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La apuesta haitiana de Zapatero
Por Roberto Mansilla Blanco (iecah, 10/06/2004)
 
 

El despliegue de “cascos azules” de la ONU en Haití, como parte de la Misión de Estabilización comandada actualmente por el general brasileño Augusto Heleno Ribeiro, está enmarcado en la fase definitiva de estabilización y pacificación del país, iniciada tras la caída del ex presidente Jean Bertrand Aristide en febrero pasado y acelerado tras los desórdenes callejeros y la presencia de grupos armados paramilitares en la isla.

En este apartado, el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado entrever la posibilidad de enviar un contingente de guardias civiles al país latinoamericano, para contribuir con la misión de la ONU. En declaraciones realizadas esta semana en La Moncloa, durante la visita del presidente sirio Bachar al Assad, el jefe de gobierno español señaló que la decisión de enviar las tropas a Haití será discutida en las Cortes, aunque también declaró que la decisión final que tome el poder legislativo podría no ser vinculante. Esta última afirmación deja entrever que ya existe una decisión previa de contribuir con la misión de la ONU.

El anuncio de apoyar la misión en Haití, realizado por Zapatero tras la celebración de la Cumbre entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, el pasado fin de semana en Guadalajara, México, va claramente dirigido hacia dos direcciones: la primera, que muestra el tradicional compromiso del gobierno español (y especialmente, del gobierno socialista), de ubicar a América Latina entre las prioridades de la política exterior española. Haití se ha convertido en un foco de desestabilización regional y ni siquiera el anuncio del gobierno surafricano de otorgarle asilo al ex presidente Aristide ha logrado convencer a varios países caribeños y latinoamericanos en la resolución del problema de legitimidad política del nuevo gobierno de transición en la isla.

La segunda dirección en la cual el gobierno de Zapatero apuesta por apoyar la misión de la ONU en Haití está enmarcada en una estrategia de acercamiento hacia Washington, tras la decisión de Madrid de retirar por completo el contingente militar español en Irak.

El leve acercamiento de Zapatero al gobierno de George W. Bush se hizo patente durante la Cumbre de Guadalajara, cuando el jefe del gobierno español se opuso a incluir una crítica abierta a EEUU por el escándalo de las prisiones iraquíes. Colocar la pacificación directa de Haití en la órbita del nuevo gobierno socialista significaría para Zapatero una jugada estratégica para aliviar los roces con Washington. La apuesta parece ser clara: España contribuiría, junto a Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Canadá, Chile, Guatemala, Perú, Ruanda y Nepal, a sustituir el contingente de 1.900 soldados norteamericanos en el país caribeño, cuyo nuevo destino será, presumiblemente, Irak, para ocupar el lugar de las tropas españolas y de otros países que han abandonado Irak.

En la decisión de Zapatero, y en la de otros mandatarios latinoamericanos, parece haber influido la labor silenciosa realizada por el presidente chileno Ricardo Lagos, quien personalmente ha visto la crisis haitiana como un problema esencialmente latinoamericano. Así se lo hizo saber a Zapatero durante la reunión realizada el pasado 25 de mayo en Guadalajara. Del mismo modo, el presidente brasileño Lula da Silva ha visto en la crisis de Haití una oportunidad importante para expandir la nueva estrategia geopolítica regional de Brasilia. El caso de Argentina fue más complejo: su presidente, Néstor Kirchner, no era partidario de enviar tropas pero finalmente aceptó poco antes de iniciar una importante visita a Washington.

El problema que le espera a la fuerza multinacional y, por ende, a Zapatero, es que no todos los gobiernos caribeños y latinoamericanos han reconocido, o bien tienen dudas, sobre la legitimidad de la nueva autoridad transitoria de gobierno en Haití, liderada por el presidente interino Boniface Alexandre y el primer ministro Gerard Latortue. En la región es vox populi la idea de que el ex presidente Aristide fue objeto de un golpe de Estado perpetrado desde Washington y París, en un inusual acercamiento franco-estadounidense tras la guerra de Irak.

Aunque esté aprobada por la ONU tras la resolución 1.542 que establece el envío de una fuerza multinacional compuesta por 6.700 soldados y 1.622 policías, las dudas sobre una operación militar que legitimaría un gobierno no exactamente legítimo ofrece un terreno espinoso en el ámbito político, en relación a futuras crisis regionales. En este escenario es que se desarrolla la decisión que deba tomar finalmente el presidente Zapatero.

El otro gran problema de Haití, el cual el gobierno español deber tomar en cuenta mucho más allá de los imperativos de orden político y militar, es la gravedad de la situación socio-económica de un país empobrecido, recientemente azotado por un desastre natural producto de las lluvias que dejó cerca de 1.600 muertos. Hasta los momentos se ha anunciado la celebración de una conferencia de donantes para mediados de julio en Bruselas, pero aún no se conoce si se tiene previsto otorgar un amplio fondo de asistencia que permita aliviar los desajustes socio-económicos, la reconstrucción del país y el tránsito hacia una democracia participativa. Del mismo modo, la existencia de grupos paramilitares armados, aparentemente pacificados, y la aguda conexión del narcotráfico con las altas esferas del poder en Haití (la cual también parece tocar a líderes de la rebelión militar como Guy Phillippe), ofrecen un panorama complejo para la fuerza multinacional a la cual aspira ingresar España.

Un último dato que ilustra también un panorama turbulento: esta es la segunda vez en diez años que la ONU envía “cascos azules” a Haití. La primera fue en 1994 para restituir a Aristide en el poder, tras el golpe de 1991. Pero Aristide fue recolocado gracias al concurso previo de los marines estadounidenses. En 2004 ha sucedido lo mismo, pero ahora para desalojar a Aristide del poder. La actual fuerza multinacional llega a un país ya invadido previamente por los marines estadounidenses y las fuerzas militares francesas.

 
 

Roberto Mansilla Blanco es analista del IGADI.

 
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