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| Ante la percepción de la progresiva pérdida del control directo por parte del PCCh de la economía del país, debido a la reducción del peso de la economía estatal en el conjunto, se trata de anclar en la economía privada poderosos resortes organizativos y competenciales que le permitan efectuar un control irrenunciable del sector privado, equilibrando sus intereses y su poder, al tiempo que habilita, a escala global, un contrapeso formal a la creciente influencia de las federaciones y grupos industriales que hoy carecen de cualquier contrapunto sindical. | |
Mientras prosiguen los ecos del autentico pre-Congreso que ha sido la VI sesión plenaria del XVI Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), realizada del 8 al 11 de octubre en Beijing, actores olvidados en las anteriores fases de la reforma china parecen retornar al centro del escenario político, entre ellos, las organizaciones sindicales. Al respecto, cabe señalar, por ejemplo, que actualmente y a diferencia de lo que venía ocurriendo anteriormente, ningún miembro vinculado a las estructuras sindicales figura en el Comité Permanente del Buró Político, el máximo órgano jerárquico del poder chino.
En efecto, mientras prosigue el combate contra la corrupción (con el reciente y llamativo caso de los magistrados de Shenzhen, acusados de sobornar y ser sobornados, o del director de la Administración Nacional de Estadísticas, que se suman a los más de 17.000 responsables gubernamentales investigados y sancionados en los primeros ocho meses de 2006), y sube el tono de la presión del gobierno central sobre los poderes territoriales (varios equipos han sido enviados a doce provincias para investigar los proyectos ilegales de inversión, lo que deparará numerosas sanciones para los respectivos responsables), la recuperación de un discurso de perfil más social ha traído de vuelta a la actualidad china a los sindicatos oficiales.
A las medidas dispuestas en numerosos aspectos administrativos y que tienen como elemento referencial central al mundo rural, se suma ahora el proyecto de un nuevo Código laboral que otorga a las organizaciones sindicales mucho más poder en las empresas, especialmente en aquellas que no pertenecen al ámbito estatal o colectivo. El debate del proyecto, en fase de elaboración y discusión interna desde la primavera, promete no ser menos apasionado que el relativo a la regulación de la propiedad privada, enfrentando a quienes reivindican la recuperación de un protagonismo necesario del movimiento sindical, presente en cualquier sociedad moderna, y quienes cuestionan sus efectos respecto a la inversión y a las empresas extranjeras ante el miedo a perder las ventajas (bajos salarios, pocos derechos) que han animado su proceso de implantación en China.
El reciente anuncio de un aumento de salarios (tantas veces reclamado desde algunos sectores de Occidente a propósito del dumping) a más de 100 millones de trabajadores (China es el segundo país de Asia con el mayor número de ricos, unas 320 mil personas con una cuenta estimada en 1,59 billones de dólares) ha despertado inquietud en algunos sectores empresariales (de Occidente, muy especialmente) en una expresión de exagerado desasosiego ante un alza de los costes salariales que, en cualquier caso, será moderado y progresivo. Además, el margen de beneficios de las empresas extranjeras establecidas en China es de tal holgura que puede permitir una fácil adaptación al nuevo contexto.
Wal-Mart, la famosa cadena norteamericana, una de las más simbólicamente beligerantes con las nuevas orientaciones del poder chino, ha tenido que aceptar, a regañadientes, la implantación en sus empresas de organizaciones del Partido Comunista (circunstancia que ha requerido, al parecer, la propia intervención de Hu Jintao) y de los sindicatos oficiales. Los anuncios que daban a entender un replanteamiento de su implantación en China parecen carecer de sentido ya que, según fuentes bien informadas, está ultimando una ampliación de su negocio mediante la compra de una cadena taiwanesa presente también en el continente.
Con el actual discurso, no parece que el gobierno chino esté dispuesto a ceder en lo esencial a las presiones del capital extranjero, ni mucho menos del sector privado nacional. Como primer objetivo, Beijing quiere acotar de esta forma el descontento existente en el mundo laboral, víctima del capitalismo salvaje y de patrones sin escrúpulos, mejorando a un tiempo las condiciones de trabajo y los derechos laborales. El constante aumento de la conflictividad en las empresas por causa del impago de salarios o el nulo respeto a la legislación laboral vigente, o las pésimas condiciones de seguridad existentes en muchos sectores, constituyen el caldo de cultivo para una desesperación social que puede pasar, en cualquier momento, de explosiones aisladas y rápidamente controladas, a movimientos más amplios y desestabilizadores.
Pero los objetivos van más allá. Ante la percepción de la progresiva pérdida del control directo por parte del PCCh de la economía del país, debido a la reducción del peso de la economía estatal en el conjunto, se trata de anclar en la economía privada poderosos resortes organizativos y competenciales que le permitan efectuar un control irrenunciable del sector privado, equilibrando sus intereses y su poder, al tiempo que habilita, a escala global, un contrapeso formal a la creciente influencia de las federaciones y grupos industriales que hoy carecen de cualquier contrapunto sindical.
Según informes de la Federación de Industria y Comercio de China, en 2005, la participación del sector privado en el PIB el país alcanzaba el 65% y llegará al 75% en 2010, año en que más del 70% de las empresas chinas serán de propiedad privada. En el último lustro, su progreso ha sido de casi un 30% anual. De los 40 sectores industriales, 27 están dominados por empresas privadas.
Todo ello plantea retos importantes para el PCCh y el movimiento sindical, claramente fuera de juego desde hace tiempo, obligado a desempeñar un papel apaciguador mientras en todo su entorno social la pérdida de derechos se hacía presente a medida que la economía de mercado alcanzaba más y más sectores. Uno de sus retos principales sigue siendo la necesidad de acomodar la práctica sindical a una realidad totalmente diferente a la existente antes de la reforma. En los últimos años, la FNSCh (Federación Nacional de Sindicatos de China) se ha limitado a desempeñar el papel tradicional de correa de transmisión del Partido, sin iniciativa propia y a caballo de las exigencias de cada coyuntura, permaneciendo al margen de los auténticos intereses de la clase trabajadora china. Su amarillismo es la principal seña de identidad. ¿Cambiará algo? La visibilidad y el dinamismo de las estructuras sindicales debería ser mayor en los próximos años, pero sus ataduras son muy difíciles de romper. La potenciación del sindicalismo oficial no va a significar un aumento de su autonomía, ni en la acción ni en el discurso. Antes al contrario, si uno de los objetivos esenciales es seguir de cerca la evolución del sector privado, permanecerán vinculados al PCCh, y bajo su control, actuando de testaferros en todo aquello que resulte necesario y, por otra parte, su discurso, obligatoriamente incardinado en la defensa de la armonía social reafirmará su renuncia a la conflictividad, privilegiando en todo momento el mantenimiento de la paz social sobre cualquier otra consideración y beneficiándose, como compensación, de los estrechos vínculos establecidos con el poder estatal.
Pero puede no ser suficiente la apariencia sindical de una organización que podríamos calificar de parapartidaria, cuando la agudización de las tensiones sociales exige disponer de mecanismos de autoorganización que provean de alternativas a aquellos colectivos sociales que demandan soluciones a sus problemas. En los últimos años, especialmente en las zonas más desarrolladas del país, se han creado empresas de servicios parasindicales, obviando así, las dificultades existentes para conformar organizaciones autónomas. Esas iniciativas tienen dimensión local y no parece que cuajen, por el momento, opciones con un planteamiento a mayor escala. Pero el caldo de cultivo existe, y la demanda de soluciones también. Si en la nueva etapa, las estructuras sindicales oficiales no prestan atención a la gestión de dichos asuntos, otras opciones podrían abrirse camino en el escenario laboral chino.
La FNSCh ya ha tenido que reconocer la necesidad de implicarse en el acompañamiento de la problemática laboral de los millones de inmigrantes rurales que, desprovistos de derechos, estaban a merced de los empresarios, especialmente en el sector de la construcción, donde la falta de garantías tanto en pago de salarios, como en materia de accidentes de trabajo, por ejemplo, llevaban a la desesperación a muchos de ellos, ante la indiferencia de unas autoridades que, por el contrario, no dudaban en aplicar la máxima severidad ante aquellos ciudadanos que transgredían la ley en otros ámbitos más sensibles para el sistema. La armonía parece exigir ahora un explícito reconocimiento de la necesidad de proteger más a los colectivos laborales.
Acostumbrados a parasitar en el sistema, este nuevo auge de lo social, en buena lógica exigiría profundos e intensos programas de reciclaje de los funcionarios sindicales pero, por el momento, no parecen haberse incluido en la agenda. Más seguro parece el ascenso ““ si ningún escándalo empaña su gestión- del actual presidente de la FNSCh, Wang Zhaoguo, miembro actual del Buró Político, al Comité Permanente que salga elegido del próximo Congreso, recuperando la normalidad que había sido una constante durante muchos lustros de la China Popular, cuando el jefe de los sindicatos disponía de un asiento reservado en el máximo órgano de poder. Y antes, en marzo de 2007, la nueva normativa laboral y la adopción de otras medidas equilibradoras quizás pueda permitir también la aprobación en la próxima sesión de la Asamblea Popular Nacional de la regulación de la propiedad privada, casi una década después de iniciarse su discusión. Una cosa por otra.
