La retirada del personal de la ONU de Iraq, el pasado mes de septiembre ha evidenciado la debilidad de esta estructura, incluso en el papel de ONG humanitaria, reforzando la posición de los que defienden la superioridad práctica de las compañías militares privadas como alternativa a las "fuerzas de pacificación" tradicionales. En la I Guerra del Golfo, 1 de cada 100 soldados trabajaba en la región para compañías privadas. Doce años después, en Iraq, 1 de cada 10 miembros de las fuerzas de ocupación pertenece al sector privado, proporción que se prevé acreciente a medida que se prolongue la ocupación, la consiguiente violencia y la explotación de los recursos del país.
Durante la pasada década de los 90 la industria militar privada creció a medida que iba aumentando su incorporación a las operaciones militares de los EEUU, por lo que es en este país donde la cuestión ha pasado al debate público, auspiciado sobre todo por la notoriedad de contratas como las de Kellog, Brown&Root, filial de Halliburton, empresa vinculada al vicepresidente Richard Cheney, que entrenará a la policía, ejército y paramilitares del post-Iraq y reconstruirá los pozos de su petróleo. Numerosos medios se han referido a Iraq como la "primera guerra privatizada". No es así, pero las compañías militares privadas tienen su gran oportunidad en las guerras ilegales. El hecho de que las fuerzas invasoras permaneciesen durante casi medio año en el país sin la cobertura multilateral que en octubre ha proporcionado la Resolución 1511 del Consejo de Seguridad ha creado un núcleo duro de la ilegalidad por el que las potencias ocupantes han delegado gustosamente servicios en estas compañías.
Las compañías militares privadas (CMPs) son presentadas por sus defensores "especialmente el grupo neoconservador en el poder en EEUU y los think tanks próximos a él- como la solución para intervenir en países donde la situación humana es calificada como "frágil": África, Asia, Balcanes y América Latina, donde, de hecho, actúan desde hace décadas. Según este argumento, la mayor ventaja de las fuerzas asalariadas no gubernamentales, es que no están vinculadas a los estrictos códigos de conducta militar en lo que se refiere a los derechos humanos y actúan con total impunidad en el extranjero "esencia del mercenarismo-, libres de controles parlamentarios en los países contratantes.
Una convención de 1989, firmada por tan sólo 34 estados, prohíbe el reclutamiento, uso, entrenamiento y financiación de mercenarios, que, desde entonces, han evolucionado hacia formas corporativo-empresariales, revistiendo de cierta respetabilidad la actividad mercenaria. Al mismo tiempo se han acercado a la sociedad: varias CMPs conducen los programas informáticos de más de 200 universidades estadounidenses. ¿Cómo se ha convertido el "chacal" de la Contra en gestor universitario?
Factores políticos, tecnológicos, económicos
Varios cambios importantes han servido de plataforma a la actual expansión del sector mercenario. El primero es político. Al fin de la Guerra Fría siguió una reducción drástica de los efectivos militares en EEUU (un tercio menos) y en el ex bloque soviético, comenzando por la casi total desaparición del ejército de Alemania del Este. Sin embargo, las compañías militares privadas no hicieron sino crecer: en Rumania están registradas más de 600; en Rusia 9000, que emplean a unas 120.000 personas; en los EEUU, cien compañías cotizan en la elite de los 100 billones de dólares al año; de ellas, 30 con contrato actual con el Pentágono.
Los cambios este-oeste no lo explican todo. Uno de los ejemplos clásicos de la actividad mercenaria es el de la empresa Executive Outcomes (EO), contratada como servicio de seguridad por el gobierno de Sierra Leona. La compañía fue fundada por excomandos del ejército sudafricano del apartheid, apartados del servicio por el presidente Mandela. En la actualidad, EO trabaja para varios gobiernos africanos contra los que su personal luchó cuando formaba parte del ejército.
Contra lo que se suele afirmar, los conflictos armados no sólo no se han reducido en los 90, sino que ahora afectan a la mayor parte del planeta. La demanda se ha incrementando, y MPRI resume muy bien el concepto fundamental de la compañía: "existe un recurso nacional llamado personal militar retirado". El hecho de que las capas directivas de estas compañías estén formadas por generales de 3 y 4 estrellas y almirantes respetados por sus extensas hojas de servicios al gobierno de los EEUU, las convierte en importantes lobbies de la política exterior, al permanecer estos individuos muy cerca de los centros de decisión política. Parte integrante del complejo de la industria militar, las CMPs se apoyan en la más tradicional de las formas de presión, las donaciones a los partidos políticos, habiendo aportado las más poderosas cifras cercanas al millón de dólares a la campaña del actual Presidente. Nuevamente MPRI dice en su página web, muy semejante a las gubernamentales, que su misión es "proporcionar una amplia gama de servicios al gobierno de los EEUU y, bajo licencia del mismo, a gobiernos extranjeros".
Junto a los ex militares, las CMPs se nutren de una nueva generación de ingenieros informáticos y expertos en nuevas tecnologías; constituyen el segundo escalón de los cambios operados en los 90. El cambio tecnológico o estratégico ha variado la naturaleza de las guerras: "bombas inteligentes", satélites y alta tecnología armamentística en general han propiciado el encuentro sector comercial-estado. P.W. Singer, autor de "Guerreros Corporativos" (2003) ha realizado múltiples entrevistas sobre el tema. En una de ellas, un marine estadounidense confiesa sentirse sorprendido por la presencia de 20 "extraños", contratados por 4 compañías, manejando los sistemas informáticos que guiaron la defensa y el ataque aéreo de su destructor en la ofensiva estadounidense sobre Iraq. No es tanto en mantenimiento, que figura en el contrato, sino la operación militar misma lo que ha sido privatizado.
La llamada "revolución privatizadora" es el tercer factor que ha cambiado la manera en que se llevan los negocios de la cosa pública, los transportes como la sanidad, la enseñanza como lo militar. El cambio es económico e ideológico. El neoliberalismo asentado en los 90 ha provocado una búsqueda constante de nuevos mercados a través de un masivo out-sourcing de las prerrogativas tradicionales del estado, como la seguridad o el mantenimiento de la soberanía. En la contratación de firmas privadas para operar en el extranjero, EEUU, Reino Unido y Australia -parte de la misma estructura militar informal – han puesto las bases a su ulterior desarrollo.
Neocolonialismo militar S.A.
David J. Francis extrae de su estudio sobre el caso paradigmático de Sierra Leona, tres conclusiones de valor general. Una, el uso de la CMPs conlleva un incremento de la explotación de los recursos naturales del país (diamantes en Sierra Leona, petróleo en Iraq). Dos, los mercenarios corporativos son parte activa de la "nueva cara del neocolonialismo". Tres, las CMPs trabajan con las grandes multinacionales (gas, petróleo, minerales), y con otras no legales (carteles de la droga, tráfico de armas). El contrato matriz, y el permiso a la existencia misma de esas compañías, procede sin embargo de los gobiernos o sus aledaños (agencias estatales, CIA).
Las CMPs, contrariamente a la figura del mercenario tradicional, son estructuras permanentes y muy abiertas. Es el caso de Executive Outcomes. EO es parte de la multinacional SRC (Strategic Resources Corporation), que es dueña también del Branch Heritage Group (BHG, minera). BHG tiene como filiales Branch Energy (británica, energía), Diamond Works (canadiense, diamantes), y Sandline International (británica, recursos militares). La intervención de la EO, a partir de 1995, costó al gobierno de Sierra Leona 35 millones de dólares en concesiones mineras.
Sierra Leona reunía las tres principales características que los expertos señalan como riesgo potencial de conflicto: baja renta per cápita, hundimiento económico y dependencia de los recursos naturales. Addul-Fatau Musah y J. Kayode Fayemi señalan al respecto las "interconexiones dialécticas entre el mercenarismo, el incremento de la pobreza y los conflictos interminables en África", en una opinión semejante a la de Guy Arnold, que, estudiando los vínculos entre las CMPs, las compañías mineras y petrolíferas, y los gobiernos occidentales, concluye que son los intereses de los países ricos los que proporcionan la legitimación a la existencia de tales compañías.
Como sus matrices históricas, las compañías transnacionales, las compañías militares privadas perpetúan la violación de los derechos humanos y la rapiña: en Aceh, Indonesia, ExxonMobil ayudó militarmente al gobierno para frenar al grupo secesionista Free Aceh Movement, organizado en gran parte en protesta por la baja calidad de vida y los abusos que vivió la población tras la llegada de Mobil. Bajo el Plan Puebla Panamá de integración regional, EEUU ha desplegado a miles de soldados y un número indefinido de CMPs en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En los Balcanes, la consultora militar Dyncorps tuvo como segunda línea de negocio la prostitución infantil. También en los Balcanes, fueron miembros de ejércitos regulares los que formando parte de las fuerzas de la ONU, participaron junto al personal de ONGs en el comercio "sexo por alimentos" en la guerra de Bosnia y en la de Kósovo, abusando de su posición como protectores de los refugiados de los campamentos de refugiados de la ONU.
Esto nos lleva al punto de partida. ¿Por qué defienden los gobiernos la existencia de estas compañías?. Porque no están vinculados a las leyes de mínimos de respeto a los derechos humanos en situaciones de conflicto. No lo están, porque el país matriz no los respeta (EEUU), y no lo están porque los gobiernos de los países receptores (Arabia Saudita, Colombia, Kuwait, Jamaica) tampoco. En el caso de las devastadoras intervenciones militares en Yugoslavia, Afganistán o Iraq, el imperio de la ley, como el estado, han desaparecido, y las víctimas no cuentan con la más mínima posibilidad de defenderse. En conclusión, no se trata de que los mercenarios estén mayormente desvinculados de los códigos de conducta militar de lo que lo pueden estar los ejércitos regulares. Se trata de que hay países donde no hay necesidad de respetar los derechos humanos. Nuevas colonias controladas por corporaciones independientes, que en último término, son instrumento de los países más poderosos y de sus estructuras mundiales de mercado, empezando por el intercambio desigual. Cuando un gobierno de un país contrata los servicios de una compañía de este tipo, es con los países del norte con quien está contrayendo una deuda, es tecnología lo que está comprando a través del expolio de sus recursos naturales y de su soberanía.
