La política exterior y de la seguridad nacional de EUA hacia México tiene una dimensión tan abarcadora, que resulta necesario apreciarla desde una óptica más profunda que la simple relación bilateral. Los intereses económico-comerciales y de seguridad consolidados durante siglos, hacen de México un país prioritario para los intereses de política exterior y de seguridad estadounidense, tanto por el hecho de compartir frontera cómo por las implicaciones para la proyección hacia América Latina y el Caribe.
En el proceso de conformación de EUA como potencia mundial, se fueron delimitando sus intereses geoestratégicos en América Latina y el Caribe, en interés de “salvaguardar” su llamada área de influencia natural.
Durante el siglo XIX, los políticos, diplomáticos e ideólogos de ese país plasmaron las ideas básicas de su expansión y control territorial para la consolidación como potencia. Dentro de esas ideas y doctrinas debe destacarse la Doctrina Monroe, la cual fue expuesta por el presidente James Monroe en su comparecencia anual al Congreso, el 2 de diciembre de 1823. Esta doctrina declara como máximo interés la “América para los americanos”, o lo que significa lo mismo, todo el continente bajo el control del gobierno estadounidense.
Siguiendo las bases del “monroísmo” se ha diseñado la política exterior y de seguridad hacia América Latina y el Caribe, argumentada desde los postulados del llamado Destino Manifiesto que plantea “(…) que Estados Unidos era el país escogido por el todo poderoso para llevar el desarrollo, la civilización y su sistema político y económico a todos los países del mundo. A la injerencia económica, comercial y militar se sumaba ahora la social, cultural y política.” (García Iturbe, 2009)
Bajo esas premisas inició su ascenso como potencia el país norteño en el siglo XIX. Sin embrago, los conflictos internos de la unión estadounidense y la presencia de las metrópolis europeas en Latinoamérica, ameritaron una colaboración antagónica que permitiera el paulatino protagonismo de ese país en las Américas.
Por otra parte, el siglo XIX vio el auge de procesos independentistas en varios países de América Latina y del Caribe, que limitaron el dominio de las potencias europeas en la región. Ello condujo a que, a pesar de las contradicciones existentes con las metrópolis europeas, EUA mantuviera una determinada colaboración antagónica que tenía como objetivo el aseguramiento del dominio de la región para sí.
El gobierno de EUA, favorecido por el antecedente de colonia británica independizada, halló mejores condiciones para sus objetivos de trabajo, en lo relativo a la influencia y dominación. Las políticas trazadas fueron restando protagonismo a España, pues paulatinamente EUA comenzó a apoderase de la economía de las ex colonias españolas en América, convirtiéndose en la verdadera Metrópolis, si bien en el plano político aún España mantenía algún dominio.
México fue para EUA la puerta de entrada en América Latina y el Caribe; el laboratorio donde se experimentaron las primeras proyecciones imperiales de la Doctrina Monroe y el llamado Destino Manifiesto del imperialismo estadounidense, que supone la creencia en que EUA es una nación destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico.
Este término fue utilizado por primera vez en el artículo “Anexión” del periodista John L. O'Sullivan, publicado en la revista Democratic Review de Nueva York, en el número de julio-agosto de 1845. En él se planteaba: “El cumplimiento de nuestro Destino Manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino.”
Poniendo en práctica los presupuestos imperiales, el joven gobierno de EUA logró apoderarse de Texas (1840), California (1845), e invadió parte importante del territorio mexicano entre 1846 y 1848; reflejando el expansionismo estadounidense como mecanismo de dominación.
“Esto proporcionó a Estados Unidos un territorio que representa más de la mitad de la nación y amplias reservas minerales. (…). La invasión de tropas estadounidenses a tierras mexicanas no tenía justificación alguna y menos el apropiarse de la región conquistada, de ahí que fabricaron la justificación y finalmente se adueñaron del territorio. (García Iturbe N. Los Estados Unidos en la época de Bush, 2009)
Como consecuencia de la expansión territorial, Estados Unidos se apropió de Colorado, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma, lo que suma un total 2 millones 100 mil kilómetros cuadrados. A cambio de despojar el 55% del territorio mexicano de entonces, el gobierno estadounidense le pagó a México la ridícula suma de 15 millones de dólares.
Durante la primera mitad del siglo XX se consolidaron los mecanismos de dominación económica, política, militar y sociocultural de EUA hacia América Latina y el Caribe. Fue en este periodo donde Washington practicó la política del “Gran Garrote” o “Big Stick”, proveniente de un proverbio del África Occidental que decía: “habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegaras lejos”, así como el Corolario Roosevelt, puestas en práctica por el presidente Theodore Roosevelt, como actualización del monroísmo.
A raíz de las crisis económicas sucedidas en Latinoamérica en los primeros años de la década de 1920 y, fundamentalmente con el Crack bursátil de Wall Street de 1929 a 1933, la región sufriría de una forma sin precedentes su dependencia estructural a la economía estadounidense. Esta crisis de la economía mundial se solaparía con las medidas keynesianas aplicadas por el presidente Franklin Delano Roosevelt, con la política de New Deal (Nuevo Trato) y la llamada “buena vecindad” para Latinoamérica y el Caribe, por la cual se signaron las relaciones entre 1933 y 1945.
Durante la Guerra Fría la proyección exterior y de seguridad se centró en evitar el auge de gobiernos de izquierda con tendencias socialistas, para lo que Washington apoyó a dictaduras militares, desplegando planes sangrientos como la Operación Cóndor.
Entre las posiciones de México en el contexto interamericano debe destacarse su posición digna al continuar las relaciones diplomáticas con la República de Cuba, cuando nuestro país fue expulsado de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La política exterior y de seguridad de EUA hacia la región del fin de la guerra fría hasta nuestros días. México como caso de estudio.
Concluida la política de Guerra Fría con el derrumbe del llamado campo socialista de Europa del Este, el presidente George H.W. Bush (1989-1993), planteó la necesidad de construir un “nuevo orden mundial” donde se consolidara la hegemonía estadounidense. Para las relaciones interamericanas, este interés hegemónico fue proyectado a través de instrumentos político-jurídicos, económicos, militares, de seguridad e ideológico-culturales, en interés de configurar “el nuevo orden panamericano”.
En el plano militar y de seguridad, ya se venían preparando nuevos enemigos que sustituyeran la “batalla” contra el comunismo, y continuaran alentando el Complejo de Seguridad Industrial a fin de propiciar el enfrentamiento con el llamado “narcotráfico”. En este sentido, la Administración de Ronald Reagan (1981-1989) ya había incentivado la guerra contra el flagelo de las drogas, con una militarización que ha sido continuada por los diferentes gobiernos demócratas y republicanos de ese país.
La necesidad de nuevas guerras por el control de recursos naturales estratégicos adquirió como justificaciones más útiles, la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico; aunque también fueron revalorados los temas de las migraciones descontroladas, la gobernabilidad y los derechos humanos, entre otros.
Para ello se reajustó el sistema interamericano con un nuevo aparato categorial de principios y valores acordes al nuevo contexto internacional. Entre los instrumentos político-jurídicos de este periodo se destaca el Compromiso con la Democracia Representativa y la Modernización del Sistema Interamericano aprobado en 1991 en la Asamblea General de la OEA. Este adecuaba la institucionalidad de sistema interamericano con principios y valores, susceptibles de ser reinterpretados de manera desfavorable para gobiernos latinoamericanos y caribeños; que resultaran perjudiciales para las pretensiones imperiales. Ese mismo año fue firmado el Protocolo de Washington, el cual invalidaba los principios del “pluralismo ideológico y político” establecido en el Protocolo de San José en 1975.
Respecto a los instrumentos de dominación económica, en 1990 fueron emitidas una serie de recetas de esta índole para los países de Nuestra América, a través del Consenso de Washington. Este establecía una serie de políticas económicas que perpetuaban la dependencia estructural a la economía estadounidense e incrementaban la explotación de la región. También en este sentido fueron promovidos acuerdos económicos-comerciales como el fracasado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y otros más efectivos como el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN o NAFTA en inglés) entre Canadá, EUA y México.
En septiembre de 2001 fue aprobada la Carta Democrática Interamericana, que revaloraba la necesidad de “promover y consolidar la democracia representativa”. Con ello ponderaba la necesidad de consolidar la democracia y el Estado de derecho en los países miembros.
Esto ocurre en un complejo escenario internacional, luego de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas (World Trade Center de Nueva York) y el Pentágono de EUA. Estos hechos “validaron” la Estrategia de Seguridad Nacional de EUA de 2002, que dio a conocer públicamente el presidente George W. Bush hijo (2001-2009) la cual ha tenido una incidencia peculiar en el sistema interamericano. (Véase: Suárez, 2003)
En el orden militar han continuado las intervenciones estadounidenses, pero se ha perfilado la diplomacia interamericana, para justificar las incursiones como “humanitarias”, en aras de preservar la estabilidad, la gobernabilidad y la seguridad humana. Entre los ejemplos más significativos se destacan: la ratificación del NAFTA por el Congreso estadounidense y la Casa Blanca en 1994, con las “enmiendas laboral y medio ambiental”; la Iniciativa Mérida de 2007 y la injerencia de agencias como la USAID, la NED y la DEA en los asuntos internos de gobiernos progresistas de la región.
La política exterior y de seguridad de EUA hacia México.
La política exterior y de la seguridad nacional (1) de EUA hacia México tiene una dimensión tan abarcadora, que resulta necesario apreciarla desde una óptica más profunda que la simple relación bilateral. Los intereses económico-comerciales y de seguridad consolidados durante siglos, hacen de México un país prioritario para los intereses de política exterior y de seguridad estadounidense, tanto por el hecho de compartir frontera cómo por las implicaciones para la proyección hacia América Latina y el Caribe.
Dicha relación debe entenderse desde las características que asume un Imperio con su vecino más cercano en el periodo de su expansión territorial. Ello conllevó al despojo de una gran parte del territorio mexicano y a un proceso de influencia política, económica y sociocultural, donde Estados Unidos proyectó los primeros indicios de lo que hoy se conoce como los instrumentos de su poderío nacional.
Con el curso de los años, los mecanismos de dominación estadounidenses se han perfeccionado, delineando una política exterior y de seguridad acorde con cada contexto histórico. Ello parte de un conocimiento de las necesidades y características internas del pueblo mexicano, para poder consolidar su hegemonía.
Para un mayor conocimiento de la cultura mexicana, el Comando Norte de EUA (NORTHCOM) está desarrollando un programa “(…) contra México (que) se denomina “Programa de Análisis sobre la Cultura Mexicana” (…). Los asesores que forman parte de los programas del HTS (Human Terrain System) son por lo regular científicos sociales, donde se encuentran sociólogos, etnólogos, psicólogos, teólogos, antropólogos y otros.”(García Iturbe N., 2013)
Existen elementos geoestratégicos que hacen de México un foco de atención permanente. El hecho de compartir fronteras hace de ese país la ruta principal para los flujos de personas, drogas y armas entre EUA y Nuestra América. Esta peculiaridad ha conllevado a una serie de problemáticas económicas, políticas, culturales y de seguridad, que han influenciado y, en algunos casos, determinado la historia mexicana.
En los últimos años, México ha presentado graves problemas de seguridad, violencia y criminalidad, asociados al tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos, que tienen como principal aliento ser la puerta de entrada al primer mercado global de drogas, y la de salida del mayor mercado de armas.
La situación migratoria ha llegado a tal punto, que la reforma migratoria estadounidense constituye un punto central en la agenda de política exterior de ambos países, por lo que implica para la seguridad de ambos Estados y el impacto que posee a nivel regional.
Si bien la política exterior y de seguridad de EUA tiene un impacto a nivel global, para América Latina y el Caribe y en particular, para México, tiene una repercusión estructural. Para México resulta inminente la necesidad de cambios en la proyección de EUA. La crueldad de las leyes migratorias y la militarización de la guerra contra las drogas han sumergido a ese país en una lamentable situación de criminalidad, violencia, y corrupción que afecta los derechos humanos y la institucionalidad de México.
México se halla ante una encrucijada entre las complejas relaciones bilaterales con su vecino del norte y los graves problemas que enfrenta en la política interna.En ello tiene un gran impacto, la influencia de las estrategias impulsadas para la lucha antidroga priorizan la militarización sobre las medidas de beneficio social, lo que aparta a un segundo plano la generación de empleos y otros programas de desarrollo social. Desde esta perspectiva, aumenta su dependencia, generando mayor violencia y criminalidad para la sociedad.
Entretanto, los cárteles del narcotráfico incrementan su poder de fuego y perfeccionan la transportación de las drogas y el lavado de dinero, a partir de su relación con empresas legales estadounidenses que desarrollan el negocio de las drogas, consolidándolo como toda una empresa transnacional, con mecanismos de regulación de la oferta y la demanda.
Pero la militarización de la guerra contra las drogas no sólo ha incidido en el aumento de la violencia y de la inseguridad ciudadana en México sino que repercute también en los procesos electorales del país, en tanto las demandas ciudadanas priorizan los aspectos de seguridad sobre otras necesidades sociopolíticas. De igual forma, la corrupción política e institucional y los nexos existentes entre altos funcionarios gubernamentales con los cárteles de la droga, así como con el sector financiero, amplía el diapasón de análisis, hacia elementos poco atendidos en el enfrentamiento estadounidense al tráfico ilícito de drogas, y a delitos conexos como el tráfico de personas, precursores químicos y el lavado de dinero.
EUA ha logrado de México no sólo un aliado estratégico, sino un ratón de laboratorio donde ensaya y, a veces consolida, sus estrategias de dominación hacia todo el hemisferio occidental. La Iniciativa Mérida surgió como extensión del Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina para México y Centroamérica, producto del llamado “efecto globo” del flagelo de las drogas en las últimas tres décadas.
Uno de los grandes retos, tal vez imposible en la actualidad, lo constituye “desnarcotizar” la relación entre EUA y México. Desde el segundo mandado de Ronald Reagan (1985-1989) la temática tomó prioridad en la proyección de Washington hacia la región, y México como país fronterizo, se consolidó como la ruta fundamental del tráfico de drogas hacia EUA.
Sin embargo, fue durante el gobierno de Vicente Fox en México (2000-2006) que la política exterior y de seguridad estadounidense hacia este país adquirió una mayor recepción en cuanto a la influencia militar, con asesores militares y civiles que han velado porque el enfrentamiento contra las drogas, el tráfico ilegal de personas y otros delitos conexos se hicieran a la usanza estadounidense.
La Iniciativa Mérida, pactada en 2008 entre los ex presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y George W. Bush, ha conducido a un mar de sangre donde EUA pone las armas y las “técnicas” y México los muertos. “En los últimos cinco años, más de 60.000 personas han sido asesinadas en la lucha contra el narcotráfico en México. Y muchas de las armas que alimentan esta violencia son contrabandeadas de Estados Unidos a través de la frontera.” (“Petición Binacional le pide a Obama Endurecer Ley Contra el Tráfico de Armas a México”, WOLA, 2013)
Estos datos reflejan el fracaso de la llamada guerra contra las drogas y permiten reconocer la misma, como parte fundamental de la política exterior y de seguridad concebida para México. La falta de voluntad política de Washington para asumir de manera integral la responsabilidad compartida y diferenciada contra el flagelo de las drogas, puede argumentarse por la oportunidad que le brinda para incrementar su poder militar y su influencia político-diplomática e institucional en México. La vulnerabilidad de las fronteras mexicanas con EUA y, sobre todo, con Guatemala, extiende el tráfico de ilícitos, alentando la tendencia militarista del problema y la violencia con que operan cárteles como el de los Zeta(1).
No es de despreciar los efectos negativos que implican la pobreza, la violencia y los delitos conexos al tráfico ilícito de drogas, con un enorme impacto económico-social, lo que afecta las inversiones extranjeras y el turismo; hallando una mayor cobertura para criminalizar la protesta social. Asimismo se incrementa la privatización de la seguridad pública, con el alza de los precios de protección, rescate y servicio de guardaespaldas, con la preocupante intervención de empresas privadas de servicios de defensa y seguridad (contratistas).
La crisis político-institucional se ve estimulada por las suntuosas sumas de capitales de la “narco-economía”, corrompiendo más el sistema político y de defensa nacional, lo que lesiona la convivencia democrática de ese país y su gobernabilidad, con un lamentable costo para su soberanía.
Asimismo, la equívoca funcionalidad de la Iniciativa Mérida posibilita un paulatino aumento de la violencia en el mercado de las drogas de México, en tanto le resulte conveniente a la industria armamentista de EUA y a sus intereses geopolíticos y geoeconómicos
La impunidad con que actúan agencias estadounidenses como la Agencia Antidroga (DEA) y los contratistas al servicio de Washington en el territorio mexicano; ha llevado a la realización de operaciones ilegales de entrega de armas de fuego a los carteles de la droga como la Operación Rápido y Furioso. “Un reporte de Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF), plantea que el 70% de las armas incautadas en los últimos tres años en México procedían de Estados Unidos.” (“Petición Binacional le pide a Obama endurecer Ley Contra el Tráfico de Armas a México”, WOLA, 2013)
Ante esa situación, el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) liderado por Enrique Peña Nieto, deberá acometer reformas importantes en la recuperación de la credibilidad del Estado mexicano. Los problemas anteriormente mencionados, aumentan las presiones para que este gobierno oriente las políticas públicas en un sentido revitalizador de los derechos ciudadanos y la gobernabilidad democrática.
La carencia de programas sociales que desestimulen el crimen organizado trasnacional en México, y la abismal desigualdad de entre ricos y pobres ha fomentado la criminalidad. Esta situación vulnera las capacidades del Estado mexicano para acometer acciones autónomas en el plano de la seguridad. Por otra parte, la responsabilidad compartida y diferenciada del gobierno de EUA con el flagelo de las drogas y varios de los problemas estructurales de la economía mexicana, hacen improbable una solución donde no se cuente con el concurso de las fuerzas y los fondos del gobierno estadounidense.
Ha sido justamente la influencia de la política exterior y de seguridad de EUA, junto a la dependencia estructural de la economía mexicana, lo que ha sometido a ese país en una seria crisis sociopolítica, que demanda cambio que mejoren su credibilidad y eleven los niveles de seguridad ciudadana que presenta ese país en la actualidad.
“El 14 de enero de 2013 WOLA (la Oficina de Washington para Estudios Latinoamericanos) entregó una petición binacional a la Casa Blanca pidiendo a la Administración Obama endurecer las leyes para frenar el tráfico de armas a México, ya que en ese país la violencia se ha convertido en una realidad aterradora cotidiana para muchas comunidades”. (“Petición Binacional le pide a Obama Endurecer Ley Contra el Tráfico de Armas a México”, WOLA, 2013)
Ciertamente la situación que vive México hoy no se explica sin la proyección exterior y de seguridad de EUA, contrastándola con los antecedentes históricos de dependencia y dominación, en lo cual tiene un importante rol, los acuerdos establecidos en materia económica-comercial y financiera. “Dentro de los mecanismos de dominación utilizados por Estados Unidos, es importante tomar en cuenta el comercio, fundamentado en el intercambio desigual y preferencial en lo que respecta a la nueva metrópoli.”(García Iturbe N., Los Estados Unidos en la época de Bush, 2009)
En el plano económico, durante la primera mitad del siglo XX, México registró un importante crecimiento que lo ubicó como un referente para Latinoamérica y el Caribe. Ello ha sido utilizado por Washington para canalizar buena parte de sus intereses de dominación en la región a través de este país.
La dependencia en temas de seguridad complementa los acuerdos tomados en materia económico-comercial y financiera, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés) y la llamada Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN) mediante la cual se ha consolidado el sistema de dominación estadounidense en México, desde el fin de la “guerra fría” hasta la actualidad.
El TLCAN prohíbe la exigencia de requisitos de desempeño o reglas de comportamiento a los inversionistas extranjeros, lo que da una mayor cobertura a los empresarios estadounidenses para actuar sin controles exigentes. Por otra parte, las empresas exportadoras no están obligadas a someter a concurso sus compras como sí lo están el Estado y las empresas públicas, de manera que mientras existen controles para el Estado mexicano, el ramo empresarial trasnacional cuenta con grandes libertades para su desarrollo.
La asimetría existente entre ambas economías, ha conllevado a una seria reducción de la participación del capital mexicano en producciones y exportaciones (2,75%). A estos tratados se suma la incorporación de México a la Alianza del Pacífico, junto a aliados estratégicos de EUA como Colombia y Chile, además de Perú y otros miembros observadores como Panamá, para una alianza comercial impulsada por Washington en aras de amedrentar los esfuerzos integracionistas de países como Venezuela (ALBA) y Brasil (MERCOSUR y UNASUR).
La crisis global, ha conllevado a serias limitantes para la economía estadounidense, la que ha tenido serios problemas en el empleo y que posee un impacto directo en los inmigrantes mexicanos, que constituye la principal comunidad de latinos en ese país y ello a su vez tiene un impacto electoral. La reelección de Barack Obama con el apoyo de la mayoría de este sector, evidencia la importancia del voto latino como principal minoría de ese país, que ya cuenta con “(…) 50,5 millones de personas de origen latino que representan el 16% de la población y casi el 12% del electorado. Se convirtieron en la principal minoría del país y son mayoría en 28 ciudades, con un crecimiento de casi la mitad (43 %) en la última década.” (“Los retos de Obama en su segundo mandato 2013-2017”, 2012).
Estas transformaciones demográficas permiten comprender la ascendencia de los latinos en la política estadounidense, con figuras como Joaquín Castro, que calan en la opinión pública estadounidense, con efectos socioculturales de imprescindible valoración para un diagnóstico sobre la relación con la región y, en particular, con México. Sobre este elemento el académico Immanuel Wallerstein consideró:
“El antagonismo hacia México debido a los migrantes indocumentados ha llegado a jugar un papel importante en la política estadunidense y ha estado socavando los supuestos lazos económicos cercanos con México. Y en cuanto al resto de América Latina, el crecimiento de su postura geopolítica independiente es fuente de frustración para el gobierno estadounidense y de impaciencia para el público en ese país.” (Wallerstein, 2012)
Ello se traduce también en una reducción de los montos de remesas que recibe México, que registran un importante monto de US$ 24.000 millones, lo que lo convierte en el primer receptor de remesas de América Latina y el Caribe y en el tercero a nivel global. Entretanto, la deuda externa mexicana se incrementó de US$ 119.084 millones en 2006 a US$ 210.252 millones en 2012, registrando un crecimiento del 83 %.
La economía de México ha mostrado varios indicadores positivos en los últimos años que pueden tender a confundirse, pues muchos de los índices de mejoría se deben a las inversiones de empresas trasnacionales cuyo capital mayoritario proviene de EUA. De hecho los lazos comerciales bilaterales continúan creciendo, aunque el mercado chino aumenta la competencia para los productos mexicanos.
Según afirmó el Secretario Adjunto para Asuntos Económicos y Comerciales de EUA, José W. Fernández, entre EUA y México hay “(…) 500,000 millones de dólares en comercio, ya sea en mercancía o en servicios, todos los años… (El) comercio se ha cuadruplicado desde la firma del TLC. Todos los días hay más de 1.000 millones de dólares que van de un lado al otro de la frontera.” (Fernández, José W. Sitio Oficial de la Embajada de EUA en México, 2013)
En el plano político-diplomático, México se halla ante el reto de recuperar su otrora liderazgo regional. Esta postura también es alentada en cierta medida, por el gobierno estadounidense, en aras de disminuir el influjo de Brasil en el Gran Caribe y, en particular, en Centroamérica.
Estas circunstancias permiten apreciar el grado de interdependencia entre ambos países, lo cual acentúa los intereses y las prioridades de la política exterior y de seguridad de EUA hacia México. El flujo ilícito de personas, drogas y armas entre ambos países, hace de sus problemas comunes una poderosa razón para la cooperación bilateral; sólo que esta continúa siendo guiada desde la visión unidireccional del imperio estadounidense.
El viaje de Obama, a México y a Costa Rica para la reunión del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), era una deuda del primer mandato presidencial de Obama, respecto a la proyección hacia América Latina y el Caribe. En este viaje se actualizó la política bilateral hacia México, fundamentalmente en los tópicos de seguridad, donde resultaba necesaria una puntualización entre el gobierno de Obama y el de Enrique Peña Nieto.
El nuevo gobierno del PRI ha debido tomar algunas medidas que reflejen cambios respecto a la política de Calderón y ello tiene una expresión directa en la relación bilateral con EUA, sin bien se mantienen los lazos de dependencia y dominación estructural respecto al vecino del norte.
Las discusiones en el marco de la OEA sobre el tema de las drogas y el papel de México en ese tópico, fortalecen las protestas respecto a la necesidad de un cambio de política que contenga la violencia y la criminalidad que afecta a gran parte de la región. Entre los debates más importantes se destaca la despenalización y la legalización de algunas drogas. Este aspecto enfatiza las discusiones que se sostuvieron en la pasada Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias.
En la actualidad, el gobierno de EUA ha recrudecido la guerra antidroga, con la autorizaron de la utilización de aviones no tripulados (Drones), para su utilización en la persecución de narcotraficantes e inmigrantes, en aras de aumentar la seguridad en la Frontera de EUA con México. Ello refuta la errónea estrategia antidroga que persigue Washington, la cual reinvierte en el pilar militar, dejando a un lado el importante control del consumo en su país y el impulso a programas de asistencia social, que contrarresten en alguna medida, las marcadas diferencias sociales, que repercuten a su vez en la falta de empleos y la crisis económica, e incentiva la inserción en actividades ilícitas.
La fallida guerra contra las drogas ya va generalizando consenso en cuanto a su fracaso manifiesto. En el Informe de Human Rights Watch sobre la lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TDI) en México se reconoce, a consideración del director de esta Institución para “las Américas”, José Miguel Vivanco:
“En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país.” (Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, Desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ en México”, 2013)
Si se hace retrospectiva sólo una década atrás, puede apreciarse la agudización de estas problemáticas, con serias afectaciones a la institucionalidad, el Estado de derecho y la seguridad ciudadana; lo que hace pertinente reconsiderar las consecuencias que posee para la región, y en especial para la nación mexicana, la política exterior y de seguridad estadounidense.
Conclusiones
Las sucesivas administraciones del gobierno estadounidense, incluso la actual de Obama (2009-2017), han reflejado una continuidad en las estrategias de dominación hacia la región, con independencia de los cambios y matices ajustados al contexto histórico e internacional, a las condicionantes internas de ese Estado-Nación y las características de cada presidente.
La política exterior y de seguridad de EUA hacia México se ha comportado de manera estable en cuanto a sus intereses de dominación. Para ello se ha consolidado la dependencia de México hacia ese país, estrechando todos aquellos pilares que comprometen las políticas del Estado mexicano a los designios de EUA.
De manera general, el crimen organizado transnacional, vinculado fundamentalmente al tráfico ilícito de drogas, influye cada día más en la estabilidad mexicana, con un impacto en el sector social, económico y político, del cual no son ajenos los procesos electorales existentes en esa nación.
Con la Iniciativa Mérida se han consolidado los nexos de dependencia, que aumentan las presiones y las justificaciones para la penetración de personal de seguridad y otros asesores (contratistas) en territorio mexicano. Todo ello permite afirmar que la política antidroga de Washington para ese país ha resultado un fracaso.
La política exterior y de seguridad de EUA afronta la necesidad de transformar la visión de ese país ante el mundo. Para el caso latinoamericano, acoge un complejo contexto, con una correlación de fuerzas que resulta contestataria a los intereses imperiales en los foros regionales.
En ese panorama, el gobierno estadounidense ha debido perfeccionar la proyección político-diplomática, mediante el poder inteligente (smart power) y la diplomacia y el desarrollo como complemento de la defensa (las tres D). Desde estos presupuestos, se perfeccionan las bases esenciales de la proyección exterior de EUA, para el efectivo cumplimiento de los objetivos estratégicos en la esfera internacional.
Ante el impacto de la crisis económica, EUA ha reconocido la necesidad de realizar cambios a nivel doctrinal, para el ejercicio de una política exterior más efectiva. En este sentido, ya no basta con la recuperación económica y la demostración de la supremacía militar, sino que para la consolidación hegemónica es también necesaria la preservación de su liderazgo en el orden político, diplomático, ideológico, cultural e informacional.
Desde estos presupuestos, se desarrolla una diplomacia en correspondencia con la necesidad de recuperar credibilidad y adecuar la agenda internacional a los nuevos tiempos. Para ello, los Departamentos y Agencias del gobierno estadounidense han llevado a cabo varias reformas, donde se destacan las implementadas por el Departamento de Estado y la Agencia de EUA para el Desarrollo Internacional (USAID).
En este escenario, el gobierno estadounidense re-articula los instrumentos del poderío nacional para perfeccionar la penetración imperial. Para ello, se validan conceptos como la responsabilidad de proteger, para temas sensibles como la seguridad humana, la gobernabilidad, la convivencia democrática, el Estado de derecho, la violencia y la criminalidad, que faciliten el trabajo de influencia y dominación de la política exterior y de seguridad de EUA hacia México.
Citas bibliográficas:
(1) Se entiende la seguridad nacional según la define operacionalmente la Dra. Soraya Castro, como una capacidad de los Estados que explica la necesidad de darle seguimiento constante tanto a las amenazas que pueden poner en riesgo la nación como a los recursos con que cuenta el país para responder a dichas amenazas de forma efectiva y exitosa. ¿Qué persiguen, o deben perseguir, los Estados con esta actuación? Alcanzar una condición de seguridad y estabilidad que garantice la continuidad de su sistema y, por consiguiente, la defensa y preservación de sus intereses y objetivos nacionales. Es una condición relativa por las características de las relaciones internacionales en la era globalizada.
(2) Destacar de los Zeta su carácter militarista, por proceder muchos de sus integrantes de tropas élites del Ejército mexicano, y de algunos países de Centroamérica, que fueron entrenadas por la CIA. Los Zeta nacieron como brazo armado del cártel del Golfo para luego independizarse. La militarización de la guerra contra las drogas entre Estados Unidos y México ha agudizado el problema, por lo que el proceder del cártel de los Zeta constituye un ejemplo de la equívoca política de EUA hacia el narcotráfico.
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