Si se toma en cuenta el estudio realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el 2004, sólo un 28% de los latinoamericanos está satisfecho con la calidad del sistema democrático con el cual conviven. Más que demandas de libertad y democracia, lo que este estudio refleja es una carencia en las responsabilidades básicas del Estado: orden, estabilidad, seguridad alimentaria y educacional, y de qué manera este déficit está removiendo las sociedades latinoamericanas.
En el actual contexto de cambio y convulsión que vive América del Sur, se percibe igualmente una clara ruptura de los cimientos tradicionales del orden político e institucional y una demanda, cada vez más profunda, de instauración de una democracia social igualitaria. La caída del ex presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez, en medio de un confuso escenario de rebelión del poder legislativo, revuelta popular y presión de las Fuerzas Armadas, revela un claro ejemplo de los aún inciertos síntomas de cambio que se vive en la región.
El caso ecuatoriano constituye el escenario más preocupante de un proceso de inestabilidad regional cada vez más acentuado, especialmente en el espacio andino. Ecuador viene experimentando un acelerado proceso de caos político e institucional, con seis presidentes distintos en apenas nueve años. Los móviles de tan recurrentes cambios de gobierno transitan desde la destitución judicial por razones de "insanidad mental" (Abdalá Bucaram), cese legislativo por corrupción y abuso de poder (Fabián Alarcón y Gustavo Noboa), renuncia y golpe cívico-militar (Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez), todo ello sin que se dejaran de celebrar elecciones democráticas cuyos vencedores no lograron culminar sus períodos de gobierno.
Pero los síntomas de la crisis ecuatoriana parecen ser los mismos que, con similar expansión, se somete a la comparación de las demás experiencias regionales: agotamiento del modelo estructural y socio-político del Estado, desencanto con la democracia representativa, descrédito de los partidos políticos tradicionales y surgimiento de nuevas formas de protesta y alternativas políticas, que movilizan a las capas sociales medias y a las mayoritariamente excluidas.
Un escenario confuso
Desde la perspectiva del análisis político, resulta una incógnita explicar cuál fue el móvil de la caída de Lucio Gutiérrez. Sin mediar una renuncia presidencial, en todo caso un abandono del poder bajo presión de la casta militar, ¿fue entonces un golpe de Estado poco convencional? ¿Un "golpe legislativo" realizado por el Congreso, revestido de dudosa legitimidad? ¿Una revuelta popular ante los supuestos desmanes autoritarios del ex coronel Gutiérrez? ¿O bien una combinación de estos tres factores? No deja de ser interesante conocer las verdaderas razones de la convulsión interna en el Ecuador cuando, en los últimos años, situaciones más o menos similares se vivieron en Perú, Venezuela y Bolivia.
Lo que sí parece claro es que revueltas populares como las ocurridas en Ecuador demuestran un variopinto viento de cambio en los países suramericanos y, especialmente, andinos, contras las tradicionales elites políticas y económicas. A la influyente organización indígena en torno a la CONAIE y el movimiento Pachakutik, la cual en sus inicios respaldó a Gutiérrez y que se ha constituido como un elemento clave en los recientes acontecimientos, se le une el hecho de que la rebelión cívica en Quito y Guayaquil estuvo dirigida, básicamente, por estamentos de la clase media y popular, asímismo instigada por medios radiofónicos, entre cacerolazos y consignas. El origen no está en un determinado movimiento político o estrato social, sino una combinación, más o menos espontánea, de una aparente diversidad plural en lo social y lo político.
Un ex presidente contradictorio
Otro análisis se trasluce de la actuación de los principales actores de esta crisis. El Congreso ecuatoriano manifestó una fuerte oposición a Lucio, debido a su desmedida ampliación del Poder Judicial en aras de consolidar uno mucho más manejable a sus intereses, especialmente relacionados con la aspiración, no prevista constitucionalmente, de reelección presidencial en el 2007. Ante la oposición legislativa a esta posibilidad, el ex presidente Lucio se amparó en la creación de un Poder Judicial de facto, nunca reconocido por la oposición política, y que contribuyó a la división y la confusión institucional.
A esto se le puede agregar la aplicación de medidas calificadas como "autoritarias", tales como la reciente declaración del estado de emergencia, y que provocó la movilización de las calles, y las acusaciones de abuso de poder y corrupción. El ex presidente Lucio se amparó en actitudes similiares a las de sus antecesores. Ante la pérdida de confianza por parte de los partidos indigenistas y de izquierda y los movimientos sociales, su poder político se asentó con el apoyo de los partidos tradicionales como el Partido Roldosista Ecuatoriano del ex presidente Abdalá Bucaram y el Partido Renovador Institucional del también ex presidente Noboa, además de las clases empresariales tradicionales vinculadas a la explotación petrolera y del banano.
La relación de Lucio con Bucaram y Noboa y el hecho de que amparara la absolución judicial contra los ex mandatarios, los cuales regresaron inmediatamente al país, es también una de las claves de la actual crisis. Lucio contribuyó a fracturar aún más su escasa popularidad. De hecho, poco antes de abandonar el poder, pidió a Bucaram que también abandonara el país. Del mismo modo, poco antes de su caída, intentó atizar la polarización social: durante los manifestaciones que dejaron dos muertos y decenas de heridos, Lucio intentó amortiguar las protestas con la presencia de organizaciones indígenas evangélicas que lo apoyaban y que fueron traídas a la capital desde diversos puntos geográficos.
En cuanto a su programa económico, éste le permitió seguir sujeto a la dolarización y los ajustes fiscales amparados por el FMI: según The Economist, Ecuador experimentó un crecimiento del 7% en el 2004 y el primer superávit fiscal en varias décadas, pero Lulcio no logró atenazar los niveles de desempleo, pobreza y desigualdad social.
¿Es válida esta salida?
El actual escenario revela también una fuerte puja de poder entre los poderes Legislativo y el Judicial. A pesar del abandono de Gutiérrez una vez el estamento militar le retirara su apoyo, hasta los momentos la ruptura política no se ha traducido en estabilidad institucional: la asunción del nuevo presidente Alfredo Palacios, nombrado por una mayoría de 60 legisladores, se vio empañada por la arremetida popular contra el Congreso, bajo el grito de "que se vayan todos" y "tras Lucio, ahora vamos a por los legisladores". De este modo, la continuidad de Palacios como actual mandatario tampoco está garantizada hasta el fin del período, en enero de 2007.
En el contexto internacional, y con el apartado de la presencia española y europea, la crisis ecuatoriana viene siendo manejada, de una manera efectiva, por la cada vez mayor presencia de la diplomacia brasileña, a tenor de su importancia geopolítica como elemento de solución de conflictos y crisis regionales, tal y como se evidenció en año pasado en Haití y Venezuela. El gobierno de Lula concedió asilo político a Lucio Gutiérrez mientras el embajador brasileño en Quito negocia en estos momentos los pasos de la transición con el nuevo presidente Palacios.
Por lo tanto, ¿qué conclusión deja la crisis actual en Ecuador, tras la caída de Lucio Gutiérrez? Que América Latina se encuentra en una fase de interesante pero incierta turbulencia social sin alcanzar definitivamente la estabilidad política, con cada vez mayores demandas de democracia social y directa. Y que la región andina revela un preocupante y convulso escenario.