 | |
| La sesión anual del Parlamento chino, reunido en Pekín desde el pasado 5 de marzo, se ha centrado en el análisis de la coyuntura actual del proceso de reforma iniciado hace más de veinticinco años, con un diagnóstico, en términos generales, satisfactorio pero poco triunfalista y muy orientado a propiciar una nueva etapa, en la cual, los factores sociales deben ganar peso y profundidad. (Foto: Delegadas asistentes a la sesión anual del Parlamento). | |
Desde el inicio de la reforma china se ha sustentado que la ecuación garantizadora de la estabilidad política, preocupación máxima y primera de los dirigentes del Partido Comunista de China (PCCh), se basaba en la continuidad del crecimiento económico, y sólo si este se estancaba o retrocedía, cabría aventurar serios problemas para la viabilidad del régimen, ya que, supuestamente, tan inmensa sociedad no soportaría a un tiempo la falta de libertades y la falta de prosperidad. Esa hipótesis se ha revelado ahora equivocada y ha obligado a formular un giro en la política de desarrollo, que ya no podrá orientarse en exclusiva en torno a la obsesión del crecimiento económico. Los indicios de crisis socio-política grave se han presentado antes de estancarse el crecimiento.
El espejo de este contexto ha sido la sesión anual del Parlamento chino, reunido en Pekín desde el pasado 5 de marzo, y que se ha centrado en el análisis de la coyuntura actual del proceso de reforma iniciado hace más de veinticinco años, con un diagnóstico, en términos generales, satisfactorio pero poco triunfalista y muy orientado a propiciar una nueva etapa, en la cual, los factores sociales deben ganar peso y profundidad.
En este orden, la China de 2006 afronta dos tipos de problemas. Unos constituyen tendencias inevitables, que conviene tener presentes hoy para evitar colapsos en el futuro. Por ejemplo, después de 20 años de la política de hijo único, la población china ha comenzado a envejecer en 1999. A finales de 2004, los mayores de 60 años alcanzaban los 143 millones, cerca del 11% de la población total, lo que supone una cifra aceptable. De aquí a 2020, las autoridades chinas estiman un aumento anual medio de este tramo de edad en torno a los 6 millones de personas. El número de mayores de más de sesenta años debería crecer más de prisa entre 2020 y 2050, alcanzado un pico de 437 millones, lo que supondría el 30% de la población. La población activa debería alcanzar su techo máximo en 2010-2013, en torno a los 900 millones de personas. Ese estancamiento o su retroceso, unido al crecimiento acelerado de la población de más de sesenta años, deberían frenar el dinamismo de la economía china. China no está preparada para afrontar este problema.
Otras dificultades son de origen distinto y guardan relación con las muchas sombras del proceso de reforma. El propio primer ministro, Wen Jiabao, en su alocución a los tres mil diputados, señalaba, refiriéndose a la falta de seguridad en el trabajo, que la situación es “terrible”, calificándolo como uno de los cinco problemas más importantes que afectan al desarrollo económico y social de China en el momento presente. La seguridad en las minas de carbón, por ejemplo, será un gran desafío a largo plazo para China, ya que una gran proporción de las minas hulleras del país son de pequeño tamaño, con pobres condiciones de trabajo, y a los dueños y mineros les faltan conocimientos de seguridad. Las estadísticas oficiales muestran que China registró 3.341 accidentes en las minas de carbón el año pasado, dejando un saldo de 5.938 muertos. Ante esta situación, el gobierno chino cerró 5.243 minas en 2005, unas por ser ilegales y otras por no cumplir con las medidas de seguridad necesarias.
La seguridad en el trabajo es solo una muestra de los enormes handicaps que acumula el acelerado crecimiento chino. Pero el principal asunto que preocupa, en verdad, a los dirigentes de Zhonnanghai, más aún que el deterioro ambiental, es el avance incontrolable de las desigualdades. Wen Jiabao, que ha ganado puntos en esta sesión por la claridad de sus intervenciones, no dudó en señalar que la principal prioridad ahora consiste en reducir los niveles de riesgo político originados por la brecha abierta entre ricos y pobres, desarrollando la vasta pero aún tradicional economía de las zonas rurales. De 1990 a hoy, la diferencia de renta entre las ciudades y las zonas rurales se ha multiplicado, según las estadísticas oficiales, en 3,2 veces.
Según el Libro Azul de la Academia de Ciencias Sociales, por ejemplo, la prosperidad de los municipios autónomos de Beijing o Tianjin, no ha repercutido de forma favorable siquiera en las zonas próximas de la provincia de Hebei, que circunda estas dos grandes urbes. En esta provincia, hasta 32 cantones pueden clasificarse como zonas pobres; en ellos sobreviven 2,73 millones de personas con menos de 100 dólares al mes, de un total de 10,65 millones de habitantes.
El impulso social será la clave de los próximos años. En la actualidad, China es uno de los pocos países que dejan la responsabilidad de la financiación de la protección de la salud, de la seguridad social y de la educación en manos de las autoridades locales. Ello es consecuencia, entre otros, de varias décadas de una descentralización que ha sido impulsada desde el poder central, rompiendo moldes con esa idea de una China monolítica y con una autoridad central fuerte. Cada nivel administrativo (ya sea provincia, región autónoma, zona administrativa especial o municipio subordinado al poder central) dispone de su propio aparato burocrático, con sus propios objetivos, y rivalizan incluso con la autoridad central, cuyas exigencias no siempre son atendidas.
A mediados de los noventa, Jiang Zemin, antecesor de Hu Jintao, anunció una nueva conquista del Oeste para mitigar las diferencias entre la costa y el interior de China. Tuvo poco éxito en el empeño. Ahora, la propuesta consiste en arreglar, de aquí a cinco años, el problema de la desigualdad social, a través de un amplio programa de inversiones públicas en las zonas rurales, acompañado de medidas como la educación obligatoria en el campo, que será gratuita en el plazo de dos años, o estableciendo salarios mínimos en los diferentes sectores de producción. Se trata de una batería de medidas elementales que pueden ayudar a recuperar la armonía perdida entre la eficacia económica y la justicia social. Parece muy ambicioso, y debe serlo, pero también muy insuficiente si solo se acompaña de medidas de naturaleza económica o social, descuidando la dimensión política. La demora en afrontar lo social pasa factura ahora. También la pasará el limitado alcance de las reformas políticas.
