La presión ejercida por la diplomacia franco-británica ha conducido a serbios y kosovares hasta Rambouillet, en las afueras de París, para negociar un acuerdo de paz, paradójicamente, poco negociable. El nuevo ultimátum occidental, el cuarto, pretendía reproducir en buena medida el escenario de los acuerdos de Dayton de 1995. Pero se ha saldado con un sonoro fracaso, disimulado con el anuncio de ciertos "progresos" y la convocatoria a un nuevo y, al parecer, definitivo encuentro que debe producirse el próximo 15 de marzo. Más que de un acuerdo de mínimos, procede hablar de un mínimo de acuerdos.
Los albaneses fueron los primeros en aplaudir la iniciativa europea. Convencido de la positiva influencia de la intervención exterior sobre la evolución del conflicto, casi de inmediato, el líder moderado, Ibrahim Rugova, se mostró dispuesto a asistir a Rambouillet. Algo más tarde dieron también su conformidad los representantes de la UÇK (Ushtria Çlirimtare e Kosovës). Las diferencias entre ambos movimientos se mantienen, sen embargo, como demostró el fracaso de la convocatoria realizada días antes desde Tirana para intentar perfilar una estrategia y una alternativa comunes a defender durante las negociaciones. Pese a estos esfuerzos, sorprendentemente mancomunados, del ex-presidente Sali Berisha y del actual primer ministro albanés, Pandeli Majko, los representantes de la Liga Democrática de Kosovo declinaron la invitación.
Después de semanas de discusiones, las diferencias entre los propios kosovares se mantienen. Las expectativas de alcanzar un acuerdo beneficioso para sus intereses encuentran algunas reservas importantes. En primer lugar, la posición de fortaleza interna de Slobodan Milosevic, el presidente yugoslavo. Poco dado a concesiones, en los últimos meses, Milosevic procuró tirar provecho del conflicto de Kosovo para asentar aún más firmemente su poder en Belgrado. De una parte, ha atraído a su entorno no solamente al líder de la extrema derecha, Vojislav Sesejl, habitual compañero de fatigas, sino incluso al "demócrata" Vuk Draskovic, quien hace escasos años lideraba precisamente la movilización de los estudiantes y de la oposición yugoslava en demanda de la dimisión de Milosevic, acusado entonces de fraude electoral. Por otra, en menos de un mes, destituía al jefe de la policía secreta, Jovica Stanisic; al comandante de las fuerzas aéreas y de la defensa antiaérea, Ljubisa Velickovic y al jefe del estado mayor del ejército yugoslavo, el general Momcilo Perisic. Durante las protestas de 1996-97, Perisic había recibido una delegación de estudiantes para garantizarles la neutralidad castrense en la polémica. De este modo, argumentando deslealtad, Milosevic reemplazaba las personas clave de la policía y del Ejército. La sustitución del general Perisic fue duramente contestada por los representantes montenegrinos en el Consejo Supremo de Defensa de la Federación. El presidente de Montenegro, Milo Djukanovic, destacó el peligro de destrucción de la Federación e incluso llegó a hablar de incitación a la guerra civil. Pero tan graves tensiones no han tenido, por ahora, mayores consecuencias.
En segundo lugar, la posición diplomática occidental, interpretada, por regla general, como poco favorable a las tesis independentistas kosovares. En efecto, tanto la diplomacia británica, como especialmente la francesa, en privado, responsabilizan fundamentalmente a la UÇK del incremento de la tensión en la zona. Por activa y por pasiva, en más de una ocasión reiteraron que bajo ningún concepto admitirán la alteración de las fronteras sin que medie la improbable anuencia de las autoridades serbias y yugoslavas. Escenificaciones aparte, hasta ahora las presiones del Grupo de Contacto se han revelado infinitamente más tibias con Milosevic que con los albaneses. Pese a todo, estos son conscientes de que deberán efectuar concesiones pues sin el compromiso y el apoyo exterior dificilmente podrán satisfacer las expectativas de una mínima normalización política.
El plan del Grupo de Contacto
La propuesta del llamado Grupo de Contacto (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Rusia y Estados Unidos) se basa en un plan americano para Kosovo que fue publicado el 17 de septiembre del año pasado en el diario albanés de Pristina "Koha Ditore". La iniciativa contempla un complejo estatuto político para Kosovo en base a la configuración de una autonomía sextuple (local, nacional, regional, republicana, federal e internacional) que procura evitar las denominaciones conflictivas para centrarse en la definición del marco competencial y en el establecimiento de garantías para su pleno ejercicio. Sin decirlo abiertamente, el plan establece que el "territorio" de Kosovo formaría parte de la Federación Yugoslava, si bien reconociendo un nivel tal de autonomía nacional y local que exigirá importantes modificaciones de la vigente Constitución serbia.
Según el proyecto, bajo el control de Belgrado quedarían la política exterior, la defensa, la política monetaria y aduanera y la hacienda federal. Los albaneses contarían con una fiscalidad propia y con órganos de poder autónomos en los niveles legislativo, ejecutivo y judicial. Igualmente se contempla el diseño de estructuras de gestión para las comunidades étnicas que habitan en la zona y que contarán cada una con un "Consejo nacional" y representantes directos en la Asamblea legislativa. Se arbitran igualmente garantías para la protección de los derechos culturales, étnicos y religiosos de las diferentes comunidades (uso de la propia lengua, de la escritura, de la toponimia, en materia de información y educación, etc). La propuesta americana contempla además la figura de un "Defensor del Acuerdo" que sería nombrado por el gobierno yugoslavo a partir de una lista de candidatos propuesta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Se promueve y garantiza la participación en las instituciones federales mediante la asignación de un cupo de representantes en las instituciones legislativas (Parlamento y Cámara federal) y en los ejecutivos de Serbia y de la Federación. El plan preve que Kosovo disponga de una estructura judicial autónoma pero también con representantes propios en los Tribunales Supremos tanto de Yugoslavia como de Serbia.
En el marco de la propuesta, a priori, los puntos más polémicos son dos. En primer lugar, la posibilidad de establecer mecanismos de comunicación con los albaneses situados fuera de las fronteras yugoslavas. Los representantes serbios consideran que esa facultad es un elemento indisociable de la política exterior y que por lo tanto solo puede ser ejercida por Belgrado. En segundo lugar, todos los aspectos relativos a la seguridad. El proyecto establece que la función policial quedará en manos de las comunidades locales. El mantenimiento del orden público no será competencia de la policía federal, que verá limitada su actuación al control de las fronteras, la seguridad exterior y la persecución de crimenes y delincuentes internacionales. La implementación del plan exigiría la retirada de las tropas de la policía y del Ejército yugoslavos, la desmilitarización de las fuerzas de la UÇK y el despliegue de las tropas de la OTAN. Serbia aceptó el despliegue de verificadores de la OSCE (rehenes potenciales en el supuesto de intervención armada) pero rechaza la presencia militar internacional en "su" territorio y procurará impedirla o limitarla a la mínima expresión.
Asumiendo todas las partes que la vigencia del plan es limitada (tres años) y que durante ese período de transición deberá negociarse un estatuto definitivo para Kosovo, el horizonte final de ese proceso es igualmente objeto de controversia. El Grupo de Contacto ha rechazado la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación, propuesto por los kosovares como opción lógica e inevitable en el previsible supuesto de no alcanzar una solución definitiva al cabo de los tres años. Sin embargo, la posición de la administración estadounidense es más ambigüa y, a diferencia de los europeos, no descarta la hipótesis de la independencia. Los líderes kosovares, tanto moderados como de la UÇK, prefieren contemplar su participación en la Federación como una mera coordinación, sin subordinación jerárquica y, a lo sumo, autodefinen Kosovo como "una entidad asociada por tiempo definido". Con independencia de cual sea la letra final del posible acuerdo, en Prístina nadie quiere ser el primero en renunciar al Estado nacional. Esta disyuntiva alimentará las diferencias en el seno de las formaciones políticas kosovares durante los próximos meses.
Cerrar en falso
La UÇK teme la desmovilización de sus efectivos y considera que los costes del esfuerzo desplegado desde el verano pasado merecen una recompensa política apreciable. Según reveló a "Kosova Sot", Naim Maloku, integrante del Estado Mayor de la guerrilla, sus fuerzas no son inexpertas y han mejorado sustancialmente su capacidad de lucha. Desde el inicio del conflicto reclutaron numerosos combatientes con experiencia en las guerras de Croacia y de Bosnia y otros cuadros con formación en las academias militares yugoslavas. La UÇK aspira a la proclamación de la independencia de Kosovo como primer paso para la creación de una "Gran Albania" que incluiría tanto a los albaneses de Tirana como de Skopje (Macedonia). Esta reinvidicación y las denuncias, desmentidas por la UÇK, de participación de voluntarios chechenos en sus filas, provocan grandes reticencias en Bruselas.
Para Milosevic, después de las pérdidas sufridas en Croacia y Bosnia-Herzegovina, no resultará fácil resignarse a perder el control sobre el territorio de Kosovo. La apuesta por la "Gran Serbia", idea central de su proyecto político, ha reducido, paradójica y progresivamente, las dimensiones del país. Pero además, sin guerra, el ingrediente nacionalista que le aupó y mantiene en el poder se puede diluir, situándolo ante la necesidad de atender los graves problemas de una economía en ruinas. Por eso no son pocos quienes opinan que Milosevic prefiere dejar abierta la cuestión de Kosovo.
