Yemen, un vecino incómodo
La guerra de Yemen no comenzó en 2015. Sus raíces se encuentran en décadas de desigualdad territorial, fragmentación institucional y disputas por el poder.
El movimiento Ansar Alá, conocido como los hutíes, surgió durante los años noventa en el norte del país, vinculado al zaidismo, una corriente del islam chií. Desde 2004 protagonizó enfrentamientos con el Gobierno central, denunciando la marginación política y económica de las provincias septentrionales.
Las revueltas árabes de 2011 precipitaron la salida del presidente Ali Abdullah Saleh, pero la transición política posterior fracasó. En septiembre de 2014, los hutíes tomaron Saná, desplazando progresivamente al Gobierno reconocido internacionalmente.
Para Arabia Saudí, Yemen nunca ha sido un vecino cualquiera. Históricamente lo ha considerado parte de su esfera de influencia y una fuente de trabajadores migrantes para su economía. La enorme desigualdad de riqueza entre ambos países configuró una relación asimétrica, marcada por la dependencia económica y la intervención saudí en la política yemení.
El avance de los hutíes, próximos a Irán, amenazaba con alterar ese equilibrio y consolidar un poder hostil junto a la frontera meridional del reino.
En marzo de 2015, Riad encabezó una coalición militar, con Emiratos Árabes Unidos como socio fundamental y respaldo de otros países árabes, para restablecer al Gobierno yemení.
Lo que debía ser una intervención limitada terminó convirtiéndose en una guerra devastadora.
Washington y Riad: las contradicciones de una alianza
La intervención saudí plantea una pregunta incómoda: ¿por qué Estados Unidos respaldó una operación cuyas consecuencias humanitarias podían anticiparse?
La Administración Obama no se limitó a guardar silencio. Autorizó apoyo logístico y de inteligencia a la coalición, además de establecer mecanismos conjuntos de coordinación militar.
La decisión debe situarse en el contexto geopolítico de 2015. Washington negociaba el acuerdo nuclear con Irán, mientras las monarquías del Golfo observaban con creciente desconfianza cualquier acercamiento estadounidense a Teherán.
El respaldo a Riad puede interpretarse, por tanto, como parte de un esfuerzo por preservar una alianza estratégica y tranquilizar a Arabia Saudí ante la perspectiva de una mayor proyección regional iraní.
No existen pruebas públicas suficientes para afirmar que Yemen fuera objeto de un intercambio explícito de concesiones sobre Siria o sobre el futuro de Bashar al Asad. Pero sí resulta legítimo preguntarse hasta qué punto la necesidad estadounidense de gestionar simultáneamente sus relaciones con Irán y Arabia Saudí condicionó su respuesta ante la intervención.
También existían intereses compartidos de cooperación antiterrorista frente a Al Qaeda en la Península Arábiga y otras organizaciones yihadistas.
La contradicción es evidente: mientras Washington defendía la estabilidad regional y la lucha contra el extremismo, apoyaba una intervención que contribuyó a debilitar todavía más las instituciones yemeníes y agravó las condiciones de vida de millones de civiles.
La posterior revisión parcial de la asistencia estadounidense, ante los bombardeos contra objetivos civiles, no elimina aquella responsabilidad política inicial.
Una guerra que ninguna potencia consigue ganar
El alto el fuego auspiciado por Naciones Unidas en 2022 redujo significativamente la violencia, pero no resolvió la fragmentación territorial ni las disputas por la legitimidad institucional.
Los hutíes consolidaron su autoridad de facto sobre Saná y amplias regiones septentrionales, mientras el Gobierno reconocido internacionalmente continuó dependiendo de apoyos exteriores.
El repunte de las hostilidades en octubre de 2026 confirma la fragilidad de aquella desescalada.
Los ataques contra instalaciones aeroportuarias y petroleras saudíes, junto con los nuevos combates en Yemen, muestran la eficacia de una estrategia de guerra asimétrica.
Los hutíes no necesitan derrotar convencionalmente al ejército saudí. Les basta con mantener capacidad para amenazar infraestructuras estratégicas mediante drones y misiles.
Para Mohamed bin Salmán, esta vulnerabilidad contradice las ambiciones de su programa Visión 2030, orientado a transformar Arabia Saudí en un centro internacional de inversiones, turismo y negocios.
Irán continúa siendo un socio militar y tecnológico relevante de Ansar Allah. Sin embargo, reducir el movimiento hutí a un instrumento de Teherán impediría comprender su arraigo local y sus aspiraciones políticas autónomas.
Bab el Mandeb y el precio de la inseguridad
El estrecho de Bab el Mandeb, entre Yemen y el Cuerno de África, conecta el golfo de Adén con el mar Rojo y la ruta hacia el canal de Suez.
Su importancia para el comercio mundial convierte la inestabilidad yemení en un problema internacional.
Los hutíes no necesitan controlar completamente el estrecho para perturbar la navegación. La amenaza de ataques contra buques mercantes puede elevar las primas de seguros, encarecer los fletes y obligar a las navieras a rodear África por el cabo de Buena Esperanza.
Los costes adicionales terminan repercutiendo sobre las cadenas de suministro, las industrias europeas y, potencialmente, los consumidores.
Desde el derecho internacional, Bab el Mandeb es un estrecho utilizado para la navegación internacional, sujeto al régimen de paso en tránsito establecido por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La libertad de navegación no puede quedar subordinada a los objetivos militares de un actor armado.
Tampoco debe confundirse la protección de las rutas comerciales con una autorización ilimitada para emplear la fuerza: toda respuesta militar debe respetar la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario.
La tragedia humanitaria que nunca termina
Mientras las potencias regionales calculan sus intereses estratégicos, Yemen continúa sumido en una de las crisis humanitarias más graves del planeta.
Según Naciones Unidas, más de 22 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en 2026 y alrededor de 18,3 millones padecen inseguridad alimentaria aguda.
Años de guerra han destruido hospitales, redes de saneamiento y sistemas de abastecimiento de agua. Los brotes recurrentes de cólera, junto con otras enfermedades infecciosas, han castigado especialmente a una población sin acceso suficiente a medicamentos y atención sanitaria.
La Organización Mundial de la Salud advierte de que apenas seis de cada diez establecimientos sanitarios funcionan plenamente.
El nuevo repunte de las hostilidades amenaza con agravar esta situación. Los desplazamientos, las restricciones de acceso humanitario y la interrupción de suministros dificultan todavía más la supervivencia cotidiana.
El contraste resulta difícil de ignorar: mientras se destinan enormes recursos a armamento y sistemas de defensa, millones de yemeníes siguen sin disponer de agua potable, alimentos suficientes o servicios sanitarios básicos.
Más allá de la lógica militar
La experiencia acumulada desde 2015 demuestra que la superioridad armamentística no garantiza seguridad estratégica ni legitimidad política.
Arabia Saudí difícilmente podrá construir la estabilidad que necesita mediante una nueva campaña militar de consecuencias imprevisibles. Tampoco los hutíes pueden aspirar a una solución duradera mediante ataques contra infraestructuras civiles o amenazas al comercio marítimo.
La salida exige negociaciones inclusivas, garantías regionales de seguridad y mecanismos efectivos de protección humanitaria.
Yemen recuerda una verdad incómoda de las relaciones internacionales: las grandes potencias pueden gestionar sus alianzas y rivalidades como si fueran partidas de ajedrez, pero son las poblaciones más vulnerables quienes terminan pagando el precio de sus movimientos.
Once años después, la pregunta ya no es quién puede ganar militarmente esta guerra, sino cuánto sufrimiento adicional será necesario para reconocer que ninguna victoria será sostenible sin una solución política.
