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Tendencias 21 15 de Agosto de 2013 Ríos

España y China: la corrupción

¿Acabará siendo China un modelo para España en la lucha contra la corrupción? La pregunta puede no ser “políticamente correcta” y hasta para algunos “escandalosa”, resbaladiza e inductora de equívocos, pero al paso que vamos...

La corrupción es un fenómeno ciertamente grave y muy extendido en China. Una de sus constantes históricas. Esto no es ninguna novedad. En los últimos tiempos, ya durante el mandato de Hu Jintao al frente del PCCh (2002-2012), se multiplicaron los llamamientos y políticas para ponerle freno haciendo depender la supervivencia del Partido del éxito de esta estrategia. No es una exageración. Xi Jinping, su sucesor, le está dando una nueva vuelta de tuerca. No pasa una semana sin que se informe de suspensiones, investigaciones, expulsiones, etc., que afectan a funcionarios de cualquier nivel, tanto local como central, ya sea de la justicia, de la administración, asambleas populares, salud pública, empresas extranjeras, sector privado... incrementándose la transparencia en los casos de mayor impacto social ya sea por iniciativa propia o de las redes sociales.

Las exigencias de reducción en el gasto público (recepciones, vehículos oficiales, banquetes, viajes al extranjero, etc.) asociado a comportamientos indecorosos están al orden del día y pretenden cumplirse con mayor escrupulosidad. Detrás de la orden de paralización de la construcción de nuevos edificios públicos en los próximos cinco años no solo hay un propósito de ahorro sino también el freno al afán de los funcionarios corruptos que estimulan los proyectos para embolsarse las comisiones correspondientes. El combate se extiende a todos los órdenes, ya sea mafias que trafican con bebés, multinacionales farmacéuticas implicadas en sobornos hasta el propio ejército, a cuya tropa Xi Jinping ha invitado a probar la “ropa vieja” recalentando las sobras del día anterior como menú del día siguiente... ¡bendita sea la frugalidad! Todo esto ha repercutido claramente y en primer lugar en el frenazo del mercado del lujo en sus diversas formas en China, víctima de la nueva austeridad de su principal cliente.

La estrategia se plantea como un impulso que dice no distinguir rangos ni jerarquías para recuperar la confianza de una población distanciada y escéptica que se anhela convertir en aliada para controlar mejor el ejercicio de un poder amenazado de resquebrajamiento. En el horizonte, el proceso público contra Bo Xilai, el dirigente de Chongqing expulsado del PCCh en septiembre del pasado año, que se pretende presentar como paradigma de los nuevos tiempos en que “no hay excepciones ni privilegios” que proporcionen inmunidad. Claro que no puede decirse que todo sea color de rosa. Ni mucho menos. Por el momento, por ejemplo, este borrón y cuenta nueva no parece incluir medidas eficaces de transparencia sobre patrimonios de los dirigentes a todos los niveles o un régimen de incompatibilidades más severo, ni tampoco propuestas sólidas que puedan reforzar la independencia del poder judicial –también en el disparadero-, víctima de las interferencias de otras fuentes de poder y del tráfico de influencias.

Tradicionalmente se han asociado en China la lucha contra la corrupción y las luchas de poder. Los ajustes de cuentas, de naturaleza política, encuentran en la corrupción el bálsamo que diluye las divergencias de otro tipo entre rivales de forma que los intereses de unos y otros grupos encuentran en ella el disimulo de las pugnas que antaño revestían un barniz ideológico. La rentabilidad política de estas operaciones siempre ha sido objeto de escrupuloso cálculo. Por no hablar de las insuficiencias normativas, de la conculcación de principios básicos de lo que conocemos como Estado de derecho, el cuestionamiento activo de la independencia del poder judicial, o la propia aplicación de la pena de muerte, etc. Los contextos sistémicos y socioculturales son diferentes y no cabe abundar en ello.

Todo esto es cierto, pero también lo es que mientras en España se incrementa la sensación de imperio de la impunidad, en China, a día de hoy y ante una percepción similar respecto a la magnitud del fenómeno, parece avanzarse en sentido contrario. El “todo quedará en nada” predomina en España sobre la idea china de que “al que pillan se le acabó la bicoca”. Y mientras en China la lucha contra la corrupción es objetivo principal de la agenda política, en España, el gobierno, a la defensiva, solo admite ser objeto de un proceso inquisitorial general, de una campaña de acoso y derribo ante la que no bajará la guardia por “responsabilidad”.

Hay ámbitos en que las diferencias sistémicas requieren matices significativos. La relación-colusión entre el mundo de la política y los negocios es un hecho “normalizado” en China en virtud del liderazgo que el PCCh reivindica sobre la economía, sus principales vectores y empresas, cuya gestión y política de nombramientos se reserva y fiscaliza. En el caso español, su negativa asociación no impide que el fenómeno se haya agravado subrepticiamente y de forma totalmente escandalosa al amparo de los procesos de privatización de las últimas décadas funcionando la puerta giratoria como si de un molino de viento se tratara.

Lo más notorio de la fase actual de la lucha contra la corrupción en China cabe referirlo a dos extremos. Primero, la progresiva domesticación de uno de sus grandes quebraderos de cabeza. Internet (y los medios de comunicación, aunque estos más sometidos al deber de obediencia a las autoridades) se ha convertido en un referente inexcusable para recuperar la relación dañada entre el poder y la sociedad. El sistema disciplinario interno, a través de la Comisión Central de Control Disciplinario que lidera Wang Qishang, funciona a tiempo completo con el propósito de transmitir la sensación de apuesta decidida por un gobierno limpio. Las medidas se acompañan de una mayor transparencia pública en la gestión de diferentes asuntos que producen malestar inmediato en la ciudadanía, ya nos refiramos a la contaminación o los accidentes, incluidos los laborales (aplicando sanciones inmediatas contra los responsables), o la creación de plataformas contra la difusión de rumores falsos que permite una enorme laxitud en el control de las autoridades. La proyección de la información en las redes y su eco en el ámbito oficial con reacciones rápidas y ejemplarizantes no dejan de generar una moderada simpatía donde antaño imperaba el rechazo ante la celeridad y la discreción con que se intentaban solventar la mayoría de los casos, fuera del escrutinio público para evitar el escándalo. Los internautas, obrando con motivaciones muy diversas, se han constituido en la mejor fiscalía situando en la picota la arbitrariedad y los abusos de poder, poniendo al descubierto los estrechos vínculos existentes entre los gobiernos, el mundo de los negocios, la justicia -uno de los problemas más espinosos de la política china-, sin que las autoridades se empeñen, por sistema, en su silenciamiento. Esa presión cívica en la red está configurando un nuevo poder que ahora se encara con muestras de otra flexibilidad.  

El segundo aspecto guarda relación con la generación de nuevos puentes con la sociedad, muy sensible, motivada, frustrada y resentida pero igualmente inclinada a colaborar en el combate contra este flagelo. La petición de auxilio del PCCh es bastante inédita pues siempre ha reivindicado por igual el poder de iniciativa y la suficiencia, entendiendo la incriminación externa como una desautorización provocadora, un desafío, por más certera y justificada que fuese la indignación. Desarrollando esa línea de conducta no solo puede el PCCh recuperar parte del crédito perdido sino que, sobre todo, puede restar a sus críticos una baza de valor inconmensurable para desautorizar su capacidad para combatir la corrupción dentro y fuera de la Administración. Esta orientación se acompaña, claro está, de la represión sin miramientos de quienes desde un ideario alternativo pretenden utilizar la corrupción para debilitar el sistema, caso de la disidencia liberal que tiene también en la corrupción un sólido argumento para denunciar a unas autoridades que temen ser descubiertas por la opinión pública, enfrentando a ambas.  

En cualquier caso, huyendo de los tópicos simplones, justo es reconocer que parece tomarse más en serio que nunca la lucha contra la corrupción. Puede que sea una campaña más y que su fundamento último radique en la necesidad de consolidar el poder de los nuevos mandatarios. Y subsiste el riesgo de volver en poco tiempo a la situación anterior cuando el temporal amaine si no se afianza con cambios estructurales que hagan más difícil la corrupción. No obstante, esas dos innovaciones y, principalmente, el bosquejo de ese apoyo crítico de la ciudadanía al control ejercido por parte de las autoridades le otorgan mayores dosis de fiabilidad y será difícil de conjurar en el futuro, pudiendo subir niveles en el examen de las jerarquías.

El problema de fondo, en China y en España, no es otro que el control del poder político y sus ramificaciones y no tiene fácil solución. Sin duda, el fomento de una cultura de control en la ciudadanía y en los legislativos locales podría establecer una relación diferente, más aun si se acompaña del reforzamiento de la independencia de la justicia y sus medios, pero pronto adivinaremos los límites pues dicho control no pretende extenderse a todos los dominios de la actividad política ni dar como resultado la aparición de un poder independiente del partido.

En nuestro caso, también debemos tener en cuenta que la posibilidad de castigar a los presuntamente corruptos en cada ciclo electoral (o incluso antes si se habilitara la posibilidad de revocación anticipada), a priori una gran ventaja del sistema democrático, no es suficiente y a veces se revela manifiestamente imposible en virtud de la dimensión de las redes clientelares y la desorientación provocada con un dominio tan poderoso como eficaz, lo que viene a constatar su arraigo y sofisticación creciente para sortear el malestar ciudadano. Por otra parte, es evidente la escasa contundencia y recursos de los órganos llamados a combatir la corrupción, lo que les resta eficiencia, un valor esencial en este cometido.

Pero es preocupante saber que en España si la sociedad, aquejada de una corrupción galopante, se aleja de la “clase” política, desconfía de las instituciones, condena sin paliativos el apego al poder y la falta de ética de los responsables políticos, no se explica la tolerancia con banqueros u otros “emprendedores” cuyo comportamiento debiera ser objeto de escarmiento, queda estupefacta ante la militancia política de alguna autoridad judicial sobresaliente, etc., la sensación de impunidad avanza en paralelo al desafecto de un sistema de muy baja calidad democrática. La falta de reacción (código ético, medidas preventivas fulminantes incluyendo inhabilitaciones, endurecimiento de las sanciones, diferenciación de los niveles de responsabilidad partidaria, político-social y penal), la excepcionalidad del castigo o la burla permanente de la justicia explican la pérdida de pulso de una democracia amenazada de putrefacción. Urge un debate y una reacción seria y profunda que evite su conversión en un problema crónico. ¿Acabará siendo China un ejemplo para España en la lucha contra la corrupción? ....

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