Como cada año por estas fechas, la parafernalia institucional se pone en marcha en China para que los diferentes órganos estatales expresen su anuencia a las decisiones fundamentales que el Partido ha sancionado con anterioridad. Las reuniones que estos días celebra la Conferencia Política Consultiva y el macro Parlamento chino no serán una excepción. Entre la presentación de múltiples informes de gestión y la omnipresente sombra de los tradicionales problemas del sistema, desde la corrupción y la crisis de la salud pública al descontento campesino y los desequilibrios territoriales, cabe señalar tres novedades. En primer lugar, destacar el hecho de tratarse de la primera sesión de una nueva legislatura y que permitirá el estreno oficial del liderazgo de Wen Jiabao y Hu Jintao. En segundo lugar, el impulso de una nueva modificación de la Constitución, la cuarta en 21 años, y que afectará a la protección de la propiedad privada, que recibirá el acogimiento formal que ya se le dispensa en la vida real. En tercer lugar, seguirá de reojo la agitación electoral de Taiwán que debe cuajar el próximo 20 de marzo con el referéndum convocado por su presidente, Chen Shui-bian.
Un esfuerzo gigantesco, en suma, pero carente de gracia porque todas sus decisiones fundamentales han sido ya pre-adoptadas en octubre último cuando se reunió el Comité Central del Partido Comunista de China, en quien reside la soberanía efectiva del pueblo.
