La ofensiva militar iniciada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán ha abierto una nueva fase de inestabilidad en Oriente Medio. Washington ha justificado los ataques como una operación destinada a frenar el programa nuclear iraní y reducir su capacidad militar. Sin embargo, el alcance de los bombardeos y la ambigüedad de los objetivos estratégicos han alimentado un intenso debate internacional sobre la legitimidad y la eficacia de esta guerra.
Las operaciones no se han limitado a instalaciones militares o infraestructuras estratégicas. Entre los episodios más graves figura el ataque contra una escuela en la ciudad portuaria de Minab, en la provincia de Hormozgán, donde murieron más de un centenar de niñas de entre siete y doce años. Este tipo de incidentes ha reforzado las críticas de organizaciones humanitarias y juristas que consideran que la ofensiva se sitúa fuera del marco del derecho internacional.
La intervención no cuenta con autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ni con un mandato específico del Congreso estadounidense. Tampoco parece encajar en el principio de legítima defensa recogido en el artículo 51 de la Carta de la ONU, que exige la existencia de un ataque armado previo. Desde esta perspectiva, numerosos analistas consideran que la operación se aproxima más a una acción de guerra preventiva que a una respuesta jurídica legítima.
A estas dudas legales se suma la falta de claridad sobre los objetivos políticos de la intervención. Las declaraciones del presidente Donald Trump han sido notablemente cambiantes. En distintos momentos ha señalado que la operación busca destruir el programa nuclear iraní, provocar la caída del régimen o incluso influir directamente en la elección de un nuevo líder político en Teherán. En otras ocasiones ha presentado la guerra como una forma de “liberar al pueblo iraní”, evocando las protestas que desde diciembre de 2025 han sacudido diversas ciudades del país y que fueron duramente reprimidas por las autoridades.
Esta ambigüedad estratégica alimenta una pregunta fundamental: ¿existe realmente un plan para el “día después”? En los primeros días de la crisis, algunos círculos políticos en Washington parecían apostar por la figura de Reza Pahlaví, hijo del último Shah de Irán, como posible referente de una transición política. Sin embargo, esa hipótesis se ha debilitado rápidamente. Diversos analistas, incluidos sectores de la oposición iraní en el exilio, han señalado que Pahlaví carece de una base social sólida dentro del país, lo que dificulta imaginarlo como líder de un eventual cambio político.
El precedente de otros procesos recientes refuerza estas dudas. La experiencia venezolana con figuras opositoras apoyadas desde el exterior —pero con escaso control sobre las estructuras internas de poder— ha mostrado los límites de las estrategias basadas en liderazgos simbólicos más que en dinámicas políticas reales dentro del país.
Por ello, numerosos expertos iraníes han advertido que los ataques militares no necesariamente precipitan el colapso del sistema político. Vali Nasr, profesor iraní de la Universidad Johns Hopkins, ha subrayado que las intervenciones externas suelen generar un efecto de “rally around the flag”, es decir, un cierre de filas nacionalista que refuerza temporalmente al régimen frente a la amenaza exterior.
Ali Vaez, analista iraní del International Crisis Group, ha planteado una lectura similar. A su juicio, la presión militar puede debilitar infraestructuras estratégicas o agravar las dificultades económicas de Irán, pero no necesariamente provoca una transformación política inmediata. Más bien puede ofrecer al régimen un argumento para intensificar la represión interna y consolidar su narrativa de resistencia frente a Occidente.
Mientras tanto, el conflicto ha adquirido una dimensión regional. En los primeros días de la guerra, Irán respondió con ataques contra bases militares estadounidenses situadas en países vecinos del Golfo. Estas acciones generaron inquietud en varias capitales árabes. Tras una semana de hostilidades, el presidente iraní Masoud Pezeshkian intentó rebajar la tensión regional al afirmar que el objetivo de Irán no era atacar a los países vecinos, sino exclusivamente a las instalaciones militares estadounidenses presentes en su territorio.
En el plano militar, la guerra también ha puesto de relieve la naturaleza asimétrica del enfrentamiento. Irán ha recurrido a drones de fabricación propia, como los Shahed–136, relativamente baratos de producir y difíciles de interceptar, lo que permite prolongar el conflicto sin recurrir a operaciones convencionales de gran escala.
Sin embargo, el interrogante central quizá no sea cuánto tiempo puede resistir Irán, sino cuánto tiempo puede sostener esta guerra la propia administración estadounidense. A medida que el conflicto se prolonga y sus costes económicos aumentan —especialmente en los mercados energéticos—, la presión política interna en Estados Unidos podría intensificarse. La proximidad de las elecciones legislativas de mitad de mandato añade un elemento adicional de incertidumbre.
La verdadera incógnita, por tanto, no es solo la capacidad de resistencia del régimen iraní, sino qué tipo de equilibrio político emergerá en el llamado “día después”. En Oriente Medio, la experiencia demuestra que derribar un régimen es mucho más sencillo que construir un orden estable en su lugar.
Bilbao, marzo del 2026
