20070219 bogota maria consuelo araujo

Uribe y la “parapolítica”

Apartados xeográficos Nacionalismos ARQUIVO
Idiomas Galego
 María Consuelo Araújo, clic para aumentar
La relativa "luna de miel" que hasta ahora mantenía Uribe con la opinión pública colombiana puede desvanecerse a raíz del escándalo de la "parapolítica" y afectar su hasta ahora popular doctrina de "seguridad democrática" y el polémico proyecto de "Justicia y Paz" que califica a las acciones paramilitares como "delitos políticos", proclives a la amnistía. (Foto: La ex ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araújo, en el momento en que anunciaba su renuncia al cargo desde el Palacio Presidencial de Bogotá).
 

Convertida en la primera víctima política del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el caso de la ex canciller colombiana María Consuelo Araujo desvela el complejo nudo gordiano en torno a viejas relaciones entre miembros del gobierno colombiano y los grupos paramilitares, lo que en Colombia ya se denomina la "parapolítica".

La ex canciller de 35 años renunció a su cargo el pasado 19 de febrero, tras revelarse las conexiones entre su hermano, el senador Álvaro Araujo y determinados jefes paramilitares, especialmente el comandante Rodrigo Tovar Pupo, denominado "Jorge 40", con gran poder en la costa caribeña. Este jefe paramilitar también tuvo un papel esencial en el desvelamiento de un falso testigo por el asesinato del fiscal venezolano Danilo Anderson, ocurrido en octubre de 2004.

La detención del senador Araujo y las investigaciones hacia su padre Álvaro Araujo Noguera provocaron la caída de la ex canciller, una de las figuras más representativas del gobierno de Uribe y la figura destacada de un clan familiar con fuerte arraigo popular.

El precio político

El operativo judicial implementado desde hace varios meses para descubrir los lazos entre políticos y jefes paramilitares logró la detención de seis congresista y otros seis alcaldes miembros del partido de Uribe. Con ello, el presidente pierde un 4% de su representación electoral ante el Congreso.

Los políticos detenidos provenían del departamento del Casanare, rico en yacimientos petroleros. Precisamente, este factor es esencial para comprender parte del problema, ya que los acusados fueron beneficiados gubernamentalmente con millonarias regalías por la explotación del petróleo, cuyos recursos fueron presuntamente administrados por grupos paramilitares a través de las Autodefensas Campesinas de Casanare, ACC, a cambio de respaldo político a las candidaturas.

Obviamente, el escándalo tendrá serias consecuencias para la política colombiana y, en especial, para el presidente Uribe y miembros de su partido, especialmente de cara a las elecciones municipales de octubre próximo.

Otro factor será conocer cuál será la consecuencia del escándalo de la "parapolítica" dentro de los pequeños partidos parlamentarios que apoyaron a Uribe en las elecciones del 2006, cuyas opciones de supervivencia política son escasas. Este escenario de tensión dentro del Congreso puede afectar severamente el piso político para Uribe a la hora de negociar diversos acuerdos de gran importancia para su gobierno.

La "paramilitarización" de la política

Por lo tanto, esta primera crisis gubernamental para Uribe en su segundo período puede cobrarle un alto precio político y traer severas consecuencias para el futuro de su país, manteniendo un fuerte pulso entre los tres poderes públicos.

En las manos de la Corte Suprema de Justicia está ahora la investigación de una elaborada estrategia que incluso podría haber modificado el mapa político colombiano de los últimos años. Esta especie de "paramilitarización" de la vida política colombiana, especialmente beneficiada desde que Uribe llegó al poder en el 2002, permitió a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, el control de varias esferas de la vida política colombiana, principalmente en las regiones.

Los expedientes judiciales en manos de la Corte Suprema muestran casos de amenazas contra alcaldes, fiscales, periodistas y candidatos regionales; asesinatos para obtener escaños parlamentarios; complicidad en secuestros; desviación de dinero público y creación ilegal de grupos armados irregulares. El centro operativo de esta estrategia parecía pasar por "Jorge 40".

En realidad, no son nuevas las acusaciones de vinculación de Uribe con grupos paramilitares, ya que éstas fueron prolíficas en sus tiempos de gobernador del estado de Antioquia, cuando creó los Grupos Convivir, destinados al combate de delincuencia común. Estos vínculos pesaron en diversas críticas en su contra, cuando Uribe se postuló por vez primera al cargo presidencial en el 2002.

El ambiguo proceso de paz

El problema es que el escándalo de la "parapolítica" ocurre en el momento en que el gobierno de Uribe y los grupos paramilitares iniciaron un incierto proceso de desmovilización y desarme, cuyos primeros resultados han sido ambiguos.

Muchos "comandos paramilitares" se desarmaron y desmovilizaron, pero varios grupos como el mencionado ACC y jefes regionales se oponen a este proceso. No todos vieron con buenos ojos que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso iniciara hace poco un proceso de "mea culpa" sobre los crímenes paramilitares.

También habrá que medir el efecto del escándalo de la "parapolítica" en la estrategia política que puedan adoptar las guerrillas de las FARC y el ELN, esta última inmersa en un proceso de negociación y desarme con el gobierno de Uribe, como consecuencia de la desmovilización paramilitar.

En el caso de las FARC, la estrategia que se impone desde el gobierno de Uribe es de mayor acoso y ofensiva, manifestado en su enfoque antiterrorista y reforzado ahora por la ampliación desde Washington del Plan Colombia hasta el 2010, con un mayor nivel de expansión por un área andina controlada por gobiernos de izquierda en Ecuador, Venezuela y Bolivia.

La relativa "luna de miel" que hasta ahora mantenía el carismático Uribe con la opinión pública colombiana puede desvanecerse a raíz del escándalo de la "parapolítica" y afectar su hasta ahora popular doctrina de "seguridad democrática" y el polémico proyecto de "Justicia y Paz" que califica a las acciones paramilitares como "delitos políticos", proclives a la amnistía.

Estos efectos parecen provocar trastornos en el ánimo presidencial: en los últimos días, los medios colombianos reflejaban también ciertas posturas de enojo del presidente ante las críticas en su contra por obtener una nueva reforma constitucional que le permita postularse a otro período después del 2010.