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Algo está cambiando en Argentina
Por Alberto Arce (Canal Mundo, 12/08/2003)
 
 

El jueves 12 de Agosto de 2003 será un día inolvidable para quienes hemos tenido la suerte de poder presenciar cómo la diputada de IU, Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, uno de los más reconocidos escritores argentinos, uno más de entre los desaparecidos que este país le reclama a sus gobernantes, se fundía en sucesivos abrazos teñidos de emocionadas lágrimas con algunas de las Madres de la Plaza de Mayo.

Durante toda la jornada miles de personas se concentraron en la Plaza del Congreso en Buenos Aires, convocadas por los principales organismos de derechos humanos y las organizaciones de izquierda. Se disponían a seguir el debate parlamentario sobre la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida a través de dos pantallas gigantes instaladas frente a la escalinata del Congreso. A diferencia de otras ocasiones, se sentía en el ambiente que esta vez, los argumentos repetidos cada jueves desde finales de los años 70 en las marchas de las Madres alrededor de la Plaza de Mayo, tendrían eco entre los legisladores y la justicia y la verdad se impondrían de una vez por todas entre la tan denostada clase política argentina.

Hace más 15 años después, a propuesta de la UCR y del entonces Presidente Raúl Alfonsín, y bajo la supuesta amenaza de un nuevo golpe militar, se aprobaron las leyes que, con intención manifiesta o no, tuvieron como consecuencia garantizar la impunidad de los implicados en las violaciones a los Derechos Humanos. Ayer las madres, los hijos, los familiares de los 30.000 desaparecidos que siguen reclamando justicia en este país al fin se sintieron escuchadas.

Han sido 25 años de lucha y de búsqueda de la verdad, más de dos décadas de impunidad y silencio cómplice, de mirar hacia otro lado, de intentos agotar el debate en la ley de un tiempo que provoca que ayer sólo estuviesen presentes apenas dos docenas de las Madres que han mantenido el debate en la agenda durante todos estos años. No lo han conseguido. Es realmente emotiva la imagen que se quedará grabada para siempre en mi retina: los puños que estas mujeres levantan no son capaces de adquirir verticalidad y se quedan en leve intento. El paso del tiempo y el dolor ya les impiden mostrar la fuerza con la que han traspasado el relevo en esta lucha a los más jóvenes que ayer, como siempre, las acompañaban. Pero a partir de ahora dormirán un poco menos solas, acompañadas por las palabras y los aplausos que ayer celebraron la victoria de la justicia.

La diputada Walsh presentó el proyecto de Nulidad de dichas leyes hace más de un año. Sus reiterados intentos de conseguir que se abriese el debate en la Cámara de Diputados cayeron en saco roto en varias ocasiones. Justicialistas y Radicales consideraron hasta ayer que en aras de la reconciliación entre los argentinos no era necesario dar respuestas a la absoluta falta de justicia en materia de violaciones de derechos humanos que arrastra el país. Es en esta ocasión, con el eco aún próximo de las grandilocuentes palabras de los diputados del oficialismo que ahora se asignan el mérito y la victoria, cuando merece recordar que ellos, radicales y peronistas, instauraron la impunidad, aprobaron indultos y se negaron a debatir el tema durante años, condenado a la movilización extra-sistémica a quienes no pedían más que lo que resulta obvio: que haya verdad y justicia.

En esta ocasión se han aprobado tres leyes: la nulidad de las leyes anteriores (Punto Final y Obediencia Debida), la adhesión a la Convención Internacional sobre crímenes de Lesa humanidad y la adecuación de esta última a la legislación penal argentina.

Para desenmarañar la confusión existente podemos asegurar que la declaración de nulidad constituye un acto político necesario, de marcado carácter simbólico, y dudosa repercusión judicial mientras que las otras dos permiten la incorporación al sistema legal argentino de principios jurídicos que realmente pueden permitir avanzar en el juicio a los militares.

La declaración de nulidad tiene un efecto simbólico ya que a la hora de emprender nuevos juicios o continuar con los que están en marcha, puede dejarse sin efecto con la aplicación de dos principios básicos del estado de derecho: el principio de aplicación de la “ley más benigna” y el de “cosa juzgada”. Pero la sociedad demandaba que, pese a tener efectos relativamente menores en el progreso de los juicios, la clase política declarase en público su voluntad de luchar contra el silencio y la impunidad. La aprobación de esta ley no es incompatible con las dos que la acompañan y demuestra una nueva voluntad de oír la voz de quienes reclaman justicia. La incorporación de Argentina al citado Tratado Internacional es probablemente el factor que sí incidirá sobre la Corte Suprema de justicia a la hora de declarar inconstitucionales las leyes y abrir de nuevo los juicios. Pero las dos leyes eran necesarias e inseparables. La necesidad de dar pasos simbólicos es tan importante como la aplicación de movimientos prácticos.

En este sentido, la postura del radicalismo ha sido especialmente indigna. Pese a la declaración emitida por su principal referente, el ExPresidente Alfonsín, en el sentido de apoyar la anulación ya que considera las circunstancias históricas y sociales del país sustancialmente modificadas y más allá de honrosas excepciones, la mayoría de sus diputados no han sido capaces más que de abstenerse. Independientemente de que consideren la vía de Adhesión a un tratado internacional más efectiva, ¿qué les impide reconocer que aquellas leyes han tenido un efecto nefasto sobre la sociedad?. Su abstención nos demuestra una vez más que su actual aislamiento de la sociedad les impide e imposibilita renacer y volver a ocupar un lugar central en la escena política del país. Es por decisiones como la tomada ayer en el seno del radicalismo por las cuales se puede considerar que el partido ha perdido totalmente el norte desde la caída del gobierno de la Alianza. Siguen anclados en inflexibles posiciones políticas que no concitan ningún tipo de respaldo popular.

El caso del justicialismo es diferente. Nadie puede negar que una semana, o incluso días antes de tan crucial votación, la mayoría de los diputados peronistas no tenían clara su posición. Pero finalmente han aceptado no sólo la opción “técnica” en la que coincidían con el radicalismo sino acompañar a la izquierda en su declaración de nulidad. Esta flexibilización de posiciones responde a dos motivos: la primera cuestión tiene que ver con determinadas percepciones de la soberanía nacional que se verían debilitadas de no aprobarse las leyes y la que ha sido probablemente más relevante, la firme decisión del Presidente Kirchner de avanzar con el fin de la impunidad.

El jefe del Bloque de diputados Justicialistas, Díaz Bancalari, dejó claro en su intervención final que se estaba discutiendo la soberanía nacional. Probablemente la cuestión que más haya influido en este decisivo movimiento del Peronismo hacia la posibilidad de abrir nuevamente los juicios en el país ha sido la amenaza real de tener que sentar en un avión a 45 militares y extraditarlos a España. La posibilidad de no poder impedir que eso sucediese ha sido el factor que ha convencido a los más remisos miembros del justicialismo a aceptar como “mal menor” despejar el camino para nuevos juicios en el país.

Nadie duda sobre la conveniencia de que los criminales sean juzgados allí donde han cometido sus delitos. En este sentido, la progresiva tendencia internacional al reconocimiento de la jurisdicción universal cuando se trata de crímenes contra la humanidad está actuando como detonante para abrir procesos que algunas inoperantes justicias nacionales y la desidia y cobardía de determinadas clases políticas pretendían dar por cerrados. Las acciones de la Audiencia Nacional de España deben ser entendidas como el factor que ha precipitado este debate en Argentina. Podríamos valorar si la motivación final de quienes ceden y modifican sus ordenamientos jurídicos viene dada por la defensa de la soberanía nacional o la necesidad de justicia. Pero lo que realmente importa es que la justicia avanza. El Presidente Kirchner ha sabido identificar esta tendencia y ha actuado en consecuencia.

Para terminar, conviene resaltar la lógica que subyace a todo este proceso. En Argentina algo está cambiando: Y este cambio pasa por Néstor Kirchner, el Presidente que ganó las elecciones con un escaso apoyo popular y que, sintiéndose libre de ataduras está conformando un nuevo modo de hacer política y de afrontar los problemas del país. La persistencia del reducido grupo de diputados de izquierda, encabezado por Patricia Walsh, que impulsaron el debate sobre la impunidad militar no hubiese llegado a buen puerto sin el decisivo apoyo de la mayoría justicialista. Y la mayoría justicialista no se hubiese movilizado sin el decidido empuje de un Presidente que, sorprendentemente para el país, lleva varios meses cumpliendo todo aquello que promete.

Una frase de Juan Pablo Feinmann comienza a sonar insistentemente en amplios sectores de la población: “No es que me esté volviendo oficialista, es que el oficialismo se está volviendo como yo”. Casi ninguno de los que estaban se ha ido pero el país necesita creer en alguien. Y Kirchner está recogiendo esa necesidad.

No les defraudes, Néstor.

 
 

Alberto Arce é colaborador do IGADI.

 
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