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| La iniciativa de Uribe no se ubicó sólo en el plano dialéctico. Para "reafirmar" su compromiso de diálogo, Uribe ordenó la liberación, por tres meses, del líder guerrillero del ELN, Francisco Galán, para que trabaje con el Comisionado de Paz y sirva de puente entre el gobierno y la guerrilla en unas eventuales negociaciones. | |
En una inesperada e inédita declaración, el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez dejó entrever su convencimiento de que el país vive un "conflicto armado". Lo hizo poco después de conocerse la noticia de que la guerrilla del ELN había entregado el cadáver de un conocido patriarca regional, Ancízar López, secuestrado hace más de tres años y asesinado el año pasado.
El momento de la declaración de Uribe era, para muchos, inoportuno, debido a la conmoción nacional causada por la noticia del asesinato de López. En vez de reaccionar bajo los parámetros de la "línea dura", con una abrumadora respuesta militar y el cierre completo de los canales de negociación, el presidente sorprendió a todos prefiriendo enviar al ELN una propuesta de paz. Declaró que estaba dispuesto a cesar hostilidades y activar los diálogos de paz, aunque esto le cueste "dejar a un lado" sus convicciones personales y a reconocer que en Colombia existe un conflicto armado.
Estas palabras encierran un giro paradójico y enigmático, quizás enmarcado en el laberíntico terreno de las claves políticas y electorales. Al igual que sus antecesores en el cargo, Uribe siempre se negó (y con rotundidad) a adoptar la controvertida tesis del "conflicto armado" como expresión de la situación que vive Colombia. El mandatario catalogaba a la guerrilla de "bandidos" y "terroristas" mientras aseguraba, al mejor estilo de la "doctrina Bush", que lo vivido en el país no era un conflicto interno sino una "amenaza terrorista".
La iniciativa de Uribe no se ubicó sólo en el plano dialéctico. Para "reafirmar" su compromiso de diálogo, Uribe ordenó la liberación, por tres meses, del líder guerrillero del ELN, Francisco Galán, para que trabaje con el Comisionado de Paz y sirva de puente entre el gobierno y la guerrilla en unas eventuales negociaciones.
Un balance visto y no visto
Cumplidos tres años de mandato, el gobierno Uribe presenta un balance con algunos resultados. La "política de seguridad" implementada en 2002 para la lucha antiguerrilla y antinarcóticos ha resultado ser un razonable éxito en términos militares en cuanto a contención de la actividad guerrillera (a pesar de la reciente reanudación de ataques por parte de las FARC) que le ha permitido cosechar un sólido respaldo político, elevada popularidad, un alto nivel de credibilidad y la recuperación del ámbito gubernamental y territorial del Estado.
A su alta popularidad se le agrega la imagen de estabilidad social y económica nacional, lo cual le permite al mandatario contar con la confianza del sector privado nacional e internacional.
Sin embargo, diversas ONGs nacionales e internacionales critican la política de Uribe en materia de derechos humanos, especialmente la relativa a la reciente aprobación de la controvertida ley de "Justicia y Paz". Al mismo tiempo, y a pesar de los relativos síntomas de estabilidad social y política, un informe de Fondo por la Paz y la Carnegie Endowment for International Peace de julio de 2005 ubicaba a Colombia en el puesto 14 en el índice de "Estados fallidos", con la categoría de "crítica".
En otros sectores, se asegura el fracaso del Plan Colombia diseñado por Washington y Bogotá en 2000 en cuanto a la total erradicación de cultivos y tráfico de droga, a pesar del total apoyo recibido por Uribe de parte del presidente Bush en agosto y la renovación de dicho plan, ahora en un escenario más regional.
Esta semana, la Corte Constitucional debía fallar sobre la solicitud presidencial de reelección de Uribe en las elecciones de mayo de 2006. En los pasillos de la Corte y del Congreso se comenta que la autorización de la reelección es un hecho, lo cual obliga a realizar cálculos políticos bajo la presunción de que Uribe será nuevamente candidato, con casi todas las cartas a favor para renovar su mandato.
¿Es real este giro?
Por lo tanto, y ante un escenario básicamente favorable, surgen las incógnitas: ¿qué pudo determinar el inesperado giro retórico de Uribe Vélez? ¿Significa esto un sincero gesto de cambio político o tiene otros matices?
En primer lugar, es necesario repasar el actual escenario político para comprender qué significado encierran las palabras del presidente colombiano. La aprobación de la controvertida ley de "Justicia y Paz" le ha permitido a Uribe iniciar un proceso de desmovilización y desmilitarización de 12.000 de los 20.000 paramilitares existentes. Sin embargo, el canje político con los paramilitares para que aceptaran este plan significó evitar una posible extradición y enjuiciamiento de sus jefes, hecho que le otorga a esta iniciativa un sentido más simbólico que real. Aquí radican las principales críticas de la sociedad civil hacia Uribe.
Desmovilizando a los paramilitares, Uribe apuntó hacia las guerrillas de las FARC y el ELN para que continuaran con este ejemplo. Apoyado férreamente desde Washington, Uribe observa un panorama regional complejo, marcado por la convulsión y recelo a sus propuestas: Ecuador se negó recientemente a una ampliación del Plan Patriota (versión adicional de Uribe del Plan Colombia) mientras declaraba su neutralidad ante el conflicto colombiano. Por su parte, el gobierno de Hugo Chávez siempre se opuso al Plan Colombia. Tan sólo Brasil lo apoya directamente.
La cuestión de la imagen pública es importante para analizar porqué Uribe planteó este giro dialéctico. Brindando al debilitado ELN eventuales escenarios de negociación que le lleven a una entrega de las armas, Uribe mejoraba su imagen internacional y renovaba la aportación de los países cooperantes (especialmente la Unión Europea) en el proceso de pacificación colombiano. En Bruselas se reunían esta semana para adoptar una posición conjunta hacia la ley de Justicia y Paz.
Es por ello que la declaración de Uribe presenta todos los visos de no ser espontánea sino de constituir un fino cálculo político realizado desde hace meses. Del mismo modo, sabe que el escenario con unas FARC aún potentes militarmente no es el mismo que con un ELN militar y políticamente debilitado.
Las propuestas de canje humanitario con las FARC han sido escasamente aceptadas por los líderes de la principal guerrilla, a pesar de la fuerte presión de la sociedad civil hacia el gobierno de Uribe para que aceptara las demandas de la guerrilla a fin de lograr liberar a los secuestrados. Y tampoco sus dirigentes han tomado posición alguna ante la propuesta presidencial al ELN.
Entre la reelección y la paranoia
También está el panorama electoral, en el cual Uribe marcha con amplias ventajas, incluida la más que probable aceptación constitucional a su reelección. En el baile de futuros candidatos, se avista en el horizonte la figura del ex presidente y ex secretario de la OEA, César Gaviria, para contener lo que en Colombia se llama el "fenómeno Uribe". Fuentes de inteligencia colombianas señalan que Gaviria cuenta con el tácito apoyo de Chávez y Fidel Castro.
En este sentido, el intenso y radical debate sobre la reelección del mandatario genera posiciones que rayan la paranoia. Pocos se imaginan una Colombia hasta el 2010 sin Uribe en el Palacio de Nariño. El éxito y la continuidad de la política de seguridad y la estabilidad económica parecen ir estrechamente unidos a su candidatura. En diversos sectores se habla de "reelección o catástrofe" y de "reelección o recesión económica". Aún están por verse las consecuencias del inesperado (y real) giro de Uribe.
