200412 ii congreso pueblos indigenas ecuador

El indigenismo latinoamericano, desde Europa

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 II Congreso Pueblos Indígenas de Ecuador, clic para aumentar
La cuestión indígena debe ser planteada con auténtica responsabilidad, y no únicamente como un sector de vulnerabilidad más, susceptible de ser tomado como receptor de las políticas de promoción de los derechos humanos, últimamente tan activas. Reconocer la especificidad del concepto indígena es reconocer también que existen otros modos de entender el mundo, la vida, el existir, e incluso las estrellas. (Ilustración: Cartel do II Congreso de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador).
 

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado el 9 de agosto, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, recordó "los tremendos problemas a los que tantas poblaciones hacen frente, y que van desde inaceptables niveles de pobreza y enfermedad hasta el desposeimiento, discriminación y negación de derechos humanos básicos". La sensibilidad de la UE hacia la cuestión indígena, sobre todo en América Latina, ha estado presente desde comienzos de la década de los 90. Sin embargo, no puede afirmarse que, en el momento actual, se haya alcanzado el punto de efectividad deseado. Los sucesivos análisis de evolución, realizados dentro del propio ámbito comunitario, han dejado resultados poco precisos y muchos retos por cumplir.

En América Latina, los colectivos indígenas representan una población de 40 millones y son mayoritarios en muchos países. A pesar del creciente reconocimiento internacional y de que han sido concretados en los ordenamientos constitucionales de los países latinoamericanos, los principales dirigentes indígenas consideran que sigue sin reconocerse una de sus principales reivindicaciones: el derecho a definir sus propios derechos.

El planteamiento de la cooperación con los pueblos indígenas en el marco de la Unión Europea surge en 1998, con la adopción de la Resolución sobre los pueblos indígenas y la cooperación al desarrollo de la Comunidad y de los Estados miembros. El Consejo reconoce, por medio de esta Resolución, el derecho de los pueblos indígenas al "autodesarrollo", entendido como "configuración de su propio desarrollo social, económico y cultural y sus propias identidades culturales". Igualmente, como ha sido promulgado por otros organismos internacionales, incluye la necesidad de que estos pueblos participen en los proyectos que les afectan especialmente y en el ámbito de los procesos políticos de sus respectivos Estados. Del mismo modo, la UE reconoce que "muchos pueblos indígenas habitan en zonas cruciales para la conservación de la biodiversidad y mantienen prácticas sociales y culturales importantes en la conservación y mejora de la biodiversidad y de modelos de desarrollo sostenible únicos". Por ello, se compromete a promover la conservación de la biodiversidad como mejor modo de asegurar la supervivencia de estos grupos.

Quizás el aspecto más destacable de la política de cooperación planteada por la Unión Europea con respecto a los pueblos indígenas lo constituya la particular atención que confiere a la necesidad de que estos grupos manifiesten su consentimiento libre e informado con respecto a los proyectos de desarrollo a ellos dirigidos. Así, se establece que "los pueblos indígenas tienen derecho a elegir sus propias sendas de desarrollo, lo cual incluye el derecho a oponerse a proyectos, en particular dentro de sus zonas tradicionales. En esto se incluye el derecho a compensación cuando los proyectos afecten negativamente al modo de vida de los pueblos indígenas".

La cooperación al desarrollo indígena, desde la Unión Europea, se entiende por tanto, como una contribución al auto-desarrollo indígena. ¿Cómo? Fomentando el diálogo intercultural y reforzando las instituciones y los ámbitos de representación indígena.

Por otra parte, la Unión Europea ha planteado una actuación coordinada entre la Comunidad y los Estados miembros, para "evitar que se dupliquen esfuerzos y aumentar la eficacia y la adecuación de la ayuda al desarrollo de los pueblos indígenas":

En noviembre de 2002, el Consejo Europeo emitió un informe de conclusiones sobre esta resolución, en el que se valoraban los resultados obtenidos desde los planteamientos del 98. El balance del Consejo, en cambio, no deja de resultar un tanto desesperanzador, en la medida en que se expresa sin tapujos que "se ha avanzado algo (la cursiva es nuestra) en la mejora de la eficiencia y de la eficacia del trabajo de la CE con los pueblos indígenas. Concretamente, se ha avanzado en la integración de la preocupación por los pueblos indígenas en las políticas, programas y proyectos; en la consulta a los pueblos indígenas sobre las políticas y actividades que les afectan, y en brindar apoyo a los pueblos indígenas en áreas temáticas claves". Al tiempo, reconoce que la actuación debe considerarse un proceso "prolongado y continuo" y plantea como objetivo prioritario la necesidad urgente de diálogo entre Estados miembros, CE, pueblos indígenas y organizaciones internacionales. Tampoco parece que los resultados alcanzados en el intercambio de información entre la administración europea y los Estados miembros sea todo lo deseable que se pudiera esperar.

Las principales críticas que se podrían hacer a la política adoptada por la UE hacia estos pueblos derivan, fundamentalmente, y en primer lugar, de la escasa definición del sujeto receptor de la ayuda. La UE carece de definición operativa (no ya oficial), y ha adoptado las anteriormente establecidas en el ámbito internacional (convenio núm 169 de la Organización Internacional del Trabajo). En cualquier caso, junto con esta precisión, habría de incidirse en la necesidad de que los pueblos indígenas sean considerados no como meros actores pasivos, receptores de cooperación y sometidos a una política paternalista y tutelar, sino como auténticos sujetos activos, con capacidad y autoridad sobre su desarrollo. ¿Cómo? Impulsando e institucionalizando el diálogo directo y comprendiendo la propia concepción indígena del desarrollo. Es necesario asumir que la efectividad de los proyectos pasa, inevitablemente, por la afirmación de que existe una realidad diferenciada y de que es preciso conocerla previamente al proceso de diseño, planificación y ejecución de cualquier proyecto. Al mismo tiempo, debería fomentarse la comunicación entre los representantes indígenas, las ONGd’s que trabajan sobre sus territorios, y las propias instituciones europeas.

Igualmente, habrá de tenerse en cuenta que la política comunitaria de cooperación se complementa con las estrategias particulares de cada uno de sus Estados miembros (en nuestro caso, el Programa Indígena de la Agencia Española de Cooperación Internacional). Por lo tanto, el establecimiento de un cauce de diálogo permanente y responsable resultará fundamental para evitar la duplicación de esfuerzos y para que los resultados deseados en los proyectos de desarrollo se tornen al contrario. Sin desmerecer las posibilidades que puedan ofrecer los mecanismos de cooperación descentralizada establecidos en la UE, ello exige inevitablemente que la comunicación funcione.

Por otro lado, a pesar de que se ha establecido que la problemática indígena ha de estar presente en el diálogo con los países beneficiarios de cooperación comunitaria, apenas se contempla en muchos casos como un mero apartado formal. La necesidad de impulsar un mayor compromiso y una cierta "condicionalidad" (aspecto en el que la cláusula democrática tiene un papel esencial, en el ámbito del desarrollo de derechos humanos) bien podría constituir el punto de partida. La retórica indígena, la mera plasmación discursiva, no resulta suficiente. Y, a pesar de que es cierto que, al menos en lo que se refiere al contexto constitucional de los distintos países de América Latina, el reconocimiento de la diversidad cultural, o la heterogeneidad de la Nación, resulta evidente en muchos casos ya desde los primeros artículos, cabe plantearse si, herederos de una tradición unitaria y negadora, esta relativamente nueva consideración logrará incidir en un cambio del sustrato de lo indigenista o no. Es decir, en una auténtica realidad multicultural o pluriétnica, sobre todo, con lo que ello significa cuando a la temática indígena nos referimos: evitar que este reconocimiento vaya asociado a la pretensión tutelar del Estado, y admitir que la realidad indígena exige un planteamiento de "autoidentificación", "auto-desarrollo" y "auto-protección". De ahí que, a la hora de plantear una estrategia dirigida a las poblaciones indígenas de América Latina, haya de contarse necesariamente con la voluntad estatal. Una política unilateral, que prescinda de la consideración que la cuestión indígena recibe en las estrategias internas, nunca resultará completa.

Así, por tanto, las indudables buenas intenciones europeas deberían verse reforzadas por mayores compromisos de cara a su futura evolución. La cuestión indígena debe ser planteada con auténtica responsabilidad, y no únicamente como un sector de vulnerabilidad más, susceptible de ser tomado como receptor de las políticas de promoción de los derechos humanos, últimamente tan activas. Reconocer la especificidad del concepto indígena es reconocer también que existen otros modos de entender el mundo, la vida, el existir, e incluso las estrellas.