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La cara oculta de Kissinger
Por Roberto Mansilla Blanco (Canal Mundo, 16/12/2003)
 
 

Documentos recientemente desclasificados por el Departamento de Estado en Washington implican directamente al ex secretario de Estado Henry Kissinger en la represión de disidentes en Argentina y Chile en los años setenta.

El conocimiento que tenía uno de los estadistas más influyentes en la historia contemporánea de la política exterior norteamericana sobre los crímenes que se cometían en el marco de la llamada Operación Cóndor (mecanismo de coordinación utilizado por las dictaduras militares de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia en la represión y desaparición de disidentes) es tan notoria, que incluso llegó a exclamar en una conversación con César Guzzetti, canciller del ex dictador argentino Jorge Videla, que “mientras más rápido lo hicieran, mejor”.

La acción de Kissinger lo coloca ante la posibilidad de ser eventualmente interrogado por el juez español Baltasar Garzón, el hombre que tiene en sus manos diversas demandas por violaciones de los derechos humanos durante las dictaduras de Jorge Videla en Argentina y Augusto Pinochet en Chile. Actualmente Kissinger es solicitado por la justicia de Argentina, España, Chile y Francia para que responda sobre su participación en complots golpistas en Latinoamérica y su eventual conocimiento de los casos de violaciones de derechos humanos.

La desclasificación de 4.677 documentos relativos a la actividad del Departamento de Estado durante esos años es una inestimable fuente de información sobre la actividad de Washington en la política de exterminio de cerca de 30.000 disidentes durante los siete años de dictadura militar en Argentina y en el asesoramiento de sus ejecutores sobre cómo eludir los cuestionamientos del Congreso norteamericano. Dichos documentos están contenidos en cartas, memorándums y cables telegrafiados entre la embajada estadounidense en Buenos Aires y el Departamento de Estado e implican, además de Kissinger, a altos funcionarios estadounidenses durante los gobiernos de Gerald Ford, Jimmy Carter y Ronald Reagan.

En los mismos se revela una inédita conversación entre Kissinger y el canciller de Videla, Almirante César Guzzetti, en el hotel Waldorf Astoria de Nueva York el 7 de octubre de 1976. En marzo de ese año, los militares al mando de Videla habían tomado el poder mediante un golpe de Estado e iniciado una severa política de represión y exterminio contra la insurgencia y los disidentes. La intención de Kissinger era persuadir a Guzzetti de que todo terminara antes de las elecciones presidenciales que ese mismo año llevaron al demócrata Jimmy Carter al poder. A cambio, Argentina recibiría un jugoso préstamo proveniente del Banco Mundial.

Sin embargo, Kissinger no está solo en esta historia. Los documentos desclasificados señalan que el gobierno de EEUU calificaba como una “guerra contra el terrorismo” los acontecimientos que en esos momentos se escenificaban en el Cono Sur. Dicho léxico es similar al utilizado hoy día por la administración de George W. Bush. Lo resaltante es que funcionarios de la talla del actual vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld trabajaban para el Departamento de Estado en los años setenta y tenían conocimiento cabal de lo que sucedía en Argentina y Chile.

Al momento del golpe de Videla, en marzo de 1976, Cheney era presidente del Consejo de Gobierno de Gerald Ford, tras haber servido en la administración de Nixon en el equipo de transición que siguió al escándalo Watergate. Cheney venía de suceder a Rumsfeld en ese puesto y éste pasó a ocupar la secretaría de Defensa (la misma que ocupa hoy) al momento del golpe militar en Argentina. Siendo ambos parte del equipo de trabajo de Kissinger, esto podría implicarlos en la coordinación de mecanismos de represión y tortura cometidos bajo el mando de esos regímenes militares. Quedaría por definir cuál sería la situación de Kissinger, Cheney y Rumsfeld en caso de un eventual interrogatorio o llamamiento a participar en un juicio.

 
 

Roberto Mansilla Blanco é analista do IGADI.

 
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