Podría decirse que la clave del tercer plenario del CC del PCCh recién finalizado es el top level design, sobre el que habría podido establecerse un consenso básico que ahora deberá desarrollarse bajo la égida de ese equipo dirigente responsable de la propuesta de medidas concretas de reforma, que no hemos podido identificar en las decisiones publicadas, centradas en fijar directrices, metas y objetivos, pero sin detallar las acciones. Estas se implementarán progresivamente bajo la égida de la experimentación, la fórmula que ha condicionado los avances registrados en los siete últimos lustros: lo que de verdad funciona es lo que vale.
Podría decirse que la clave del tercer plenario del CC del PCCh recién finalizado es el top level design, sobre el que habría podido establecerse un consenso básico que ahora deberá desarrollarse bajo la égida de ese equipo dirigente responsable de la propuesta de medidas concretas de reforma, que no hemos podido identificar en las decisiones publicadas, centradas en fijar directrices, metas y objetivos, pero sin detallar las acciones. Estas se implementarán progresivamente bajo la égida de la experimentación, la fórmula que ha condicionado los avances registrados en los siete últimos lustros: lo que de verdad funciona es lo que vale.
Es evidente, en cualquier caso, que la reforma china entra en una etapa superior, abordando una nueva fase de su transición integral que, de una parte, debe garantizar las transformaciones estructurales precisas para seguir creciendo a un alto ritmo a fin de encaminar la culminación de la modernización del país en el curso de la próxima década; de otra, que mantenga el perfil básico del proceso, con esa doble preservación relevante: el papel dominante de la propiedad pública y el liderazgo del PCCh. Ninguna renuncia se advierte en estos dos aspectos.
Pero la convicción que traslada, salvadas las distancias por el secretismo trasnochado del evento, es que existe una amplia holgura aún para la reforma sin que ello afecte a la naturaleza del proceso en su formato original, es decir, bajo el criterio de innovar el sistema sin destruirlo.
En el orden económico, cabe esperar, pues, esa merma del papel de la planificación y de la intervención gubernamental a favor del mercado, la liberalización de la inversión, reformas en el sector financiero, en los activos estatales y monopolios públicos, en la mayor presencia del sector privado, en innovación, etc., buscando la definición de ese nuevo equilibrio entre poder público y mercado como uno de los ejes centrales del nuevo modelo de desarrollo.
A más mercado más derechos, especialmente en todo cuanto atañe al orden económico-social, mejorando la distribución de la renta e introduciendo un sistema fiscal moderno; igualmente, adoptando medidas largamente esperadas para igualar a residentes urbanos y rurales, o en materia de derechos sobre la tierra. Los cambios en esta materia son esenciales y pese a lo prometido en numerosas ocasiones, se resisten. Cabría demandar la aplicación de igual energía en este orden a la que se adivina en las pretendidas modificaciones estructurales de la economía china.
Ambos trazos se complementarían con medidas para incidir en la mejora de la calidad de vida, especialmente en relación a dos aspectos, la urbanización y el medio ambiente, ambos interrelacionados y que suponen grandes retos para el futuro inmediato.
Otro aspecto importante tiene que ver con el reforzamiento de la seguridad en sentido amplio, tanto en atención a la preservación de la estabilidad como para blindar el Estado para asegurar el control y la capacidad de respuesta ante hipotéticas interferencias externas en este momento crucial del proceso. Ningún atisbo de abandono de la subordinación del EPL al PCCh.
Por último, en el orden político, más PCCh. Las reformas en este ámbito apuntan, sobre todo, al fortalecimiento del imperio de la ley o la mejora de la administración pública, pero sin transformaciones sustanciales en aspectos sistémicos, permaneciendo la interrogante respecto a la definición de pasos concretos en relación al alargamiento de la democracia, la capacidad de supervisión o las innovaciones que pudieran introducirse en el sistema legislativo o judicial.