Aunque desaparecida en estos últimos días de las primeras páginas de los medios de comunicación, la crisis venezolana está lejos de haber sido finalmente resuelta. La reciente decisión adoptada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de invalidar una decisión anterior, tomada por la Sala Electoral del poder judicial, en la cual se acepta la validez de las llamadas "firmas planas", necesarias para convocar un referéndum revocatorio contra el mandatario Hugo Chávez, abre el camino para un largo y silencioso choque de poderes entre el máximo tribunal de Justicia, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el gobierno del presidente Chávez y la variopinta oposición enrolada en torno a la Coordinadora Democrática.
La conflictiva situación viene manifestándose desde el pasado 2 de marzo, cuando el presidente del CNE, Francisco Carrasquero, anunciara la decisión del organismo electoral de enviar a reparo poco más de .000 firmas recolectadas por la oposición para implementar el mecanismo refrendario. Sin estas signaturas no se llegaría a los 2,4 millones necesarios para solicitar el referéndum, que corresponde al 20% del padrón electoral. El CNE estableció a mediados de marzo las fechas para la revisión de las llamadas "firmas planas" por parte de los solicitantes, pero las negociaciones entre el CNE, el Centro Carter y la delegación de la OEA en Caracas, dos de los garantes del acuerdo de solución pacífica firmado el año pasado, no han dado determinado aún una fecha definitiva. Sin embargo, se estima a principios de mayo como fecha preliminar.
Como apunte más reciente de este complejo marco hay que añadir ahora la sorpresiva decisión de validar las firmas, adoptada por el magistrado de la Sala Electoral del TSJ Alberto Martini Urdaneta, inmediatamente contrarrestada por la Sala Constitucional y que fue presentada como "fallo definitivo" por el presidente de esa Sala, magistrado José Delgado Ocando. Posteriormente, un directivo del CNE rechazó la decisión de la Sala Electoral del TSJ, aduciendo que lesionaba la autonomía del ente electoral. A falta de saber qué decidirá la Sala Plena del TSJ al completo, el conflicto interno en el seno del máximo tribunal denota el sórdido pulso entre el gobierno y la oposición en torno al referéndum.
Lo que última instancia viene planteándose en Venezuela desde finales de febrero es una imprevisible situación política que puede desembocar en enfrentamientos directos entre simpatizantes del gobierno y de la oposición, con los organismos de defensa del Estado y las Fuerzas Armadas como principales elementos de choque, en caso de que la decisión en torno al referéndum sea insatisfactoria para cada uno de los bandos.
Los disturbios ocurridos entre el 27 de febrero y el 5 de marzo pasados, en diversas calles de la capital y ciudades del interior, junto a la severa represión por parte del gobierno, denunciada por diversos organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros e incluso admitida por el Defensor del Pueblo, Germán Mundarraín, han sido el detonante de un crítico panorama en un año que, independientemente o no de la celebración del controvertido referéndum, es electoralmente clave, por la celebración en el próximo mes de agosto de elecciones municipales, seguidas de otras no menos importantes en diciembre para la Asamblea Nacional y de gobernadores, las cuales pueden modificar sustancialmente el mapa político en Venezuela de cara a los comicios presidenciales de 2006.
En este contexto, el gobierno ha llevado a cabo una política de represión interna, ampliando su radio de acción hasta alcanzar a líderes de la oposición como el alcalde Henrique Capriles Radonsky (quien estuvo en la clandestinidad hasta la reciente revocación de la orden de detención) y Carlos Melo, líder de Bandera Roja, un movimiento de izquierda radical otrora simpatizante del chavismo. Diversos organismos de defensa de los derechos humanos, como la Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusaron en estos días al gobierno de Chávez de aplicar métodos represivos contra los opositores, en especial tras el caso de 8 soldados quemados en un cuartel hace dos semanas, de los cuales uno falleció. Este hecho provocó la repentina renuncia del ministro de Información, Jesé Chacón, posteriormente rechazada por el presidente Chávez.
Al mismo tiempo, y en el frente externo, se manifiesta un cerrado pulso entre el gobierno de Chávez y la comunidad internacional. Tanto la OEA como los gobiernos de Brasil, EEUU y España (este último a falta de conocer la orientación que sobre la crisis venezolana tenga el nuevo gobierno socialista) se han posicionado favorablemente hacia el referéndum, lo que ha provocado una serie de ataques verbales del presidente Chávez hacia estos dos últimos. Incluso un representante de la administración Bush aseguró que su gobierno financia a la oposición venezolana, lo que ahondó más la confrontación entre Caracas y Washington. Por su parte, Chávez cuenta aún con el apoyo de varios países caribeños y centroamericanos, fundamentalmente derivado de su dependencia energética, pero la batalla internacional para evitar el referéndum le está creando dificultades, así como una imagen desfavorable en el exterior.
Volviendo a la situación interna, con una oposición fragmentada en diversos partidos políticos y movimientos civiles de diverso perfil ideológico, el gobierno de Chávez parece haber logrado minar las aspiraciones opositoras de celebrar el referéndum, al tiempo que ha reforzado su poder tanto en el seno de su movimiento político como en los círculos militares. Su objetivo sigue siendo retardar las decisiones hasta más allá de agosto, cuando constitucionalmente expire el tiempo estipulado para la celebración del revocatorio. En caso de celebrarse antes, opción muy difícil por la lentitud de las negociaciones y los obstáculos en el camino, y de perderlo, asumiría el poder el vicepresidente José Vicente Rangel, político afecto al régimen, que dirigiría los destinos de la nación hasta 2006, dejando abierta la posibilidad de que Chávez volviera en ese caso a presentarse en los comicios. Ante esta situación, el CNE decidió esta semana que, en caso de avalar las fechas para los reparos de las "firmas planas" y que las mismas sean legítimas para solicitar el referéndum, el mismo podría celebrarse antes del próximo 19 de agosto, lo que dejaría las elecciones regionales para un mes después.
Ante este panorama, tanto el gobierno como los diversos líderes de la oposición han comenzado a trabajar en las campañas electorales de los comicios municipales y de gobernadores, con el anuncio de las diversas candidaturas, manejando este escenario como la última opción de control político antes de las presidenciales de 2006.
Otro foco de atención se concentra en la situación socio-económica, la cual dista mucho de mejorar. Los años 2002 y 2003 han registrado severas contracciones económicas, con crecimiento negativo en torno al 8% y 12% respectivamente. Las previsiones para 2004 son un poco más halagüeñas, con una estimación del crecimiento del 3,2%, aunque diversas aseguradoras de riesgo estiman que la confrontación política afecta severamente las inversiones foráneas. A pesar de todo ello, el gobierno de Chávez ha gozado de elevados precios del petróleo en torno a los $28-30 por barril, lo que le ha permitido acumular un excedente en las reservas internacionales, ubicadas sobre los 20.000 millones de dólares.
En cualquier caso, la elevada tasa de pobreza, en torno al 80% de la población, junto al elevado desempleo de un 20% de la población económicamente activa y a una inflación galopante, que en el primer trimestre del 2004 alcanzó el 23,6%, auspiciada en parte por el control de cambio decretado por el gobierno desde hace más de un año, definen otro escenario gris.
A pesar de todo, el gobierno ha anunciado la entrada en la etapa de "profundización de la revolución", mediante la implementación de diversos programas sociales en materia alimenticia, sanitaria y educativa en las zonas más pobres de las principales ciudades, lo cual ha logrado apuntalar a favor de Chávez a un sector de la población en torno al 30-40%, si se mide en términos electorales.
