Venezuela: la crisis hemisférica

Con un masivo éxodo a países vecinos (Colombia, Perú, Brasil, Ecuador) estimado en más de dos millones de personas, la crisis venezolana ha adquirido dimensiones hemisféricas en un 2018 donde el presidente Nicolás Maduro ha consolidado su poder a través de una controvertida elección presidencial vía constituyente. Con todo, el colapso económico venezolano, la represión interna, la inexistencia de mecanismos de diálogo con una oposición fragmentada, el progresivo aislamiento exterior y la incesante presión hemisférica (sopesando incluso una no menos controvertida intervención militar) dejan a Maduro y a la “troika” de poder “post-chavista” ante una compleja situación, cada vez más dependiente de los intereses geopolíticos de China, EEUU y Rusia.

Con un masivo éxodo a países vecinos (Colombia, Perú, Brasil, Ecuador) estimado en más de dos millones de personas, la crisis venezolana ha adquirido dimensiones hemisféricas en un 2018 donde el presidente Nicolás Maduro ha consolidado su poder a través de una controvertida elección presidencial vía constituyente. Con todo, el colapso económico venezolano, la represión interna, la inexistencia de mecanismos de diálogo con una oposición fragmentada, el progresivo aislamiento exterior y la incesante presión hemisférica (sopesando incluso una no menos controvertida intervención militar) dejan a Maduro y a la “troika” de poder “post-chavista” ante una compleja situación, cada vez más dependiente de los intereses geopolíticos de China, EEUU y Rusia.

La incesante crisis venezolana ha adquirido definitivamente proporciones de carácter hemisférico en este difícil 2018. Incluso, a esta crisis ya se le atribuye un carácter histórico, considerada entre las peores vividas a nivel mundial en los siglos XX y XXI(1). Pero en esta oportunidad, la clave ya no es únicamente la confrontación política entre un “post-chavismo” liderado por el presidente Nicolás Maduro y una oposición dividida y fragmentada.

El foco está concentrado en el impacto que a nivel exterior tiene una alarmante crisis social que traspasa las fronteras venezolanas, motivadas por una sensación de colapso económico derivado del fracasado modelo del “socialismo del siglo XXI”, de las erráticas políticas económicas de Maduro y del declive de la industria petrolera venezolana.

         Los síntomas de esta crisis hemisférica son claramente perceptibles. De acuerdo a estadísticas de diversas ONGs, más de dos millones de venezolanos han salido del país en este 2018(2). La grave situación socioeconómica venezolana ha dado paso a un nuevo tipo de emigrante o exiliado: ya no es aquel proveniente de clases altas y medias, como venía sucediendo hasta hace poco, sino que ahora esos emigrantes son claramente de clases pobres y populares, el sector tradicionalmente hegemonizado por el “chavismo”, y que hoy huye incluso a pie hacia países vecinos como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.

         Al problema de emigrar se le une, en algunos casos, brotes de tensión social con visos xenófobos en aquellos países receptores. Así ha sucedido con ataques a campamentos de venezolanos emigrados al norte de Brasil, en el estado de Roraima, muy cerca de la frontera venezolana, presenciados a mediados de 2018.

Del mismo modo, en países como Ecuador se han realizado manifestaciones en contra de la llegada de venezolanos. Perú, otro destino de esta emigración, se ha visto obligado a revisar sus políticas de asilo y de tránsito de emigrantes. Ya con anterioridad, en países como Panamá se organizaron grupos nacionalistas contrarios a la emigración venezolana. La propia ACNUR llegó a reconocer este éxodo masivo de venezolanos como una “crisis humanitaria y de refugiados”(3).

  1. El “madurismo” en aguas turbulentas

 Todo ello ocurre mientras Maduro ha logrado consolidar su poder en este complejo 2018, a través de una controvertida elección presidencial vía Asamblea Nacional Constituyente (ANC) alcanzada en mayo de 2018(4).

Pero el laberinto de esta crisis socioeconómica gravita en una presidencia con cada vez mayor concentración de poder pero incapaz de solucionar problemas básicos como la escasez alimentaria, la apertura de un canal humanitario ante la falta de medicinas(5) y la imparable inseguridad ciudadana.

Para completar el dantesco panorama, las erráticas políticas financieras de Maduro, con constantes devaluaciones y el lanzamiento de un nuevo signo monetario (petromoneda) han contribuido a profundizar aún más la crítica situación económica, mediatizada por el espectro de una hiperinflación incesante(6).

Con todo, Maduro parece más enfocado en profundizar su poder que en dar curso a una solución convincente a la crisis. Para ello, se ha encomendado a dos polémicos instrumentos (Carnet de la Patria y bolsas de alimentos CLAP) claramente discriminativos y de carácter clientelar, con visos de acentuar un mayor control político sobre la ciudadanía.

Esta estrategia diluye aún más los mecanismos democráticos de equilibrio de poderes, aspecto que se agrava ante el fracaso de los instrumentos de diálogo establecidos hasta ahora con sectores opositores en Venezuela.

Paralelamente, en perspectiva política, Maduro está decidido a acentuar una estructura de poder “post-chavista” cada vez más “madurista”, a través de la conjunción de intereses (en algunos casos de carácter circunstancial) entre una ANC creada a su medida contextualizada con factores de poder coadyuvantes como son la estructura política y burocrática en manos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Esta estrategia “madurista” y “post-chavista” ya fue evidente durante la campaña electoral presidencial de mayo pasado(7), con la relegación de la imagen del fallecido ex presidente Hugo Chávez durante los actos electorales y su substitución deliberada por la de Maduro. Incluso, Maduro creó un nuevo movimiento de corte electoral, “Somos Venezuela”, por fuera del PSUV.

Impulsada en agosto de 2017 alterando incluso las prerrogativas constitucionales (no se convocó previamente a un referéndum de consulta), la ANC se ha constituido en el principal instrumento político y legislativo del régimen de Maduro, con claras expectativas de sepultar cualquier atisbo de disidencia, especialmente por parte de una Asamblea Nacional del Poder Popular en manos de la oposición desde su abrumadora victoria electoral legislativa en 2015.

No obstante, el contexto actual luce complejo para la “troika” de poder instalada en Caracas, liderada por tres grandes ejes: el matrimonio presidencial Maduro-Flores; los hermanos Jorge (ministro de Comunicación y de Información) y Delcy Rodríguez (actual vicepresidenta de gobierno); y el presidente de la ANC, Diosdado Cabello. A ellos debe sumarse un político en ascenso: el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, a quien se le atribuye una línea de conexión con Washington.

Esta “troika” intenta equilibrar las facciones que siguen cohabitando dentro del “chavismo”, algunas de ellos de ala radical. La presión exterior hacia Maduro acelera igualmente estos pulsos internos, toda vez el eje gubernamental parece persuadido a negociar paralelamente con Washington una salida transitoria y pacífica, con posibilidad de nuevas elecciones(8).

  1. Complejo aislamiento exterior

En contraste con el plano interno, a nivel exterior se palpa un progresivo aislamiento hemisférico para Maduro. La victoria del derechista Iván Duque en las presidenciales colombianas, del conservador Sebastián Piñera en Chile y las expectativas presidenciales brasileñas de cara a la segunda vuelta (28 de octubre) tras el contundente triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro en la primera vuelta (07/10/2018), dejan a Maduro ante un complejo panorama regional.

Este cambio político “neoconservador” a nivel hemisférico a través del actual ciclo electoral ha modificado incluso a la arquitectura de integración regional impulsada desde hace más de una década por el “chavismo”. Colombia anunció recientemente su salida de la UNASUR, toda vez Ecuador ha hecho lo mismo con respecto al ALBA. Otro organismo, la CELAC, brilla claramente por su opacidad.

Paralelamente, la grave crisis política en Nicaragua, aliado venezolano a través del eje ALBA, ha retrotraído a este país centroamericano escenas de violencia política similares a las acontecidas en 2017 en Venezuela. Con más de 300 muertos, la crisis nicaragüense ha explotado a nivel hemisférico casi como un émulo de la venezolana.

En este sentido, la presión hemisférica hacia los gobiernos de Daniel Ortega y de Maduro hace presagiar medidas punitivas conjuntas impulsadas desde la polémica administración de Donald Trump en la Casa Blanca. En el epicentro está igualmente Cuba, que en abril pasado dio paso a un histórico relevo “post-castrista” en manos del actual presidente Miguel Díaz-Canel y que en la actualidad está inmerso en un proceso de consulta popular sobre una nueva reforma constitucional.

La administración Trump interpreta prácticamente de manera conjunta que la presión hemisférica hacia Venezuela y Nicaragua repercutirá inevitablemente en el marco geopolítico vía ALBA trazado por La Habana desde hace más de una década. Por ello, en la Casa Blanca parecen estimar que el nudo georgiano se concentra en Venezuela, razón por la que las opciones para salir de Maduro aumentan considerablemente en Washington.

En este sentido, asciende el papel del senador republicano de origen cubano Marco Rubio. Su sintonía con Trump y el sector de los “halcones” en la Casa Blanca para mantener la “línea dura” contra Venezuela, Cuba y Nicaragua comienza a tener eco.

Toda vez, las expectativas de una posible intervención militar hemisférica en Venezuela, si bien ya se ventilan públicamente, no parecen ser tan claras. La veda la comenzó el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien durante una visita a mediados de septiembre de 2018 a la ciudad colombiana de Cúcuta, muy cerca de la frontera con Venezuela, para observar la dimensión de la crisis humanitaria venezolana, dejó entrever que la opción de intervención militar hemisférica “no es descartable”.

El Grupo de Lima, mecanismo regional para la resolución de la crisis venezolana, ya se manifestó públicamente en contra de este tipo de intervención. No obstante, Colombia, uno de los miembros de este grupo, no secundó esta posición, aspecto que confirma la sintonía entre Bogotá y Washington con respecto a las posibles salidas de la crisis venezolana.

Con todo, Maduro cuenta con estratégicas alianzas con China y Rusia, las cuales se erigen cada vez más como el sostén clave para el régimen venezolano, particularmente en el apartado financiero, en la que la “petromoneda” parece tener un peso esencial(9).

En caso de elevarse la crisis venezolana ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Maduro cuenta con el bloqueo de Moscú y Beijing a cualquier iniciativa de inherencia exterior, principalmente impulsada desde Washington.

Otro factor exterior preocupante para Maduro es la cada vez mayor percepción de que Venezuela se ha convertido en un epicentro hemisférico de la criminalidad, en particular del narcotráfico(10). Esto ha llevado a constantes críticas, principalmente desde EE.UU, Colombia y la Unión Europea, sobre la presunta existencia de mafias que han penetrado en el entramado institucional del poder en Caracas, con la presunta benevolencia del propio gobierno y la FANB.

  1. El atentado contra Maduro y el desconcierto opositor

El confuso atentado perpetrado contra el presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto de 2018 sirvió como pretexto para ahogar aún más políticamente a la fragmentada oposición venezolana y arreciar la represión interna.

De esta forma, Maduro busca reforzarse políticamente en este contexto post-atentado. Ordenó la detención del diputado opositor Juan Requesens (partido Primero Justicia, PJ), acusado de presuntamente ser el autor intelectual del atentado. También se adelantó la petición de cárcel para el ex presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges (PJ), actualmente exiliado en Colombia. Según la Fiscalía General venezolana, existen 34 implicados en el atentado, entre ellos dos generales.

El confuso atentando también ha mostrado las fisuras y divisiones opositoras. Sectores en el exilio, particularmente radicados en Miami (EE.UU), han informado (e incluso alguno de ellos atribuido) sobre la autoría del atentado. Otras informaciones indican de la existencia de una célula de carácter paramilitar (“Movimiento Nacional Soldados de Franela”). Esta célula se atribuyó la autoría del atentado a través de un comunicado. Otras fuentes señalan a facciones opositoras a Maduro existentes dentro de la FANB.

Pero la realidad parece demostrar que estos grupos están políticamente divididos y desconectados. Al mismo tiempo, se observa un fuerte distanciamiento de los grupos opositores, tanto en Venezuela como en el exilio.

Este clima de división es más palpable con respecto a la legitimidad de la cada vez más fracturada Mesa por la Unidad Democrática (MUD), aún considerada oficialmente como la plataforma opositora. Algunos sectores opositores, liderados por la activista María Corina Machado (partido “Vente Venezuela”), denuncian la presunta complicidad entre miembros de la MUD con Maduro, en aras de propiciar una especie de aggiornamiento enfocado en la supervivencia política de algunos sectores opositores más moderados.

Debe igualmente destacarse la aparición de otra plataforma, Frente Amplio por una Venezuela Libre, creada en marzo de 2018 y que busca una nueva representación política desde la sociedad civil que eventualmente genere una transición política “post-Maduro”. En este sentido, el Frente Amplio podría eventualmente rivalizar con la MUD.

  1. Impopulares medidas económicas

Los constantes cortes de suministro de electricidad, la crisis sanitaria, la escasez alimentaria y la incertidumbre financiera impulsan el descontento ciudadano. Según un informe de julio pasado elaborado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), a diario se registran unas 30 protestas a nivel nacional.

Las recientes medidas económicas (17 de agosto) impulsadas por Maduro dentro del plan de “recuperación económica” a partir del 20 de agosto, advierten con intensificar estas protestas. Estas medidas comprenden el aumento del salario mínimo, del IVA (16%) y la compatibilización de los precios a la criptomoneda, el Petro. Este plan contempla igualmente un nuevo sistema de cambio de una sola tasa, el Bolívar Soberano, calculada al valor de la criptomoneda. 

Ante estas medidas, la oposición ha clamado reiterativamente por la realización de huelgas nacionales, hasta ahora sin el impacto esperado. En todo caso, el espectro de hiperinflación, de escasez alimentaria y de ineficacia sanitaria fragmentan igualmente una popularidad de Maduro cada vez más en declive, particularmente en las bases populares del “chavismo” que no se sienten representados por la actual dirigencia “madurista”.

  1. ¿Hacia el colapso petrolero?

Otro factor crítico se enfoca es el principal rubro de la economía venezolana, el sector petrolero. Especialistas petroleros consideran que la estatal petrolera venezolana PDVSA requiere inversiones de más de US$ $20.000 millones para recuperar sus niveles de producción. En la actualidad, PDVSA produce 1,36 millones de barriles diarios (b/d), su nivel histórico más bajo.

La preocupante situación financiera de PDVSA obliga a Maduro a depender cada vez más de la ayuda rusa y china. Pero incluso allí también tiene problemas. En marzo de 2018, la empresa petrolera rusa Rosneft y su homóloga china Petrochina rechazaron hacerse cargo de las refinerías de Amuay (con capacidad para producir 650.000 b/d) y Cardón (310.000 b/d), ubicadas en la península de Paraguaná (noroeste de Venezuela). La razón se debe a su estado de abandono y las millonarias inversiones necesarias para recuperarlas.

La situación se complica aún más ante la eventual congelación de activos de Citgo, la filial de PDVSA en EE.UU. El pasado 9 de agosto de 2018, Leonard Stark, juez federal de la Corte del Distrito de Wilmington, en el estado de Delaware (EE.UU) autorizó la demanda de US$ 1.386 millones impuesta por la empresa minera canadiense Crystallex International Corp., contra PDV Holding, Inc (PDVH), filial de PDVSA en EE.UU y propietaria de las acciones de Citgo Holding, INC. 

Esta demanda se originó en el decreto de expropiación de activos de Cristallex en Venezuela, decretados en 2008 por el anterior gobierno de Hugo Chávez. Paralelamente, también el pasado 20 de agosto, PDVSA aceptó asumir el pago de indemnizaciones valoradas en US$ 2.000 millones a la empresa estadounidense ConocoPhillips(11).

Todo ello acrecienta las percepciones de un eventual colapso de la otrora floreciente industria petrolera venezolana tras casi dos décadas de “chavismo” en el poder(12). Una metáfora que interpreta los alcances de la cruda realidad de una crisis venezolana cada vez más internacional.

 

 

 



(1) “Venezuela entra en la historia de las grandes crisis”, El País (España), 09/10/2018. Ver en: https://elpais.com/economia/2018/10/08/actualidad/1539019657_684642.html

(5) La única medida adoptada por Maduro en este sentido fue la reciente llegada del barco hospital chino a las costas venezolanas, tras una visita del presidente venezolano a Beijing en septiembre pasado. Ver: https://www.dw.com/es/buque-hospital-chino-llega-a-venezuela/a-45604851. No obstante, sectores opositores especulan que este canal humanitario chino supone posibles medidas de discriminación política por parte de Maduro hacia aquellos beneficiarios de la ayuda humanitaria, tomando en cuenta los sistemas de controles ciudadanos establecidos por el gobierno venezolano.

(8) La reciente muerte (08/10/2018) en oscuras circunstancias del concejal Fernando Albán (partido Primero Justicia, PJ) tras ser detenido y trasladado a la sede de la policía política SEBIN acusado de presunta participación en el fallido atentado contra Maduro (04/08/2018) deja entrever estas disputas internas dentro del “chavismo”, particularmente entre las alas moderada y radical. La muerte de Albán ocurre mientras Maduro recibía en el palacio de Miraflores al senador estadounidense Bob Corker, en un intento por restar tensión en las relaciones con Washington, toda vez la noticia ha tenido un enorme eco mediático internacional, provocando reacciones de estupor e indignación en gobiernos europeos y latinoamericanos.

(11) Esta empresa había demandado a PDVSA ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) por expropiación de proyectos de inversión realizados en 2007 en la Faja Petrolífera del Orinoco, durante el proceso de nacionalización petrolera decretado por el ex presidente Chávez.