Desde la ocupación de 1967, Israel ha consolidado un régimen de apartheid cotidiano que se manifiesta no solo en el cerco militar o las restricciones de movimiento, sino en la planificada demolición de hogares, la confiscación de tierras, el apoyo a la expansión de asentamientos ilegales y la violencia de colonos. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), más de 1.200 estructuras palestinas fueron demolidas en 2023 en Cisjordania, incluyendo 150 instalaciones para animales y cerca de 400 viviendas familiares. Se trata de una limpieza territorial de facto, ejecutada en nombre de la seguridad pero impulsada por una lógica de segregación étnico-religiosa.
A esto se suma el crecimiento exponencial del movimiento de colonos, respaldado por recursos estatales y protección militar. Hoy se estima que más de 750.000 colonos israelíes viven en asentamientos ilegales en territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Este, que los palestinos reclaman como su futura capital. Esta cifra no solo es alarmante por su magnitud, sino por el simbolismo que encierra: mientras se niega a los palestinos el derecho a construir, se permite e incentiva la instalación de ciudadanos israelíes (muchos de ellos inmigrantes recientes) en tierras expropiadas.
La historia de esta desposesión no es reciente. En 1922, bajo el Mandato británico, Palestina contaba con aproximadamente 750.000 habitantes: 590.000 eran árabes palestinos y unos 83.000 eran judíos, muchos de los cuales se habían asentado en las décadas anteriores por razones religiosas o ideológicas. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la inmigración judía aumentó drásticamente, en parte por el apoyo de potencias occidentales a la creación del Estado de Israel. Para 1948, al momento de la partición de la ONU, la población judía había alcanzado el 33% del total. Las consecuencias del proceso fundacional de Israel incluyeron el desplazamiento forzado de unos 750.000 palestinos, en lo que los historiadores palestinos y cada vez más voces internacionales denominan la «Nakba» o catástrofe.
Desde entonces, la estrategia israelí ha sido clara: evitar por todos los medios la consolidación de un Estado palestino viable. Esto se ha traducido en una política de hechos consumados: fragmentar el territorio, crear enclaves imposibles de conectar, impedir la movilidad, mantener la dependencia económica, y manipular la división interna entre facciones palestinas. La financiación indirecta a Hamás por parte de Israel en ciertos momentos de la historia responde precisamente a esta lógica: debilitar a la Autoridad Palestina, fomentar la idea de que «no hay con quién negociar» y reforzar la narrativa del terrorismo.
El muro de separación, construido desde 2002, no es solo una estructura física. Es una herramienta de fragmentación política y emocional que separa pueblos, rompe familias, impide el acceso a recursos y convierte al vecino en enemigo. Es, también, un instrumento para deshumanizar al otro, facilitar su olvido, su silencio, su exterminio simbólico. Mientras tanto, la radicalización de parte de la dirigencia israelí, con figuras como Itamar Ben Gvir o Bezalel Smotrich, ha alcanzado niveles alarmantes. Sus discursos abiertamente racistas, que promueven el asesinato de palestinos sin consecuencias, desnudan una impunidad avalada por un marco legal discriminatorio y un silencio internacional cómplice.
Este es el contexto en el que Donald Trump ha intentado, sin éxito, reposicionarse como actor clave del tablero geopolítico de Oriente Medio. Su reciente gira por los países del Golfo, especialmente Arabia Saudí, se saldó sin resultados tangibles. Ni el líder de facto saudí, Mohamed Bin Salman, ni sus homólogos de Emiratos Árabes Unidos o Qatar ofrecieron una propuesta concreta para detener la masacre en Gaza. El silencio de estos actores, beneficiarios de millonarios contratos de armas con Estados Unidos y de acuerdos de normalización con Israel (como los Acuerdos de Abraham), expone una cruda realidad: el sufrimiento palestino ya no moviliza a las élites árabes. La religión ha cedido ante los intereses geoestratégicos y la rentabilidad política.
Por su parte, la comunidad internacional sigue mostrando una actitud vacilante. Las instituciones europeas y norteamericanas continúan apelando a la «proporcionalidad», al «derecho a la defensa» y a la «búsqueda de una solución de dos Estados» que ya nadie considera viable. Pese a las denuncias de organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las sanciones a Israel brillan por su ausencia. Esta doble vara es cada vez más difícil de sostener ante la opinión pública global, que ha comenzado a exigir coherencia entre los principios democráticos y la acción internacional.
El momento actual es crítico. Asistimos a una de las mayores crisis humanitarias de este siglo en territorio palestino. La palabra «genocidio» ya no es exclusiva de activistas o intelectuales: la usan también jefes de Estado, relatores de Naciones Unidas y hasta antiguos aliados de Israel. Lo que está en juego no es solo el futuro de Gaza o de Jerusalén Este, sino la credibilidad del orden internacional basado en derechos. La neutralidad, en estos casos, es una forma de complicidad.
Construir una paz justa exige abandonar la lógica de la simetría falsa y enfrentar las causas estructurales del conflicto: la ocupación, la desigualdad, el racismo institucionalizado y la negación sistemática del otro. Y exige, también, una presión real sobre quienes tienen el poder de detener la masacre. Si la comunidad internacional no está dispuesta a actuar con firmeza, entonces que al menos no se ampare en la hipocresía. Porque la historia juzga, y esta vez no podrá decir que no sabía lo que estaba ocurriendo.
