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Venezuela: Firmazos por partida doble
Por Roberto Mansilla Blanco (Canal Mundo, 02/12/2003)
 
 

Dos mecanismos casi paralelos de recolección de firmas para procesos revocatorios, tanto por parte del oficialismo como de la oposición, avalados por la comunidad internacional, dan a entender que la crisis venezolana camina sobre ruedas hacia una solución por la vía constitucional. Sin embargo, ambos actores acusan un progresivo desgaste tras dos años de arduos enfrentamientos, con las mismas posiciones casi irreconciliables, mientras la posibilidad de celebrar un Referéndum revocatorio depende ahora del conteo de firmas por parte del CNE.

Del viernes 21 de noviembre al lunes 1 de diciembre, Venezuela vivió sendos e históricos procesos de recolección de firmas para solicitar la revocatoria a 38 diputados de la oposición, 34 del gobierno, y el propio Presidente de la República, Hugo Chávez Frías. El mecanismo de activación del Referéndum Revocatorio se ha convertido en el nuevo y último capítulo de la confrontación que el presidente Chávez y sus seguidores mantienen con la oposición política desde hace dos años, ahora concentrada hacia los canales institucionales.

A pesar de las mutuos ataques y amenazas verbales días antes de activarse la recolección de firmas, el proceso ha transcurrido de manera pacífica en líneas generales, salvo incidentes aislados. La efectiva activación por parte del gobierno a través del Plan República, mediante diversos componentes de la Fuerza Armada, sirvió como garante del orden público y la normalización del proceso, mientras los simpatizantes tanto del gobierno como de la oposición lograron realizar las firmas en un ambiente de normalidad. Dicha civilidad en el proceso fue reconocida por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, y los miembros del Centro Carter, garantes internacionales del proceso y quienes se encontraban en el país los días de recolección de firmas.

A partir de ahora quedan 30 días para verificar la autenticidad de las signaturas por parte del Consejo Nacional Electoral y luego, en caso de ser admitidas, vendrá un proceso de negociación durante 90 días para acordar la fecha de realización de los mismos. Los cálculos en el seno de la Coordinadora Democrática, organismo que agrupa a los partidos opositores, de diversos juristas y analistas políticos e incluso miembros del CNE, estiman que el Referéndum Revocatorio podría llevarse a cabo entre abril y mayo de 2004.

El proceso de recolección de firmas por parte del gobierno tuvo lugar entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre y se realizó de manera notable. De acuerdo al vicepresidente José Vicente Rangel, al diputado William Lara y al presidente de la Asamblea Nacional Francisco Ameliach, el oficialismo logró recolectar poco más de 2 millones 600 mil firmas para solicitar el revocatorio de 38 diputados de la oposición (muchos de ellos ex oficialistas), quienes serían sustituidos por suplentes afectos al proceso revolucionario bolivariano.

El objetivo de Chávez y sus simpatizantes con este mecanismo es recuperar la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y poder posicionarse políticamente con mayor fuerza de cara a las elecciones legislativas y de gobernadores de agosto de 2004 y las de alcaldes de diciembre de ese mismo año, donde esperan renovar y cambiar el panorama político dentro de los consejos legislativos municipales y regionales y diversas gobernaciones y alcaldías en manos de la oposición.

Por su parte, la oposición realizó su proceso de recolección de firmas entre el viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. Ya para el domingo 30, en un 15% de las mesas electorales se acabaron las planillas. El lunes 1 en la noche la Coordinadora anunció el éxito del proceso, pero no reportó cifras reales. Las estimaciones anuncian la recolección de entre 3,8 y 4 millones de firmas, siendo necesarias 2,6 millones, el 20% de las recolectadas en las elecciones de 2000.

Inmediatamente, tanto el presidente Chávez como el vicepresidente Rangel invocaron la posibilidad de un fraude en las firmas, al mismo tiempo que el gobierno cerraba las fronteras físicas con Colombia y áreas a través del Aeropuerto Internacional.

Ambos actores salen aparentemente reforzados tras la realización de los procesos, especialmente la oposición, que logró activar su pedido de revocatorio. Pero la realidad anuncian que ambos actores se encuentran profundamente desgastados tras meses de incertidumbre en medio de la peor crisis económica y social en más de medio siglo. El tira y afloja sobre la realización de los Referéndum que predominó meses anteriores y el papel jugado por la nueva directiva del CNE en la promulgación de los reglamentos para la realización de los mismos, aminoró el ambiente de confrontación política, aunque lejos de aliviarla.

La decisión tomada por el CNE el 14 de noviembre de rechazar la recolección de firmas en el exterior, provocó un amplio rechazo principalmente en el seno de la oposición, que contaba con dicho mecanismo para reforzar el número de firmas solicitando el Revocatorio. Aunque la decisión del CNE estuviera dominada por la cautela en este aspecto (debido a la extensa red de venezolanos en el exterior dispuestos a votar un revocatorio contra Chávez), puede ser vista también como un arma de doble filo, porque con ello impidió que simpatizantes del chavismo que viven en el exterior firmaran los revocatorios de diputados y provocó una inesperada e inédita marginación de los derechos constitucionales y políticos de los venezolanos que viven en el extranjero.

En el aspecto meramente electoral, al aminorar la confrontación y el nivel de violencia política, la imagen del presidente Chávez obtuvo un notable repunte en las encuestas de opinión pública, ubicándose ahora entre un 30-40% de aceptación popular. Los planes sociales del gobierno, a través de un extenso gasto público en alimentación y asistencia médica en las zonas populares, contribuyó a reforzar la imagen del presidente Chávez. Otro factor de importancia en estos últimos meses ha sido el crecimiento del sector denominado los “Ni-Ni”, críticos con el chavismo y el liderazgo de la oposición, y que según las encuestadoras estaría ubicado entre un 35% de la población. A pesar de que el rechazo a Chávez se ubica entre el 60-70% de la población, el sector “Ni-Ni” resultaría decisivo de cara a cualquier proceso electivo, tomando en cuenta que el 2004 aparece en el horizonte como año de definiciones electorales.

A pesar del éxito en la convocatoria del Reafirmazo, el problema para la oposición sigue siendo su indefinición a la hora de elegir un candidato único, elemento imprescindible para aglutinar a los venezolanos opuestos a la gestión de Chávez. Con un 30-40% de apoyo electoral, el presidente Chávez posee amplio margen de maniobra bien mantenerse en el poder o bien abandonarlo tras una eventual derrota refrendaria, para volver a lanzarse a la candidatura en las presidenciales de diciembre de 2006, con opciones claras de volver a la presidencia. La división política de la oposición juega inexorablemente en contra de ella y de sus aspiraciones.

La clave de la situación actual vuelve a manos del CNE. Varios dirigentes de la oposición claman por una verificación imparcial, denunciando que podrían llevarse a cabo manejos fraudulentos en el seno del organismo comicial. Las mismas acusaciones de fraude provienen del sector oficialista.

A pesar del civismo del proceso de recolección de rúbricas, diversas declaraciones oficialistas trazan un escenario donde el espectro de la polarización social y política no despejan la posibilidad de violencia. El vicepresidente Rangel viene anunciando constantemente la estrategia “golpista” de la oposición mientras que Roy Chaderton, ministro de Relaciones Exteriores venezolano, declaró recientemente a un diario chileno que “el espectro de la guerra civil no se ha alejado de Venezuela”. Sin embargo, estas opciones parecen ser cada vez menores, si se toma en cuenta la actitud democrática de los venezolanos que estamparon sus firmas.

 
 

Roberto Mansilla Blanco é analista do IGADI.

 
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