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| Modificar la estructura de la propiedad sin mejorar la situación en el campo podía resultar demasiado peligroso para la estabilidad social. (Foto: Aldea campesina en Guizhou). | |
La principal propuesta política de la asamblea anual del Parlamento chino, reunido en marzo último, es el llamado “nuevo agro socialista”. Cuando por todas partes se multiplican los indicios de que en China triunfa por doquier un capitalismo autocrático, sus dirigentes, de repente, nos sorprenden con la recuperación de la acepción socialista en la literatura oficial. Pero, en que consiste?, que hay de socialismo en la nueva consigna?, tiene acaso que ver con la necesidad de reiterar rumbos que otros señalan con el dedo acusador como renuncia?, es o no ajena esa afirmación al debate sobre la reforma de la propiedad que tantos quebraderos de cabeza y temores suscita en muchos sectores del Partido y de la sociedad china? o será otra muestra más de un especial cinismo que afirma la vocación socialista para liquidar, a renglón seguido, lo poco que de él pueda quedar en el campo, a fin de evitar la oposición de unos campesinos que aún conservan cierta devoción por el igualitarismo maoísta y se crecen irritados ante la exacerbación de las desigualdades? Estamos ante la última afirmación liquidacionista?
En realidad, la esencia de la propuesta no dice nada nuevo en términos ideológicos y se limita a plantear el muy necesario aumento de las inversiones públicas en el medio rural para mejorar el maltrecho bienestar de los campesinos, que aún representan, aproximadamente, el 70% de la población china, reduciendo las diferencias que le separan de los medios urbanos y más desarrollados. Se trata, pues, de invertir en infraestructuras elementales y en políticas sociales, con especial atención a la sanidad y la educación. Y todo ello es muy importante, claro está, pero podría haberse resuelto hablando simplemente de modernización.
En el año 2005, la exención total del impuesto agrícola se aplicó en 28 provincias, regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción central, y el impuesto sobre la ganadería se eliminó en todo el país. Ahora se trata, dicen las fuentes oficiales, de que la industria debe retribuir a la agricultura por la ayuda que ha recibido de ella, y la ciudad tiene la obligación de ayudar al campo, y es preciso incrementar el apoyo a la agricultura, el campo y el campesinado e impulsar la reforma institucional y la innovación, de manera que en las vastas zonas rurales se produzcan notables cambios lo antes posible.
Para crear un nuevo agro socialista, es necesario, ante todo, desarrollar una agricultura moderna, promover el desarrollo estable de la producción cerealera y propiciar el aumento continuo de los ingresos del campesinado. Según el undécimo plan quinquenal de desarrollo socioeconómico del país, se debe mantener un crecimiento promedio del 5 por ciento anual en el ingreso neto de los campesinos chinos. Este año, el gobierno central asignará 339.700 millones de yuanes a las zonas rurales, es decir, 42.200 millones más que en el año anterior. En paralelo, los deteriorados servicios básicos deberán experimentar una mejora plausible.
La protesta campesina
Las diferencias entre ricos y pobres han generado un riesgo político considerable en el campo chino. El desarrollo de la economía tradicional en las zonas rurales se plantea hoy como una exigencia histórica ineludible para evitar que las disparidades deriven en disturbios sociales crecientes que pongan en peligro la estabilidad política y el modelo de desarrollo.
Enfrentados a las autoridades locales en defensa de sus derechos o contra los abusos de poder, millares de campesinos se rebelan diariamente en China, estafados burdamente para beneficiar proyectos inmobiliarios o industriales. Las protestas no cesan, pese a los muertos y heridos registrados, producto de una represión que se ejerce sin muchos miramientos. En 2005 se han contabilizado 87.000 protestas, 10.000 más que en 1994. El campo es el escenario y los protagonistas los campesinos, la principal base social del Partido Comunista y que hoy se sienten excluidos del desarrollo y sus beneficios, asumiendo las cargas derivadas de la polución ambiental, del saqueo de sus tierras de cultivo o de la inhibición cómplice de Beijing con unas autoridades locales que campean a sus anchas.
El poder de las autoridades locales es considerable en China. Además de financiar buena parte de los costes de deteriorados servicios como la salud, la seguridad social o la educación, el deseo de no quedarse atrás en el desarrollo provoca el sacrificio constante de los más débiles a manos de sus burocracias. El plan actual es ambicioso pero está por ver como se aplica en el mar de resistencias que, a buen seguro, aflorarán por todas partes, mucho más organizadas ““y probablemente más efectivas”“ que la de los propios campesinos, a quienes se les niega el derecho a la simple autoorganización en defensa de sus propios intereses, por temor a verles convertidos en un peligroso desafío para el poder.
El debate sobre la propiedad
El pasado 23 de abril, un grupo de campesinos de la provincia de Xiaogang, Anhui, al oeste de Shanghai, firmaron un acuerdo por el cual arrendaban por veinte años un lote de “su” tierra a una cooperativa de desarrollo, financiada por una compañía de Shanghai dedicada a la cría de aves de corral y de cerdos. En total, explotará 13,3 hectáreas de tierra, a través de la cesión del uso, no de la propiedad que sigue siendo estatal en todo el país, con una renta anual de 500 yuanes por 0,06 ha (unos 50 euros), y un salario de 600 yuanes al mes para aquellos que se decidan a trabajar en sus instalaciones.
La iniciativa es nueva y trae el recuerdo de la transformación iniciada en noviembre de 1978, también en Xiaogang, cuando los campesinos decidieron repartirse secretamente lotes de tierra comunal entre las respectivas familias, introduciendo, de hecho y desde abajo, lo que se llamaría después el sistema de responsabilidad familiar, que iniciaría la transformación en el campo y la política de reformas. Deng Xiaoping aprobó entonces esa acción e hizo de Xiaogang el modelo a seguir. Por el momento, los dirigentes del partido toleran ““si no auspician”“ la iniciativa, auscultada por unos y por otros, por su potencial para transformar las estructuras agrícolas, tocando la sensible fibra de la propiedad, asunto que hoy genera un gran debate en los aledaños del poder a todos los niveles.
El proyecto de ley sobre la propiedad privada se encuentra en discusión desde hace ocho años, cuando un equipo de nueve juristas fue encargado de la redacción de una proposición de ley de derechos reales. Algunas informaciones sugerían que podía ser aprobado en la sesión parlamentaria de marzo de este año, pero no ha sido así, quizás ante el temor de que muchos de los diputados presentes se opusieran, optando por ello a entrar en el orden del día de las sesiones de octubre del Comité Permanente y, quizás, si la situación está madura, a la sesión anual de 2007. El primer ministro, Wen Jiabao, partidario de su aprobación, advertía, al final del encuentro legislativo, que no se podían dar pasos atrás, que había que seguir adelante, perseverando en las reformas y en la apertura. No obstante, modificar la estructura de la propiedad sin mejorar la situación en el campo podía resultar demasiado peligroso para la estabilidad social. Y los efectos de la nueva política de inversiones en el rural no serán tan inmediatos.
La regulación de la propiedad privada es el paso que debe completar la rehabilitación iniciada con la reforma constitucional de 1999, que estableció idéntica protección para la economía individual, privada y otras economías no públicas. Posteriormente, el 14 de marzo de 2004, la Constitución pormenorizó en la protección de los bienes privados. Para el profesor de la Universidad de Beijing, Gong Xiantian, el texto que se propone es contrario a la Constitución, ya que “intenta reemplazar el principio según el cual la propiedad socialista es sagrada e inviolable, por otro según el cual la propiedad privada es sagrada e inviolable”. Resucitando el debate ideológico enterrado por Deng (un gato, blanco o negro que más da, si caza ratones), este profesor añade que una ley sobre la propiedad o es socialista o es capitalista, no hay vía intermedia y reclama una definición explícita del rumbo socialista en esta materia. Zuo Dapei, economista de la Academia de Ciencias Sociales, considera, por su parte, que el proyecto vendría a legitimar las apropiaciones ilegales de bienes públicos, registradas a partir de 1992, en perjuicio de las empresas estatales y en beneficio de los oficiales del Partido y de los potentados locales, cuyas actuaciones fraudulentas y delictivas lograrían “blanquear”. Yin Tian, profesor de derecho civil y mercantil en la Universidad de Beijing, considera, por el contrario, que ya no existe una jerarquía de propiedades ni puede sostenerse. Con sentido práctico, otros opinan que la propiedad privada es un hecho y una consecuencia directa de la economía de mercado y, por lo tanto, de una o de otra forma, se debe regular, evitando contraponer unas propiedades a otras.
Siguiendo su curso, la experiencia de Xiaogang probablemente nos conducirá al habitual empirismo de que “la verdad está en los hechos”. Cabe esperar que pronto se nos demuestre el alto nivel de eficiencia de estas explotaciones y del adjetivo veremos lo que queda. Probablemente, como en casi todo lo demás, resucitará algún que otro mandato confuciano: “Viendo ganancias a obtener, piensa en la justicia”, destacaba Confucio como una de las nueve meditaciones para ser un hombre de perfecta virtud. Y a Confucio no le temerán ni guardarán rencor los nuevos propietarios.
