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Uribe enfila hacia la reelección
Por Roberto Mansilla Blanco (revista Zeta, 10/12/2004)
 
 

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El pasado 1 de diciembre, 115 legisladores contra 15 votaron a favor de la reforma constitucional que contemple la posibilidad de reelección presidencial, algo no estipulado en la Constitución de 1991. Hace casi dos meses, el Senado había dado “carta blanca” a este proyecto presidencial. De este modo, y en caso de obtener la reelección en el 2006, Uribe Vélez se convertiría en el primer presidente colombiano en gobernar dos períodos consecutivos en el país, desde que Simón Bolívar creara la Gran Colombia en 1819. (Foto: Donald Rumsfeld e Álvaro Uribe nunha rolda de prensa no Palacio de Nariño en Bogotá, Colombia 19/08/2003).
 
La aprobación, vía poder legislativo, de la reforma constitucional que permitirá la postulación a la reelección presidencial, deja a Álvaro Uribe Vélez en una sólida posición para gobernar Colombia hasta el 2010. Uribe cuenta con una alta popularidad interna, un escenario en el cual domina la dinámica del conflicto con la guerrilla y el apoyo irrestricto del presidente George W. Bush. Sin embargo, queda por solucionar la prórroga de un Plan Colombia que expira en el 2006 y el impacto geopolítico que supondría una nueva administración de Uribe a partir de ese año.

El presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez tiene ya en sus manos la posibilidad de hacer realidad lo que se propuso cuando llegó al palacio de Nariño en agosto de 2002: proponer la reelección presidencial, para acabar militarmente con las FARC y los carteles de la droga y controlar la dinámica del conflicto colombiano.

El pasado 1 de diciembre, 115 legisladores contra 15 votaron a favor de la reforma constitucional que contemple la posibilidad de reelección presidencial, algo no estipulado en la Constitución de 1991. Hace casi dos meses, el Senado había dado “carta blanca” a este proyecto presidencial. De este modo, y en caso de obtener la reelección en el 2006, Uribe Vélez se convertiría en el primer presidente colombiano en gobernar dos períodos consecutivos en el país, desde que Simón Bolívar creara la Gran Colombia en 1819.

El escenario luce propicio para el mandatario colombiano. Tiene una popularidad que roza el 70% desde que llegó a la presidencia, con una situación socio-económica al menos estable, en el cual la evidente reducción del crimen y la inseguridad y la leve recuperación económica han sido los baluartes presidenciales más apreciados por la mayor parte de la sociedad. La oposición política no encuentra candidato idóneo para confrontar a Uribe, ya que ésta tan sólo se ilustra en la opción de izquierda del actual alcalde bogotano, Lucho Garzón. Por otrol lado, la desmovilización de los paramilitares, con la reciente entrega de armas de 425 de ellos adscritos al Bloque Bananero en Urabá, departamento de Antioquia, hace avanzar un proceso iniciado hace tres meses, pero en el que aún persisten dudas, ya que supone una solución a corto y mediano plazo en la dinámica del conflicto. Y a estas alturas, no se conoce el paradero de su jefe histórico, Carlos Castaño.

El pasado 22 de noviembre, Uribe y Bush se reunieron en Cartagena, con un sólido apoyo del reelecto presidente estadounidense a la gestión de su homólogo colombiano. Y como colofón, la guerrilla, especialmente las FARC, ha sufrido severas derrotas militares, y ha mostrado su incapacidad para convertirse en una guerrilla urbana capaz de golpear en la capital y las principales ciudades del país.


Pero no todo lo que brilla es oro

Todo indica una sólida ventaja para Uribe en sus pretensiones de gobernar hasta el 2010, tomando en cuenta que su principal aliado, el presidente Bush, lo estará hasta el 2008. Es por ello que ahora se hace imperativo el futuro, en clave prorrogación, del Plan Colombia, el cual expira en el 2006.

Aquí pueden presentarse algunos inconvenientes. Bush apoya frontalmente el proyecto, a tenor de que los resultados hablan oficialmente a favor de continuar el plan. El mandatario norteamericano prometió a Uribe presionar al Congreso de su país para que apruebe mayores fondos en el presupuesto de 2005. El problema es que aquí la aprobación no está garantizada. El Congreso debe confrontar temas tan sensibles como la extradición de prominentes narcotraficantes y jefes paramilitares. Precisamente, en este apartado, esta semana el gobierno Uribe extraditó a EEUU al narco Gilberto Rodríguez, mientras que durante su gobierno se han firmado 245 resoluciones de extradición. Además, está el tema de los derechos humanos, ante los reportes de vínculos entre miembros del Ejército colombiano y grupos paramilitares.

El debate en el Congreso estadounidense sobre la ampliación del Plan Colombia contará con un reciente informe demoledor. Corresponde a la influyente ONG norteamericana Wola, titulado “Drugs and Democracy in Latin America: the impact of US policy”. En el mismo se estipula que Washington está perdiendo la guerra contra las drogas, ya que los objetivos iniciales del plan Colombia no se están cumpliendo: no se reduce el consumo de coca en EEUU y que, si bien Uribe ha tenido éxito en reducir en un 47% las áreas cultivables colombianas, las mismas han aumentado en países vecinos como Perú y Bolivia. El reporte concluye con el fracaso de la iniciativa del Plan Colombia y la necesidad de atacar el consumo dentro de EEUU y no tanto la producción y el tráfico desde afuera. Misma apreciación tiene otro reciente reporte realizado por el influyente think tank Rand Corporation, sobre la aplicabilidad del Plan Colombia.

Lo que sí parece claro es que la administración Bush hará lo posible por prorrogar el Plan Colombia y hacer del mismo uno cada vez más regional, incluyendo a Perú, Ecuador y Bolivia. Del mismo modo, el efectivo lobby colombiano en Washington, en manos del embajador Luis Alberto Moreno, funcionará con mayor coordinación en ese sentido. Además, y debido a que el Plan Colombia ha reforzado contundentemente al Ejército colombiano en su capacidad para atacar a los grupos armados y las FARC, este factor juega como carta favorable a los deseos conjuntos de Bush y Uribe. Este éxito estriba en los recientes decomisos de armamentos y capturas de guerrilleros, en el freno a la actividad insurgente en buena parte del territorio nacional, y en la decisiva desmovilización de la mayor parte de los estimados 20.000 efectivos paramilitares.


Las consecuencias regionales

Si bien Uribe tiene el escenario prácticamente controlado en casa, otro panorama se vislumbra en el exterior. El mandatario colombiano sabe que en estos momentos es el único presidente de derechas que queda en América del Sur, tras el dinámico giro a la izquierda en Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia.

Es justo también considerar que no todos estos países actúan homogéneamente en sus políticas hacia Bogotá, especialmente desde los países andinos, muy coordinados en cuanto a la lucha antidrogas comandada por Washington y Bogotá, al cual se le incluyen acuerdos de libre comercio previos a una eventual aprobación del ALCA. En este sentido, el único problema regional que se le puede presentar a Uribe es su vecino, la Venezuela de Chávez, abiertamente opuesto al Plan Colombia y al ALCA, y cuyo gobierno ha sido acusado de colaborar con las FARC.

Regionalmente, la diplomacia colombiana está armando una estructura interesante de cara a sus intereses, muy ligados a los estadounidenses. Domina la agenda comercial y la necesidad de rebajar la presión con los países fronterizos, especialmente Venezuela, tal y como se vio en la reciente cumbre Uribe-Chávez. Pero también hay imperativos geopolíticos: durante la reciente Cumbre Iberoamericana de Costa Rica, Uribe persuadió a sus homólogos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá a oficializar su ingreso en el plan regional Puebla-Panamá, como nexo integrador entre Centroamérica y Suramérica.

En Washington también ven con buenos ojos este plan: supone garantizar una presencia militar estadounidense vía Colombia, tras la entrega del Canal de Panamá en 1999, y la posibilidad de controlar la explosiva región andina así como vigilar potencias emergentes, como Brasil.

 
 

Roberto Mansilla Blanco es analista del IGADI.

 
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ÚLTIMA REVISIÓN: 13/12/2004
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