El artículo es parte del Informe IGADI Annual Report 24-25
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El legado de la Cumbre del Futuro

El sistema de Naciones Unidas (NN.UU) se enfrenta a una crisis sin precedentes. Ejemplos de la agresión de Rusia a Ucrania, que vulnera frontalmente el principio de prohibición del uso de la fuerza, y los ataques masivos a civiles por parte de Israel a la población de Gaza, que pisotean el derecho humanitario, muestran una erosión de los pilares del sistema internacional de seguridad colectivo y de cooperación internacional y no son aislados. La incapacidad de la estructura jurídica e institucional de NN.UU. para adaptarse a una nueva realidad geopolítica y su falta de eficacia para dar respuesta a las crisis multidimensionales de las últimas décadas hace necesaria una revisión de sus bases que responda a los desafíos de la gobernanza en el siglo XXI.

Como revulsivo para revitalizar NN.UU., el secretario general, António Guterres, convocó la Cumbre del Futuro celebrada el 22 y 23 septiembre de 2024 mediante la cual contribuir a la mejora de la gobernanza global, impulsar la Agenda 2030 y adaptarse a un nuevo orden mundial en reconfiguración. Tras un largo proceso de negociación se adoptó el Pacto para el Futuro más dos anexos, el Pacto Digital Global y la Declaración sobre las Generaciones Futuras, que son las bases para un proceso de reforma inaplazable que restituya a las Naciones Unidas en su papel central para la gobernanza global.

La consolidación de China como un poder asertivo de influencia global, así como la emergencia de un Sur Global que cuestiona el orden liberal diseñado a medida de las potencias occidentales y perpetua la desigualdad y la dependencia, formaron parte de los condicionantes de las negociaciones para lograr un consenso. Se pusieron de manifiesto visiones divergentes del Norte y del Sur Global de larga data, pero esa dialéctica no explica todas las tensiones del sistema ya que existen múltiples fracturas que determinan coaliciones de geometría variable dependiendo de los temas, los intereses y las capacidades de distintos actores.

Muchos de los reclamos aluden a la falta de representatividad en los órganos principales de la organización, como el Consejo de Seguridad o los organismos económicos y financieros. Otras demandas proceden de la necesidad de dotar a las instituciones multilaterales de recursos financieros y humanos para hacer avanzar la Agenda 2030, en retroceso tras los efectos de las múltiples crisis superpuestas. Se alerta sobre la necesidad de mejorar la capacidad de anticipación y reacción ante los conflictos y para gestionar los efectos del cambio climático. A ello se une la incertidumbre que generan el acelerado cambio tecnológico y la irrupción de la inteligencia artificial (IA). El Pacto para Futuro se estructuró en cinco capítulos: 1) financiación del desarrollo sostenible; 2) paz y seguridad; 3) ciencia, tecnología e innovación; 4) juventud y generaciones futuras, y 5) transformación de la gobernanza global.

El primer eje buscó establecer las bases de la reforma de la arquitectura financiera internacional y propuestas para dotar a las instituciones financieras de mayor legitimidad y transparencia con mayor representatividad del sur en la toma de decisiones. La creación de una silla para el África Subsahariana supone un paso en la buena dirección. Uno tema controvertido es la necesidad responder de forma equilibrada, eficaz y rápidamente a los problemas de deuda soberana de los países del Sur que enfrentan cifras históricas de endeudamiento tras la COVID-19. También preocupa la necesidad de incrementar la financiación sobre el cambio climático, aunque los pocos avances de la COP29 en Bakú meses después no mostró avances.

La Cumbre del Futuro sentó las bases para las negociaciones de la IV Conferencia de Financiación Internacional para el Desarrollo, que se celebrará en junio de 2025 y de la que ya existen borradores en el que se recogen algunas de las propuestas del Pacto del Futuro como la necesidad de un mejor alineamiento de los sistemas fiscales y financieros con la agenda de desarrollo y maximizar las fuentes de recursos públicos y privados hoy infrautilizados, como los derechos especiales de giro o la banca multilateral y nacional de desarrollo. La transparencia, la cooperación fiscal y la lucha contra la corrupción fueron también objeto de negociaciones con la llamada a una codificación vinculante.

La reforma de la Agenda de Paz es la que más acusa la crisis del sistema. Las negociaciones para la reforma del Consejo de Seguridad que todos reconocen necesaria no avanzan por el bloqueo de las grandes potencias con derecho a veto. Sin embargo, el pacto aboga por un Consejo más inclusivo y la limitación del veto, así como aumentar el papel de la Asamblea General. La reforma de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y la mejora de su financiación son otros de los puntos de la negociación. El capítulo de los desafíos de la transición digital se centró en la negociación del Pacto Digital Global cuyo objetivo es establecer un consenso mundial sobre los principios que deben gobernar el ciberespacio para garantizar una transición digital transparente, inclusiva, segura y responsable. Las negociaciones evidenciaron diferencias sobre el papel de los estados en un espacio en el que predomina una gobernanza descentralizada. El Pacto no resolvió el tema, pero prioriza una plataforma multipartes como foro de gobernanza. Otro foco de las negociaciones fue el derecho a la información veraz como un bien común protegido por el derecho internacional y se aboga por un marco de rendición de cuentas y responsabilidad para las plataformas y agencias implicadas y la necesidad de un código de conducta.

El apartado correspondiente a los derechos de las generaciones futuras se enmarca en la necesidad de impulsar una perspectiva a largo plazo que tenga en cuenta los efectos de las decisiones presentes en la población del futuro. Se plantea la necesidad de fomentar procesos participativos que incluyan a los jóvenes en los procesos de negociación y de incorporar un principio de solidaridad intergeneracional que aborde la lucha contra las desigualdades presentes. Las reformas institucionales inciden en la necesidad de reforzar la capacidad de anticipación, transparencia, participación e innovación para lo que es necesario también cambiar la cultura institucional e incorporar herramientas de innovación tecnológica. La Cumbre y el Pacto del Futuro muestran el camino a seguir, pero hoy enfrenta dificultades añadidas con la proliferación del unilateralismo y la retirada de actores hasta hoy de gran peso. Sin embargo, la acción decidida del Sur Global fue determinante para la adopción del Pacto y la perspectiva de nuevas alianzas alimenta la llama de una renovación del sistema de gobernanza internacional.

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