Han llegado a su fin las sesiones anuales del macroparlamento chino. Iniciadas el pasado día 5 de marzo, en ellas se han dado cita los tópicos habituales referidos a la situación del país y formulado los principales retos para los próximos años, condensados esta vez en el undécimo Plan quinquenal para el desarrollo económico y social. Pero esta no ha sido una sesión cualquiera. Los debates y los contenidos permiten aventurar que nos hallamos ante un verdadero cambio de paso de la reforma china, que el PCCh nuevamente se ha preocupado de legitimar en la instancia que formalmente representa la soberanía nacional.
“No habrá pasos atrás”, vino a decir el primer ministro, Wen Jiabao, en su alocución final a los periodistas, pero si ajustes importantes en la conducción de la reforma en los próximos años. La magnitud de la reorientación permite asegurar que nos hallamos ante el segundo gran ajuste de la reforma iniciada a finales de los años setenta. El primero de dichos ajustes se produjo a finales de los ochenta, después de los sucesos de Tiananmen. Hoy día, en China pero en lugares alejados de la capital, de manos de los campesinos y de los desempleados aunque no de los estudiantes, se desarrollan múltiples tensiones. Según fuentes oficiales, las acciones de protesta aumentaron casi el 20 por ciento en 2005. No es por causa de la inflación, como antaño, aunque la sempiterna corrupción, que entonces desató de forma primordial la protesta, sigue condicionando buena parte de las delicadas relaciones entre la ciudadanía y el poder.
El actual no es un debate acerca de la rapidez o el radicalismo de la reforma, aunque a no pocos en el propio PCCh les encantaría promover esta discusión, pero no está a su alcance, carecen ya de suficiente influencia en los órganos dirigentes del Partido y del Estado. Se trata de acompasar la cohesión ambiental y social con el ritmo de crecimiento económico para reducir los desequilibrios y preservar la famosa armonía, tan confuciana, reivindicada por Hu Jintao desde el inicio de su mandato.
La envergadura de la propuesta ha llevado al profesor Ye Duchu, de la Escuela Central del Partido, a hablar de un “nuevo comienzo”. En los 27 años de reforma, el principio guía ha sido la idea de Deng acerca de “dejar a una parte de la sociedad enriquecerse primero”; ahora se trata de invertir la tendencia, de forma que la prosperidad común debe ser el eje básico del nuevo tiempo, evitando la polarización social, el aumento del desempleo, las diferencias entre zonas rurales y urbanas y entre territorios, y el agravamiento de las contradicciones sociales. De no actuar así, las tensiones sociales aumentarán y el desarrollo se ralentizará. El acento, pues, se pondrá en los problemas sociales.
Ciertamente, las sociales y ambientales son problemas muy apreciables en la China actual.
Recuperar la exigencia de justicia social es un imperativo de la estabilidad, máxima preocupación de los dirigentes chinos. Por ello, en los próximos cinco años, China se propone efectuar grandes inversiones en infraestructuras en el campo, clave para mejorar su status, al tiempo que se invertirá más en educación y salud, con el fin de equiparar el nivel efectivo de derechos ejercitables en relación a la población urbana, más acomodada.
Es lo que en versión oficial se llama el “nuevo campo socialista” y que bien podría ser bautizado como el Gran Salto al Campo, parafraseando el viejo slogan maoísta. Las diferencias de renta media entre el campo y la ciudad pueden llegar hoy a una proporción de 1 a 6, según algunas fuentes, que las cifras oficiales reducen de 1 a 3. El Parlamento ha comprometido un aumento del 14,2% en el presupuesto de 2006 para afrontar la mejora del nivel de vida de los 750 millones de campesinos. Y se explicita una clara voluntad del poder central para intervenir en el desarrollo del campo a fin de reducir las disparidades. Conviene tener presente que China es uno de los pocos países que dejan en manos de las autoridades locales la responsabilidad de la financiación de la protección de la salud, de la seguridad social y de la educación. Eso tendrá que cambiar.
En lo que se refiere al crecimiento, el objetivo principal consiste en perseverar en la conocida trayectoria de los últimos años y que tanto ha asombrado al mundo, para duplicar el PIB per cápita en la presente década. Las previsiones fijadas para 2006 son del 8% y la media del período hasta 2010 se sitúa en el 7,5%. Nada nuevo, pues.
En el orden ambiental, se pretende reducir el consumo de energía por unidad de PIB en los próximos cinco años (20%), mejorar el tratamiento de los residuos y otros agentes contaminantes, reduciendo el volumen global de emisiones en un 10%. El ahorro energético y la reducción de la dependencia originada por un insaciable acaparamiento de recursos, se han incorporado al vocabulario de los estrategas económicos.
Menos explícitos son los compromisos políticos. En la profunda insatisfacción que se registra en el campo chino, el abanico de causas no solo se limita a los reducidos avances económicos y a los retrocesos sociales de los últimos años. La indefensión frente a los abusos de unas autoridades que han despreciado el valor de la economía agrícola, primando el aplauso a una industrialización que le expropia unas tierras que trabajan pero que no poseen, a cambio de una modestísima compensación, explica, en buena medida, la irritación frente a los cuadros locales y los nuevos empresarios que no se paran ante nada para alcanzar sus objetivos de enriquecimiento ilegal, con la disculpa de la modernización.
El concepto de “desarrollo científico” es la guía teórica para la construcción de la sociedad armoniosa, según Yan Shuhan, profesor en la Escuela Central del PCCh, pues va a permitir un desarrollo sostenido, sano, rápido y coordinado. Pero China no solo necesita un nuevo modelo de desarrollo, también debe avanzar hacia un nuevo modelo de sociedad, que admita un mayor papel de las fuerzas cívicas en la definición de las políticas públicas.
En julio de 2003, el discurso de Hu con motivo del 82 aniversario de la fundación del PCCh decepcionó a los reformadores. Unas semanas antes, la revista teórica Qiushi hablaba de un programa de democracia interna, orientado a reforzar el partido. Algunos vaticinaron entonces que Hu Jintao anunciaría la celebración de elecciones internas, una mayor separación entre Estado y Partido, e incluso una redefinición de las relaciones del PCCh con los medios de comunicación. Tres años después, esas transformaciones democratizadoras continúan fuera de la agenda, ¿quizás a la espera de un tercer ajuste?
Xulio Ríos (Argenpress, 16/03/2006; ALAI, 16/03/2006; AIS, 22/03/2006)