 | |
| Desde su llegada al poder, Evo Morales se ha concentrado en un amplio programa de remodelación de los poderes públicos en Bolivia, alternativa que si bien ha contado con un sólido apoyo popular, no ha estado exenta de fuertes presiones en su contra dentro y fuera del país. | |
Una ola de procesos constituyentes avanza en los Andes, una región que alberga una serie de complejos problemas geopolíticos. El reciente y abrumador triunfo del presidente ecuatoriano Rafael Correa en el referendo constitucional en su país contrasta radicalmente con el agudo pulso político y el peligroso nivel de violencia que ha adquirido el proceso constituyente en Bolivia. La dinámica constituyente andina tiene en la experiencia venezolana de 1999 su principal referencia, delimitando una serie de objetivos plasmados en la necesidad de ampliar los espacios públicos de participación democrática, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la conformación de un sistema económico con énfasis en el aspecto social.
Durante la campaña presidencial boliviana de 2005, el entonces candidato indigenista y de izquierda Evo Morales defendió como programa de gobierno la necesidad de "refundar Bolivia". El mismo discurso fue utilizado, justo un año después, por el entonces candidato de izquierda Rafael Correa, cuya base programática de gobierno estaba centrada, precisamente, en la idea de "refundar Ecuador".
Hoy en día, Evo Morales y Rafael Correa son los mandatarios elegidos democráticamente en Bolivia y Ecuador. El caso de Morales eleva aún más sus credenciales de legitimidad política y democrática, tras triunfar en el referendo revocatorio de agosto pasado, con un 68% de los votos, índices de aprobación muy superiores a los que lo llevaron a la presidencia en el 2005.
Desde su llegada al poder, Evo Morales se ha concentrado en un amplio programa de remodelación de los poderes públicos en Bolivia, alternativa que si bien ha contado con un sólido apoyo popular, no ha estado exenta de fuertes presiones en su contra dentro y fuera del país.
La conformación de la Asamblea Constituyente en la ciudad boliviana de Sucre en agosto de 2007, inmediatamente boicoteada por los partidos políticos opositores y, especialmente, por los líderes regionales de los departamentos orientales de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, fue el paso inicial para llevar a cabo la transformación del Estado boliviano, cuyo momento cumbre será la votación de una nueva Constitución nacional.
Como su homólogo boliviano, pero adaptando características propias a la realidad ecuatoriana, el presidente Rafael Correa ha seguido fielmente la senda constituyente, aunque con menos conflictividad política interna. Correa llegó al poder en el 2007, iniciando los pasos legales y democráticos para convocar a la Asamblea Constituyente encargada de redactar la nueva Constitución que sustituya a la existente desde 1998 y que debía ser sometida a la voluntad popular. Esta asamblea constituyente deliberó durante dos meses en la ciudad de Montecristi.
Este paso fue finalmente dado el pasado 28 de septiembre, cuando un 64% de los ecuatorianos respaldaron la Constitución de carácter progresista defendida por el presidente Correa. Sólo falta por definirse el referendo constitucional en Bolivia, actualmente atenazada por el agudo conflicto político entre Morales y la oposición.
El legado bolivariano
Las alternativas constituyentes llevadas a cabo por Morales y Correa tuvieron una clara referencia en el proceso de cambio iniciado en 1999 en Venezuela, con la llegada al poder de Hugo Chávez y la "revolución bolivariana". No obstante, es necesario recalcar que fue Colombia en 1991 el primer país andino en llevar a cabo un proceso constituyente en la época contemporánea.
El proceso constituyente venezolano tuvo incluso mayores índices de aprobación popular que los resultados recientemente obtenidos por Correa en Ecuador. En julio de 1999 se llevaron a cabo las elecciones de candidatos a las Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sometida a referendo popular en diciembre de ese año con un 70% de respaldo popular. En julio de 2000 se llevaron a cabo nuevas elecciones presidenciales bajo el formato de nueva matriz constituyente, obteniendo Chávez un abrumador triunfo del 62%.
Inspirada en el ideario político del líder de la independencia hispanoamericana Simón Bolívar, la nueva Carta Magna venezolana estipulaba la posibilidad de reelección inmediata (posteriormente adoptados en Bolivia y Ecuador), aunque aumentando a seis años el período presidencial. Como caso único, la Constitución venezolana adopta la conformación de nuevos poderes públicos, como el Poder Moral, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, que ampliaban la perspectiva tradicional de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Las experiencias constituyentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador coinciden en reforzar el papel del Estado como agente del proceso de desarrollo socioeconómico, aumentando los espacios de participación política de los sectores tradicionalmente más excluidos, especialmente la comunidad indígena. En los casos de Bolivia (con un 65% de población indígena) y de Ecuador (25%), este reconocimiento y ampliación de derechos hacia las comunidades indígenas autóctonas resultaba primordial dentro del proceso constituyente.
Del mismo modo, el proceso constituyente boliviano y ecuatoriano otorgan una importancia esencial al control estatal de los recursos naturales y económicos, especialmente el gas natural y el agua, rematando con ello la polémica y antipopular experiencia privatizadora de los últimos dos decenios. El caso ecuatoriano incluso amplía los derechos constitucionales hacia los recursos ambientales, adoptándolos como "sujetos de derechos".
Un rasgo distintivo del proceso ecuatoriano con respecto a los anteriores tiene que ver con el peso de la religión, especialmente en temas como el aborto y los matrimonios homosexuales. La inspiración católica del presidente Correa y la posible persuasión a no confrontarse con la jerarquía ecuatoriana (uno de sus principales focos de oposición) determinaron este carácter en determinadas materias de la nueva Constitución ecuatoriana.
La complejidad boliviana
Con esta dinámica en marcha, el ejemplo venezolano de creación de la Asamblea Constituyente encargada de redactar la nueva Constitución que, posteriormente, sería sometida a referendo popular, fue exactamente reproducido en Bolivia pero, si cabe, con mayores niveles de polarización política.
La frontal oposición de los prefectos de los departamentos orientales y del partido PODEMOS llegó incluso a modelar una serie de referendos autonomistas que, si bien originalmente han sido de carácter ilegal, finalmente terminaron legitimándose con la celebración del referendo revocatorio de agosto pasado, cuando una abrumadora mayoría de los ciudadanos en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija respaldaron a sus respectivos prefectos, manifestando una abierta grieta política y territorial en Bolivia.
Los violentos y mortales enfrentamientos a comienzos de septiembre entre simpatizantes y opositores del proyecto constituyente de Evo Morales (que hicieron temer la posibilidad de una guerra civil en Bolivia) dio paso a la urgente intervención de los países vecinos a través de la recién creada Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), cuyo efectivo apoyo político a la legitimidad de Evo Morales permitió abrir un canal de negociación entre el gobierno y los prefectos opositores.
La crisis boliviana también contó con una directa participación exterior. Con Chávez como directo aliado regional de Evo Morales y con el gobierno estadounidense como su mayor detractor, a tal punto que el propio Morales finalmente expulsó al embajador Philip Goldberg, acusándolo de connivencia con los prefectos orientales y de incentivar la violencia, resultó finalmente decisiva la intervención de Brasil, principal socio energético boliviano, en la senda de encontrar un punto de acuerdo que tratara de orientar hacia el diálogo el caudal de conflicto interno.
La perspectiva del cambio
Estas experiencias constituyentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador cabe enmarcarlas en la dinámica de cambio político hacia la izquierda registrada recientemente en América del Sur, al tiempo que contemplan la necesidad de creación de nuevos organismos autóctonos de integración regional, tales como la Comunidad Andina de Naciones, el mencionado UNASUR y el ya tradicional Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
Pero en los casos de Ecuador y Bolivia, el proceso constituyente estaba igualmente vocacionado a encontrar los mecanismos legales que pudieran asegurarar la estabilidad política en países que han vivido diversas crisis de gobierno y revueltas sociales en los últimos años. Desde 1997, Ecuador ha estado gobernado por once presidentes distintos mientras, en ese mismo período, Bolivia ha tenido cinco mandatarios.
Lo que ya parecía una crónica inestabilidad política en Ecuador y Bolivia tenía sus raíces en la necesidad de adaptar la estructura constitucional e institucional de dichos países a una nueva realidad, más plural y progresista. En sus respectivos procesos constituyentes, tanto Morales como Correa defienden la idea de una mayor centralización política que no restrinja la posibilidad de procesos descentralizadores y de economía de mercado.
La opción "socialista" adoptada por Morales y Correa en sus proyectos constituyentes, en sintonía con el mismo modelo pregonado por Chávez, no se enroca en factores dogmáticos ni ideológicos sino en la necesidad de afirmar un Estado progresista, populista y con sentimiento nacionalista pro-indígena en países con mayoría de población autóctona.
En el aspecto económico, no existen intenciones de expropiación. Incluso, además de la privada, en el caso ecuatoriano, se crean la popular, mixta, social y solidaria. Se incentivan las inversiones extranjeras dentro de un nuevo marco de relación con el Estado, cuya capacidad de actuación buscará proveer de medidas proteccionistas a fin de preservar los recursos económicos y naturales, con la finalidad de acometer la crónica desigualdad socioeconómica existente en estos países (en gran medida, producto de las recientes políticas neoliberales) dentro de un marco económico socializado.
Los procesos constituyentes ecuatoriano y boliviano coinciden igualmente con la celebración del bicentenario de las independencias hispanoamericanas, lo cual le confiere un marco histórico importante para el momento de cambios que vive América Latina. No obstante, y a pesar de su abrumador carácter legal y de legitimidad popular, el alcance de ambos procesos constituyentes es aún una incógnita, principalmente por la posibilidad de que los factores de inestabilidad política vuelvan a aparecer en escena.
La región andina confronta diversas variables geopolíticas en las que chocan diversos actores e intereses: desarrollo económico, procesos de integración antagónicos (ALCA versus ALBA), desigualdad y pobreza, necesidad de estabilidad política e institucional, narcotráfico, la expansión regional de problemas internos como es el caso del conflicto interno colombiano, marcos de actuación sumamente polémicos, como la posible expansión andina del Plan Colombia e, incluso, tensiones secesionistas (casos de Santa Cruz en Bolivia y Guayaquil en Ecuador). Los procesos constituyentes andinos buscan acometer estos problemas desde una perspectiva más progresista y autóctona.
