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Lula: “orientar, disciplinar y fiscalizar”
Por Miriam Bader (Canal Mundo, 17/08/2004)
 
 

Que relación existe entre estas tres palabras y la prensa brasileña? Describen la función principal que deben cumplir los medios de comunicación? Es decir, orientar a la población de manera liberal e independiente sobre lo que ocurre en Brasil y en el resto del mundo? O disciplinar a través de la publicación y valoración de los delitos cometidos contra la ley y los ataques a los derechos individuales o sociales? O fiscalizar la acción del gobierno para garantizar su vigilancia y crítica?

Desde hace dos semanas estas tres palabras provocan discusiones violentas entre intelectuales, políticos y jueces. Pero no se trata tanto de la función general de la prensa, como de la creación del CFJ, el Consejo Federal del Periodismo.

El 5 de agosto, el gobierno de Lula presentó en el Parlamento el proyecto de ley que regula la creación de este órgano, ya planeado desde 1996. El CFJ se encargará de “orientar, disciplinar y fiscalizar” el ejercicio de la profesión, establecerá el registro de los periodistas, otorgará las licencias para el desempeño profesional y acompañará su formación. Por primera vez alguien tendrá poderes para castigar a los periodistas que violen la “ética de la profesión”. Hasta ahora el ejercicio periodístico no disponía de ninguna forma de control o categorización por parte del estado para garantizar la libertad de expresión y fijar los límites de su actividad.

El proyecto de ley fue presentado justamente en un momento cargado de presuntos escándalos sacados a luz pública por la prensa. El presidente del Banco Central brasileño, Henrique Meirelles, está acusado de soborno fiscal y de blanqueo de dinero y se escuchan reivindicaciones de dimisión por parte de la oposición. En la misma situación y con las mismas acusaciones se encuentra Cássio Casseb, el presidente del Banco de Brasil, el mayor banco estatal de América Latina. Ambos fueron los candidatos preferidos de Lula para estos puestos.

La coincidencia de estos acontecimientos, es decir, denuncia y tentativa de control, suscita en muchos la impresión de que el gobierno brasileño no está de acuerdo con la forma de informar sobre algunos hechos por parte de los medios de comunicación. Lula ha declarado que “la prensa prefiere las noticias negativas a las positivas” y que la opinión pública “tiene sed de noticias buenas”. Y ello lleva a pensar que el gobierno, con este proyecto de ley, intenta limitar la libertad de expresión de los profesionales.

Esta sospecha se confirma además con el conocido caso del periodista del NYT (New York Times), Larry Rother, ocurrido en mayo de este mismo año: a última hora el Tribunal Supremo impidió su expulsión de Brasil, decidida por el gobierno por haber informado sobre la presunta “adicción a la bebida” de Lula.

El proyecto del gobierno cuenta con el apoyo de algún sector de la profesión. El Fenaj (Federación Nacional de Periodistas Profesionales), uno de los sindicatos de periodistas más numeroso de Brasil, que participó en la formulación del proyecto ley, se ha mostrado favorable a la creación del CFJ, argumentando, que el ministerio de Trabajo no sanciona a los periodistas, de forma adecuada, por las contravenciones cometidas contra los criterios de calidad y la “ética periodística”.

Luiz Gushiken, ministro de Comunicación y Gestión Estratégica, critica los “deslices” de los medios en general, y condena la “producción” y “fabricación ” de noticias. Además, afirma, en relación con la libertad de la prensa, que “nada es absoluto” en una sociedad. Defiende la creación del CFJ como un instrumento necesario para “proteger a la sociedad y los periodistas” y garantizar la buena calidad de las informaciones.

El ministro de Justicia, Masco Thomasz, considera la fundación del CFJ como algo positivo: “Ni veo en él un instrumento de censura, ni una limitación de la prensa, solo lo entiendo como una medida para disciplinar la profesión”.

De forma completamente distinta lo percibe el presidente del ABI (Asociación Brasileña de Prensa), Mauricio Acedo. Según su entender, el establecimiento del CFJ representa “una violación del orden democrático definido por la Constitución ”.

Milton Temer, vice-presidente del ABI, también reprueba la creación del CFJ, porque considera que el control de la profesión ya se efectúa suficientemente en la comisión de ética del ABI, en el Fenaj y en los sindicatos del sector. Asegura, que el CFJ significaría sólo más burocracia, algo que debe evitarse a toda costa.

El ANJ (Asociación Nacional de Periódicos) llama la atención sobre el hecho de que el proyecto de ley contenga “todas las características que representan cercenamiento a la libertad de la prensa al establecer castigos a los periodistas y contemplar el control de empresas de los medios de comunicación”.

En el exterior, la percepción también es crítica y ya se escuchan voces preocupadas. Bill Kovach, uno de los principales teóricos del periodismo en EEUU valora la creación del CFJ como un propósito “alarmante”. “Si el gobierno decide lo que es una conducta adecuada, la prensa no puede ser independiente”. La misma opinión tienen diversas asociaciones estadounidenses del sector.

En verdad, el gobierno y los defensores del CFJ no demuestran tener mucha fe en la función de control que ejerce la justicia ordinaria, por ejemplo en el caso de la publicación de informaciones falsas, si el gobierno considera imprescindible crear una institución como el CFJ. Tampoco en los mecanismos de autoregulación que se encuentran en el sistema democrático, como la rectificación en la prensa, la publicación de opiniones o informaciones distintas y el propio autocontrol de los periodistas, las orientaciones diferentes de los medios de comunicación y la selección de los lectores.

Pero la intervención por el Estado en el ejercicio de la profesión de periodista corre el grave riesgo de derivar facilmente en una forma de censura o de presión, principalmente en tiempos de crisis, aunque la función principal del CFJ sea el control de la “ética de la profesión”.

Y quien define esta “ética profesional”? En un país democrático no puede ser el gobierno, sino los propios profesionales del sector. El trabajo de los periodistas debe desarrollarse en un clima de libertad de expresión para poder opinar sin influencia gubernamental. Es, además, lo que garantiza la Constitución brasileña.

El CFJ podría ser, quizás, una buena propuesta para enfrentar el problema de las investigaciones falsas y la publicación de informaciones erradas o adquiridas ilegalmente, que se pueden encontrar en algunos reportajes. Pero es una respuesta equivocada para resolver el problema de la supuesta mala calidad de la información, porque en un país democrático no es el Estado quien tiene la función de vigilar la prensa; al contrario: la prensa vigila al Estado.

Pudiera ser mejor la creación por el gobierno de un consejo especifico para controlar y cercenar los oligopolios de las empresas de medios poderosos implantados en el mercado brasileño y favorecer una mayor diversificación en el sector de la información, apoyando el autocontrol del ejercicio de la profesión de manera democrática y liberal.

 
 

Miriam Bader é estudiante da Universidade de Paderborn-Alemania en prácticas no IGADI.

 
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