La reforma de las empresas estatales ha sido uno de los temas más debatidos durante el XV Congreso del Partido Comunista de China (PCCh) celebrado en Beijing entre los días 12 y 18 de septiembre de 1997. Las decisiones adoptadas a este respecto transcienden la mera aritmética económica pues en el fondo, a través de la discusión acerca de como mejorar su eficacia se explicitaban las diferentes concepciones existentes en el seno del PCCh acerca de que debe entenderse por propiedad pública o como garantizar la continuidad del proceso de construcción de un “socialismo con perculiaridades chinas”. Formal y expresamente, los comunistas chinos han reiterado su negativa a adoptar un programa de privatizaciones masivas de las empresas estatales y la mayoría reformista dirigente asegura que se trata de innovar mecanismos y fórmulas ya experimentadas en varias zonas del país para convertir las empresas estatales, de “tigres enjaulados” en “tigres intrépidos bajando de la montaña”. En definitiva, no de liquidar la empresa estatal sino de mejorar su eficacia y posición en el conjunto del sistema económico.
El tema no es baladí. A mediados de los años ochenta, cuando la reforma se trasladó del campo a las ciudades, Deng Xiaoping reiteraba los dos principios básicos que debían guiar el cambio económico como garantía para evitar una restauración capitalista: de una parte, la prosperidad común (aunque inevitablemente unos se enriquecerían antes que otros) y, de otra, la primacía de la economía de propiedad social socialista. De esta forma, a pesar del “rostro capitalista” de la reforma económica, se garantizaría la orientación socialista del proceso en su conjunto merced al predominio global de la empresa estatal y de la propiedad pública en general frente a las demás formas de propiedad que a partir de entonces se desarrollarían con mayor impetu. Como señaló el economista Gong Yuzhi, la economía de mercado en China será socialista porque se toma la propiedad pública como factor principal, la economía se sujeta a la regulación macroeconómica del Estado y el papel del mercado se limitará a la distribución de los recursos.
En opinión de los sectores llamados conservadores e identificados con las posiciones marxistas tradicionales, sólo la propiedad estatal es autenticamente socialista y esta debe ser mantenida como la principal siempre y en todo caso para evitar precisamente lo que Mao denunciara como “la espontánea tendencia de regreso a la vieja sociedad”. Los reformistas, en cambio, consideran que lo que debe predominar en el sistema económico (además de la eficacia por supuesto) no es la propiedad estatal en su forma tradicional, pura e inmaculada, sino la propiedad social, englobando en ella a las pujantes empresas colectivas, de cantón y poblado, o la propiedad cooperativa. La constatación de que el sujeto titular de esas empresas sea una colectividad, una empresa estatal, una administración o una organización social, es una garantía contra la formación de colectivos empresariales privados vocacionalmente interesados en la “subversión del socialismo”. Se trata, añaden, de que el sector público, a través de la propiedad estatal y colectiva mantenga una posición dominante en la economía desempeñandoun papel directriz en el crecimiento económico y ejerciendo el control de los ejes vitales de la economía nacional.
Lo cierto es que, en 1997, la situación de la inmensa mayoría de las empresas estatales es bastante compleja. La mayor parte son deficitarias como no podía ser de otra forma dada su inadaptación estructural a las condiciones generales de un sistema económico en el cual el mercado, sin eliminar la planificación, ha ganado cada vez más espacios y posiciones. El 80 % de las empresas estatales son pequeñas y medianas (unas 60.000 aproximadamente); las demás presentan la habitual mastodoncia principalmente heredada de los años de influencia planificadora soviética. Según se atienda a unas u otras fuentes, las pérdidas pueden llegar a afectar a casi las dos terceras partes.
El modelo tradicional de empresa estatal (danwei) en China es aquella que se ocupa del individuo “desde la cuna hasta la tumba”. Se trata de unidades/sociedades cerradas en las que se planifican, organizan y gestionan no solo los asuntos relacionados directamente con la producción o la comercialización, sino todo un sinfin de materias que en las sociedades desarrolladas asume el Estado en representación de la colectividad. Asi, es con cargo al presupuesto de la empresa que se abonan las pensiones de unos trabajadores jubilados (55 años para las mujeres, 60 años para los hombres) que aumentan en número de forma cada vez más notoria y en proporción a la mejora de la esperanza de vida; también todo el gasto sanitario, asistencial o educativo. Las grandes empresas tienen sus propios hospitales, consultorios médicos, guarderías, Universidades, comisarías de policía, se ocupan de la construcción y el mantenimiento de las viviendas de sus empleados y pensionistas, etc, todo ello con cargo al presupuesto de la empresa. Además deben satisfacer un impuesto al Estado del 55% sobre sus ganancias, porcentualmente muy superior al que deben abonar las empresas que disfrutan de otros regímenes de propiedad y que tampoco asumen las citadas cargas sociales. A todo ello hay que añadir naturalmente los habituales problemas de burocratización de la administración, el anquilosamiento de sus estructuras, graves dificultades en la gestión, exceso de mano de obra, obsoletización de maquinaria y de procesos de fabricación, elevado consumo energético, etc.
Ante una coyuntura de estas características, parece obvio que la reforma de la empresa estatal no puede en modo alguno reducirse a los estrechos límites del marco económico, sobre todo teniendo en cuenta la debilidad o practica inexistencia de mecanismos y estructuras de amortiguación. No conviene perder de vista que una reforma mal diseñada o aplicada conllevaría gravísimos problemas sociales y políticos. La mayor parte de las empresas estatales están ubicadas en los ámbitos urbanos o en sus inmediaciones y por lo tanto la capacidad de proyección pública de cualquier protesta será muchísimo más relevante que si se produjera en el área rural. La economía de muchas provincias depende de estas empresas, no solo en el oeste o centro de China donde la reforma avanza más lentamente que en la costa, sino también en provincias norteñas y próximas a Beijing como Liaoning donde representa el 75% de toda la industria local. Los dirigentes chinos parecen ser bien conscientes por su propio interés, de la complejidad de la situación y no parecen dispuestos a impulsar una reestructuración salvaje que pueda afectar a la estabilidad política del país.
En los últimos años han realizado experimentos en diferentes provincias, en empresas de diferentes tamaños, en unos casos innovando mecanismos de gestión, en otros otorgando mayor autonomía, introduciendo paralelamente oficinas de colocación, sistemas de subsidio de desempleo, etc, en definitiva probando con la fusión de empresas, la absorción de las que se hallaban en situación de quiebra por aquellas otras que presentaban un cuadro de beneficios, vendiendo algunas directamente a los propios trabajadores o apostando por su transformación en sociedades de responsabilidad limitada. También se aprobó una ley de quiebras que practicamente nunca se ha aplicado. Sin embargo, las decisiones del XV Congreso dejan entrever que esas experimentaciones han sido evaluadas, los métodos de optimización de las empresas estatales se han identificado y se generalizarán a escala de todo el país para iniciar una nueva etapa, a todas luces decisiva, de la gaige (reforma) iniciada en 1978.
¿La hora de la propiedad social?
Una observación superficial podría llevarnos a pensar que el auge económico, la mejora de los índices de bienestar de la sociedad china, las perspectivas en definitiva de un futuro que parece augurarle la condición de superpotencia en el próximo siglo, son debidas en gran medida al absoluto abandono de las políticas comunmente identificadas con un determinado modelo de socialismo y por lo tanto con la asunción, críptica o abierta, inevitablemente beneficiosa, de políticas tradicionalmente identificadas con el capitalismo. Pero el asunto es más complejo. La China de hoy es un inmenso híbrido en el que conviven formas propias o comunes tanto del capitalismo como del socialismo, y ya sea a nivel económico o social. En lo político la situación es más clara: el Partido Comunista lidera y controla sin margen para la renuncia, el curso de la actual reforma. Es el único asunto verdaderamente indiscutible.
Tampoco parece de recibo aceptar que la situación actual es totalmente nueva. Por el contrario, muchos de los elementos presentes y determinantes de este proceso estaban incorporados desde hacía tiempo a la realidad del país. La quiebra con relación al pasado es evidente en cuestiones concretas (recurso al endeudamiento exterior o la tolerancia y promoción de la propiedad privada en determinados ámbitos) pero en muchos otros se advierte cierta continuidad, habilitandose ahora nuevos espacios para viejas ideas, algunas anteriores a la China propiamente capitalista y que ahondan en su tradición dinástica.
De entrada, es más que dudoso que los dirigentes chinos apadrinen un proceso de privatización, como muchos han anunciado ya, del que puede surgir una clase o grupo social capaz de cuestionar su liderazgo. Cuando Joseph Needham trata de explicar la imposibilidad del nacimiento de la ciencia moderna en la sociedad china, centra su atención en la eficaz actuación de una burocracia confuciana que organizó el país creando un marco general de estabilidad e impidiendo la emergencia de una clase mercantil que compitiera con su hegemonía. Desde esa perspectiva bien pudiera entenderse que el PCCh representa la actualización histórica de esa burocracia de partido único que gobernó el país no poco más de cuatro décadas sino durante más de dos mil años.
Toda esta complejidad, que reduce al absurdo todo intento de generalización, tiene una de sus manifestaciones más evidentes en la cuestión de la propiedad social. Para unos, una forma de propiedad pública; para otros, un eufemismo con el que se pretende disfrazar lo que en realidad no es más que propiedad privada pura y dura. Y en la realidad económica de la China contemporánea podremos encontrar ejemplos y argumentos a favor y en contra de una u otra tesis.
Según Xue Muqiao, uno de los más célebres economistas chinos, desde el punto de vista teórico e ideológico tradicionalmente la dirigencia comunista siempre ha considerado que tanto la propiedad estatal (de todo el pueblo) como la propiedad colectiva representan dos manifestaciones de la propiedad pública socialista. Con anterioridad al inicio de la reforma, la propiedad colectiva se catalogaba como incompleta, una figura de transición entre la propiedad individual y la propiedad estatal, que además tenía un ámbito natural de realización (el campo) en razón de que el grado de socialización de la agricultura era considerablemente más bajo. Si en las ciudades, la propiedad colectiva se limitaba a los pequeños servicios o la artesanía, en el rural se vinculaba directamente a la producción agricola. Ya en los años 70 las comunas populares y brigadas de producción iniciaron una política de creación de empresas de propiedad colectiva que en 1978 representaban el 9% del valor global de la producción industrial del país. Y ya entonces unas voces reclamaban su supresión mediante la transformación en empresas del Estado, mientras otras insistían en la necesidad de conservar y desarrollar este modelo (que absorbía buena parte de la mano de obra excedente en el campo) como auxiliar (no inferior) y complementario de la propiedad estatal. Quince años después, aquel 9% pasó a representar un 51.81%.
La iniciativa de creación de una empresa de esta naturaleza puede ser muy diversa: una colectividad de campesinos que ponen en común los fondos necesarios; las administraciones locales o provinciales; las organizaciones sociales (un sindicato, una entidad asociativa cualquiera, etc.). Sus dimensiones, sensiblemente más reducidas que las de una empresa estatal tradicional, posibilitan teoricamente el ejercicio de una actuación menos jerarquizada y más eficaz y autónoma de los Congresos de Trabajadores (asambleas del colectivo laboral) y por lo tanto, a priori, un control democrático más viable. Los gobiernos de cantón y poblado ejercen una vigilancia administrativa importante sobre la puesta en marcha de estas iniciativas empresariales, muy especialmente a través de su mediación en la solicitud de créditos a la Banca estatal. El PCCh supervisa el proceso y la inmensa mayoría de los dirigentes o gestores empresariales engrosan la larga lista de sus casi 60 millones de miembros.
Un salto importante se produce a partir de 1984 cuando se estimula a los campesinos, muy mejorados en su situación como consecuencia de las medidas introducidas en la primera etapa de la reforma, a invertir en toda clase de empresas y a comprar participaciones en ellas. Se incrementa la tolerancia respecto de estas empresas rurales que pueden contratar a más trabajadores de lo previsto inicialmente sin por eso ser calificadas de capitalistas, manteniendo ciertos elementos indicativos de la pervivencia de substractos cooperativos pero introduciendo al mismo tiempo elementos de diferenciación salarial, procurando garantizar siempre el control colectivo de la propiedad y la participación democrática en la adopción de las decisiones clave que afecten al futuro de la entidad. Mientras la propiedad permanece estable, la administración se desenvuelve con fluidez.
Desde entonces la propiedad social ha experimentado un auge muy importante, tanto en términos estructurales y conceptuales como en su dimensión respecto del conjunto de la economía del país. Surgieron entonces numerosas empresas de cantón y poblado, industrias rurales de base colectiva o social, muy vinculadas en un principio a la elaboración y transformación de los productos del campo, pero posteriormente más diversificadas en su producción. Su número se fue incrementando con una rapidez asombrosa. En 1987, el valor global de la producción de las empresas rurales chinas ya sobrepasaba el de la producción agricola de todo el país. En 1993 el valor de la producción de estas empresas representaba el 30% del PNB. Las empresas de cantón y poblado pasaron a representar el sector productivo de más rapido crecimiento del país y el principal impulsor del milagro económico chino. Desde 1990 han crecido a un promedio anual del 27%. En 1994, por ejemplo, en Jiangsu, representaban los 2/3 de la producción global de esta provincia costera. En 15 años de reforma estas empresas absorbieron más de 80 millones de campesinos, mano de obra excedente en el área rural. Hoy son casi 150 millones las personas que están ocupadas en este sector.
¿Que mecanismos han facilitado este rápido desarrollo? Pudieramos citar varios: el impuesto sobre beneficios es inferior al de las empresas estatales (33%); incluso puede obtener una exención temporal en el supuesto de desarrollar nuevos productos; no tienen las cargas sociales habituales en las empresas estatales limitandose a otorgar pequeñas ayudas pero sin asumir la responsabilidad directa por la solución de problemas que se consideran patrimonio de toda la colectividad; una vinculación al poder político, administrativo y burocrático que le evita las numerosas trabas o dificultades que pueden encontrar otros proyectos (una empresa formalmente privada debe superar unos 150 trámites administrativos antes de estar en condiciones de ser operativa), la garantía de un suministro normalizado de gas o de electricidad, el cómodo acceso a préstamos bancarios, etc. Estas ventajas naturalmente han inducido a la picaresca: no todas las empresas de propiedad colectiva pueden ser consideradas strictu sensu como tales. Como lo privado no está bien considerado del todo social y partidariamente, algunas empresas realmente privadas se ponen la “etiqueta roja” de colectiva para evitar las dificultades y obtener las facilidades derivadas de ese reconocimiento.
La configuración real de las empresas colectivas de cantón y poblado ha adquirido una gran complejidad. Si tomamos como referencia la retribución, por ejemplo, en las grandes, el salario se asemeja en su estructura al de las empresas de propiedad estatal; por el contrario, en las que predomina una componente cooperativa, el trabajador puede percibir dos ingresos, uno como salario y otro como beneficio de su participación accionarial; en las de pequeña escala, aquellas que no cuentan con una producción estable, el gerente retribuye al trabajador en función de la actividad realizada, en una situación comparable al de un eventual, temporal o fijo-discontinuo. En otro orden, es especialmente interesante el supuesto de la aldea organizada sobre la base de la propiedad colectiva, un pequeño laboratorio en el que la primacía y diversidad de este sistema de propiedad se combina con la asunción por parte de la colectividad de las cargas sociales o las pérdidas de las empresas cuando se produzcan.
En no pocos casos las empresas colectivas ubicadas en el medio rural introducen el simbiotismo. Sus trabajadores alternan la ocupación en la industria con la dedicación a las tareas agricolas. Incluso puede ocurrir que el ingreso procedente de la empresa no constituya su principal fuente de sostenimiento. La flexibilidad en todos los dominios es una característica importante en estas empresas que ofrecen una alternativa muy importante a aquellos trabajadores que abandonan, temporal o definitivamente, la tierra, pero no su pueblo o aldea de residencia habitual. Para el gobierno chino este es un aspecto de capital importancia para controlar el fenómeno de las migraciones. La población flotante oscila entre los 80 y 100 millones de personas.
Otro fenómeno novedoso es la irrupción de la propiedad colectiva en el medio urbano y de la mano sobre todo de las propias empresas estatales. Inmersas en procesos de reestructuración interna, la creacion de empresas de estas características se presentan como una de las soluciones para resolver el problema de la mano de obra sobrante o para proporcionar el primer empleo a los hijos de los propios trabajadores. Pueden ser empresas de servicios o de producción. Los fondos para su puesta en funcionamiento son aportados por la propia empresa estatal y en ocasiones también se hacen cargo de la formación y capacitación del personal de la nueva empresa utilizando como formadores a efectivos de su propio cuadro laboral. Comienza a ser habitual también que las empresas estatales ubicadas en el medio urbano opten por la creación de empresas de propiedad social no en la ciudad sino en el campo y no para complementar sus lineas de producción sino para sustituirlas o trasladarlas. La principal razón es el abaratamiento de costes y sobre todo de la mano de obra, pero también pueden existir otras causas: amortización de deudas beneficiandose de la especulación inmobiliaria (los precios de los terrenos en el medio urbano se han disparado), diversificación de sus actividades especialmente en la esfera de servicios y ocio, escasamente desarrollados y con mejor proyección en el ámbito urbano, etc. Por razones de naturaleza medioambiental o urbanística, se aconseja a algunas empresas su traslado al perímetro de las ciudades. Para muchas empresas estatales esa privilegiada ubicación en el medio urbano constituye uno de sus principales activos.
Un futuro complejo
Resulta evidente que el milagro económico chino guarda una estrechísima relación con el desarrollo no de la propiedad privada sino de la propiedad social no estatal. La reciente aprobación por el Comité Permanente del Parlamento chino de una Ley de empresas de cantón y poblado servirá sin duda para consolidar y vertebrar legalmente una forma de propiedad que ha crecido como la espuma en los ultimos años pero sin cauces definidos. Esta ley debe matizar y garantizar los intereses y derechos de propiedad y de los propietarios de estas empresas. Su aprobación coincidió con una primera valoración y análisis crítico sobre su eficiencia y funcionamiento. En una conferencia nacional celebrada en Beijing en enero de 1997 el viceprimer ministro Jiang Chunyun, animaba a estas empresas a constituir holdings o alianzas, grupos o cooperativas para absorver las pérdidas y definir nuevas medidas de impulso que las reforzaran. Igualmente señaló la necesidad de quemar etapas y reestructurar estratégicamente su papel pasando de las actividades intensivas en mano de obra a la producción intensiva en busca de una mayor productividad.
¿Queda un espacio para la experimentación y para el diseño de un modelo de empresa susceptible de combinar la imprescindible eficacia con una propiedad y un control democrático que pueda repercutir positivamente en el conjunto de la ciudadanía? En China, el rechazo de principio a políticas privatizadoras del tipo de las aplicadas en otros países “huidos” de la economía planificada, la importante dimensión de la propiedad colectiva y social y el interés por el cooperativismo (están en fase de estudio diferentes modelos y se pretenden impulsar) parecen indicar la existencia aún de espacios abiertos y generosos para construir un modelo no solo de empresa diferente del preconizado por el dogmático neoliberalismo en alza.
