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| En la sureña Nayaf, centro de la mayoría chiíta, reapareció la figura del mullah Moqtada al Sadr, líder del Ejército del Mahdi, lo que provocó enfrentamientos entre sus partidarios y los de las Brigadas Bader del ayatollah Alí al Sistani, que cuenta con apoyo oficial por formar parte del gobierno transitorio y aceptar básicamente el borrador constitucional. Nadie esperaba esta repentina y sorpresiva fractura entre los chiítas, aunque se considera que los partidarios de Al Sistani lograrían controlar a la mayoría y sofocar parcialmente la nueva rebelión de Al Sadr. | |
El Irak post-Saddam no termina de configurarse y se está convirtiendo en el mayor problema político del gobierno de Bush. El fracaso de la actual administración estadounidense en propiciar un marco constitucional y legal a un país sumido en un estado rayano a lo anárquico, erosiona cada vez más el apoyo popular a la política iraquí de Bush.
En este sentido, se tiene la impresión de que la crisis iraquí se le escapa de las manos a Washington. Tres veces se tuvo que prorrogar el sistema de votación sobre la nueva Constitución nacional, a pesar de que el plazo había vencido el pasado lunes 15 de agosto. El nuevo plazo expiraba el jueves 25, cuando el Parlamento iraquí debía votar el borrador del texto presentado. A última hora, se suspendió indefinidamente su votación.
Era obvio el clima de tensión existente entre la Autoridad Nacional Iraquí, el Parlamento y los líderes de las principales comunidades, los kurdos, chiítas y sunnitas. Las presiones y el hecho de actuar contra reloj complicaron un panorama ya de por sí delicado. En principio, el obstáculo era la feroz negativa de los sunnitas en aprobar un texto que consideran acordado de antemano por kurdos y chiítas, con el beneplático de Washington y Londres. Pero, a última hora, las divisiones en el seno de los chiítas complicaron aún más el panorama.
El dilema sunnita
En caso de ser aprobado por los líderes políticos, el texto constitucional sería sometido a referendo popular en octubre. En este apartado, y al igual que en las elecciones legislativas de enero pasado, los sunnitas aparecen como el factor clave: si bien no son mayoritarios en términos demográficos (constituyen el 20% de la población iraquí), poseen dominio territorial y controlan varios sectores de la insurgencia. Pero se consideran marginados en el nuevo Parlamento surgido de las elecciones de enero pasado.
Su oposición a varios puntos del borrador constitucional les plantea el siguiente dilema a corto plazo: o bien optar por rechazar directamente el texto o bien boicotearlo, haciendo campaña por el "no" en el referendo de octubre. En realidad, consideran que existe un marcado cariz revanchista por parte de las otras comunidades, ante la hegemonía que tuvieron los sunnitas durante el régimen de Saddam.
La lucha permanente por el poder entre estas tres comunidades étnico-religiosas y la crónica falta de consenso arrojan señales preocupantes para el futuro del país. Irak pende de una cuerda floja que se perpetúa con la presencia de tropas extranjeras y de las resoluciones de la ONU. No se descarta una posible guerra civil. Las desaveniencias constitucionales entre las comunidades revelan un Irak territorialmente fragmentado, sin aparente consenso en cuanto a su naturaleza y funcionalidad.
Sin Constitución pero con violencia
Con este panorama, Bagdad y Nayaf volvieron a convertirse en escenarios de guerra. La capital iraquí registró un enfrentamiento entre insurgentes y fuerzas policiales, que dejó 15 muertos. La semana pasada, una serie de atentados causaron 43 decesos civiles. Del mismo modo, al sur de la capital, se encontró una fosa de 36 cadáveres con disparos, que revelarían una masacre.
En la sureña Nayaf, centro de la mayoría chiíta, reapareció la figura del mullah Moqtada al Sadr, líder del Ejército del Mahdi, lo que provocó enfrentamientos entre sus partidarios y los de las Brigadas Bader del ayatollah Alí al Sistani, que cuenta con apoyo oficial por formar parte del gobierno transitorio y aceptar básicamente el borrador constitucional. Nadie esperaba esta repentina y sorpresiva fractura entre los chiítas, aunque se considera que los partidarios de Al Sistani lograrían controlar a la mayoría y sofocar parcialmente la nueva rebelión de Al Sadr.
Con ello, el laberinto iraquí se está convirtiendo en un rotundo fracaso político para Bush y está provocando fisuras sociales entre los estadounidenses y un cada vez mayor activismo civil en contra de su política. A pesar de ello, el gobierno de Bush anunció que mantendrá tropas en Irak durante cuatro años más.
El cálculo del Pentágono parece remitirse a las elecciones presidenciales de 2008: si se logra estabilizar el país, un eventual éxito en Irak serviría de colofón para garantizar un nuevo período republicano en la Casa Blanca. Es por ello que, ante la escalada de bajas militares (en agosto fueron de 65 soldados estadounidenses, lo que aumenta a 1.850 el número de soldados muertos desde el fin de la guerra), la Casa Blanca anunció el envío de 1.500 soldados adicionales.
Del mismo modo, Bush hizo público su enojo hacia la comunidad sunnita por su negativa a aprobar el borrador constitucional. En una clara demostración de improvisación política con la única finalidad de ganar adeptos al texto constitucional, Washington debió ceder a varias peticiones de los islamistas chiítas, lo que provocó protestas por parte de kurdos y sunnitas.
¿Un Irak federal o islámico?
Los puntos divergentes sobre el nuevo marco constitucional en Irak se concentran, principalmente, en cuatro sectores: la naturaleza del nuevo Estado, el rol del Islam, el control de los recursos petroleros y el papel de la mujer. Al respecto, se considera que las mujeres poseerían una posición sojuzgada, a pesar de que el artículo 151 explica que el 25% de los escaños del Consejo de Diputados deberá estar ocupado por mujeres.
El Irak de Saddam era un Estado centralizado y laico, dominado por la figura presidencial y el partido único Ba´ath, y la hegemonía de la comunidad sunnita, a través de un eficaz y represivo sistema de seguridad. Esto es lo que desean dejar atrás tanto chiítas como kurdos, los más perjudicados por la marginación y la cruel represión del antiguo régimen. Por el contrario, son ahora los sunnitas los que se sienten relegados.
El borrador constitucional establece que Irak es una "república independiente, con un sistema político republicano, parlamentario, democrático y federal". Enfatizando que la Constitución garantiza la identidad islámica del pueblo iraquí, se establece que el Islam es una "fuente principal de legislación" y que "ninguna ley puede contradecir las leyes islámicas".
La mayoritaria comunidad chiíta se opone a un Estado federal y republicano porque su principal intención es profundizar la ley islámica como fuente única y principal de la legislación iraquí. Por su parte, los sunnitas abogan por conservar el Estado centralizado heredado del régimen de Hussein, ante las pretensiones kurdas, los más entusiastas en cuanto al carácter federal, autonómico y descentralizado.
La política de "desbaazificación"
El artículo 4 del borrador establece el árabe y el kurdo como lenguas oficiales, reconociendo también derechos lingüísticos a las comunidades turcomanas y asirias. Pero el siguiente artículo desarticula todo el entramado legislativo del anterior régimen y de una buena parte de la insurgencia actual: "queda prohibida cualquier organización que se guíe por una ideología racista, terrorista, extremista, de limpieza sectaria, o que transmita y justifique tales creencias, especialmente el Partido del Ba´ath de Saddam Hussein en Irak y sus símbolos, bajo cualquier nombre".
Este proceso de "desbaazificación" de Irak, muy similar al ocurrido en la Alemania que salía del nazismo en 1945, es lo que ha provocado mayor oposición entre los sunnitas, quienes observan un proceso vengativo en su contra. El artículo 145 garantiza la continuidad de la Comisión Nacional de "desbaazificación" como comisión independiente.
El futuro del petróleo iraquí
Igual número de divergencias se establecen sobre el control de los yacimientos petrolíferos del país. El artículo 109 del borrador constitucional determina que el "petróleo y el gas son propiedad de todo el pueblo iraquí en las regiones y provincias" y garantiza que su explotación será administrada por el gobierno central y los gobiernos regionales de las provincias productoras.
Los kurdos, que ven en la nueva Constitución la gran oportunidad para constituir prácticamente un Estado independiente "de facto", mantienen la puja por el control de la norteña región de Kirkuk. Controlar este importante enclave petrolero es otro punto álgido: la ciudad se ubica en el Kurdistán iraquí pero en tiempos de Saddam fue literalmente "arabizada" por sunnitas, para desnivelar a su favor la presencia kurda. El borrador constitucional le otorga un período de dos años para su normalización, pero los kurdos reivindican sus derechos históricos y se niegan a ceder.
Debido a que la importancia del petróleo iraquí aumenta la presión por parte de la administración Bush, conocer el futuro control de los yacimientos resulta imperioso. Aún es una incógnita cuál será el futuro y la verdadera capacidad del petróleo iraquí, lo que aumenta la incertidumbre por los negocios y contratos establecidos por las multinacionales petroleras y la empresa Halliburton del vicepresidente Dick Cheney en materia de explotación de yacimientos y seguridad privada.
Del mismo modo, EEUU y Europa occidental observan un escenario volátil en el mercado petrolero: la política de la OPEP y lo altos precios del crudo, que ronda los 65 dólares; la incertidumbre en la sucesión política en Arabia Saudita tras la muerte del rey Fahd; el radical cambio de gobierno en Irán y las amenazas del presidente venezolano Hugo Chávez de cortar el suministro petrolero hacia EEUU, refuerzan la idea en Washington de atar cuanto antes la transición y el petróleo iraquí.
Sin embargo, solo la abrumadora mayoría chiíta al sur del país controlaría sin problemas los yacimientos allí existentes. El apartado petrolero también manifiesta las fracturas territoriales de un Estado que corre el peligro de "libanizarse", con el consecuente riesgo dentro del escenario regional.
