Oscurantismo “rojo” a la luz del día

Más supervisión y menos oscurantismo. Esta máxima debe ser la meta que la Comisión Central de Control Disciplinario (CCCD) pretende alcanzar, no siempre con resultados satisfactorios, el Partido Comunista de China (PCCh).

En la provincia meridional de Guangdong, al sureste de China, los máximos funcionarios de las organizaciones del gobierno y del Partido Comunista de China (PCCh) deberán informar de sus bienes personales. Además, el pasado 23 de febrero, el Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) emitía un código de ética que los líderes comunistas de distintos niveles en la jerarquía del partido debían “acatar estrictamente”. Éstas son algunas de las medidas que recientemente se han hecho públicas debido al cada vez más alarmante aumento de casos de corrupción que salen a la luz en China.

Según Huang Huahua, gobernador de Guangdong,  el año pasado las autoridades provinciales de control disciplinario recibieron 65.358 informes relacionados con casos de corrupción y abuso de poder por parte de funcionarios, lo que llevó a la apertura de investigaciones y juicios en contra de 4.852 funcionarios.

Según el Informe Global de la Corrupción 2009 (corrupción y sector privado) se estima que tan sólo en los países en vías de desarrollo y en transición, los políticos y funcionarios gubernamentales corruptos reciben sobornos por un total de entre 20.000 y 40.000 millones de dólares al año, lo que equivale, aproximadamente, a un porcentaje situado entre el 20% y el 40% de la ayuda oficial para el desarrollo. La ausencia de transparencia de muchas actividades comerciales, la escasez de regulaciones  o, en su defecto, el incumplimiento de las mismas y la inexistencia de mecanismos u aparatos que supervisen dichas actividades permiten un espacio para que actores en posición de poder (líderes políticos y grandes empresarios) cuya prioridad sea el enriquecimiento a cualquier precio  encuentren en este vacío legal un campo abonado para sus ambiciosas aspiraciones. 

Y es que cuando las soluciones de mercado son una alternativa para la realización de grandes proyectos, anteriormente sólo de inversión pública, existe el riesgo de que debido a la inexistencia de control y leyes apropiadas el incremento de prácticas de corrupción sea mayor. El último caso en portada ha sido el juicio en el Tribunal Popular Intermedio Número 1 de Beijing de Wang Yi, ex vicepresidente del Banco de Desarrollo de China, órgano fundado en 1994 para financiar grandes proyectos de infraestructuras, como la famosa presa de las Tres Gargantas o el aeropuerto Pudong de Shanghai. Además El CDB (siglas en inglés) se ha convertido en la mayor institución financiera de desarrollo de China y una de las importantes de su tipo a nivel mundial, pues su envergadura y resultados de gestión sobrepasan al Banco Mundial y al Banco de Desarrollo de Asia.

Wang Yi aprovechó su posición de poder en esta institución para recibir sobornos por un valor de 1,76 millones de dólares desde 1999 según informó la agencia de noticias Xinhua. Asimismo también benefició a otras personas entre las que se encuentran supuestamente Zhou Hong, director ejecutivo de una gran acería de la provincia de Yunnan, para favorecerle en operaciones comerciales y consecución de créditos, entre otros abusos de poder. Después de dos años de investigaciones, en febrero de 2009, Wang fue expulsado de su cargo en el banco y en el PCCh por la Comisión de Inspección Disciplinaria del partido por “graves violaciones de la disciplina y de la ley”.

Mientras que unos 40 millones de campesinos viven por debajo del umbral de la pobreza en China, en las regiones con un crecimiento económico mayor, muchos de sus líderes aprovechan esta situación para el enriquecimiento personal creando gran inestabilidad social.

Las autoridades chinas, cada vez más preocupadas por las terribles consecuencias de la corrupción en la estabilidad social, económica e incluso política del país no desestiman la ayuda internacional para solventar el problema. Así, la reciente colaboración establecida entre Polonia y China es un ejemplo de ello. En palabras de Hu Guoqiang, secretario de la Comisión Central de Control Disciplinario (CCCD) del PCCh, durante un encuentro con una delegación de la Cámara Suprema de Control de Polonia de visita en Beijing afirmaba que “El gobierno chino brinda importancia a la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción, y desea hacer esfuerzos mancomunados con otros países en este campo”.

Hace poco más de un año, He Guoqiang señalaba que deben aumentar las campañas de educación entre los miembros del Partido y funcionarios para evitar la corrupción.  Si bien es cierto que este es un aspecto que atañe a la creación a largo plazo de un cuerpo funcionarial educado en valores que desestimen la corrupción como una opción viable, la necesidad de adoptar medidas más inmediatas y contundentes a corto plazo es urgente.

El aumento de los casos de corrupción es una de las principales preocupaciones de la población china, una variable que causa inseguridad en los inversores extranjeros y una fuente de inquietud para las autoridades que ven cómo desde dentro de sus filas el sistema se desintegra.