20080309 beijing chwtc traballadores construcion

El camino del cangrejo

 Trabajadores de la construcción; clic para aumentar
El éxodo rural a las ciudades y la reestructuración que ha vivido el sector público en los últimos años ha propiciado un ejército de mano de obra barata de reserva dispuesta a aceptar lo inaceptable en otras condiciones, sin que el sistema habilitara suficientes mecanismos de protección de dichos colectivos para hacer respetar una normativa legal que exigía considerables adaptaciones y mejoras. (Foto: Trabajadores de la construcción en un turno de descanso).
 

La construcción de una “sociedad armoniosa”, como ambicionan las autoridades chinas, es imposible de llevar a cabo sin acometer un gran esfuerzo en el área social. Las últimas décadas, espoleadas por un ritmo de crecimiento económico sin parangón en el mundo, han sido ampliamente deficitarias en el orden social, siguiendo un camino inverso al progreso experimentado en el incremento de su poderío económico y generando el caldo de cultivo preciso para justificar el descontento de numerosos sectores sociales disconformes con el auge de las desigualdades, proceso desarrollado en un contexto en el que la corrupción y los abusos de poder de los funcionarios están al orden del día, afectando seriamente a la credibilidad del PCCh y a la estabilidad social y política.

Una de las principales ventajas comparativas de China ha sido, y aun es hoy día, el bajo coste de la mano de obra, una ventaja que las empresas han utilizado para mejorar la satisfacción de sus intereses en detrimento de sus empleados. El éxodo rural a las ciudades y la reestructuración que ha vivido el sector público en los últimos años ha propiciado un ejército de mano de obra barata de reserva dispuesta a aceptar lo inaceptable en otras condiciones, sin que el sistema habilitara suficientes mecanismos de protección de dichos colectivos para hacer respetar una normativa legal que exigía considerables adaptaciones y mejoras. Hemos asistido atónitos a la aparición de casos de trabajadores en régimen de esclavitud o semi-esclavitud (trabajando, por ejemplo, para compensar las deudas contraídas con una empresa que le confiscaba la documentación personal básica), a jornadas maratonianas sin pagar las horas extraordinarias, salarios abonados con retraso o impagados, inexistencia de contratos, fenómenos que están al orden del día, especialmente en los sectores relacionados con el empleo de trabajadores inmigrantes. A pesar de que la normativa legal les protege, la indefensión de los obreros es casi absoluta ante la complicidad de las autoridades locales con los nuevos empresarios o la inhibición de los sindicatos oficiales, más volcados en la prevención de conflictos que en el apoyo a las reivindicaciones laborales justas.

Para mejorar sus beneficios, en esta China de la reforma no pocos empresarios recurren a métodos ilegales, inmorales y a veces criminales. Las pequeñas minas de carbón son un claro ejemplo de sacrificio de la seguridad que provoca la multiplicación de accidentes de trabajo y numerosas muertes. En manos privadas en su inmensa mayoría, las víctimas o sus familias raramente son indemnizadas. Las campañas del gobierno central instando el cierre de las explotaciones peligrosas caen en saco roto ante la ceguera irresponsable de una trilogía nefasta: los dueños, las autoridades y los propios mineros, muchos de ellos campesinos deseosos de ganar algo de dinero antes de regresar a su aldea. Estas pequeñas minas aseguran más del 40% de la producción de carbón en China. No es una anécdota, es un fenómeno, en cierta medida, estructural y de gran alcance.

El caso de la sanidad, problema número uno

El sistema de salud relativamente igualitario implantado en la China Popular permitió elevar de forma significativa la esperanza de vida, que pasó de los 35 años en 1949 a los 72 de hoy. El sistema se organizaba en torno a las comunas en el campo y las danwei o grandes empresas estatales en el medio urbano. Pero con el inicio de la política de reforma y apertura en los años ochenta del siglo pasado, dicho sistema experimentó profundas alteraciones derivadas de la transformación de la estructura productiva y social y una más libre circulación de los trabajadores, propiciando una inmigración del campo a las ciudades indispensable para nutrir la senda del crecimiento. Esa nueva situación, mal encarada por los gestores del sistema de salud, derivó en una profundización de las desigualdades de acceso al sistema sanitario y un deterioro particular de su estructura ante la falta de inversiones públicas (los hospitales debían autofinanciarse) propiciando la exclusión efectiva de diversos sectores sociales al sistema de salud.

La ausencia de un sistema efectivo de protección social que de cobertura a 1.300 millones de chinos, y la inexistencia, en muchos casos, de ambulatorios básicos, obliga a los ciudadanos a dirigirse en cualquier situación a los hospitales, y dado su elevado coste, para muchos chinos, una enfermedad grave o un accidente es la antesala de la pobreza. Pero una simple gripe también debe tratarse en un hospital.

La financiación estatal del sistema hospitalario pasó del 100% a situarse en torno al 15%. La mitad de los ingresos de un hospital, por regla general, dependen de la venta de medicamentos (un sistema perverso que fomenta el hiperconsumo de fármacos). Esta circunstancia y la obsesión por la obtención de recursos externos, ha deteriorado la gestión del sistema sanitario. En la actualidad, el Estado cubre, aproximadamente, el 17,9% de los gastos totales del sistema de salud. Los seguros médicos pagan el 29,9% y los pacientes el 52%, lo que explica, por ejemplo, la importancia del ahorro ciudadano en previsión de una enfermedad. En el caso de los inmigrantes rurales, al no disponer del hukou (permiso de residencia) no pueden acudir a los hospitales donde residen.

Por otra parte, las diferencias entre zonas ricas y pobres, entre el campo y la ciudad, son apreciables. Algunas fuentes estiman que en torno al 45% de los residentes urbanos y el 75% de los campesinos no tienen garantizado el derecho a la salud hospitalaria. En 2006 se estimaba que 187 millones de residentes urbanos y 400 millones de campesinos estaban cubiertos.

En el medio urbano, la gestión del seguro médico depende del ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El paciente debe pagar un 20% del coste previsto en el momento de registrarse en el hospital. Si dispone de seguro, este le reembolsará hasta un límite. En el campo depende del ministerio de Sanidad. El sujeto del sistema médico cooperativo que promueve el gobierno no es el individuo sino la familia. El asegurado paga 10 yuanes al año por familia, el gobierno local 40 y el gobierno central otros 40.

El esfuerzo gubernamental en los últimos años ha sido importante, posibilitando que un creciente número de personas dispongan de una mayor cobertura, pero las carencias siguen siendo notorias, especialmente cuando se trata de problemas de salud que no requieren hospitalización. El pasado año se anunció un aumento significativo de las aportaciones financieras en las zonas rurales, reconociendo que la financiación es el principal problema y que el poder público debe asumir responsabilidades explicitas para mejorar el acceso cívico a los servicios sanitarios. Las orientaciones principales son: aumentar las inversiones públicas, desarrollar la prevención, el control sanitario y un mínimo vital para la población pobre, impulsar los servicios sanitarios cooperativos, racionalizar los recursos, incluyendo los medicamentos, y apoyar la medicina tradicional china. Estos compromisos evidencian que, en efecto, el gobierno ha tomado conciencia del problema y dispone de voluntad política para afrontarlo, tratando de establecer un mejor equilibrio entre la rentabilidad y la satisfacción de las necesidades sociales básicas, especialmente de los más desfavorecidos. Otra cosa son los medios. La sanidad es, para muchos chinos, el problema número 1. Según los planes del gobierno, en 2010, la cobertura debe ser universal.

Crecer en lo social

La extrema rapidez del proceso que vive China, una nación-continente, y la generosa amplitud de sus consecuencias explica, en cierto modo, la regresiva desatención a lo social, pero el crecimiento económico sin progreso social, además de profundamente injusto, puede derivar en severas quiebras de la estabilidad política. No se trata ahora de hacer simples concesiones a las justas demandas de colectivos que precisan protección, sino de imaginar y construir un sistema no solo eficiente desde el punto de vista económico sino también considerado respecto a los sufrimientos de una población que ha protagonizado uno de los mayores milagros económicos de la historia de la humanidad y que nunca entenderá un camino de desarrollo que no redistribuya los beneficios entre el conjunto de la colectividad.

La prosperidad común, tantas veces enunciada como característica y objetivo de la reforma, ha venido retrocediendo en China en importantes aspectos relacionados con la justicia social. La primacía del mercado y las insuficiencias del marco institucional agravaron visiblemente la vulnerabilidad de los colectivos más desprotegidos exigiendo de las autoridades a todos los niveles un compromiso efectivo no solo con el crecimiento sino también con la reducción de las desigualdades y la satisfacción de los intereses (beneficios sociales, redistribución de rentas, mejora del nivel de vida, equidad) básicos de la mayoría de la población. La asistencia médica, el sistema de pensiones, prestaciones por desempleo y mínimo vital son retos concretos que las autoridades deben afrontar ““y generalizar- para equilibrar las necesidades de su proceso de desarrollo y conciliarlo con los intereses de los diversos estratos sociales.

La nueva teoría del desarrollo científico asegura que su núcleo es el ser humano, el enriquecimiento común y el desarrollo integral de los individuos, sirviendo a las mayorías sociales con un modelo que garantice la armonía. Dicha teoría es indiscutible. Ahora precisamos de una práctica enriquecedora que la valide de forma efectiva, habilitando políticas y mecanismos institucionales que racionalicen las estructuras y eviten la insatisfacción de la población. La reforma entonces caminará con las dos piernas y el cangrejo no seguirá caminando hacia atrás.