20080810 la paz victoria evo referendo revogatorio

Bolivia en el borde

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El presidente Evo Morales convocó para el 10 de agosto un referéndum revocatorio sobre su figura y la del vicepresidente, además de sobre 8 de los 9 prefectos de los diferentes departamentos. El resultado, reconocido por la comunidad internacional, no pudo ser más contundente. No sólo no se había producido desgaste alguno de la propuesta de transformación, sino que Evo Morales fue reconfirmado por el 67% de la población del país y dos de dichos prefectos fueron revocados de sus puestos. (Foto: Partidarios de Evo Morales celebran en La Paz la victoria en el referéndum revocatorio).
 

Este es el titular del editorial del Washington Post del martes, día 16 de septiembre de 2008. En una de sus partes, dicho editorial señala lo siguiente: "… el sr. Morales se queda como el jefe provocador boliviano. Envalentonado por su victoria en un pasado referéndum en agosto, intentó agendar otro referéndum para su Constitución…". No es necesario explicar la visión que transmite el diario norteamericano, el cual, sin duda alguna, refleja en gran medida la actitud del gobierno de ese país sobre conceptos bandera de su pretendida política democrática y respetuosa con la soberanía de cualquier país. Es, igualmente, un reflejo que permite suponer las actuaciones que durante los últimos tiempos ha llevado adelante el embajador de EEUU en Bolivia y, entender la decisión del gobierno boliviano de declarar persona non grata a dicho representante.

Pero, el editorial señalado, a pesar de su falta de respeto hacia un gobierno democráticamente elegido, es la versión suave de la mayoría de los medios de comunicación masivos de Bolivia, en manos de los intereses oligárquicos.

Bolivia ha vivido la última semana al borde del abismo debido a las provocaciones y actuaciones fascistas de la llamada "media luna" y los prefectos de los departamentos que la integran (Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando), ubicados en las tierras amazónicas del país, y las más ricas en recursos naturales, especialmente los hidrocarburíferos. En estos departamentos se han atrincherado las antiguas clases dirigentes, políticas y económicas, ante la abrumadora victoria electoral (53’4%) de un movimiento social e indígena que, representado en la figura del presidente Evo Morales, pretende la transformación estructural necesaria para sacar de la miseria a la gran mayoría de la sociedad boliviana. Tras dos años y medio de bloqueo absoluto del normal funcionamiento del estado y sabotajes continuos al mismo, el presidente Morales convocó para el 10 de agosto un referéndum revocatorio sobre su figura y la del vicepresidente, además de sobre 8 de los 9 prefectos de los diferentes departamentos. El resultado, reconocido por la comunidad internacional, no pudo ser más contundente. No sólo no se había producido desgaste alguno de la propuesta de transformación, sino que Evo Morales fue reconfirmado por el 67% de la población del país y dos de dichos prefectos fueron revocados de sus puestos. Ante dicha victoria, las clases oligarcas deciden romper, como sea el proceso, dado que el paso siguiente debe ser el referéndum para la aprobación de la nueva constitución política del estado, la cual consideran una grave amenaza a sus intereses económicos. Ante esta situación se decreten, por dichos prefectos y los llamados comités cívicos, bloqueos de carreteras en el área amazónica que provocan el desabastecimiento de combustible en esas zonas y pretenden paralizar el estado.

El martes, día 9 de septiembre, en la ciudad de Santa Cruz se inician tomas, ocupaciones y saqueos de la práctica totalidad de instituciones del estado (oficinas de impuestos, delegación presidencial, dirección de educación…) y la destrucción y quema de otras consideradas como no aliadas a sus intereses y propuestas (ONGs, sede de la Confederación de Pueblos Indígenas, televisión y radio estatal… (por cierto, ningún otro medio de comunicación condena estas últimas destrucción ni emite comunicado alguno defendiendo la libertad de expresión, tal y como bien hacen en aquellas otras ocasiones que se sienten atacados en este derecho)). Este movimiento es presentado, a lo largo de esos días, por parte de la mayoría de medios de comunicación masiva, radicados en esa ciudad, como un levantamiento pacífico y rebelión popular ante la represión policial. Esta visión y propaganda fue aireada a nivel mundial por muchos otros medios, no solo estadounidenses. Sin embargo, el hecho de haber sido testigo directo de estos hechos en esos días me permite denunciar dichas falsedades, manipulaciones y tergiversaciones de la realidad que en Santa Cruz se produjo. Las fuerzas policiales se limitaron a la utilización de gases lacrimógenos para evitar la toma de algunas de estas instituciones y lo hicieron atrincherados en las mismas. Mientras tanto, recibieron durante horas el lanzamiento de petardos y cartuchos de dinamita, por parte de grupos, perfectamente organizados, pagados y dirigidos por miembros del comité cívico y la conocida Unión Juvenil Cruceñista, cuyas actuaciones han sido reiteradamente calificadas de fascistas y racistas (no es extraño que luzcan en sus automóviles cruces gamadas), consistentes principalmente en palizas a dirigentes populares o a simples ciudadanos clasificados como inferiores por su pertenencia étnica a los pueblos indígenas, sean del altiplano o de las mismas tierras amazónicas.

Los días sucesivos han traído la extensión de estas actuaciones a otros departamentos hasta su culminación en la ya denominada como "masacre de El Porvenir", cometida en el departamento de Pando, y que hasta hoy contabiliza 16 muertos, más de 30 heridos de bala y un centenar de desaparecidos. Las víctimas, campesinos, fueron emboscadas por personas armadas y sicarios de la prefectura de este departamento, cuando se dirigían a una asamblea interna. Hay pruebas evidentes, grabaciones audiovisuales incluidas, que muestran el ametrallamiento del que fueron objeto mientras trataban de huir a través del río o el monte. Sin embargo, el prefecto de Pando justifica esta masacre y acusa al gobierno de provocarla, presentándola como un enfrentamiento entre dos grupos armados. Por supuesto, esta postura es ampliamente difundida por los mismos medios de comunicación aludidos y dicho prefecto tiene durante dos días una amplísima cobertura mediática, incluso con insultos personales dirigidos al presidente. En esta situación el gobierno boliviano no tiene otro remedio que declarar el estado de sitio en Pando, formar una comisión investigadora, con presencia internacional, que esclarezca los hechos y proceder a la detención y confinamiento de personas directamente implicadas en la masacre, incluido el prefecto.

Todo lo acontecido se ha buscado plantear como de culpabilidad del gobierno, aunque es evidente el intento de romper el proceso de transformaciones políticas, sociales y económicas que vive Bolivia, haciendo uso de todos los medios al alcance de estas antiguas clases dirigentes. Sin embargo, una consideración puede ser que este proceso de radicalización extremista (racista y xenófoba hacia la mayoría de la población, el 63% cuando menos), por parte de aquellos que continuamente aluden a la defensa de la democracia y la libertad, no es más de una muestra de su debilidad política.

A día de hoy, se ha alcanzado un principio de acuerdo para abrir un amplio proceso de diálogo, continuamente propuesto por el gobierno, a fin de lograr un gran acuerdo nacional para la viabilidad de Bolivia. No hay mucha confianza en que este proceso avance, pues se es muy consciente de la falta de voluntad por parte de la oligarquía, pero nunca se podrá acusar al gobierno boliviano de no articular todos los caminos pacíficos y democráticos para conseguirlo. De esta forma lo ha expresado recientemente, entre otros, la práctica totalidad de gobiernos latinoamericanos; de esta forma lo considera la mayoría de la población de este país y así debe defenderlo la comunidad internacional. Bolivia necesita las transformaciones propuestas, avaladas en sucesivas ocasiones en el proceso electoral democrático en curso, para conseguir que la justicia, equidad y bienestar (buen vivir se denomina aquí) sea un bien para todos/as y no solo para unos pocos, tal y como lo ha sido durante las últimas décadas.

La Paz, 17 de septiembre de 2008.