El anuncio llega en un calendario político cuidadosamente orquestado: el plan se hizo público el 30 de septiembre, apenas días después de que Canadá, el Reino Unido, Francia y Australia reconocieran formalmente al Estado de Palestina. El Gobierno israelí ratificó ayer mismo, 9 de octubre, el acuerdo pocas horas después de que Hamás confirmara su aceptación, activando así la primera fase del proceso.
El acuerdo llega apenas un día antes de que se conociera el galardonado con el Premio Nobel de la Paz —que finalmente ha recaído en la activista y opositora venezolana María Corina Machado—, un contexto que matiza las motivaciones políticas del propio Donald Trump. Su insistencia en cerrar el alto el fuego antes del anuncio del Nobel parecía orientada a recuperar visibilidad internacional y proyectar una imagen de pacificador global. Aunque la distinción fue otorgada a otra figura, el momento político no deja dudas: Trump buscaba asociar su nombre a una ‘victoria diplomática’ que lo colocara nuevamente en el centro de la agenda mundial. Benjamín Netanyahu, por su parte, debilitado por la presión internacional y la pérdida de respaldo de varias potencias occidentales, se ha visto forzado a aceptar un plan que no garantiza ni su plena victoria militar ni un horizonte político estable.
El texto del acuerdo incluye medidas humanitarias inmediatas —la liberación de los primeros 48 cautivos y la excarcelación de 2000 prisioneros palestinos— junto con una retirada gradual del ejército israelí de aproximadamente la mitad, 48% para mayor exactitud, de la Franja de Gaza. A ello se suma la creación de una autoridad administrativa interina, dirigida por tecnócratas palestinos y supervisada por una denominada ‘Junta de la Paz’, encabezada por Donald Trump con Tony Blair como principal operador. Esta figura, presentada como un esfuerzo por garantizar neutralidad y eficiencia, ha sido ampliamente cuestionada por analistas que ven en ella una reedición de fórmulas coloniales: una gobernanza impuesta desde fuera, revestida de retórica de reconstrucción.
La lectura más crítica proviene de los propios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, que han advertido que ninguna paz será sostenible si no se atiene a las normas del derecho internacional. El informe de los 36 relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, publicado en septiembre de 2025, subraya que la desproporción en el uso de la fuerza, la destrucción sistemática de infraestructura civil y las violaciones al derecho humanitario no pueden quedar impunes bajo la promesa de una paz administrada. A ello se suma el reciente informe del British Medical Journal (BMJ, septiembre de 2025), en el que 78 médicos documentan heridas en población civil compatibles con un patrón militar destinado a causar el máximo daño posible. Las pruebas médicas refuerzan la convicción de que Israel no protegió a la población civil, tal como exige el derecho internacional humanitario.
En este contexto, el plan de Trump y Netanyahu es, en el mejor de los casos, un acuerdo imperfecto; en el peor, una sofisticada forma de tutela colonial. Su ambigüedad en plazos, su vaguedad sobre la retirada israelí y su insistencia en condicionar cualquier avance político a la desmilitarización de Hamás dejan entrever un objetivo de control más que de emancipación. Mientras tanto, la realidad sobre el terreno sigue siendo la de una Palestina troceada: más de 800.000 colonos israelíes viven hoy en Cisjordania y Jerusalén Este, donde la expansión de asentamientos avanza sin freno, desafiando las resoluciones de Naciones Unidas. Hablar de un futuro Estado palestino resulta cada vez más ilusorio bajo estas condiciones.
Analistas como Ramzy Baroud, firma habitual de Middle East Monitor, advierten que Israel persigue desde hace décadas la fragmentación política palestina como estrategia para impedir la unidad nacional. Su lectura del actual plan de paz es clara: se consolida una administración sin soberanía, un marco diseñado para prolongar la dependencia. Marwan Bishara coincide en que los acuerdos técnicos y los gestos diplomáticos pueden ofrecer una sensación de avance, pero no alteran la estructura de poder ni las raíces de la ocupación. Ningún intercambio de rehenes, por significativo que sea, sustituye a la justicia ni a la restitución del derecho al territorio y a la vida digna.
En el plano regional, Egipto, Jordania y Turquía buscan ahora capitalizar políticamente el alto el fuego. Egipto aspira a controlar la reconstrucción y mantener un papel de mediador indispensable. Jordania teme que el proceso margine a la Autoridad Nacional Palestina, agravando la crisis de legitimidad interna. Turquía propone una fuerza internacional árabe-musulmana de verificación, aunque su viabilidad parece limitada. Cada actor busca su espacio, y cada movimiento confirma que lo que se está negociando no es tanto una paz justa, sino la distribución del poder y los beneficios de la posguerra.
Queda por ver si Occidente tendrá la voluntad política de sostener la presión sobre Netanyahu para que cumpla los compromisos asumidos y, sobre todo, para que acepte negociar un Estado palestino viable. La rendición de cuentas ante los crímenes de guerra cometidos no puede quedar al margen: una paz duradera solo puede edificarse sobre la responsabilidad y la justicia, incluido el derecho a reparación de los palestinos. Permitir que quienes han violado el derecho internacional humanitario queden impunes no sería compatible con los principios que sustentan el orden internacional.
El alto el fuego de octubre puede ofrecer un respiro, pero no es la paz que merecen palestinos e israelíes.
Desde El Cairo hasta Amán y Ankara se repite la misma idea: el cese el fuego ha sido bienvenido, pero la región no se dejará engañar por una paz administrada desde fuera.
