El Partido Comunista de China (PCCh) informó recientemente que desde finales de 2012 a la fecha, casi 140.000 funcionarios fueron sancionados por violar las “normas de austeridad”. Estas normas fueron aprobadas para fortalecer la disciplina y el magisterio moral e introducidas por el liderazgo que emergió del XVIII Congreso.
El Partido Comunista de China (PCCh) informó recientemente que desde finales de 2012 a la fecha, casi 140.000 funcionarios fueron sancionados por violar las “normas de austeridad”. Estas normas fueron aprobadas para fortalecer la disciplina y el magisterio moral e introducidas por el liderazgo que emergió del XVIII Congreso.
Las “normas de ocho puntos” vienen a ser una nueva versión de “los ocho honores y deshonores” que le precedieron y estos, a su vez, de otros compendios similares adoptados por el PCCh periódicamente para mejorar la gobernanza del Partido y del Estado y sacudirse la burocracia y el formalismo. En este caso, se apunta a la malversación de fondos, la negligencia en el trabajo, la realización de actos extravagantes, el uso indiscreto de coches oficiales, el recibir regalos o hablar con la prensa sin tener nada que decir, entre otras cuestiones.
Poco puede objetarse a tan loable empeño de fortalecer la austeridad y el decoro, actitudes que se relacionan con la lucha contra la corrupción. Los funcionarios sancionados ahora son más del doble de épocas anteriores y los casos instruidos afectan a los diferentes escalones del poder, civil o militar, en la cúpula o en la base, en el poder central o local. Además, cabe significar un notable afán reglamentista con el objeto de fortalecer el “estado de derecho” con lo que se pretende evitar una subjetividad que a menudo pudiera esconder luchas de poder.
Esta reivindicación de la virtud, ahora visiblemente más roja que confuciana (a diferencia del mandato de Hu Jintao), se completa con la revisión de los reglamentos internos vigentes, uniéndose a la demandad de integridad – con una normativa más exigente que la aplicable a los ciudadanos comunes y corrientes- el recuerdo del centralismo democrático, paradigma inexcusable regulador del funcionamiento de cualquier partido comunista merecedor de dicho nombre. Esto está teniendo repercusión sobre todo en lo que se da en llamar “las discusiones indebidas” respecto a las decisiones del liderazgo central.
La discusión indebida funciona como una llamada al orden y una prohibición a los miembros del partido para que eviten airear sus reservas o discrepancias con determinadas políticas por cauces que no sean los estrictamente establecidos, es decir, los orgánicos. Hoy día, en la época de Internet, existen multitud de canales para expresar los puntos de vista. El PCCh quiere que esa exteriorización se conduzca de modo constructivo, es decir, debe efectuarse a través de los espacios e instrumentos ad intra y no otros.
Algunos interpretan esta llamada de atención como una nueva muestra de inquietud por el control de la opinión y un nuevo signo de endurecimiento ideológico. Sería, en suma, un paso atrás en los llamamientos de Hu Jintao a fortalecer la democracia en el seno del Partido. Hu, aunque tibiamente, alentó un auténtico experimento democrático que pudiera más tarde extenderse al conjunto de la sociedad. Esa mayor democracia interna fue señalada como una pieza clave de la reforma política. Pero la equiparación entre violación disciplinaria y libre expresión del parecer en cauces ad extra a la estructura, con el argumento de que daña la cohesión, debilita la autoridad del liderazgo y abre camino a una anormal circulación de las ideas en el partido con peligro de formación de camarillas, es difícil de comprender en los tiempos actuales.
La invocación del recurso exclusivo a los canales “legítimos” para ejercer la crítica opera como un corsé que a diferencia de otros ámbitos donde se favorece, por ejemplo, el aprovechamiento al máximo que brindan las nuevas tecnologías, equivale a un desnortado propósito de retrotraer los ritmos del siglo XXI al siglo XX.
El alargamiento de la democracia, una de las claves fundamentales de la reforma política en curso, exigiría, bien al contrario, el elogio de la crítica constructiva y de aquellos foros que posibilitan la formulación de nuevas ideas y paradigmas. Equiparar toda expresión de discrepancia, por pequeña que sea, a algo inadecuado e intentar someterla al dictado orgánico, bien pudiera expresar, a sensu contrario, una insuficiente adecuación estatutaria a los nuevos tiempos. Intentar ahogar con argumentos disciplinarios el entrar a debatir los temas en un momento crucial de la reforma sugiere poca cintura. De igual forma que el momento actual exige la proliferación de grupos dirigentes especiales por doquier también serían admisibles mecanismos abiertos y constructivos de participación que fortalecieran la percepción interna de avance democrático frente a la tendencia centralizadora y asfixiante que bloquea cualquier mecanismo deliberativo.
Y si el propósito de estas medidas es conjurar las hipotéticas consecuencias caóticas de un resurgir de las luchas de clanes optando por la vía de la concentración absoluta del poder y del discurso con el argumento falaz de la reivindicación a partes iguales de la honestidad y la cohesión ideológica, lo más probable es que de alas al resurgir de tendencias despóticas y nuevos repuntes autocráticos en detrimento del consenso, aquel feliz legado de Deng Xiaoping, hoy, parece, en horas bajas.
