Tensión y caos en Nicaragua

Los violentos enfrentamientos escenificados esta semana en Managua entre simpatizantes del presidente Daniel Ortega y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) contra diversos grupos de la oposición, ante un polémico decreto presidencial de reelección de cargos públicos, amplía un clima de caos político con horizonte en las elecciones presidenciales de noviembre de 2011.

El panorama actual traduce la peor crisis institucional y política desde la llegada de Ortega a la presidencia en 2006 y que se ampliaron tras las denuncias de fraude por parte de la oposición en las elecciones municipales de octubre de 2008, que dieron una clara hegemonía política al FSLN.

En enero pasado, Ortega emitió un decreto presidencial en el que prorrogaba en el cargo a 25 funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos mandatos ya habían vencido o estaban por caducar. Esta medida es una atribución que le corresponde al poder legislativo y no al Ejecutivo, siendo interpretada por la oposición como una maniobra de Ortega para controlar a la CSJ y asegurarse el apoyo de diversos magistrados a fin de reformar la Constitución y poder presentarse a las elecciones de 2011.

Vandalismo en Managua

Dentro de este tenso pulso institucional y político, la Asamblea Nacional Legislativa debía sesionar este miércoles 21 sobre la validez del decreto presidencial, con amplias posibilidades de que los diputados opositores dieran marcha atrás al decreto, tomando en cuenta que poseen 48 de los 91 escaños parlamentarios.

Pero el vandalismo en las calles cercó el hemiciclo, prácticamente imposibilitando la sesión legislativa. Diversos sectores acusaron a presuntas bandas del FSLN de secuestrar a parlamentarios, así como cargaron contra magistrados y cargos públicos electorales afectos a Ortega y al FSLN, acusándolos de alentar la violencia contra sectores críticos a la gestión gubernamental.

De este modo, la crisis política nicaragüense está dirimiendo un pulso institucional con escasas perspectivas de concretar una solución política negociada. Los llamamientos de diputados oficialistas y opositores a manifestarse en las calles revelan estos síntomas de violenta polarización.

La oposición liderada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Movimiento Vamos con Eduardo (escisión del PLC encabezado por el ex candidato presidencial Eduardo Montealegre), el Movimiento Renovador Sandinista (MRS, escindido del FSLN) y la Bancada Democrática de Nicaragua (BDN), acusó igualmente a Ortega de “allanar el camino” para su reelección presidencial, a imitación de su aliado venezolano Hugo Chávez.

La ruptura del pacto Ortega-Alemán

Ante la aparente fragilidad institucional, la actual crisis revela una ruptura prácticamente definitiva del pacto tácito mantenido en los últimos años entre Ortega y el FSLN con el PLC, controlado por el ex presidente Arnoldo Alemán, quien fuera condenado en 2003 a 20 años de cárcel por corrupción para, posteriormente, beneficiarse de un polémico sobreseimiento dictado en 2009.

Este pacto le ha permitido a Ortega conservar importantes cuotas de poder político en la Asamblea Nacional, la CSJ y el Consejo Supremo Electoral (CSE). No obstante, es posible que detrás de la ruptura de este pacto estén los recientes intentos de la justicia nicaragüense por retomar el juicio contra Alemán, así como el excesivo control del FSLN en la CSJ, que podrían haber persuadido al PLC a romper con Ortega.

Tomando en cuenta la impopularidad del decreto presidencial y la polarización ante las pretensiones de reelección por parte de Ortega, la crisis actual posibilitó un inédito acercamiento de alianzas políticas de distinto signo conformadas por el PLC, el MRS y la disidencia liberal encabezada por Eduardo Montealegre, estos últimos acérrimos enemigos de Alemán y Ortega..

La inestabilidad centroamericana

La oposición nicaragüense clama por la intervención de la OEA como actor que posibilite la solución de la crisis. Pero este panorama incrementa los temores hemisféricos ante la inestabilidad y tensiones sociopolíticas que ha vivido en los últimos tiempos la región centroamericana.

Los casos más representativos han sido Guatemala, donde en el 2008 se intentó el derrocamiento del presidente socialdemócrata Álvaro Colom tras un oscuro caso que involucró al asesinato de un juez; y Honduras, tras el golpe de Estado de junio de 2009 que destituyó al presidente legítimo Manuel Zelaya, para dar paso a una polémica elección presidencial del centroderechista Porfirio Lobo.

Precisamente, Ortega, tradicional defensor de la legitimidad de Zelaya y detractor del golpe hondureño, sorprendió al recibir la semana pasada Lobo en Managua, en un gesto que fue interpretado como un evidente reconocimiento al actual mandatario hondureño. Bajo cierto nivel de pragmatismo, Ortega recibió a la presidenta costarricense Laura Chinchilla en momentos en que se palpaba la tensión en la capital nicaragüense.

En todo caso, la crisis nicaragüense confronta una serie de perspectivas en clave geopolítica hemisférica. En Washington critican a Ortega por su presunto autoritarismo y “monopolización” de los poderes públicos, así como su acercamiento al eje del ALBA liderado por Chávez y sus recientes contactos con Rusia e Irán en materia política, militar y comercial.

A pesar de la cautela oficial estadounidense ante la crisis nicaragüense, es obvio que en Washington observan con atención hacia dónde se mueve el péndulo de poder en Managua. Con la tensión en la capital nicaragüense, Washington congeló una ayuda de US$ 12,5 millones destinada al fortalecimiento institucional y policial nicaragüense, un elemento que puede resultar políticamente persuasivo.