¿China se olvida de sus obreros?

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El domingo 28 de noviembre de 2004, en la mina de Chenjiashan, en Shenxi, cerca de 300 mineros trabajaban en su interior, cuando una explosión de gas se registró a 8.000 metros de la entrada. Consiguen salir 127 trabajadores, 41 heridos. Pero el resto quedan enterrados bajo tierra. Esta mina de carbón pertenece a una importante sociedad estatal. (Fotomontaje, de arriba a abajo, de izquierda a derecha: a) El 01/12/2004, un equipo de rescate transporta varios de los cadáveres de mineros que quedaron atrapados en el interior de la mina; b) Aspecto general que presentaba la mina de carbón de Chenjiashan; c) Varios trabajadores llevan en camilla a un mineiro herido en la tragedia del 28/11/2004).
 

Las minas asesinan siempre en China. El 20 de noviembre pasado, un incendio provocado por un cable eléctrico en la mina de hierro en Shahe, al norte de la provincia de Hebei, se extendió rápidamente, causando 57 muertos por asfixia, la mitad de los mineros que estaban trabajando en ese momento. Esta provincia ya había registrado otras dos catástrofes, esta vez en Handan: 13 muertos el 23 de septiembre en un escape de gas y 29 muertos en una inundación unos días más tarde.

El domingo 28 de noviembre, en la mina de Chenjiashan, en Shenxi, cerca de 300 mineros trabajaban en su interior, cuando una explosión de gas se registró a 8.000 metros de la entrada. Consiguen salir 127 trabajadores, 41 heridos. Pero el resto quedan enterrados bajo tierra. Esta mina de carbón pertenece a una importante sociedad estatal. Las más altas autoridades del Partido y del Estado se manifiestan en torno al desastre. Pero en la población existe la convicción de que sus decisiones, si llegan algún día, serán totalmente ineficaces.

¿Se trata de casos aislados? Ni mucho menos. En diciembre, las noticias de nuevos accidentes se multiplican. En la provincia de Shanxi, en el pozo de Yangyuan, 33 muertos. En la provincia de Guizhou, 35 muertos. En Hunan, 5 muertos. Para reducir estos accidentes tan frecuentes, sería necesario cerrar algunas minas, invertir en la formación y la seguridad, cambiar la mentalidad de autoridades, directores de las empresas y de los propios trabajadores, incrementar las medidas de supervisión y control y reducir la producción. Pero las prioridades son otras.

Un tercio del carbón que se extrae en todo el mundo procede de China. Hay en este país 3.200 minas del Estado y otras 22.000, que son gestionadas por las colectividades territoriales o por sociedades privadas. En esta categoría, un buen número de minas prohibidas por razones de seguridad, funcionan a pesar de todo. En los últimos años, alrededor de 7.000 mineros chinos cada año, es decir, el 80% del total mundial, quedaron sepultados bajo tierra, en inundaciones o en otros accidentes.

La tragedia constante a que se ve sometido el sector minero no es fruto de la casualidad. Forma parte del coste humano gigantesco de esa marcha forzada que China ha iniciado hacia esa “pequeña prosperidad”, según la expresión oficial, a la que aspiran todos los chinos. El rápido desarrollo del país, que está beneficiando en mayor grado a una pequeña minoría sin poder llegar aún a los ya 1.300 millones de chinos, refleja la apuesta por un modelo rico en ambiciones pero que aún no dispone de los medios necesarios (¿ni de la voluntad?) para determinar una mayor generalización del bienestar. ¿Es soportable este precio que los chinos deben pagar o puede conducir a una inestabilidad o explosión social de imprevisibles consecuencias?

Ciudades industriales enteras, de más de un millón de habitantes, en especial en el norte de China, viven desde hace años, situaciones desoladoras. De ser el centro de atención en el período maoísta, el ejemplo a imitar y revelador del nuevo tiempo, con la reforma se han convertido en auténticos desiertos. El sueño maoísta ha fracasado, la dignidad de la clase obrera ha dejado de ser el símbolo de la China comunista y el despertar en el liberalismo se traduce en una marginalización acelerada. La clase obrera ya no se tiene en cuenta a la hora de definir el destino del país. El Partido Comunista la ha dejado a un lado.

En todas estas ciudades, la imagen de las fábricas cerradas, las pequeñas casas y los equipamientos sociales, modélicos en otro tiempo, hoy presentan un estado deplorable y ruinoso. Sus habitantes, desesperanzados, son fiel reflejo del cambio de época: expresión de la gloria proletaria en un tiempo, hoy, desclasados, abocados al desempleo y sin apenas capacidad para protestar y sin otro derecho que el pataleo. La capacidad del sistema para ahogar las protestas sociales es muy fuerte. La organización de una manifestación, al margen de los circuitos oficiales, puede costar hasta siete años de prisión.

De 1998 en adelante, un total de 28 millones de asalariados de las empresas estatales han perdido su empleo y 88.000 empresas estatales han sido eliminadas, bien por quiebra, fusión o reestructuración. Son las primeras y grandes víctimas del milagro económico chino. En diciembre último, Li Rongrong, presidente de la Comisión de administración y supervisión de los bienes estatales, ha indicado que la reforma de las empresas estatales que dependen del gobierno central se va a relanzar en 2005. La idea principal consiste en aligerar las 150.000 empresas que dependen de esta comisión liberándolas de la obligación legal de asegurar todos los servicios de bienestar social (escuelas, hospitales, restaurantes, servicios de seguridad, etc.) para hacerlas más competitivas. Tres grandes empresas ““la CNPC, la China Petroleum and Chemical Corp.y Dong Feng Motors- ya han establecido acuerdos para transferir a los gobiernos locales 796 escuelas primarias y secundarias, sus servicios de seguridad y 94.000 asalariados o jubilados. Las demás deberían seguir su ejemplo en este año, si el Consejo de Estado aprueba las propuestas que ha preparado la Comisión, que incluyen el abandono de todas aquellas actividades secundarias que puedan desarrollar, para concentrarse en las principales.

Según informaciones facilitadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, China tardará 2 o 3 años en resolver los problemas básicos del personal excedente de las empresas estatales heredado de la anterior economía planificada y completará en el 2005 la transición “desde el trabajo garantizado al seguro de desempleo”.

Actualmente, siete provincias, entre las que se incluye la de Liaoning, en la Manchuria norteña, han puesto en funcionamiento un seguro de desempleo, mientras que las provincias y regiones autónomas que no lo han hecho se concentran en el centro y en el oeste del país.

Tras la implementación del seguro de desempleo, el concepto de “obrero desplazado” dejará de existir, al tiempo que la reducción del personal de las empresas se aplicará según las leyes y reglamentos existentes y estará directamente relacionada con concesión de las prestaciones de desempleo garantizando las mínimas prestaciones para el sustento diario.

Zheng Silin, ministro de Trabajo y Seguridad Social, ha manifestado que la solución al problema de los obreros desplazados ha llevado largo tiempo, ha generado muchas contradicciones y supuesto un coste muy alto. Por lo tanto, señala, las regiones del centro y oeste del país deben elaborar lo antes posible sus planes para implementarlo, de acuerdo con la situación real y acelerar la transición. En las zonas del este donde ya funciona, los esfuerzos se orientan a mejorar la capacitación profesional de los desempleados.

La otra cara del problema

Y si la vieja clase obrera se ve cada día más sacrificada en el altar de la modernización, nuevas relaciones sociales son objeto de reinvención en la nueva China que está emergiendo en las provincias y regiones más desarrolladas. En una de esas fábricas, construida con capital procedente del mundo rico, y ubicada en los alrededores de Shangai o en la provincia de Guangdong pueden observarse a numerosos jóvenes trabajadores procedentes del campo, jugando al billar o gozando de la música o los videos de Hong Kong.

Se trata de jóvenes que soportan jornadas de 12 a 14 horas diarias, siete de cada siete días. Viven en el entorno de la fábrica, no pueden salir durante la semana, y solo pueden disfrutar del domingo por la tarde de tiempo libre, organizado en forma de ocio por la propia empresa. Y no protestan, ni se sienten maltratados ni tienen el sentimiento o la percepción de estar explotados. Es más, se consideran a si mismos unos privilegiados por haber abandonado el ingrato trabajo de la tierra, en las zonas más remotas del país, donde sus familias apenas consiguen sobrevivir. Y viven una experiencia nueva, lejos de sus padres y de sus antiguas tradiciones, en contacto con otros jóvenes, afirmando su independencia y construyendo nuevas relaciones. Donde nosotros podemos ver solo explotación vergonzosa de la mano de obra, ellos aceptan resignados las condiciones que se les ofrecen, contentos incluso de poder enviar un poco de dinero a sus parientes y satisfechos por desempeñar un papel vital en las economías familiares. En ninguna de sus cabezas cabe pensar en batallas sociales por las 35 horas…

Una organización no gubernamental internacional con sede en New Cork, el Council on Economic Priorities, ha propuesto un código de conducta basado en la ética social, la norma SA 8000, a la que se pueden adherir voluntariamente las empresas. Algunas en China lo han hecho, especialmente de capital extranjero pensando en la aceptación que ello pudiera generar en sus clientes occidentales. Pero lo sorprendente del caso es que la mayor dificultad de respetar estas reglas ha venido precisamente de los propios trabajadores: los migrantes, que vienen a la ciudad para ganar el máximo de dinero en el menor tiempo posible, no acostumbran a permanecer en estas fábricas que limitan el número de horas de trabajo.

La mayor fuerza del nuevo capitalismo chino, como ha señalado Pierre Haski, corresponsal en Bejing de Libération, reside en esa reserva inmensa de mano de obra dispuesta a todo y de una docilidad a toda prueba. No tiene nada que ver con los mineros del carbón o con los proletarios de la siderurgia de Dongbei, concienciados y convencidos de la necesidad de defender sus derechos. El ejército de campesinos en busca de empleo en las zonas industriales no reclama más que un modesto salario y un techo, dejando detrás de ellos una vida más difícil todavía. Los competidores calmarán sus descontentos temporales.

Según Hu Angang, economista de la Universidad Xinhua, en Beijing, la mitad de los 900 millones de campesinos abandonarán sus aldeas en los próximos veinte años, proporcionando a la economía china la mano de obra y los consumidores que necesita. No se integrarán en estructura social reglamentada; estamos ante los nuevos esclavos modernos.