independencia de mecanismos para la resolución de conflictos o sistemas de consulta más o menos institucionalizados e incluso mecanismos protodemocráticos en el seno del aparato del Partido. Y, en paralelo, todo ese proceso ha permitido la estabilización del funcionamiento de las instituciones y una mayor discreción del Partido en ciertas áreas, consecuencia de una interiorización de la necesidad de desideologizar algunos ámbitos del poder(10).
No se atisba en el horizonte político inmediato signos de impulsos democratizadores profundos, pero si el deseo de dejar atrás para siempre los movimientos de masas del pasado y su sustitución por una completa institucionalización del sistema político que en torno al desarrollo económico, el nacionalismo y una mayor proyección internacional, aseguren la nueva legitimidad del régimen chino. Esa orientación, que lidera Hu Jintao, pretende establecer y consolidar instrumentos que permitan abrir espacios para la gestión de las crisis, asegurar la estabilidad social y reforzar la legitimidad del régimen, tanto a nivel interno como internacional, fraguando una sólida alianza entre el PCCh y las nuevas elites emergentes, habilitando mecanismos que faciliten su participación en la gestión del sistema. Es precisamente en esos ambientes donde la libertad de expresión, por ejemplo, ha adquirido signos bien avanzados, al igual que en el medio académico, si bien sus proyecciones no alcanzan a las inmensas mayorías obreras y campesinas que debieran ser consideradas como la base socio política del régimen.
A través de la teoría de las tres representaciones y otros mecanismos, el PCCh se ha asegurado la lealtad de los sectores más dinámicos de la sociedad china, a sabiendas de que toda acción política heterodoxa, pública y organizada será objeto de represión inmediata y severa. Como siempre han señalado, se permitirá y promoverá la participación en el poder, facilitando, como ahora ocurre, la practica generalizada de consultas con las elites a todos los niveles, quienes ya se sienten orgullosas de su papel y de su influencia, pero sin cuestionar la orientación política del sistema actual.
El desafío territorial
A las tensiones con la minoría hui registradas en la provincia de Henan, en el centro de China, aparentemente iniciadas por un suceso tan banal como un accidente de tráfico, pero ofreciendo un balance de numerosos muertos y heridos; o las ya habituales con las minorías tibetana o uigur, se ha sumado el rechazo de miles de ciudadanos hongkoneses del intento de acentuar la interferencia en la vida política local. En las elecciones de septiembre de la ex colonia británica, el triunfo de la oposición fue menor de lo esperado y, en cualquier caso, insuficiente para intranquilizar a las autoridades chinas.
Se elegían directamente la mitad de los puestos a cubrir en el Consejo Legislativo o Parlamento local, seis más que hace cuatro años, según la fórmula pactada en el momento de la retrocesión de Hong Kong, en 1997. El resto de los puestos se cubrían mediante la designación de representantes por parte de diversos colectivos profesionales que, de un modo u otro, estaban influenciados por las autoridades centrales. Tan solo reduciendo el peso de estos colectivos podría ganar credibilidad la autonomía.
La consecución de tres escaños más provocó una considerable decepción en las filas de los llamados demócratas, porque son insuficientes para presionar a las autoridades de Beijing a fin de forzar una mayor rapidez en el proceso de universalización democrática. Ya estaba descartado que en 2007 se pudiese elegir directamente al primer ministro. En 2008 tampoco habrá elección directa del Parlamento. Nada se moverá antes de 2012. Y si bien más tarde o más temprano, Beijing tendrá que ceder, entre otras razones, porque si no avanza este proceso en Hong Kong le será muy difícil normalizar las relaciones con Taiwán, con estos resultados, la posibilidad de influir en el ritmo y en las condiciones se alejan para la oposición. China puede afrontar tranquila, también en esto, el horizonte olímpico de 2008. No conviene olvidar que ese resultado se produce después de que unos meses antes el legislativo chino había decidido imponer la suya como la única interpretación válida y aceptable de las disposiciones legales que figuran en los Anexos de la Ley Básica de Hong Kong, provocando la salida a la calle de miles de ciudadanos. El presidente del Parlamento, Wu Bangguo, explicó que en eso consistía la aplicación del principio “un país, dos sistemas”, la fórmula ideada por Deng Xiaoping para recuperar el control de la colonia.
En cualquier caso, Hong Kong solo puede ser calificado como un problema menor en relación a Taiwán(11). Beijing tenía la esperanza de una derrota de Chen Shuibian, el líder del soberanista Partido Democrático Progresista, en las elecciones presidenciales de marzo de 2004, que no se llegó a producir, aventurando unas legislativas en diciembre que podían complicar enormemente el singular escenario de la no existencia de relaciones bilaterales. En la visita a China, en julio, de la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Condoleezza Rice, quien sostuvo un intercambio de impresiones con Hu Jintao y Jiang Zemin, las autoridades chinas le habrían reiterado su “seria preocupación” por la evolución política en la “provincia rebelde”.
La inquietud china es doble. De una parte, la victoria presidencial de Chen Shuibian, apretada pero suficiente, iniciaba la cuenta atrás del calendario para la aprobación de una nueva Constitución en 2008. La adopción de esta Carta Magna asentaría un poco más la situación de hecho de Taiwán como un Estado libre y democrático, si bien escasamente reconocido internacionalmente, pero cada vez más alejado del discurso unificador tradicional de las dos Chinas, aproximándose a la fórmula, inaceptable para el continente, de la existencia de dos Estados, dos realidades políticas netamente diferentes, a cada lado del estrecho de Taiwán. Esta evolución, claramente orientada a significar una específica identidad taiwanesa poco o nada interesada en una unificación que, como ha señalado el presidente Chen aludiendo a Hong Kong, no garantiza de forma suficiente el respeto a sus valores democráticos, podría colocar a China, en plena celebración olímpica, ante la tesitura de adoptar delicadas y graves decisiones.
El otro lado del triángulo de esta preocupación es EEUU. La dureza de la larga campaña electoral de las presidenciales de marzo y el referéndum simultáneo auspiciado por Chen Shuibian, generaron una pequeña crisis en las relaciones de Taipei con Washington, cristalizada en la dimisión de Theréese Shaheen, presidenta del Instituto Americano en Taiwán, al parecer por presión de Beijing, muy molesto por la actitud protaiwanesa de la “embajadora”. La dimisión de Shaheen provocó la del propio presidente del Consejo de Ministros de Taiwán, Eugene Y.H. Chien, en medio de numerosas críticas de una oposición que acusó a Chen de llevar al país a un aislamiento muy peligroso.
Pero en Beijing la sensibilidad ha permanecido a flor de piel y pese a las declaraciones formales de Washington en sentido favorable a sus tesis más tradicionales, teme las consecuencias de su no menos tradicional doble lenguaje. En las semanas previas a las legislativas de diciembre visitaron EEUU, entre otros, la vicepresidenta Annette Lu, y el ministro de asuntos exteriores, Mark Chen. La confianza bilateral parece haber sido restablecida rápidamente y los llamamientos de Beijing a los tres ceses (dejar de vender armas avanzadas a Taiwán y reducir los vínculos militares con la isla, suspender todo intercambio oficial con las autoridades taiwanesas o dejar de apoyar a Taiwán para que sea admitida en organizaciones internacionales en las que se requiere ser un Estado para ingresar) caen en saco roto.
El apoyo estadounidense al ingreso de Taiwán en la OMS, o la mayor tolerancia en el intercambio de visitas de alto nivel, hablan por si solos. Pero hay más. En el informe anual sobre las capacidades militares de China remitido por el Pentágono al Congreso se sugiere la posibilidad de contemplar que Taiwán responda, en caso de conflicto, contraatacando objetivos civiles en el continente, desatando una ola de indignación en Beijing. El 19 de junio, el ejército de Taiwán culminaba sus ejercicios militares “Han Guang XX”, desarrollados con la hipótesis de un ataque con misiles continentales en 2008. El sistema de simulación, de fabricación estadounidense, y la activa presencia de asesores norteamericanos en los escenarios operativos, evidenciaron un nivel de cooperación bilateral nunca visto en los últimos 35 años. Al mismo tiempo, EEUU ensayaba con Japón otras maniobras para analizar las estrategias de apoyo a Taiwán en el supuesto de estallar un conflicto con China. Beijing tampoco se ha quedado atrás, iniciando maniobras en la provincia de Fujian, situada frente a Taiwán.
La compleja ecuación taiwanesa puede entrar en escenarios muy peligrosos en los próximos años. Para China, la unificación es una política irrenunciable: puede aceptar la permanencia del actual statu quo, pero no una evolución que aleje a Formosa de la integración con el continente. Por su parte, en Taiwán, el presidente Chen está convencido de que a EEUU no le interesa una China fuerte y unida que dificultaría la consolidación de sus aspiraciones hegemónicas en el mundo.
Esa rivalidad estratégica pesa lo suyo en el delicado juego arbitral de Washington con las dos Chinas. En buena lógica, sería de su agrado mantener a Taiwán alejado de la influencia política de Beijing, al menos en tanto no se defina por una reforma democratizadora del sistema y acepte las reglas de juego impuestas por Washington en los dominios esenciales de las relaciones internacionales. A corto plazo, un poco de tensión en el mar de China tampoco venía mal a la campaña electoral de Bush quien podrá distraer así la atención respecto a Irak. ¿Y la Unión Europea? A Bruselas le urge ir definiendo su posición al respecto, como ya lo ha hecho con gran entusiasmo Jacques Chirac. No pocos asocian la intensificación de la presión estadounidense sobre China a propósito de Taiwán con el envío de un mensaje a la nueva generación de dirigentes chinos: ¡moderen su entusiasmo europeísta!
Las encrucijadas chinas
La magnitud de los desafíos que enfrenta China es tan espectacular como su crecimiento y la complejidad es la nota común de las situaciones a las que deberá hallar respuesta en los próximos años. En el plano interno, el mundo rural reclama un cambio de actitud del poder central quien no podrá limitarse al control macroeconómico o las reformas en el sector financiero o de las empresas estatales. De 1998 en adelante, un total de 28 millones de asalariados de las empresas estatales han perdido su empleo y 88.000 empresas estatales han sido eliminadas, bien por quiebra, fusión o reestructuración. Son las primeras y grandes víctimas del milagro económico chino. En diciembre último, Li Rongrong, presidente de la Comisión de administración y supervisión de los bienes estatales, ha indicado que la reforma de las empresas estatales que dependen del gobierno central se va a relanzar en 2005. La idea principal consiste en aligerar las 150.000 empresas que dependen de esta comisión liberándolas de la obligación legal de asegurar todos los servicios de bienestar social (escuelas, hospitales, restaurantes, servicios de seguridad, etc.) para hacerlas más competitivas. Tres grandes empresas ““la CNPC, la China Petroleum and Chemical Corp.y Dong Feng Motors- ya han establecido acuerdos para transferir a los gobiernos locales 796 escuelas primarias y secundarias, sus servicios de seguridad y 94.000 asalariados o jubilados. Las demás deberían seguir su ejemplo en este año, si el Consejo de Estado aprueba las propuestas que ha preparado la Comisión, que incluyen el abandono de todas aquellas actividades secundarias que puedan desarrollar, para concentrarse en las principales.
Según informaciones facilitadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, China tardará 2 o 3 años en resolver los problemas básicos del personal excedente de las empresas estatales heredado de la anterior economía planificada y completará en el 2005 la transición “desde el trabajo garantizado al seguro de desempleo”. Actualmente, siete provincias, entre las que se incluye la de Liaoning, en la Manchuria norteña, una de las más afectadas, han puesto en funcionamiento un seguro de desempleo, mientras que las provincias y regiones autónomas que no lo han hecho se concentran en el centro y en el oeste del país.
En otro orden, la derrota de Chen Shui-bian en las elecciones legislativas de diciembre en Taiwán ha disipado los peores presagios y buena muestra de ello ha sido la facilidad con que se ha negociado el acuerdo para permitir los vuelos directos entre las dos Chinas con motivo del año nuevo chino. Beijing, que ha incluido en su Libro blanco sobre la defensa(12) una referencia explicita al uso de la fuerza contra cualquier intento independentista, completará ahora esa aseveración con la aprobación de una legislación antisecesión que institucionalizará la reacción ante un hipotético independentismo taiwanés(13). Si bien la estrella de Chen parece apagarse, en Washington reside la última palabra acerca de la otra cara de la tensión bilateral: la adquisición de armamento moderno que pueda disuadir a China continental de intentar una invasión fácil. Las ventas de armas a la isla son objeto de condena explicita y rotunda por parte de las autoridades chinas, quienes consideran que este proceder envía un mensaje equivocado a los sectores independentistas de Taiwán pues de ello concluyen que EEUU estará siempre de su lado. Pero en Taipei se insiste en que ese armamento es una necesidad para la isla(14).
Hu Jintao, por otra parte, no podrá ignorar, en el ámbito exterior, la necesidad de evitar tensiones con sus socios más importantes. Es el caso de Japón, con quien sostiene rivalidades significativas en materia energética (gasoducto transiberiano, explotación de los campos de gas en el Mar de China oriental) que se suman a las tradicionales críticas por las visitas al templo Yasukuni o el apoyo a Taiwán. La señal más visible del deterioro experimentado en los últimos meses es la detección de un submarino nuclear chino en aguas territoriales niponas en noviembre pasado.
Por otra parte, las relaciones con EEUU, a pesar de los esfuerzos por expresar normalidad, parecen adentrarse cada vez más en un nuevo tiempo. El comercio bilateral está afectado por la debilidad del yuan, que las autoridades chinas no desean alterar por temor a los efectos sociales internos; y las diferencias en materia de lucha antiterrorista se expresan en la negativa de las autoridades estadounidenses a extraditar a los prisioneros de origen chino (uigures), tal como reclama Beijing. Así mismo, su posición en el contencioso norcoreano dista mucho de seguir a ciegas las posiciones de Washington. Las críticas a la presidencia de Bush por parte de Qian Qichen, ex ministro de asuntos exteriores, en la víspera de las elecciones de noviembre, plasman ese estado de ánimo.
En cuanto a Rusia, si bien menos problemática, tampoco puede decirse que la asociación, calificada de estratégica, entre ambos países se haya traducido en una compenetración de alto nivel. Buena muestra de ello ha sido el fracaso del proyecto de gasoducto Angarsk-Daqing, tan anhelado por las autoridades chinas.
Éxitos importantes y problemas de gran calado conviven pues en esta China del siglo XXI que ya nadie está en condiciones de evitar como actor internacional de primer nivel, pero que aún puede deparar algunas inquietudes. La mayor urgencia debería centrarse en la recuperación de los equilibrios internos. A fin de cuentas, no son las riquezas las que hacen a un Estado próspero, sino la justicia, decía Confucio.
Notas:
(1) Argenpress, 15 de abril de 2004.
(2) Expansión, 5 de mayo de 2004.
(3) La Nación, 8 de noviembre de 2004.
(4) China-Afrique, febrero 2004.
(5) Xinhua, 5 de marzo de 2004.
(6) China-Afrique, febrero 2004.
(7) Beijing Information, 10/2004.
(8) Beijing Information, 11/2004.
(9) El País, 16 de septiembre de 2004.
(10) Cabestan, Jean-Pierre, La Chine évoulerait-elle vers un autoritarisme "éclairé" mais ploutocratique?, en Perspectivas chinoises, nº 84, juillet-août 2004.
(11) Ríos, Xulio, El desafío taiwanés, Diario El Correo, 8 de marzo de 2004.
(12) Xinhua, 27 de diciembre de 2004.
(13) Xinhua, 27 de diciembre de 2004.
(14) Agencia Central de Noticias, 20 de enero de 2005.