Lejos de confirmar las previsiones de una ofensiva rápida y decisiva, la evolución del conflicto apunta a un escenario más complejo y prolongado. A tres semanas después del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, la principal conclusión no es militar sino política: la promesa de una campaña breve, quirúrgica y decisiva no se ha cumplido. El régimen iraní ha sufrido golpes severos —el asesinato de Ali Larijani, la muerte del jefe de la Basij Gholamreza Soleimani y, más recientemente, la del portavoz de la Guardia Revolucionaria Ali Mohammad Naini—, pero no ha colapsado. Al contrario, sigue mostrando capacidad de respuesta, de control interno y de adaptación estratégica.
Ese dato obliga a revisar uno de los supuestos que parecían guiar la operación desde Washington y Tel Aviv: que la presión militar externa aceleraría la fractura interna y precipitaría un cambio de régimen. No está ocurriendo así. La campaña ha revelado, eso sí, la extraordinaria capacidad de infiltración e inteligencia israelí en territorio iraní, así como la profundidad de las vulnerabilidades del aparato de seguridad de Teherán. Pero una cosa es perforar la cúpula y otra derribar el sistema. El modelo iraní, híbrido y securitizado, no depende de un solo hombre ni de un único centro de poder. Su resiliencia no nace de la invulnerabilidad, sino de una combinación de aparato coercitivo, redes institucionales y una narrativa de resistencia que gana fuerza precisamente en contextos de agresión externa.
A ello se suma una contradicción de fondo que merece atención. La designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, tras la muerte de su padre, introduce una deriva dinástica que desmiente una de las pretensiones originarias de la revolución de 1979: romper con la lógica hereditaria del poder. El régimen puede estar resistiendo militarmente, pero lo hace a costa de erosionar parte de su legitimidad doctrinal. Esa tensión entre supervivencia y fidelidad a su mito fundacional será una de las claves del “día después”.
Eso no significa que la sociedad iraní se haya homogeneizado. Más bien al contrario: sigue siendo plural, desigual y atravesada por sensibilidades muy distintas. Una parte minoritaria cierra filas ideológicamente con el régimen; otra minoría querría verlo caer de inmediato; y entre ambos polos persiste una mayoría social más pragmática, agotada por las sanciones, el aislamiento y la mala gestión económica, que no necesariamente se moviliza por la promesa abstracta de “cambio de régimen” si este llega de la mano de bombardeos extranjeros. El problema para Washington y Tel Aviv es que la guerra, lejos de liberar ese espacio intermedio, lo comprime. La prioridad pasa a ser la supervivencia nacional, no la reforma interna.
También la diáspora iraní refleja esas fracturas. Como ha señalado Vali Nasr, una parte del exilio monárquico construye su identidad en oposición no solo a la República Islámica, sino al propio Oriente Medio, reivindicando una Persia preislámica, indoeuropea y occidentalizada. Esa aspiración ayuda a explicar la alineación de ciertos sectores con Estados Unidos e Israel, no solo por rechazo al régimen, sino por la voluntad de ser percibidos como parte del mundo occidental antes que como sujetos del sur global.
Pero si el primer error de cálculo fue sobrestimar la inminencia del colapso interno iraní, el segundo ha sido subestimar el coste regional de la guerra. La regionalización del conflicto ya no es un riesgo abstracto: está en marcha. Los ataques cruzados sobre infraestructuras energéticas han evidenciado que el petróleo y el gas son ya parte central del campo de batalla, con consecuencias inmediatas en los mercados y en la seguridad energética global.
En este contexto, las monarquías del Golfo aparecen como actores especialmente vulnerables. No impulsaron esta guerra, pero se encuentran entre sus principales afectados. Sus infraestructuras energéticas han sido alcanzadas o amenazadas, mientras Estados Unidos no ha logrado garantizar plenamente su protección. Este escenario abre interrogantes sobre el verdadero margen de autonomía estratégica de estos Estados y sobre la naturaleza de su alianza con Washington.
A ello se añade una dimensión humana frecuentemente invisibilizada. Las economías del Golfo dependen en gran medida de millones de trabajadores extranjeros —procedentes principalmente del sur de Asia y África— que no pueden abandonar estos países aunque lo deseen. Su situación, condicionada por restricciones económicas y legales, los convierte en una población atrapada en un conflicto que no han provocado y del que no pueden escapar.
Paralelamente, Israel ha intensificado sus operaciones en Líbano, con un elevado número de víctimas civiles y desplazados internos, y con la amenaza de una eventual intervención terrestre. Este frente adicional no solo amplía el conflicto, sino que incrementa el riesgo de una reconfiguración más profunda del equilibrio regional.
En este escenario, la Unión Europea vuelve a mostrar sus limitaciones como actor geopolítico. Dividida internamente y dependiente de la dinámica transatlántica, su papel ha sido fundamentalmente reactivo, sin capacidad para articular una iniciativa diplomática propia que contribuya a una desescalada del conflicto.
Los escenarios que se abren a partir de ahora son múltiples, pero ninguno exento de riesgos. Desde una victoria limitada de Estados Unidos e Israel, hasta un empate prolongado o incluso una consolidación del régimen iraní en términos políticos, todos ellos apuntan a una prolongación de la inestabilidad. El escenario más preocupante, sin embargo, es la consolidación de una guerra regional de mayor escala.
En definitiva, la guerra que pretendía resolver un problema está generando otros nuevos. Y cuanto más se prolongue, más probable será que sus consecuencias excedan con creces los objetivos iniciales de quienes la impulsaron.
