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| En esa corta y apresurada marcha ha habido un fracaso sonoro, quizás no solo simbólico. Se ha producido con el destape del affaire Chen Jin, la estrella del microprocesador made in China, que ha puesto en jaque las ya cantadas ambiciones industriales y científicas del país. Formado en EEUU, este pequeño genio, fue agasajado con multitud de medios a cambio de satisfacer prontos resultados, tan pronto que ya se habían anunciado. El pasado 19 de enero, se presentaba oficialmente a Chen Jin como el creador del primer microprocesador electrónico chino, el Hisys-II o Hanxin, pero, a mediados de mayo, la universidad de Jiaotong, en Shanghai, donde estudió el propio ex presidente chino Jiang Zemin ““y por ello siempre beneficiada en los últimos años”“, desautorizaba el invento, asegurando que no era más que una mala copia de otro ya existente y comercializado por Motorola. (Foto: Chen Jin en la presentación del Hanxin I en Shangai el 26 de febrero de 2003). | |
El impulso de la investigación científica y tecnológica ha sido una de las decisiones estratégicas del gobierno chino más bendecidas en la última sesión de la Asamblea Popular Nacional, celebrada en Beijing el pasado marzo. Sin innovación no puede haber desarrollo de calidad y China aspira no sólo a superar las desigualdades y desequilibrios internos, sino a dejar de ser el taller del mundo para convertirse en una potencia científica y tecnológica a escala mundial. Wen Jiabao, el primer ministro, había llamado la atención sobre este aspecto en la conferencia previa celebrada del 9 al 11 de enero en la capital china. Era la cuarta conferencia sobre ciencia y tecnología ¡en los últimos 40 años!
Los dominios señalados por el gobierno como prioritarios para la investigación son los siguientes: energía; recursos naturales y medio ambiente; técnicas de producción industrial y tecnologías de la información; biotecnología; tecnologías espaciales y marítimas (recursos biomarinos, explotación de fondos marinos y técnicas adaptadas a aguas profundas). La situación es desigual en cada uno de estos ámbitos. En biotecnología, por ejemplo, diversas fuentes coinciden en destacar que se encuentra a niveles internacionales. Sin embargo, en microprocesadores, aunque ha aumentado su producción, su capacidad para miniaturizar los chips es bastante reducida si se compara, sin ir más lejos, con la vecina y “rebelde” Taiwán. Ello motiva especialmente a las autoridades para presionar a sus científicos exigiendo resultados a la altura de las necesidades tecnológicas ““y propagandísticas”“ del país.
El presupuesto chino en I+D ha pasado del 0,57% del PIB en 1995 al 1,3% en 2005, 24.000 millones de euros, registrando un aumento superior al 20%. Por el momento, el esfuerzo se ha centrado en el desarrollo tecnológico (73,7%), la investigación aplicada (20,4%), mientras que la investigación básica (5,9%) permanece a niveles elementales. Las empresas chinas, tanto públicas como privadas, garantizan la financiación de la mayor parte de este presupuesto (67%). Las universidades suponen el 11% y el 22% restante corre a cuenta de los institutos de investigación. Según el Ministerio para el Desarrollo y la Reforma, el 54% de los gastos en I+D son de procedencia gubernamental y equivalen al 3,8% del presupuesto nacional. En 2006 el incremento ha sido del 19,2%. Hacia 2020 el objetivo sería destinar a este concepto el 2,5% del PIB del país.
Como resultado del compromiso aplicado en estos años, se han podido constatar avances importantes en el ámbito espacial y en otros. La Escuela de electricidad industrial de la universidad Jiaotong de Chengdu, por ejemplo, ha realizado un primer ensayo de un Maglev de concepción china. El Xiaolong-FC-4, última versión ligera de combate multimisiones que ha sido desarrollado en Chengdu, también ha ensayado con éxito su primer vuelo.
Al plantearse una mayor atención a este aspecto, las autoridades chinas se plantean dos objetivos: reducir el atraso existente y también la dependencia respecto al exterior. Si al inicio se la reforma se planteaba la apertura al exterior como la clave que debía permitir el acceso a nuevas tecnologías, creando condiciones favorecedoras de las inversiones que más tarde harían posible el traslado de líneas enteras de producción que llevaban consigo, con frecuencia, las oportunas transferencias de tecnología, ahora quiere darse un salto más. No sólo comprando marcas o tecnologías extranjeras de renombre internacional, sino creando sus propias marcas y tecnologías y situándolas en la cima mundial de los respectivos sectores.
Pero en esa corta y apresurada marcha ha habido un fracaso sonoro, quizás no solo simbólico. Se ha producido con el destape del affaire Chen Jin, la estrella del microprocesador made in China, que ha puesto en jaque las ya cantadas ambiciones industriales y científicas del país. Formado en EEUU, este pequeño genio, fue agasajado con multitud de medios a cambio de satisfacer prontos resultados, tan pronto que ya se habían anunciado. El pasado 19 de enero, se presentaba oficialmente a Chen Jin como el creador del primer microprocesador electrónico chino, el Hisys-II o Hanxin, pero, a mediados de mayo, la universidad de Jiaotong, en Shanghai, donde estudió el propio ex presidente chino Jiang Zemin ““y por ello siempre beneficiada en los últimos años”“, desautorizaba el invento, asegurando que no era más que una mala copia de otro ya existente y comercializado por Motorola.
El escándalo pone en jaque el sistema ideado para favorecer la innovación, ya que los investigadores no dudan en prometer rápidos resultados, a cambio de verse favorecidos en la competencia por acceder a los recursos públicos. Ello conduce igualmente a la falsificación de méritos y diplomas. El plagio de trabajos para acceder a los doctorados está al orden del día, así como los pagos para poder publicar en una revista científica, ya que de hechos así dependen las posibilidades de acceder a recursos extraordinarios o el monto del propio salario. Todo ello parece exigir una profunda revisión del sistema para asegurar no solo el regreso de los científicos chinos formados en el exterior, ofreciendo buenas condiciones salariales y de trabajo, sino también estimulando la conciencia profesional y evitando la generalización de prácticas fraudulentas o la propia delación como única vacuna contra las estafas y sus autores.
