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| A mediados de marzo, durante la alocución de su programa radial y televisivo Aló Presidente, Chávez (foto) ordenó la toma por parte del poder central de los puertos y aeropuertos existentes en estados gobernados por la oposición, como son los casos de Zulia y Carabobo, incluso amenazando con utilizar la fuerza militar si estos gobernadores se oponían a la medida. | |
Sin pausa y alentado por su reciente triunfo en el referendo de reforma constitucional que le permite postularse indefinidamente para la presidencia, Hugo Chávez acelera los pasos para consolidar su modelo socialista mediante un agudo proceso de centralización política y administrativa que, con alta probabilidad, aumentará el delicado caudal de confrontación existente con los gobernadores y alcaldes opositores.
A mediados de marzo, durante la alocución de su programa radial y televisivo Aló Presidente, Chávez ordenó la toma por parte del poder central de los puertos y aeropuertos existentes en estados gobernados por la oposición, como son los casos de Zulia y Carabobo, incluso amenazando con utilizar la fuerza militar si estos gobernadores se oponían a la medida.
Esta decisión viene justificada por la reciente aprobación en la Asamblea Nacional de una medida destinada a modificar sustancialmente la Ley de Descentralización vigente desde 1989, la cual otorgaba a las alcaldías y gobernaciones una serie de potestades legales de autogobierno y descentralización, especialmente en materia de servicios, impuestos y seguridad pública.
¿Hacia el control total?
La reacción opositora a la medida de centralización gubernamental no se hizo esperar. Días después, una comisión conformada por los principales gobernadores y alcaldes opositores de los estados Carabobo, Zulia, Miranda y la Alcaldía Mayor de Caracas, se reunieron para unir esfuerzos a favor de la descentralización y en contra de la medida tomada por Chávez.
Precisamente, la Fiscalía cursó una medida privativa de libertad por acusaciones de enriquecimiento ilícito contra el líder opositor Manuel Rosales, ex candidato presidencial, ex gobernador del estado petrolero del Zulia y recientemente elegido alcalde de su capital Maracaibo. Se especula con la existencia de un hostigamiento judicial a Rosales para inhabilitarlo política y electoralmente.
A fin de reforzar aún más el proceso de centralización administrativa, Chávez anunció recientemente la creación de siete regiones geográficas estratégicas, concebidas dentro de lo que denominó la "nueva geometría del poder nacional", las cuales contarían con siete vicepresidentes exclusivamente dependientes de su autoridad y del poder central.
Estas siete regiones geográficas trastocarían sensiblemente la división política y administrativa del territorio nacional vigente en la Constitución Bolivariana aprobada en 1999, al mismo tiempo que limitaría o bien supeditaría la labor de las alcaldías y gobernaciones actualmente existentes, especialmente las que están bajo control de la oposición tras las elecciones municipales de noviembre de 2008. En diversos medios opositores denominan a los nuevos vicepresidentes de Chávez como los "virreyes del sistema".
Todo ello incrementa el nivel de control del gobierno sobre los asuntos relativos a la economía y la administración pública. En febrero pasado, el gobierno ordenó la intervención de la filial de la financiera estadounidense Stanford Bank, bajo investigación por presunto fraude multimillonario.
A comienzos de marzo, Chávez anunció la toma de la planta estadounidense de arroz Cargill Inc, de la hacienda irlandesa Smurfit Kappa Group Pic mientras amenazaba con la expropiación de las Empresas Polar, principal surtidor de alimentos a nivel nacional. Del mismo modo, el gobierno ya anunció el pago total y nacionalización del Banco de Venezuela, propiedad del grupo Santander.
Con ello, el 2009 parece anunciar una "tercera ola" de estatizaciones y nacionalizaciones, iniciada en 2005 con las empresas textiles y papeleras, y continuada en 2007 y 2008 con las principales empresas de teléfonos (CANTV), electricidad (Electricidad de Caracas), acero y cemento. Del mismo modo, desde 2007 se sepultó la política de apertura petrolera iniciada en 1995 por la estatal petrolera PDVSA, y que permitió la entrada de multinacionales en Venezuela para la explotación de campos petroleros.
Todo ello da cuenta de que, si bien el "socialismo bolivariano" no ha socavado totalmente una estructura económica nacional básicamente capitalista y sostenedora de la propiedad privada, la realidad está definida por un Estado macroempresarial, con fuerte tendencia a la intervención económica, amparado por una legislación que, en diversos aspectos, dificulta las libertades económicas y las inversiones extranjeras.
Esperando a la crisis
La coyuntura se presenta seriamente compleja para Chávez y la oposición, no sólo por las medidas y el escenario económico y político interno sino por los efectos que tendrá en Venezuela la crisis económica global, especialmente en materia de precios del petróleo.
En la recámara está un paquete de medidas económicas anticrisis a ser anunciado próximamente, y que estipularía nuevos impuestos, intervenciones de empresas y una leve alza en los precios de la gasolina, elementos que son definidos como decisiones oficialistas destinadas a afincar un mayor control económico estatal.
El problema parece limitarse a que el cuadro económico luce complejo y difícil de gestionar. La curva descendente en los precios petroleros, estimados en la cesta venezolana en US $36 el barril, acrecienta los temores sobre la real situación por la que atraviesa la industria petrolera venezolana, a tal punto que diversos analistas especulan con un panorama incierto en cuanto al nivel real de producción de PDVSA, la estatal petrolera venezolana.
La radiografía económica venezolana da igualmente cuenta de una inflación galopante, calculada en poco más del 30%, superior incluso en los rubros alimenticios, y que denota también un escenario signado por las dificultades de acceso y la escasez de determinados productos. Los augurios económicos temen por una aparición de la "estanflación", combinación de recesión económica con alta inflación, mientras se estima un 2009 deficitario en la balanza de pagos, con un desempleo cercano al 18%.
Según fuentes económicas, y a pesar de que Venezuela cuenta con cerca de US$ 30.000 millones en reservas internacionales, el proceso de nacionalización y estatización económica, así como las transacciones financieras para su compra en la que se habría comprometido el gobierno de Chávez, generaría una deuda pública superior a los US$ 11 billones, difícilmente manejable a mediano plazo en una coyuntura de crisis económica internacional.
Paralelamente, el alza indiscriminada y descontrolada de la inseguridad ciudadana, colocándola en diversos aspectos como el principal problema para la sociedad venezolana, completa un cuadro socioeconómico sumamente turbulento y complejo, que ejerce una fuerte presión hacia la labor y los planes del gobierno.
Las cartas hasta el 2012
Es por ello que el presidente venezolano parece convencido en la necesidad de asegurar determinados flancos políticos, tales como la centralización administrativa, y reforzar el control sobre la economía, a fin de amortiguar cualquier protesta social y reacción opositora a corto y mediano plazo. En este sentido, Chávez utiliza la potestad legal otorgada por la Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional en julio de 2008, para reforzar aún más estos mecanismos de control.
En cuanto a la situación política, las elecciones municipales de 2008, con estratégicos avances para la oposición, y el triunfo de Chávez en el referendo constitucional de febrero de 2009 definen un escenario sumamente abierto y complejo entre Chávez y la oposición, un panorama atenuado por la fuerte polarización y los conflictos sociales y laborales que se avecinan, producto de la crisis económica, la caída de los precios petroleros y la disminución de la liquidez financiera del gobierno.
Aclarado el panorama interno del "chavismo", definido por la incontestable autoridad y liderazgo de Chávez como candidato presidencial para el 2012, la balanza se orienta hacia lo que hará, o realmente estará en capacidad de hacer, una oposición aún fragmentada. Si bien es temprano para manejar candidaturas presidenciales para el 2012, surgen nombres propios como el alcalde mayor de Caracas Antonio Ledezma y el joven gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonsky.
Todo depende si la unidad opositora se manifiesta en una plataforma política y electoral que le permita concurrir homogéneamente en las próximas citas electorales, como las legislativas de 2010 y las municipales y presidenciales de 2012, al mismo tiempo que compactarse los retos y presiones que emanarán desde la presidencia.
En el horizonte electoral de mediano plazo están en el aire la posibilidad de convocarse a referendo revocatorio de diversos cargos públicos, entre ellos alcaldes y gobernadores chavistas y opositores, sin menospreciar una posible demanda opositora para realizar otro revocatorio presidencial contra Chávez, posiblemente entre 2010 y 2011.
