La nueva frontera china

De las habituales reuniones de verano de la dirigencia china en Beidahe, frente al mar de Bohai, ha emanado la idea de una nueva frontera, más alejada, de una reforma, la china, que en los próximos meses cumplirá ya un cuarto de siglo y que ahora prueba a ensanchar, una vez más, su inicialmente limitado horizonte.

Hu Jintao convocará en el próximo mes de octubre al Comité Central del Partido Comunista para iniciar un nuevo proceso de revisión de la actual Constitución que culminará en marzo de 2004, cuando se reúna el pleno de la Asamblea Popular Nacional, el macro Parlamento chino. La vigente Carta Magna ha sido enmendada en tres ocasiones, respectivamente, en 1988, 1993 y 1999. Con las modificaciones que se aprobarán en 2004, algunas aparentemente formales como el reconocimiento constitucional de la teoría de las tres representaciones de Jiang Zemin, se completará el proceso iniciado en 1988, cuando el Partido Comunista decidió permitir la existencia y desarrollo de la economía privada, entendida entonces como un complemento de la economía pública socialista.

La modificación constitucional propuesta por Hu Jintao es el eje de un gran cambio jurídico (y a la postre político) y apuesta por ser una de las señales esenciales de su mandato. Cuatro grandes reformas aguardan en el período 2003-2008. En primer lugar, la cuestión de los derechos de propiedad, la más importante, y que deberá orientarse a explicitar un mayor compromiso con la propiedad privada, asegurando una mayor protección a todos los niveles, tanto de bienes de uso cotidiano, industrial, como financiero. En segundo lugar, una nueva regulación de la inversión de capitales empresariales, con incentivos al desarrollo de las nuevas tecnologías, abriendo un mercado de acciones de segundo grupo para la creación de empresas pequeñas de alta tecnología, en las que puedan sentirse a gusto los “cerebros” que están regresando al país. De los seiscientos mil chinos que han salido al extranjero para formarse, únicamente ciento cincuenta mil han regresado y el gobierno desea incentivar el retorno. En tercer lugar, el control de activos de la propiedad estatal, persistente quebradero de cabeza. Por último, una nueva legislación de la bancarrota, hoy aplicable tan solo a las empresas estatales y que ahora debe generalizarse.

En todo este cambio, lo más relevante, naturalmente, es el asunto de la propiedad, por abordar un concepto de gran alcance, en buena medida tabú hasta el presente, debido a razones de tipo ideológico. El XVI Congreso del Partido Comunista, celebrado en noviembre de 2002, dejó establecida la protección de todos los ingresos legítimos, procedan o no del trabajo. El siguiente paso debe ser la modificación de la Constitución. En el artículo 12 no se menciona la propiedad privada (se dice que la propiedad pública del socialismo es sagrada e inviolable). Por su parte, el artículo 13 protege la propiedad de ingresos, depósitos, casas y otras propiedades, pero no menciona los medios de producción. Ahí está el nuevo salto, cuyas motivaciones más prácticas guardan relación con un problema que empieza a preocupar seriamente a las autoridades chinas: la inseguridad respecto a la propiedad provoca que lo evadido del país equivalga ya a lo invertido.

Esa gran transformación, que aparcaría por el momento el tabú de la tierra, afectará en primer lugar a la empresa privada, que recibiría un nuevo e importante impulso. A finales de 2000, según fuentes oficiales, representaba el 33% del PIB, con 18 millones de empresas, 20 millones de empleados y 30 millones de autónomos. En segundo lugar, a la propiedad estatal, que verá reducida su importancia en el conjunto de la economía del país, además de estimular el proceso de privatización. En tercer lugar, a la propiedad social, confirmada ahora como una figura de transición que ha cumplido una magnífica función, especialmente en el campo, a través de las empresas de cantón y poblado, en el crecimiento chino.

De esta forma, el socialismo con características chinas da un paso más en la erosión y renuncia de los cuatro principios paradójicamente irrenunciables, enunciados por Deng Xiaoping para evitar la deriva capitalista de la reforma. La mil veces reiterada perseverancia en la vía socialista está cada vez más en entredicho y ahora, con la entronización constitucional de la teoría de las tres representaciones de Jiang Zemin, la admisión de la militancia empresarial en el Partido y el decidido estimulo de la economía privada, se resquebrajan seriamente tanto la dictadura del proletariado como las demás vigencias teóricas, largo tiempo superadas, bien es verdad, por una realidad que acabará haciendo añicos la inalterabilidad política soñada por el pequeño Timonel. Por ello, por su valor y alcance cualitativo, la iniciativa de Hu Jintao constituye, sin duda, mucho más que un simple paso en la reforma para situarla en una nueva fase.