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El escándalo de Shanxi
Por Xulio Ríos (Noticias Obreras, agosto/2007)
 
 

  Grupo de trabajadores rescatados por la policía china; clic para aumentar
Las pequeñas fábricas de ladrillos que emplean ilegalmente a niños y adolescentes, sólo en la provincia de Shanxi superaban el millar. (Foto: Un grupo de trabajadores rescatados por la policía china de una fábrica de ladrillos de Hongdong, Shanxi).
 
A pocos meses del XVII Congreso del Partido Comunista de China (PCCh) y a menos de un año del inicio de los Juegos Olímpicos de Beijing, el escándalo de Shanxi ha sacudido los cimientos políticos del régimen chino.

Todo empezó gracias a la valentía de un periodista de la Televisión de Henan que investigaba la desaparición de niños en su provincia, supuestamente secuestrados y vendidos, lo que le condujo directamente a las pequeñas fábricas de ladrillos que emplean ilegalmente a niños y adolescentes y que sólo en la provincia de Shanxi superaban el millar. No nos hallamos, pues, ante un hecho puntual o aislado, sino ante un modelo económico en toda regla que, echando mano de la explotación más abusiva, proporciona cuantiosos beneficios a empresarios sin escrúpulos. En las provincias de Shanxi y Henan, más de 600 personas, entre ellas varias docenas de niños, fueron rescatados de estas “cárceles” por la policía.

La irrupción de tan graves denuncias coincidió en el tiempo con el debate final en la Asamblea Popular Nacional (APN), el legislativo chino, de la nueva Ley de Contratación Laboral, que fue aprobada el 29 de julio y entrará en vigor el próximo 1 de enero.

La primera reacción del Gobierno chino ante el escándalo fue la de ordenar una profunda investigación, que se llevará a cabo durante dos meses en todo el país, y en la que participarán funcionarios del ministerio del Interior, Trabajo, Protección Social y de la propia Federación Nacional de Sindicatos Chinos. De lo que se trata es de averiguar la magnitud y extensión de estas prácticas, además de excluir su presencia en otros sectores económicos y en otras provincias.

Desde que los hechos salieron a luz pública, en menos de un mes, casi un centenar de funcionarios de dicha provincia, tanto de nivel distrital como municipal, fueron sancionados, unos expulsados del PCCh, otros destituidos de sus cargos o advertidos disciplinariamente por su falta de rigor en las tareas de vigilancia y control. En Hongdong, centro del escándalo, tanto en el Gobierno, como en la Asamblea, como en el Partido, muchos dirigentes fueron relevados y sancionados. Por el momento, solo se ha producido una condena de muerte, la de un supervisor de una fábrica de ladrillos en Shanxi, cuyo propietario era hijo de un jefe del PCCh. La celeridad con que dicha pena ha sido aplicada en el caso de Zheng Xiaoyu, responsable de la agencia de alimentos y medicamentos de China, ejecutado en menos de seis semanas después de haber sido condenado, anuncia una nueva ejemplaridad a la china en este caso, para dejar entrever al mundo la determinación con que afronta este tipo de asuntos que tanto dañan su imagen en el exterior. Tan malo el remedio como la enfermedad.

A simple vista, el hecho de que autoridades partidarias y administrativas se hayan visto involucradas en un escándalo de semejantes proporciones y que tanto ha indignado a la opinión pública china e internacional, no hace mella en la autoridad social y política del PCCh, para quien la lucha contra la corrupción ha sido en los últimos años el santo y seña que debe preservar su futuro. Fuentes del departamento central de organización, informaron recientemente que, en el último lustro, una media de 2,3 millones de personas han ingresado en sus filas cada año. Bien es verdad, que su composición está variando. Entre los nuevos estratos sociales se incluye a casi tres millones de empleados y empresarios privados, además de casi un millón de autónomos. También el número de organizaciones del Partido presentes en el sector privado ha aumentado en un 80% desde 2002. El poder y la proyección del Partido es, pues, muy fuerte y sólida, pero totalmente invisible para los esclavos de Shanxi.

En un discurso pronunciado por Hu Jintao el pasado 25 de junio en la Escuela Central del PCCh, ha insistido de nuevo en que China construye su particular modelo de socialismo, basado en un sistema económico centrado en el predominio de la propiedad pública y el desarrollo conjunto de diversas modalidades de propiedad. Al hablar del concepto de “desarrollo razonable”, el líder chino ha asegurado que su concepto principal es la priorización de las personas, es decir, la plena disposición del desarrollo al servicio de los ciudadanos, situando el elemento humano por encima de cualquier otra consideración. Es la respuesta discursiva a un complejo pero demoledor diagnóstico del país: la gravedad de las diferencias y los problemas sociales determinan que ni la igualdad ante la ley ni la armonía, objetivos reiteradamente anunciados desde las instancias oficiales, forman parte hoy de la realidad.

Es importante recordar estas palabras para constatar la distancia existente entre el discurso oficial y una situación social especialmente indignante. La complacencia y la complicidad de las autoridades locales con las mafias empresariales es un hecho constatable. Es imposible que no se haya podido detectar. Todas las alertas, administrativas, policiales, y judiciales debían haber funcionado. ¿Por qué no ha sido así? En un sistema donde el Partido lo es todo y lo ocupa todo, si algo no funciona, nada parece funcionar. El control que el PCCh ejerce sobre todas las instancias públicas y el carácter absoluto de su poder, ha impedido el normal funcionamiento del sistema, que precisa disponer de resortes minimanente independientes en su actuación. Por el contrario, a la par que la debilidad del PCCh, ha quedado de nuevo en evidencia la fuerza e importancia de la libertad de prensa, y su transcendencia para afrontar la corrupción y proporcionar seguridad a una población indignada con estos y otros escándalos. Una conclusión peligrosa, que no debiera serlo si se aspira a construir una sociedad más libre y asentada en los valores humanistas, muy alejados del credo profesado por esos miles de empresarios privados que proliferan en los aledaños del PCCh, y que militan en las antípodas de cualquier ideario emancipador.

El suceso ha mostrado, por otra parte, la enorme autonomía real que manejan las autoridades locales respecto a Beijing. En los últimos tiempos, las autoridades centrales han multiplicado sus esfuerzos para tomar el control sobre áreas de gestión conflictivas, hoy en poder de funcionarios provinciales o municipales, que fijan sus objetivos en atención a sus propias magnitudes, ignorando los requerimientos de la capital. Ya se hable de previsiones de crecimiento, del manejo de datos estadísticos, de cautelas ambientales, de controles en la reducción de tierras cultivables o del destino de las inversiones exteriores, muchas autoridades territoriales desoyen las circulares del poder central y campan a sus anchas. Cabe esperar que el próximo Congreso apunte medidas para un reforzamiento del intervencionismo de las más altas instancias del PCCh en la vida partidaria territorial, donde, por otra parte, crece significativamente la influencia de los magnates surgidos como consencuencia de la reforma, situando a sus peones en puestos administrativos clave, no para servir al pueblo sino para facilitar la tramitación rápida, y no siempre decorosa, de sus proyectos empresariales.

En otra clave, todo el escándalo tiene un beneficiario, Wang Zhaoguo, número 10 del régimen y jefe de los sindicatos oficiales, quien pudiera integrarse en el Comité Permanente en su próxima remodelación, con el propósito de liderar y reconducir la superación de los abismos sociales que connotan el modelo económico chino y que tan imposible hacen el logro de la armonía, formulado y deseado por Hu Jintao al poco de asumir su cargo.


La ley de contratación laboral

Aprobado después de más de dos años de debate, el nuevo texto deja sin efecto el vigente desde 1994, y pretende dar respuesta a los nuevos desafíos que la transformación experimentada por la economía ha planteado a una sociedad, en buena medida, desprotegida. Esta nueva legislación se completará con una normativa adicional relativa a empleo, seguridad social y al procedimiento laboral.

Una de las aportaciones más sobresalientes de la ley es la exigencia de contrato de trabajo escrito. Hoy día, millones de trabajadores chinos, especialmente en el boyante sector privado, carecen de contrato, lo que provoca numerosos conflictos por el abono de salarios atrasados, pago de indemnizaciones en caso de accidente, etc. El contrato, prescribe el texto, deberá formalizarse, como muy tarde, un mes después de iniciarse la relación laboral. También estipula que se podrá renovar un máximo de dos veces, pasando entonces a ser indefinido.

Los sindicatos también gozarán de más derechos a la entrada en vigor de la ley, pudiendo intervenir en materia de despidos, negociación colectiva y en demás aspectos relacionados con el régimen interno de la empresa. Es toda una novedad, ya que, en la práctica, la labor sindical en China se ha reducido a poco más que organizar eventos culturales y deportivos.

A resultas de escándalos como el de Shanxi, se introdujo en el último momento un precepto que contempla la posibilidad de sancionar a aquellos inspectores oficiales que incurran en negligencia en el desempeño de sus funciones.

El régimen sancionador es una previsión lógica y necesaria, indispensable en clave política para que el PCCh pueda demostrar ante la sociedad china su compromiso con la justicia y su capacidad de reacción, pero incapaz por si solo de prevenir y acotar una debaclecomo la que hoy inunda muchos segmentos de la población, obsesionados con un enriquecimiento desprovisto del más elemental valor moral.

 
 

Xulio Ríos,
director del Igadi y del
Observatorio de la Política China
(
Casa Asia-Igadi). Acaba de publicar “Mercado y control político en China” (La Catarata, 2007).

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