China: el déficit social

 Madeixas fío, clic para aumentar
A pesar de que la legislación laboral exige que las relaciones entre empleador y empleado se detallen en un contrato de trabajo, sólo disponen de él dos de cada diez trabajadores chinos de la empresa privada. La cifra supone un 60% de los 150 millones de inmigrantes rurales que buscan trabajo en las emergentes urbes costeras. Según He Luli, vicepresidenta del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), los sectores en los que se violan más a menudo estos derechos son el inmobiliario, industria ligera, textil y restauración. La falta de contrato deja a los trabajadores en la total indefensión: no pueden recibir compensaciones cuando termine su relación laboral, no pueden acceder a servicios médicos, incluso en el caso de accidentes laborales, ni tampoco exigir el cobro del salario. (Foto: Una trabajadora inspecciona madejas de hilo en una fábrica de la ciudad de Hefei, capital de la privincia de Anhui).
 

Es verdad que nadie puede cuestionar el éxito general de la reforma china. El año 2005 ha terminado con nuevos récords. Su excedente comercial ascendió a 102 mil millones de dólares; el crecimiento económico fue del 9,8%, en vez del 9,4% inicialmente previsto; el volumen de inversión extranjera ascendió a 60 mil millones de dólares; según el Banco Central, el volumen de reservas alcanzó los 820 mil millones de dólares, con un incremento de 204 mil millones en un solo año y el FMI anuncia que en 2006 China superará a Japón en este capítulo. También en esto será muy pronto el número uno.

Ya no nos sorprenden estas cifras. Cualquier comentario sobre el cambio que vive este país, emerge salpicado de admiración, y a veces temor, por unas magnitudes que no dejan de crecer y de hacernos más pequeños a los demás. A finales de 2005, el gobierno chino hizo públicos los resultados de una encuesta realizada a escala nacional para inventariar determinados sectores que vivían al margen de la economía oficial, en especial, las pequeñas empresas privadas. Según la información recogida, el PIB de China en 2004, en realidad ascendía a un 17% más de lo estimado. Lo “descubierto” equivale a la totalidad de la economía de Indonesia, o al 40% de la India. Según la banca de inversiones Lehman Brothers, esta revisión del PIB significa que el tamaño de la economía china ha sobrepasado a Italia, Francia y Reino Unido, para situarse como la cuarta del mundo. Según sus propios cálculos, en 2010 podría sobrepasar a Alemania, a Japón en 2020 y confirmarse como la primera economía del mundo en 2040.

Conviene recordar que hace poco más de una década tan sólo, la economía china se situaba detrás de España o de Brasil. En quince años ha logrado multiplicar su PIB en más de cinco veces. Desde 1979, su renta per cápita se ha doblado cada 10 años, a diferencia de EEUU o Reino Unido que han podido doblarla cada 50 años. Todos son indicadores claros de que nos hallamos ante una transformación verdaderamente asombrosa.

Como consecuencia de esa inmensa mudanza, en todo este tiempo de reforma se han producido en China numerosos cambios sociales. La sociedad se ha vuelto mucho más compleja: se ha reducido el número de empleados en las empresas estatales; ha aumentado considerablemente el número de trabajadores vinculados a la economía privada o a la propiedad colectiva; se ha extendido el desempleo; han aparecido nuevos segmentos como los especuladores o los empresarios privados. También en las conductas de la sociedad se han producido cambios significativos. Fenómenos como la población flotante eran desconocidos en un sistema administrativo en que los individuos estaban imposibilitados para desplazarse libremente. El “hukou”, registro de población y permiso de residencia, había permitido una regulación del flujo migratorio, pero hoy aparece mitigado por las necesidades del desarrollo. En medio de tanta modernidad, resurgen fenómenos que se daban por erradicados como la compra-venta de mujeres, los matrimonios arreglados y, en definitiva, las más rancias tradiciones producto de dos mil años de feudalismo. Incluso el éxito de la política de control demográfico -el crecimiento demográfico neto ha bajado a cerca de 8 millones de personas por año-, aparece lastrado por el temor al futuro de un país en el que crecen varios millones de hijos únicos. Además, a China le urge tomar conciencia del impacto del envejecimiento de la población en los planos económico, político y social. Actualmente se cifra en 143 millones las personas de edad, un 11% de la población, para quienes el fomento del tradicional respeto a los ancianos es una primera medida aceptable, pero a la larga claramente insuficiente.

La reforma china tiene sus agujeros negros y en los últimos quince años han agrandado su tamaño. Veamos algunas manifestaciones concretas. Si hablamos de la educación, que debiera ser una preocupación estratégica del gobierno, cabe constatar sus enormes deficiencias, en especial en la enseñanza pública. Mientras crece la educación privada, aunque manteniéndose aún a niveles muy bajos, en la pública, la ausencia de inversiones hace mella en su deterioro general, especialmente en el campo. Los profesores rurales se encuentran entre los colectivos sociales más pobres. En general, los gobiernos central y provincial facilitan el 2% y el 11%, respectivamente, de los gastos educativos. El 87% restante debe ser asumido por los gobiernos locales. En teoría, la enseñanza es gratuita durante los nueve años obligatorios, pero en este magma de insuficiencias, las familias, a menudo, contribuyen a sufragar gastos como la calefacción, el agua, la electricidad, el transporte, etc. Esta situación favorece el absentismo escolar, sobre todo en las áreas rurales, donde las familias no disponen de medios económicos suficientes. En la capital, Beijing, a partir de este año se proporcionan los libros de texto gratuitos a los alumnos, pero lo normal es que la educación esté asegurada por el gobierno central. Para China eso es posible hoy día y permitiría aumentar el control sobre unas autoridades locales que a menudo desvían los presupuestos inicialmente consignados para educación a la construcción de edificios lujosos o restaurantes. China debe acometer un serio esfuerzo para educar a su vasta población y aún se encuentra lejos de consagrar a esta materia el 6% del PNB, como recomiendan los organismos internacionales.

Otro tanto pudiera decirse del sistema de salud. Las diferencias entre campo y ciudad son muy importantes, al igual que entre los colectivos de asalariados en función de cual sea el régimen de las empresas. Pero también aquí, la insuficiencia de las inversiones afecta al normal funcionamiento del sistema. En no pocas ocasiones, los propios enfermos deben llevar consigo las mantas, y el apoyo de los familiares es indispensable para superar las deficiencias generales de la asistencia y, en particular, de la alimentación. Algunos hospitales, como también escuelas, han estimulado la creación de pequeñas o medianas empresas para sobrellevar mejor sus penurias y obtener fondos adicionales.Y no debemos olvidar que es inferior al 20% el porcentaje de la población que tiene garantizada la asistencia sanitaria, en torno a la mitad de la población urbana total, pero solo el 15% de los residentes rurales.

En el mundo laboral, el desempleo, la precariedad, la desregulación y la falta de seguridad conforman un vocabulario preocupante. La masa de desempleados sigue creciendo, aunque las cifras varían mucho según las fuentes. El problema está asociado, fundamentalmente, a la reconversión de las empresas estatales, que acumulan un considerable excedente de mano de obra, pero cuya adaptación debe realizarse de forma paulatina a fin de no provocar un nivel de descontento social que no pueda ser gestionado por las autoridades. En las provincias donde el peso del sector estatal es importante, por ejemplo en las norteñas, el desempleo, según algunas fuentes, supera el 20%. Se estima que la cifra de desempleados urbanos ronda los 24 millones de personas y otros 75 millones procedentes del campo trabajan de forma esporádica y temporal en las grandes ciudades. Los subsidios son insuficientes en su cuantía y en su duración. Los servicios de reciclaje profesional se están poniendo en marcha, pero el cambio de modelo se desarrolla de forma lenta e insegura.

Por otra parte, a pesar de que la legislación laboral exige que las relaciones entre empleador y empleado se detallen en un contrato de trabajo, sólo disponen de él dos de cada diez trabajadores chinos de la empresa privada. La cifra supone un 60% de los 150 millones de inmigrantes rurales que buscan trabajo en las emergentes urbes costeras. Según He Luli, vicepresidenta del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), los sectores en los que se violan más a menudo estos derechos son el inmobiliario, industria ligera, textil y restauración. La falta de contrato deja a los trabajadores en la total indefensión: no pueden recibir compensaciones cuando termine su relación laboral, no pueden acceder a servicios médicos, incluso en el caso de accidentes laborales, ni tampoco exigir el cobro del salario.

En cuanto a la seguridad, la situación en las minas de carbón ejemplifica la gravedad del asunto. Solo en 2005, se habrían registrado en ellas 3.300 accidentes, causando la muerte a 6.000 mineros. Se trata de un problema complejo y que requiere inversiones importantes en equipos y en formación de los propios trabajadores, pero también la reevaluación de los objetivos de producción, instrucciones severas a los directores y a los propietarios locales, y la disposición de reglas técnicas que no puedan ser obviadas con tanta facilidad.

Pero el principal espejo de la delicada situación social de China está relacionado con el incremento exponencial de las desigualdades. Ese es el principal dato que se desprende del informe del PNUD “Hacia el desarrollo con equidad”, presentado en diciembre último y elaborado con participación china. Las diferencias de renta media entre los habitantes de la ciudad y del campo también han aumentado en 2005. La renta per cápita en las ciudades ha ascendido a 1.049 euros, con un crecimiento medio anual del 9,6%. En las zonas rurales, la media solo habría alcanzado los 325 euros, con un incremento medio anual del 6,2%. Por otra parte, según la Comisión Estatal para el Desarrollo y la Reforma, en las ciudades chinas, la renta media del grupo más pobre es veinte veces inferior a la renta del grupo más rico. Actualmente, el coeficiente Gini (medida internacional de la desigualdad en la distribución de ingresos) es de 0,4, punto límite internacional de alarma. Las diferencias entre los salarios en las diferentes ramas de la industria, entre empresarios y empleados es cada vez más amplia. En China no existe un mecanismo de ajuste de ingresos.

En un informe hecho público por la CIOSL antes de la reunión ministerial de la OMC de Hong Kong, en diciembre pasado, se denuncia que el ritmo de aumento de las desigualdades en China es de los más veloces del mundo y que su tendencia a la exclusión social no tiene precedentes. Además del desempleo y la sobreexplotación de la mano de obra, se advierte que la lucha contra la pobreza, que se libró exitosamente a comienzos de los 80, a partir de los 90 se ha estancado, corriendo el riesgo de agravarse con la integración más profunda en la OMC. En resumen, la reforma es un éxito, pero tiene ganadores y perdedores.

Según Dang Guoying, investigador del Instituto de la Economía Rural de la Academia de Ciencias Sociales de China, la reaparición del fenómeno de la pobreza con una nueva pujanza se debe a la insuficiencia de las políticas centrales que no tienen en cuenta que el objetivo de su erradicación es cada vez más difícil y exige más esfuerzos y mayores inversiones. Algunas líneas de trabajo pueden adoptarse administrativamente, pero otras dependen de factores más complejos, pues no todos aceptan, por ejemplo, los patrones culturales del momento y las insuficiencias educativas, como se ha señalado, son importantes. La privación de la tierra, por otra parte, promovida a través de pseudoexpropiaciones expeditivas para atender las necesidades del desarrollismo en boga, sin que las autoridades locales habiliten medidas compensatorias adecuadas, empuja inevitablemente a muchos campesinos a la pobreza y el desarraigo.

En los últimos veinticinco años, la pobreza en China ha venido disminuyendo de forma drástica, pasando de 250 millones a poco más de 28. Pero muchos aventuran nuevos aumentos. En el campo, los problemas tradicionales de alimentación y de vestido se han vuelto crónicos para muchos. Si en la década de los noventa, la situación había mejorado a una media de 6 millones por año, en los primeros años del nuevo siglo, esa cantidad se ha reducido a la tercera parte. Las diferencias de renta entre los campesinos normales y la población rural pobre han pasado de 1:2,45 en 1992, a 1:4,12, en 2003.

Esas diferencias en materia de ingresos y de condiciones de vida nutren el malestar en las zonas rurales. Pero existen otros factores de descontento. La urbanización rápida y continua del medio rural exige la adquisición de nuevos terrenos en la periferia de las ciudades. Ello facilita que los dirigentes locales accedan a la venta de tierras a bajo precio a los inversores inmobiliarios, a pesar de que el gobierno central ha efectuado llamamientos para proteger las superficies cultivables, desautorizando su mal empleo y las ocupaciones ilegales, auspiciadas por las propias autoridades, y que dañan la seguridad alimenticia del país. Los incidentes sociales con protestas de campesinos en contra de las requisiciones de tierras por las administraciones locales, han sido objeto de una fuerte represión. Las condenas de prisión se suceden, también algunas víctimas. Conviene tener presente que la propiedad de la tierra no existe a titulo individual, pero en el medio rural es sinónimo de vida y cuando se le priva de ella a los campesinos a cambio de compensaciones muy bajas, no existe más opción que la protesta. El poder central dice que poco puede hacer en estos casos, ya que las autoridades locales tienen la competencia en materia de infraestructuras y la combinación de corrupción y de dura competencia por acaparar inversiones, hace todo lo demás.

El peso y la importancia de los trabajadores rurales que han emigrado del campo a la ciudad no ha sido aún objeto del reconocimiento adecuado ni en China ni en el exterior. A primeros de abril de 2005, en Shenzhen, ciudad próxima a Hong Kong, una de las primeras zonas económicas habilitadas por la reforma y con una “antigüedad” no superior a los 30 años, la población permanente ascendía, según cifras oficiales, a 1,65 millones de personas, mientras que la población inmigrante inscrita sumaba 10,25 millones de los que más de 6 millones habitaban en ella desde hacía menos de un año. Esa accesibilidad para acoger a los nuevos “buscadores de oro” le ha permitido a Shenzhen realizar varios “milagros” en la historia del desarrollo económico de China, pero igualmente pone de manifiesto la magnitud de los desafíos sociales y medioambientales que implica esta enorme transformación.

El gobierno dice ser consciente del problema, pero los avances son muy lentos y faltan políticas sostenidas que mejoren la fiscalidad del campo, alivien la carga de los campesinos y eviten el éxodo rural que tiene su origen en el bajo rendimiento del trabajo en el campo y en la ausencia de mejora sustancial en las condiciones de vida.

Los objetivos del gobierno se centran en resolver el problema de la alimentación y el vestido en 2010, y en 2020 la asistencia general. Todo lo cual, con independencia de su cumplimiento en el plazo previsto, asemeja una carrera contra reloj para impedir que el actual descontento campesino derive en una rebelión abierta e incontrolable. El aumento de la pobreza en el rural es indicativo de un deterioro más general que afecta al retroceso o estancamiento del nivel de vida en el campo.

Aumenta la conflictividad

En los últimos años, se han multiplicado los conflictos entre los trabajadores rurales que emigran a las ciudades y las respectivas autoridades, originando numerosos movimientos que han obligado al Estado a reconocerles ciertos derechos, abriendo cauces para que sus problemas sean tratados con mayor atención. Son estos colectivos quienes están sentando las bases de una nueva relación entre el poder y la sociedad en la nueva China.

Campesinos y trabajadores, burocracia económica y Estado-Partido son los tres ejes esenciales que han modelado la realidad china actual. No obstante, un nuevo espacio público está surgiendo a la sombra de la pequeña independencia ganada por esos campesinos que van del campo a la ciudad, sin apenas control, donde pasan a engrosar las filas de la marginalidad que vive, en buena medida, de espaldas a los tradicionales instrumentos de encuadramiento del Partido. A partir de 2002, el Estado se ha planteado la integración de estos colectivos, que tanto han contribuido al crecimiento chino, a fin de recuperar credibilidad y confianza entre los eslabones más débiles y menos beneficiados por el auge económico del gigante oriental.

En efecto, ni el Estado ni el Partido pueden ya cerrar los ojos ante la realidad. Como es sabido, en China, solo quienes tienen residencia tienen derechos en el ámbito local. Las autoridades urbanas niegan la residencia a los emigrantes, por lo tanto, carecen de derechos, incluso sus hijos, para quienes han debido organizar escuelas alternativas cuyas enseñanzas no gozaban del reconocimiento oficial. El nuevo equipo dirigente que lidera Hu Jintao inicia en 2003 sus nuevas políticas sociales, distanciadas cada vez más de la era Jiang Zemin, con las que aspira a concretar el mensaje de armonía y prosperidad común. Se trata de una exigencia básica para preservar la estabilidad y el orden social, muy afectados entre estos colectivos, donde la marginalidad invita, en demasiadas ocasiones, a la criminalidad y a la delincuencia. La nueva política trata de erradicar toda conducta discriminatoria con estos segmentos de población, garantizándoles formalmente el derecho a la educación, al empleo y a los servicios públicos; y también el acceso a los propios servicios del Estado, a la administración de justicia, al Partido, en definitiva, a todas aquellas instancias que pueden contribuir a la resolución de los conflictos, en una estrategia cuya norma de principio consiste en reconducir los problemas existentes a la condición de conflictos más privados que sociales.

Según el discurso oficial, las autoridades centrales toman partido ahora por los emigrantes, habilitando políticas de formación profesional y jurídica, promoviendo una nueva conciencia cívica a través de los medios de comunicación, estimulando incluso a los sindicatos oficiales, que antes habían rechazado la afiliación de los emigrantes, a implicarse en la sindicación activa de estos colectivos, y apelando a la responsabilidad de las autoridades locales y de los empresarios para recuperar el equilibrio en sus relaciones con los trabajadores procedentes del mundo rural. Según la Federación Nacional de Sindicatos de China (FNSCh), el número de emigrantes internos ascendería a más de 120 millones, de los que el 71% trabajan en el sector de la construcción y solo menos del 14% están sindicados. De los 730 millones de asalariados, la FNSCh agrupa a 150 millones.

A comienzos de este año, en una reunión del gobierno central presidida por el primer ministro Wen Jiabao, se ha preparado una lista de objetivos a alcanzar en este terreno. Se trataría de asegurar a los emigrantes un nivel mínimo salarial y el pago regular de los salarios debidos estableciendo un sistema de control y la garantía del pago; imponer la practica de contratos de trabajo; crear servicios de empleo y formación para los emigrantes y eliminar las discriminaciones; resolver los problemas de seguridad social que les afectan; darle acceso a los servicios públicos urbanos y mejorar sus condiciones de vivienda; mejorar los mecanismos de protección de los derechos e intereses de los emigrantes; ayudar a los excedentes a encontrar trabajo. En el paquete de medidas se incluye también la protección de la tierra cultivable, a fin de garantizar el desarrollo de la agricultura y la estabilidad en el campo; e invirtiendo más en la enseñanza y en los servicios médicos de las zonas rurales.

Pero ¿qué ha cambiado? Por ahora, no mucho. Las condiciones de trabajo (salarios y horas extra sin pagar, aumento del horario de trabajo, ausencia de normas de seguridad, elevada frecuencia de accidentes de trabajo, ausencia de seguridad social, falta de apoyo en caso de accidente o enfermedad profesional) y la protección de sus derechos no han mejorado sustancialmente. De despacho en despacho, autoridades y empresarios no se ponen de acuerdo, mientras los trabajadores son maltratados o incluso asesinados ““cuando protestan”“, u optan ellos mismos por el suicidio o se inmolan en expresión de disconformidad y desesperación ante los abusos de los empresarios. Casi 30 millones de emigrantes rurales, según datos que maneja la propia ANP, están pendientes del cobro de sus salarios y su descontento supone una auténtica bomba de relojería. El gobierno estudia incluir estos impagos en el código penal para poder denunciar a los empresarios.

El Partido, con este nuevo discurso, hace amago de distanciamiento de los empresarios y de las autoridades corruptas que no protegen a los trabajadores ni aseguran el respeto a la ley. No es el sistema el que falla, viene a decirnos otra vez, sino individuos concretos. Pero de poco valen las campañas políticas cuando la vida cotidiana no cambia.

Las protestas y huelgas de los trabajadores que reclaman el simple respeto a la ley están ganando espacio legítimo en la vida social china, exigiendo a las autoridades que asuman su papel o consientan la aparición de posibles organizaciones alternativas. Todo un reto para los sindicatos y organizaciones oficiales, muy preocupadas por la tendencia a la autonomía en estos colectivos, afianzada ante la creciente desconfianza respecto al oficialismo, habitualmente entregado a los intereses empresariales. La aparición de organizaciones alternativas, sin estatuto oficial, que desarrollan labores de apoyo y asistencia, muchas de ellas autoorganizadas por los propios emigrantes, en su mayoría registradas como empresas y con apoyo exterior, entidades que el Estado, a veces, pretende cooptar, es un fenómeno consolidado en ciudades como Shenzhen y otras donde la presencia de estos colectivos es una realidad significativa y que compite con el Estado, que también recurre a la creación de ONG, a modo de delegación de sus funciones, aunque evitando el empoderamiento real de la sociedad.

El año pasado se registraron en China 87 mil acciones de protesta, un 17,5% más que en 2004, según informaba el pasado 20 de enero el South China Morning Post. Buena parte se debe al descontento de los campesinos por las compensaciones que se les pagan al privarles de “sus” tierras para realizar obras industriales, pero también han aumentado las protestas laborales. Los familiares de los muertos en las minas culpan a las autoridades locales de no velar por la observación de las normas de seguridad. De momento, la gente no está organizada ni existe una fuerza política que pueda capitalizar el descontento, pero la magnitud de diferencia en la situación material de las diversas capas sociales puede dañar la estabilidad. Y la tendencia es contundente: 2003: 58.000 incidentes; en 2005: 74.000.

Todo ello da cuenta de la peculiar ebullición que presenta lo social en China, anunciando cambios y transformaciones que el PCCh tiene dificultades para acompañar, más allá del simple enunciado o consigna. Aunque tiende a legitimar las reivindicaciones y aspiraciones de los emigrantes y otros colectivos, no consigue vencer las reticencias que expresan su preferencia por la autoorganización para exigir sus derechos.

La reacción política

Durante la fiesta de la primavera de este año, Hu Jintao viajó a Yanan, en la provincia de Shaanxi, en la que fue una importante base del Partido Comunista antes de tomar el poder. Allí pidió al gobierno local que apoyara más a los campesinos para que puedan beneficiarse de forma tangible del desarrollo. Ser campesino equivale aún a ser pobre. El campo sigue siendo hogar para la mayoría de las personas de baja renta y pauperizadas según los estándares internacionales.

Hu combina las orientaciones sociales del 11 Plan Quinquenal (2006-2010) con una política de gestos y, en el orden político, la crítica al período anterior y la popularización de la idea de la armonía social. En efecto, quien haya visitado China en la década de los años noventa se habrá hartado de escuchar la principal consigna del momento: primero la eficacia, después la justicia. Deng llamaba al enriquecimiento general, aún a sabiendas de que no todos podrían hacerse ricos al mismo tiempo. La falta de previsión ha conducido a que la elevada tasa de crecimiento de estos años sea inversamente proporcional a la tasa de protección social, dando pie a los profundos desequilibrios existentes, tanto territoriales como sociales. Se pensaba que estos problemas se resolverían automáticamente o quedarían reducidos a la mínima expresión como consecuencia de la riqueza generada por el desarrollo.

Atender a lo social no significa ralentizar el desarrollo. Li Peilin, subdirector del Instituto de Sociología anexo a la Academia China de Ciencias Sociales, sitúa en el concepto de armonía el desenlace inevitable y deseable del desarrollo social en China. Beijing afronta un cambio dramático en los intereses sociales y crecientes desafíos a las instituciones políticas, que deben asegurar la coordinación de dichos intereses y la distribución equitativa de la riqueza. Hoy parece claro que ignorando la dimensión social, la reforma cojea y su estabilidad corre serio peligro.