El problema contra las drogas debe analizarse desde sus antecedentes históricos, para percibir los cambios que se han producido en él en torno al flagelo de las drogas. “En los últimos cien años la política sobre drogas, que debiera ser una preocupación genuina de los aspectos socio sanitarios ligados a su consumo, se ha ido entremezclando con aspectos geopolíticos, económicos, diplomáticos y militares.”[1]
El problema contra las drogas debe analizarse desde sus antecedentes históricos, para percibir los cambios que se han producido en él en torno al flagelo de las drogas. “En los últimos cien años la política sobre drogas, que debiera ser una preocupación genuina de los aspectos socio sanitarios ligados a su consumo, se ha ido entremezclando con aspectos geopolíticos, económicos, diplomáticos y militares.”[1]
De esta perspectiva, deben comprenderse los intereses de Estados Unidos en el mantenimiento del negocio de ilícito de estupefacientes. Para ello se articulan los instrumentos de la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos, que durante la Administración Obama han tenido un predominio del smart power y las tres D como instrumentos claves para la proyección de sus intereses de geoestratégicos. Para su justificación se valen del poderío informacional por el control hegemónico sobre los medios de comunicación y su alto despliegue en las redes sociales en Internet.
La diplomacia contra las drogas [2] surge como expresión de la articulación de los instrumentos del poderío nacional de los EE.UU. en aras de consolidar sus intereses hegemónicos. Para la política exterior y de seguridad con respecto a Latinoamérica, se han perfeccionado las políticas de las drogas con el curso de los años. Evidentemente las agencias del gobierno estadounidense más relacionadas con este tema, se han visto implicadas en diferentes negociaciones con cárteles de la droga, políticos corruptos y tráfico de armas en aras de, por un lado continuar la guerra contra el llamado narcotráfico y, por otro, consolidar sus intereses económicos, políticos, diplomáticos y militares en la región.
Sin embargo, el hecho de ser los Estados Unidos el primer mercado de estupefacientes a nivel mundial y, por ende, el máximo consumidor, conlleva a un análisis estructural, sobre las bases que alientan la llamada guerra contra las drogas. Cuando el centro del capitalismo mundial vive una de las mayores crisis económicas de su historia, y hasta la propia Wall Street tiene sus ocupas; cuando el desempleo, las hipotecas y la violencia llaman a la irracionalidad; el Complejo de Seguridad Industrial continúa desarrollándose.
En ese ínterin, la diplomacia se exalta para solapar la crueldad de las guerras, intentando otorgar una imagen de credibilidad al gobierno estadounidense. El problema de las drogas no debe limitarse a elementos de seguridad. Los multimillonarios gastos económicas que generan, tanto para criminales como para las agencias estatales y privadas que se dedican a su enfrentamiento; conforman una serie de intereses económicos, políticos y diplomáticos, que conducen a una lectura más exitosa, para los objetivos geoestratégicos de los EE.UU. en Latinoamérica.
Los momentos de crisis en la periferia, por lo general, generan ganancias para la potencia inmiscuida, y así como detrás de los conflictos en el Medio Oriente y Asia Central, está también la droga; para el caso latinoamericano, el control geoestratégico de zonas de interés (la Amazonía, la triple Frontera y otros) resulta crucial para el gobierno de EE.UU. En ese sentido, la diplomacia contra las drogas ha logrado más éxitos que los que se suelen reportar. Si se aprecian los intereses estadounidenses en correspondencia con la aplicación de sus instrumentos política exterior y de seguridad en la región, podrá considerarse como el beneficio no siempre radica en vencer la guerra; sino que el simple hecho de mantenerla puede generar mayores ganancias.
Obviamente que esta política no obedece a un gobierno u otro, sino que detrás de los políticos, están los objetivos estratégicos de la élite del poder, que no es más que la clase dominante que realmente gobierna el Estado de la Unión. Existen en torno a esta temática, elementos conceptuales que deben considerarse para un análisis de las relaciones internacionales, como es el de política exterior, entendido según Roberto González como: “(…) la actividad de un estado en sus relaciones con otros estados, buscando la realización de los objetivos exteriores que determinan los intereses de la clase dominante en un momento o periodo determinado.”[3]
Si en algún problema de alcance global se aprecia con mayor claridad la combinación de los instrumentos del poderío nacional estadounidense es en el flagelo de las drogas. En el se interconectan los intereses económicos, políticos, diplomáticos, militares e informacionales del hegemón, en aras de consolidar a los EE.UU. como el garante de la seguridad mundial. La política contra el tráfico ilícito de estupefacientes ha manifestado un carácter sistémico, puesto que independientemente del partido que dirija la Administración, se mantienen las bases que hacen de la llamada lucha contra las drogas una estrategia de dominación.
Haciendo un compendio de las posibilidades económicas, políticas, militares y diplomáticas de los Estados Unidos en Latinoamérica, la guerra contra las drogas le ha facilitado el aumento de su poderío militar en la región, logrando un mayor control geoestratégico. Tanto es así que las políticas antidrogas de EE.UU., en vez de contener el narcotráfico de la subregión andina –mediante el Plan Colombia- han permitido la generalización del problema hacia toda la Latinoamérica, con particular énfasis en México y Centroamérica.
Sobre esta situación Noam Chomsky consideró: “No creo que la guerra contra las drogas es un fracaso, tiene un propósito diferente al anunciado (…). El problema de las drogas en América Latina está aquí en Estados Unidos. Nosotros suplimos la demanda, las armas, y ellos (en América Latina) sufren.”[4]
El problema tiene como base un importante trasfondo económico. Primeramente porque el negocio de las drogas es uno de los más rentables a nivel global, no sólo por las ganancias que arroja sino también por las que genera colateralmente el sustento de este negocio. A través del tráfico ilícito de drogas[5] a nivel internacional se ganan más de 320 000 millones[6] de dólares, convirtiéndolo en la segunda actividad económica mundial, con un mercado de unos 200 millones de consumidores a nivel global.[7]
El carácter ilegal del mismo y las políticas militaristas que el gobierno estadounidense receta como “mejor” enfrentamiento; alientan la compra de armamentos y otros insumos de seguridad para otorgar una matiz más beligerante a los cárteles. Esta situación unido al fomento de conflictos entre los cárteles, y de estos contra los gobiernos latinoamericanos que lo enfrentan; resultan un excelente incentivo para el Complejo de Seguridad Industrial de los EE.UU.
La generación de empleos que provoca el problema de las drogas, unido a las penetraciones político-diplomáticas que posibilita la lucha contra el narco constituye para EE.UU. un excelente objetivo; de allí que sea la diplomacia contra las drogas una de las más eficientes expresiones de los instrumentos de la política exterior y de seguridad de los EE.UU.
La ubicación de bases militares en zonas geoestratégicas y la activación de la IV Flota manifiestan pretensiones más amplias que la lucha antinarcóticos. Los intereses económicos han tenido expresiones evidentes como fue el desvío de “(…) los recursos inicialmente antinarcóticos contenidos en el Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina (que) también están siendo utilizados para la protección militar del oleoducto colombiano de Caño Limón-Coveñas de propiedad mixta colombiana-norteamericana.”[8]
Sin embargo, la atención a los sectores más pobres de las sociedades latinoamericanas con alternativas que frenen los incentivos del negocio de las drogas, resultan limitadas. “Al desdeñarse los aspectos del desarrollo priorizándose los de la seguridad se perpetúa una situación que favorece la extensión de los cultivos de hoja de coca y la constante provisión de materia prima para la elaboración de la cocaína.”[9]
Definitivamente en la política exterior de los EE.UU. repercuten las problemáticas internas, y en un contexto de crisis, el dinero va canalizado hacia aquellos sectores que puedan generar mayores demandas. Este fenómeno de dependencia de las decisiones en política exterior de las situaciones internas, se debe a que “(…) el papel relativamente autónomo del sistema político interno, es a veces decisivo, en la elaboración de una política exterior determinada, y en todo análisis medianamente serio debe ser tenido en cuenta.”[10] Por estas razones si bien no es objeto de este trabajo la crisis económica que continúa afectando a los Estados Unidos; debe considerarse en todo momento para comprender el trasfondo de muchas decisiones que se toman en política exterior, y la política contra las drogas no es una excepción.
Una manifestación del doble rasero de la diplomacia contra las drogas emprendida por los EE.UU. lo constituyó la escandalosa Operación Rápido y Furioso, mediante la cual ese gobierno suministró armamento a los narcotraficantes. Esta operación mostró como mediante la cruzada antidroga estadounidense, se alienta la venta de armas, a la vez que se aumenta el carácter beligerante de los cárteles con efectos incalculables para la violencia y la inseguridad ciudadana de Latinoamérica. “Una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. determinó hoy (19 de septiembre de 2012) que hubo "graves fallos" en la operación encubierta "Rápido y Furioso" que permitió el contrabando de unas 2.000 armas a México en 2009, pero exculpó al fiscal general, Eric Holder.”[11]
A pesar del desprestigio internacional que significó el descubrimiento de tal operación a la opinión pública, el Congreso y en el Departamento de Justicia han reconocido la Operación Rápido y Furioso como un fallo y no como un error, concluyendo el proceso judicial con penas disciplinaras y no penales (criminales). ”El esperado análisis del inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, recomienda acciones disciplinarias -pero no cargos penales- contra 14 empleados de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés)”[12]
El destino y las muertes que provoquen las armas de la Operación Rápido y Furioso y la Náufrago resultan impredecibles. Para la transacción no se le dieron todos los elementos al gobierno de México ni se tuvieron en cuenta los altos peligros que ello ocasionaba a la sociedad civil. Definitivamente los métodos de la guerra antinarcóticos están muy lejos de proveer la paz y la seguridad en Latinoamérica.
La estrategia militarizada de la guerra contra los cárteles
La estrategia militarizada de la guerra contra los cárteles ha conllevado a resultados perjudiciales para la seguridad ciudadana, la corrupción político-institucional y la gobernabilidad. En el Informe sobre las drogas 2011 emitido por el Departamento de Estado de los EE.UU. se calificó a Argentina, como el segundo mercado de las drogas de Sudamérica. Este auge ha coincidido con el aumento de las exportaciones hacia Europa Occidental y Central a través de los países de África Occidental, que fungen como corredores (rutas) de la cocaína. Sin negar la proliferación del negocio de las drogas en el Cono Sur en los últimos años, resulta un tanto sobredimensionada la visión de Estados Unidos respecto al problema, lo que muestra una alerta hacia donde pudieran extenderse las estrategias políticas y militares estadounidenses en el futuro.
En el contexto actual de las relaciones internacionales, EE.UU. ha abogado por una militarización general de su proyección exterior. En esa dirección, el enfrentamiento a las drogas se militariza. Las consecuencias de esa militarización en el enfrentamiento a los cárteles de la droga en América Latina, han derivado en la agudización de los conflictos sociales de los países afectados. Las dinámicas político-diplomáticas de los países más afectados por el flagelo de las drogas, se ven influenciadas por elementos de seguridad que deben priorizar, debido a las funestas consecuencias de la guerra contra los cárteles.
Por el momento, no se observan intenciones políticas ni económicas en los sectores dirigentes en EE.UU. que se vinculen a la necesidad de reducir la los incentivo del negocio de las drogas en la región, lo que se refleja en la carencia de modificaciones sustanciales a e los objetivos y estrategias ya definidos. En realidad, existen factores políticos y económicos que no permiten una solución definitiva al problema. Hay sobradas pruebas de la creciente implicación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y su responsabilidad en el tráfico ilegal de drogas, especialmente en las zonas donde se despliegan fuerzas militares estadounidenses (sean estatales o privadas).
Para empresas como Chase Manhatan Bank (propietarios de la cadena de televisión ABC); General Electric (propietario de la NBC); o Brown Brothers Harrimen (de la CBS); tener unos diez millones de euros de beneficios netos adicionales derivados del negocio de las drogas, le supondría un incremento en el valor de sus acciones bursátiles de hasta 300 millones de euros; lo que problematiza la situación debido a que estas empresas poseen el control de las principales cadenas de televisión de EE.UU. En este sentido, resulta difícil creer que fueran a presentar noticias que perjudicaran su cotización en la bolsa.[13]
Los graves peligros que entraña a nivel global y para la región de América Latina en particular, denotan la apremiante necesidad de vincular y sensibilizar a los sectores más afectados de la sociedad sobre sus graves consecuencias. El incremento de los efectivos militares y la penetración de fuerzas armadas foráneas y de espionaje bajo el pretexto de lucha contra el “narcotráfico” en estos países, resulta un elemento crucial para la comprensión de esta problemática.
Un ejemplo claro de creciente militarización y expansión de las demandas al Complejo de Seguridad Industrial fue la noticia revelada por The New York Times, que afirmaba: “La agencia antidroga estadounidense tiene cinco comandos[14] operativos que llevan a cabo misiones secretas en países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. (…) Ese pequeño ejército de operaciones especiales creado hace seis años para combatir el cultivo de opio, por parte de los talibanes, en Afganistán, fue transferido con autorización de la Casa Blanca.”[15]
Esta situación revela una visión mucho más amplia y peligrosa, sobre los verdaderos que se trazan la política exterior y de seguridad de los EE.UU. para la consolidación de su hegemonía a nivel global.
1] Belén Boville Luca de Tena: La Diplomacia de las drogas en las relaciones Estados Unidos- América Latina. En Diálogo. 2007, No.10 Center for Latino Research, p.24.
[2] Droga: Se asume el concepto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la define como toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce, de algún modo, cualquier alteración del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, y es además susceptible de crear dependencia psicológica, física o ambas. Véase en: http://www.drogas.cl/drogas_detail.htm
[3] Roberto González Gómez. Teoría de la política Internacional (1ª Parte). Folleto, Universidad de La Habana, Facultad de Filosofía e Historia, sf, p.22.
[4] David Brooks. Las fallidas consecuencias de la lucha contra el narco. En: http://www.cubadebate.cu/opinion/2012/05/14/las-fallidas-consecuencias-de-la-lucha-contra-el-narco
[5] El tráfico ilícito de drogas es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas ilegales que opera de manera similar a otros mercados subterráneos y se produce a escala global. El producto final alcanza un gran valor en el mercado negro. La drogadicción acarrea importantes consecuencias sociales: crimen, violencia, corrupción, marginación. Por ello, la mayoría de los países del mundo prohíben la producción, distribución y venta de esas sustancias.
[6] Véase: Word Drug Report de 2011. En: http://www.unodc.org/documents/southerncone//Topics_drugs/WDR/2011/Executive_Summary_-_Espanol.pdf . Otras Instituciones y autores reflejan crifras superiores que oscilan desde 400 mil a 700 mil millones de dólares.
[7] Daniel Estulin. Los secretos del Club de Bilderberg. En: http://www.apitox.es/docs/Los_Secretos_Del_Club_Bilderberg.pdf
[8] Belén Boville Luca de Tena: La Diplomacia de las drogas en las relaciones Estados Unidos- América Latina. En Diálogo. 2007, No.10 Center for Latino Research, p.28.
[9] Belén Boville Luca de Tena: La Diplomacia de las drogas en las relaciones Estados Unidos- América Latina. En Diálogo. 2007, No.10 Center for Latino Research, p.29.
[10] González Gómez, Roberto. Ob;cit, p.25.
[11] Informe revela "graves fallos" de "Rápido y Furioso" y exime a Eric Holder. En: http://efe.vistasemanal.com/25_inmigracion-e-hispanos/1751219_informe-revela-graves-fallos-de-rapido-y-furioso-y-exime-a-eric-holder.html
[12]Ídem
[13] Daniel Estulin. “Los secretos del Club de Bindelberg. En documento Word Pág. En: www.apitox.es/docs/Los_Secretos_Del_Club_Bilderberg.pdf
[14]Fue el expresidente George W. Bush quien creó los cinco comandos secretos bajo el nombre de Equipo de Apoyo y Asesoramiento de Despliegue Extranjero (FAST, por sus siglas en inglés). Cada escuadrón cuenta con 10 soldados (…) el actual presidente Barack Obama quien autorizó, después de su llegada al poder en 2009, el despliegue de esos cinco escuadrones de la DEA en Latinoamérica, más allá de las zonas de cultivo de opio en Afganistán. La Casa Blanca no ha admitido abiertamente ese cambio en operaciones. El entrenamiento y el material de los soldados está a cargo del Pentágono.
[15] EE UU tiene cinco comandos antidroga operativos en Latinoamérica. En: http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/08/actualidad/1320728173_644511.html
