Luego de la traumática experiencia de Irak tanto Cameron como Obama cosideraron políticamente conveniente obtener la autorización de sus parlamentos antes de actuar en Siria, aún cuando constitucionalmente no fuese necesario. Al rechazo en el caso de Londres podría sumarse también el de Washington, donde la aprobación legislativa luce cuesta arriba. Desde el punto de vista del derecho internacional ello resulta sin embargo irrelevante. Lo que les permitiría actuar militarmente sería una autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o la acción colectiva de la NATO en caso de que Siria atacase a Turquía, país miembro de esa organización. Dado que lo segundo no está planteado sólo lo primero aplica.
Luego de la traumática experiencia de Irak tanto Cameron como Obama cosideraron políticamente conveniente obtener la autorización de sus parlamentos antes de actuar en Siria, aún cuando constitucionalmente no fuese necesario. Al rechazo en el caso de Londres podría sumarse también el de Washington, donde la aprobación legislativa luce cuesta arriba. Desde el punto de vista del derecho internacional ello resulta sin embargo irrelevante. Lo que les permitiría actuar militarmente sería una autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o la acción colectiva de la NATO en caso de que Siria atacase a Turquía, país miembro de esa organización. Dado que lo segundo no está planteado sólo lo primero aplica.
La Casa Blanca se muestra lista a bombardear a Siria al margen del Consejo de Seguridad y de la legalidad internacional. A lo único a lo que podría apelar en su defecto sería a la “responsabilidad de proteger”, un concepto no contemplado por la Carta de la ONU y sin fuerza legal que ya fue utilizado al margen de Consejo de Seguridad en la crisis de Kosovo en 1999. Es lo que la Comisión Internacional de Kosovo llegó a denominar un uso de la fuerza “ilegal pero legítmo” por razones humanitarias.
La noción aplicaría cuando un Estado comete crímenes de lesa humanidad, limpieza étnica o genocidio en contra de una población indefensa, abriendo las puertas a una intervención humanitaria. Ello no viene al caso sin embargo en Siria, ejemplo clásico de guerra civil en donde las partes no sólo se apalean mutuamente sino que reciben ayuda internacional para ello. Lo planteado aquí es un enfrentamiento entre chiitas alauitas y sunitas en el que las fuerzas gubernamentales son apoyadas por Irán, Hezbollah y Rusia y los insurgentes por Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita, los estados del Golfo, Al-Qaeda y jihadistas extranjeros. A ello se suma la falta de claridad con respecto a la responsabilidad en el episodio de uso de armas químicas que desató la crisis actual. En medio de este cuadro tan confuso como complejo resulta imposible hablar de intervenciones legítimas por razones humanitarias.
Pero no sólo la legalidad y la legitimidad quedan fuera de escena sino que se trata una opción sin virtudes compensatorias de ninguna especie. En el mejor de los casos una acción militar estadounidense sólo garantizaría un incremento del odio, la sangre, la violencia y el sectarismo, mientras que en el peor podría desatar los mil demonios que acechan a la region más inestable del planeta. Los riesgos en este último sentido son evidentes, con la posibilidad real de una reacción en cadena que involucrase a Irán e Israel.
La única salida posible a la cisis siria es la política. Alrededor de esta postura confluyen el Secretario General de la ONU, China, los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, el Vaticano, el Centro Carter y un número importante de naciones, incluyendo allí a la mayoría de los países latinoamericanos. Ojalá la racionalidad prevalezca y la comunidad internacional pueda contribuir en este proceso.