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| Las acusaciones de sobornos fueron realizadas por el semanario Veja, señalando como responsable a Roberto Jefferson, presidente del Partido de Laboristas de Brasil, miembro de la coalición gubernamental comandada por el Partido de los Trabajadores. Se le acusó de ser el jefe de una red de sobornos en el cual diputados oficialistas supuestamente recibieron 10.000 euros al mes para que aprobaran las leyes presentadas por el Ejecutivo. El epicentro del escándalo se ubica en la oficina de Correos, otorgada por Lula a Jefferson. | |
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| Señalado por la opinión pública, Jefferson amenazó con acusar a más personas e implicó directamente al presidente al confesar que éste fue informado de antemano sobre la existencia de la red. También lanzó sus acusaciones contra dirigentes del PT. (Fotos: Brasilia 14/06/2005. El diputado Roberto Jefferson (PTB/RJ) declara ante el Consejo de Ética de la Cámara. ©Marcello Casal Jr/ABr). | |
Cruzado el umbral de la mitad de su mandato y preparando en el horizonte la reelección presidencial en 2006, el fantasma de la corrupción parece llegar al gobierno progresista de Lula da Silva. Un incómodo escándalo de sobornos explota en el peor momento a la hora de medir una popularidad que, según la encuestadora Sensus, le otorga actualmente a Lula un 57%, de aceptación, cuando en febrero tocaba el techo del 66%. El índice sigue siendo elevado, pero las expectativas comienzan a debilitarse.
Las acusaciones de sobornos fueron realizadas por el semanario Veja, señalando como responsable a Roberto Jefferson, presidente del Partido de Laboristas de Brasil, miembro de la coalición gubernamental comandada por el Partido de los Trabajadores. Se le acusó de ser el jefe de una red de sobornos en el cual diputados oficialistas supuestamente recibieron 10.000 euros al mes para que aprobaran las leyes presentadas por el Ejecutivo. El epicentro del escándalo se ubica en la oficina de Correos, otorgada por Lula a Jefferson.
Para Lula, lo grave del asunto estriba en que jueces y constitucionalistas parecen estar dispuestos a impulsar un proceso de destitución presidencial. Argumentan que el caso se parece mucho al que obligó al ex presidente Fernando Collor de Mello a dimitir en 1992. De hecho, el gobierno impidió que se llevara a cabo una investigación por parte de una comisión parlamentaria y, para acallar críticas, destituyó a toda la directiva de Correos. De los 91 diputados del PT en la cámara baja, 14 firmaron la petición de autorizar la investigación.
Señalado por la opinión pública, Jefferson amenazó con acusar a más personas e implicó directamente al presidente al confesar que éste fue informado de antemano sobre la existencia de la red. También lanzó sus acusaciones contra dirigentes del PT.
Para más estupor, el escándalo coincide con la apertura en Brasilia de un Congreso Mundial sobre la Corrupción organizado por la ONU y con el 25 aniversario del PT. Por lo tanto, a Lula el escenario se le torna agrio: los últimos meses han sido prolíficos en manifestaciones de división en la coalición gubernamental y el propio PT, partido cuyo estandarte siempre fue la ética, la lucha contra la corrupción y la justicia social. Muchos sectores acusan al presidente de conveniencia con las clases conservadoras y lentitud en las reformas.
En este orden de ideas, otro suceso ha dado mucho que hablar: el encarcelamiento de tres diputados del PT por el estado de Mato Grosso, acusados de ser responsables de la deforestación de miles de hectáreas amazónicas mediante la concesión de licencias falsas a cambio de financiamiento ilegal.
Con este panorama encima, la globalizada economía brasileña sufrió los embates de la crisis: el dólar se revalorizó, el crecimiento económico trimestral para el 2005 ha sido menos del esperado, 0,3% y la Bolsa de Sao Paulo registró bajas ganancias. En este estado, motor económico nacional, la unión de empresarios alertó sobre la posibilidad de una recesión.
De este modo, ¿se aprecian fisuras en la revolución iniciada por Lula? A pesar de los escándalos, su posición sigue siendo sólidamente manejabe, pero esto no garantiza una victoria contundente en las presidenciales a finales de 2006. De hecho, las demandas por implementar una "revolución social" más profunda, arrecian con el paso de los días. La multitudinaria marcha convocada por el Movimiento de los Sin Tierra hasta Brasilia a mediados de mayo, para exigir una mayor redistribución de las tierras y el reubicamiento de familias campesinas, demostró que la posición política de Lula puede comenzar a debilitarse por donde más le duele: los movimientos sociales.
El MST considera que las 59.000 familias reubicadas al año son pocas, comparadas con las 66.000 reubicadas por el gobierno anterior, y exigen mejoras para las 430.000 familias hasta el final del período de gobierno. Otro aspecto tiene que ver con los asesinatos contra activistas rurales, que siguen siendo noticia. Unos 39 fueron asesinados el año pasado.
Si bien los organismos financieros como el FMI respaldan y alaban la gestión de Lula, otras opiniones provienen de algunas investigaciones realizadas por organismos foráneos. El Comité contra la Discriminación Racial de la ONU recomendó al gobierno de Lula el fin de las desigualdades que afectan a los afrodescendientes, los mestizos y los indígenas, sobretodo en materia de empleo, salarios y falta de acceso a cargos políticos. En Brasil está hoy en marcha un debate que pone en duda el mito de la igualdad racial brasileña. Del mismo modo, un estudio del IPEA coloca a Brasil en el penúltimo lugar entre 130 países en cuanto a distribución de la renta.
Si bien sería injusto adjudicar estos indicadores a la responsabilidad directa del actual gobierno, dan a entender la enorme dimensión de los retos para alcanzar la revolución social pretendida por el presidente brasileño y anhelada por la mayor parte de la población. A año y medio de las presidenciales, el ambiente político brasileño comienza a calentarse.
